Un modesto avance para el derecho al aborto en Bolivia

Un modesto avance para el derecho al aborto en Bolivia

El 13 de febrero, el tribunal supremo de Bolivia dictó una esperada resolución sobre ciertas cláusulas del código penal, que penaliza el aborto excepto en caso de violación, incesto o peligro para la vida o la salud de la madre.

En un caso muy mediático que se ha eternizado durante dos años, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazó una enmienda a una ley de 1972, basada en la nueva constitución boliviana, que garantiza los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, y prohíbe la discriminación basada en el sexo. Pero también anuló una regla que exige el consentimiento de un juez para llevar a cabo un aborto legal, exigencia que ha sido un importante obstáculo para realizar abortos sin riesgo en los casos permitidos por la ley.

Tanto los partidarios como los detractores del aborto encuentran razones para celebrar la salomónica decisión. El Catholic Family and Human Rights Institute, C-FAM [en] (Instituto de la Familia Católica y los Derechos Humanos), citando el explícito rechazo del TCP al aborto como derecho reproductivo constitucional, tilda la sentencia de «hiriente derrota» de los que proponen la despenalización. El TCP también afirmó que el respeto por la vida es un pilar fundamental del estado boliviano.

Pero para IPAS [en], una ONG internacional que apoya a grupos bolivianos defensores de los derechos reproductivos, el hecho de que el TCP haya eliminado el consentimiento judicial es un «paso positivo e importante para los derechos femeninos en la región». Un estudio de IPAS [en] de 2012 descubrió que se niega la autorización judicial para los abortos terapéuticos de forma rutinaria, dejando incluso a las víctimas de violación y mujeres cuya salud peligra a merced de prácticas clandestinas. Según consta, en más de 40 años desde que se aprobó el nuevo código penal, solo se han aprobado seis abortos.

La eliminación del consentimiento judicial era una de las principales exigencias de dos comités de las Naciones Unidas que el año pasado apremiaron a Bolivia para que se adecuase al creciente cuerpo de jurisprudencia nacional e internacional, ratificando el derecho de la mujer al aborto. Entre otros aspectos positivos de la resolución, IPAS cita la llamada del TCP al Congreso y al ejecutivo bolivianos para que aseguren el acceso universal al aborto terapéutico seguro, y para que desarrollen programas educativos y sanitarios que protejan los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.

También es interesante el novedoso marco legal que utiliza el TCP para racionalizar su decisión, en un aparente esfuerzo por reconciliar los principios constitucionales bolivianos con los tratados internacionales y las creencias indígenas tradicionales. En defensa del limitado derecho al aborto de Bolivia, la resolución adopta una visión andina de la vida humana como parte de un ciclo cósmico, sin principio ni final, que está protegido por la constitución. Al mismo tiempo, reconoce la responsabilidad de Bolivia, como estado miembro de tratados internacionales, de garantizar el aborto seguro para los casos protegidos por la ley.

Por el momento, al menos, el dictamen ha servido para apaciguar el debate, de gran carga emocional, que suscita el caso en este país de ingente mayoría católica e indígena. Los que se oponen a la despenalización utilizan argumentos en gran medida de índole moral y religiosa. 

En palabras de la diputada indígena Emiliana Ayza, dirigente del grupo parlamentario del partido gobernante MAS (Movimiento Al Socialismo) en la Cámara de los Diputados, el aborto «es un asesinato y ganamos un pecado delante de Dios». De acuerdo con unsondeo de 2010 [en], cerca de un 80% de las mujeres bolivianas comparten esta opinión. Aún así, el 34% de los encuestados pensaban que ante un embarazo no deseado, una mujer debe considerar el aborto.

La Iglesia Católica, de fuerte presencia en Bolivia a lo largo de toda su historia (aunque la religión católica perdió en 2009 su estatus de religión oficial del estado), ha desempeñado un papel primordial en la oposición al aborto tanto en el ámbito político como en el religioso. Según el Arzobispo de Santa Cruz, Sergio Gualberti, el aborto forma parte de la estrategia imperialista para el control de la población, promovido por ONG internacionales y gobiernos extranjeros que pretenden minar la soberanía boliviana. Este argumento evoca la controversia que se produjo en la década de los 60 sobre las supuestas actividades del U.S. Peace Corp para esterilizar mujeres indígenas, que acabó con la expulsión de Bolivia de dicho cuerpo.

Los defensores de la despenalización se centran en la crisis sanitaria [en] que rodea el aborto ilegal, cuyas principales víctimas son las mujeres pobres e indígenas. A pesar de las actuales restricciones, se estima que en Bolivia se practican anualmente entre 60 000 y 80 000 abortos, a menudo por métodos poco seguros, y con frecuencia en las periferias urbanas empobrecidas, donde se concentran las poblaciones indígenas. En casi la mitad de los casos es necesario administrar cuidados hospitalarios de urgencia después del aborto. 

Los estudios muestran que los abortos sin garantías son los responsables de casi un tercio de las muertes maternas de Bolivia, que tiene una de las mayores tasas de mortalidad materna de América Latina. El gran número de embarazos no deseados también está estrechamente vinculado a la violencia sexual, que sufren siete de cada diez mujeres bolivianas (la segunda tasa más alta de Latinoamérica, después de Haití).

Los estudios también citan un «número alarmante» [en] de investigaciones (775 casos solo en los distritos de La Paz y Santa Cruz entre 2008 y 2012) contra mujeres sospechosas de haberse sometido a un aborto ilegal, en su inmensa mayoría pobres e indígenas. Instigadas por sanitarios, familiares y fiscales, estas querellas suelen languidecer durante años en el sistema judicial, aunque un número relativamente bajo ha terminado en sentencias de prisión (bajo la ley, el acto de someterse, practicar o asistir en un aborto ilegal está castigado con penas de uno a seis años).

Los activistas a favor de los derechos reproductivos dicen que estas querellas se utilizan con frecuencia para acosar e intimidar a las mujeres. En un caso muy sonado, una mujer guaraní víctima de una violación pasó ocho meses en arresto preventivo antes de conseguir su liberación por lo que quedaba de su sentencia de dos años.

La dirección del partido gobernante MAS, que suele cerrar filas en público, está abiertamente dividida en este tema. Mientras que el presidente Evo Morales ha manifestado su creencia personal en que el aborto es un crimen, cinco ministros de su gabinete (entre ellos, tres mujeres) han mostrado su apoyo a la despenalización. El caso original que cuestionaba la constitucionalidad de la restrictiva ley del aborto fue iniciado por la diputada indígena Patricia Mancilla.

La resolución del TCP es la última de una tendencia creciente [en] de acciones judiciales y legislativas que reducen las barreras del aborto legal en Latinoamérica, una región con algunas de las leyes de derechos reproductivos más restrictivas del mundo. A finales de 2013, Uruguay aprobó el aborto sin restricciones en las primeras fases del embarazo, sumándose a otros tres estados (Cuba, Puerto Rico y Guyana), México D.F. y el departamento francés de ultramar de la Guayana Francesa, donde el aborto está prácticamente despenalizado. Seis países latinoamericanos (Argentina, Colombia, Perú, Guatemala, Venezuela y Ecuador) permiten abortos terapéuticos en circunstancias similares a las de Bolivia. En siete países (Chile, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam y República Dominicana) el aborto sigue totalmente prohibido.

Aunque las nuevas disposiciones no acabarán con los abortos de riesgo, los defensores bolivianos de los derechos reproductivos son optimistas, ya que hará los abortos legales más fáciles, rápidos y asequibles a un mayor sector de la población. «Para las mujeres ha sido un avance» dice Patricia Mancilla, pero «la lucha recién empieza».

Fuentehttp://es.globalvoicesonline.org/

Source: Marzo 2014