Abortos y salud sexual reproductiva

Abortos y salud sexual reproductiva

[Perú] Los datos que se han revelados sobre los abortos en nuestra ciudad son realmente alarmantes, porque se refiere que cada día llegan al Hospital Regional de Ayacucho en promedio dos casos de mujeres que se practicaron un aborto clandestino y tuvieron complicaciones en la misma, por ello llegaron al nosocomio local. Pero el otro dato relevante es que estos casos son los que se conocen pero aún está en incógnita sobre los otros casos de abortos clandestinos que se realizarían diariamente y que no llegan al nosocomio local ya que no hay complicaciones en la misma.

Según algunos organismos internacionales, en América Latina hay una alta proporción de embarazos no deseados. En el Perú llegan al 60%. Debemos entender que esta realidad se manifiesta porque cuando las mujeres deciden controlar su fertilidad encuentran barreras físicas y sociales que les impiden tener acceso a los métodos anticonceptivos. Asimismo ante la alta incidencia de embarazos no deseados, también existen restricciones legales para que la mujer pueda decidir no tener el hijo, entonces las mujeres de menores ingresos con embarazos indeseados tienen dificultades para encontrar orientación oportuna.

Ante las barreras legales se practican en clandestinidad y precariedad los abortos, que ponen en peligro la vida de la mujer. La Organización Mundial de la Salud calcula que en el mundo se practican aproximadamente 20 millones de abortos de alto riesgo cada año, y que el 99.9% de la mortalidad materna por aborto ocurre en los países en desarrollo.

Esta realidad en cifras -de la cantidad de abortos que se practican, alta incidencia de embarazos no deseados, especialmente en mujeres adolescentes- tiene un correlato en algunas acciones que no se están aplicando oportunamente el estado y sus instancias gubernamentales.

Es necesario precisar que existe deficiencia en la educación sexual en los adolescentes, tabúes sociales que no permiten que los y las adolescentes ejerzan de forma responsable su sexualidad, lo cual tampoco permiten que ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos.

Otra realidad concreta es que en temas de planificación familiar, métodos anticonceptivos, propuestas de abortos terapéuticos o propuestas de normas que permitan el abortos en caso de violación, son interferidos por los mandatos religiosos y la negación política y, que convierten al embarazo no deseado en bombas de tiempo que afectan las condiciones sociales y la salud pública de la población de nuestra región.

Ciertamente hay servicios que brinda el sector salud planificación familiar, métodos anticonceptivos, atención al adolescente, son deficientes o limitados, porque en muchos casos aún se persiste con la misma cantidad de personal profesional atendiendo a un público usuario que se ha incrementado considerablemente. En otros casos, los tratos son tan inadecuados que no permite que la población retorne a seguir con su control, a consultar otras dudas sobre métodos anticonceptivos, en especial los y las adolescentes.

La falta de acceso de millones de mujeres latinoamericanas a información y servicios oportunos y de buena calidad en salud sexual y reproductiva continúa siendo un problema, a pesar de algunos esfuerzos de los gobiernos, de las agencias de cooperación internacional, las ONG locales y los mismos trabajadores de la salud.

Fuentehttp://www.jornada.com.pe

Source: Marzo 2014

El aborto en Suiza

El aborto en Suiza

La interrupción voluntaria del embarazo se incluye dentro de las prestaciones financiadas por el sistema de salud hasta las 12 semanas

Financiar el aborto es una cosa privada. Esto es lo que se votó el día 9 de febrero de 2014 en Suiza. Una iniciativa popular que fue propuesta por el partido UDC (Unión Democrática del Centro) para “privatizar el aborto”. Más o menos como el anteproyecto de ley que ha propuesto el Partido Popular no hace mucho, la única diferencia es que en Suiza se propuso como una iniciativa popular y no se impuso directamente votándolo en el Congreso de los Diputados como en el caso de España.

Derecho de iniciativa. La iniciativa popular es un derecho único en el mundo para los suizos, permite a los ciudadanos proponer una modificación dela Constitución, una nueva ley o la modificación de una ley ya existente. Para ello, se deben recoger 100.000 firmas en 18 meses para que la proposición pueda ser votada.

En 2002, Suiza aceptó en votación popular (el 72% a favor) una nueva legislación que permitía la interrupción voluntaria del embarazo en las 12 primeras semanas de amenorrea (la ausencia de la menstruación) a petición de la mujer embarazada, y por motivos psico-médicos después de las 12 semanas.

Hoy en día, una mujer suiza puede ir al medico y con el seguro de enfermedad básico -todos tienen la obligación de tener un seguro medico contratado- puede abortar. Con esta iniciativa lo que se pretendía era que no se incluyera dentro de este seguro, sino que si se quería abortar se tenía que pagar aparte. Pues bien, en los resultados del referéndum que se celebró este año, un 70% de la población aproximadamente, votó en contra. Así que se denegó la petición popular y la mujer sigue teniendo esos derechos fundamentales que tenía, la integridad física, la privacidad y la intimidad.

En el caso de España el aborto inducido se legalizó en 2010. Hace tan solo cuatro años.

Al año siguiente, en 2011 y según datos del Ministerio de Sanidad, 118.359 mujeres fueron intervenidas para interrumpir su embarazo, en 2012 fueron 112.390.

Ante el anteproyecto de ley del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo salvo en caso de violación o riesgo para la salud de la madre, ¿qué se supone que tienen que hacer las mujeres que quieren abortar a partir de ahora? ¿Qué será de esa media de 100.000 mujeres al año que no podrán abortar?

Este anteproyecto de ley elimina el supuesto de aborto en caso de malformación del feto y sustituye a la actual legislación que permite abortar libremente hasta la decimocuarta semana de embarazo. Este nuevo anteproyecto tiene un parecido bastante razonable al que había desde 1985 hasta 2010, cuando el aborto era un delito salvo en tres supuestos: violación, anomalía fetal o riesgo para la salud de la madre. Hasta hemos retrocedido más allá del 1985, entonces la anomalía fetal sí que se consideraba un supuesto para poder abortar.

La normativa debe iniciar su tramitación parlamentaria a principios de este verano aunque como ya se ha demostrado, es un texto polémico que no crea ni unanimidad dentro del propio partido que lo ha propuesto.

Pensemos un momento en todas esas mujeres que no pueden, que no quieren, que han tenido problemas, que quieren una vida mejor para su hijo que no la que le espera ahora, que estén sufriendo maltratos o que simplemente tengan problemas personales y ahora no sea el momento. ¿Realmente es necesario debatir en el Congreso la integración física de una mujer? ¿De su futuro? ¿De que si la mujer tiene el niño el Gobierno de España no hará nada y menos para ayudarla a seguir adelante?

El ministro Alberto Ruiz-Gallardón y sus discípulos piensan mucho en el derecho a la vida, ¿pero y en el bienestar que tendría el bebé? ¿Y en el bienestar de la madre? ¿Y en todas esas consecuencias que ello implicaría?

Seamos sinceros, bastante duro es ya tener que enfrentarse a una decisión así, como para que encima la quieran prohibir.

Fuentehttp://www.lavanguardia.com/

Source: Marzo 2014

Chilenos marchan por aborto terapéutico y contra contaminación

Chilenos marchan por aborto terapéutico y contra contaminación

Santiago — Miles de chilenos se manifestaron este sábado con un heterogéneo pliego de peticiones, que fueron desde una nueva Constitución, a un medio ambiente libre de contaminación, aborto terapéutico y matrimonio homosexual, entre otras, en la primera marcha bajo el gobierno de la socialista Michelle Bachelet.

Bautizada por sus organizadores como “La Marcha de todas las marchas”, unas 40 organizaciones sociales, que incluían a minorías sexuales, animalistas, ambientalistas, personas con discapacidad y enfermas, ateos, músicos, indígenas e inmigrantes, se manifestaron cada una reivindicando sus propias demandas.

La manifestación había sido convocada meses antes de la asunción de Bachelet el 11 de marzo, y según los organizadores tiene por objetivo hacer visible al movimiento social frente al nuevo ejecutivo.

A la convocatoria no se sumó la Confederación de Federaciones de Estudiantes (Confech), que agrupa al movimiento estudiantil y que desde 2011 ha liderado las más masivas manifestaciones en democracia por una educación pública gratuita y de calidad, así como tampoco la principal central sindical del país, la CUT.

Por su parte, Bachelet aseguró un par de semanas atrás que entendía la convocatoria de esta marcha como un apoyo a su programa de reformas educativa, tributaria y constitucional, y una mayor presión desde las calles al Congreso para que las apruebe.

Bajo una temperatura sobre los 34 grados, la marcha transcurrió de forma pacífica por el centro de Santiago hasta el parque Forestal, donde finalizó con un acto cultural y musical al que asistieron miles de familias.

Los organizadores cifraron en 150.000 los asistentes, mientras que la policía todavía no daba estimaciones oficiales de los participantes.

“Por primera vez más de 40 organizaciones sociales que representamos las más variadas causas nos hemos unido, dando cuenta de un solidario poder ciudadano que sienta las bases para futuras y nuevas movilizaciones”, señaló en un comunicado el presidente del Movimiento de Liberación de Homosexuales (Movilh), Rolando Jiménez.

Al finalizar el recorrido, grupos aislados de encapuchados se enfrentaron y tiraron piedras a la policía, que los repelió con carros lanza-aguas.
“Ha habido grupos muy menores que han creado disturbios, pero en eso nada empañan el acto”, dijo por su parte el intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

Fuentehttp://www.google.com/

Source: Marzo 2014

Marcha por la vida

Marcha por la vida

[Perú] Nadie pensará que las personas cristianas de las parroquias y los chicos de colegios religiosos que marcharon voluntaria u obligadamente en la llamada “marcha por la vida” convocada por el cardenal Cipriani, pudieran lograr tener algún efecto sobre las miles de mujeres que diariamente se someten a operaciones de aborto en condiciones a veces seguras (cuando se tiene dinero) o de alto riesgo, cada una por las razones que les son propias.

No solo eso. Tampoco el gobierno actual estaba camino a algún cambio significativo en el conjunto de prohibiciones que sigue pesando sobre este tema y que lo convierte en una práctica clandestina, doblemente peligrosa para la salud y la libertad de las mujeres implicadas. La actitud conservadora de Humala y su temor a chocar con los poderes fácticos como el de la Iglesia lo incapacitan para cualquier reforma, incluidas las que tienen que ver con los derechos individuales y la libertad de la gente para decidir sobre sus vidas y sus cuerpos.

Lo único en lo que la “marcha por la vida” podría influir es en la anunciada protocolización del aborto terapéutico, que se refiere exclusivamente a situaciones extremas en las que el embarazo amenaza seriamente la vida y la salud de la mujer y por consecuencia del feto. Hace 90 años (¡!) que se legalizó esta modalidad de aborto como recurso médico, y en todo ese tiempo no se ha reglamentado su utilización dando origen a que las instituciones de salud se limiten en aplicarlo.

Durante el gobierno de García se hizo el protocolo y se le llevó a la firma del presidente, que no se atrevió a estampar la misma rúbrica que usó para los narcoindultos. Por su parte, el presidente Humala y su ministra de Salud siguen dando largas al asunto, anunciando nuevas fechas y avances que finalmente no concluyen con el postergado reglamento. Se calcula que la tasa de mortalidad femenina se incrementa en alrededor de dos por mil por los obstáculos que existen para el aborto terapéutico.

La jerarquía de la Iglesia católica y los jefes de otras confesiones mantienen su oposición a esta medida porque temen que abra el camino para legalizar el aborto en general. Por tanto bien podría decirse que la “marcha por la vida”, tiene algo de marcha por la muerte, con tal que el dominio eclesiástico-estatal- social sobre el cuerpo de las mujeres se mantenga.

Que la mujer muera antes que se reglamente alguna forma de aborto. O que la violada no haga sobre el feto, lo que el violador hizo sobre ellas, o sea que aguante, como dice Vásquez Kunze. O, finalmente, que la mujer no decida cuando tener o no hijos. Para eso se marchó el sábado y lo hicieron los que no están en ninguno de los grupos señalados. Para que el Estado siga acobardado en su obligación de respetar los derechos de todos, incluso de los no religiosos.

Raúl Wiener

Fuentediariolaprimeraperu.com

Source: Marzo 2014

Expertos en salud sexual critican la falta de ayudas para no abortar

Expertos en salud sexual critican la falta de ayudas para no abortar

Los profesionales critican que la ley Gallardón criminalice a quienes den información sobre el aborto.

Profesionales de distinto ámbito relacionados con la salud sexual criticaron ayer que se criminalice el aborto cuando apenas hay ayudas públicas que favorezcan la maternidad. Para ellos, resulta paradójico que el Gobierno quiera sustituir la actual ley de plazos por otra que sólo permita la interrupción voluntaria del embarazo en supuestos muy concretos, en medio de un contexto de recortes sociales que hacen cada vez más difícil la manutención de un hijo. Por esto, consideraron que el cambio legislativo promovido desde el Ministerio de Justicia no tiene más fundamento que el «ideológico y religioso», y apelaron a se mantenga la normativa vigente desde el año 2010.

Estas tesis se expusieron durante la mesa redonda «Reflexiones sobre la nueva Ley del Aborto», celebrada en la tarde de ayer en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante y moderada por la profesora honorífica de Enfermería de la Universidad de Alicante (UA), María Luisa Velasco, también vicepresidenta de la asociación Derecho a Morir Dignamente en la Comunidad Valenciana y que además intervino en la charla. También participaron el director general de Planificación y Evaluación del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, Ramon Escuriet, y el médico de Planificación Familiar valenciano José María Marí, junto con la profesora de Derecho Constitucional de la UA Mar Esquembre. Esta última se encargó de ofrecer una perspectiva jurídica del anteproyecto de la nueva ley, ya que, entre otras cosas, los profesionales sanitarios que practicaran abortos serían considerados delincuentes.

Velasco defendió que «no hay una demanda social» que justifique el cambio legislativo en materia sobre el aborto, y que es «una falacia» aseverar que las interrupciones voluntarias de embarazos descienden cuanto mayor es la restricción. De hecho, los últimos datos oficiales dicen justamente lo contrario. La ponente consideró que se trata de «una regresión total, anterior incluso a la ley de supuestos de 1985», y recordó que «defender la vida va más allá del nacimiento», algo que no parecen defender los recortes sociales de este momento.

Por su parte, Esquembre tachó de «inconstitucional» el anteproyecto de ley, ya que «atenta al principio de igualdad» al «dejar en suspenso derechos individuales de la mujer embarazada». La profesora señaló que a ésta se la equipara con «una menor de edad irresponsable», lo que a su juicio es «un sinsentido». También denunció que la norma que se pretende aprobar «criminalizará a quienes puedan dar información sobre el aborto», además de prohibir «de manera específica» toda la publicidad sobre los centros que practiquen abortos y sus prestaciones. Para Esquembre, el objetivo es «silenciar» esta práctica y llevarla a «la clandestinidad».

Fuentehttp://www.diarioinformacion.com/

Source: Marzo 2014

[España] Juventudes Socialistas continúa por la provincia de Cáceres su campaña contra la reforma de la Ley del Aborto

[España] Juventudes Socialistas continúa por la provincia de Cáceres su campaña contra la reforma de la Ley del Aborto

Juventudes Socialistas continúa por la provincia de Cáceres su campaña contra la reforma de la Ley del Aborto

Juventudes Socialistas (JJSS) continúa por la provincia de Cáceres con su campaña para recabar firmas contra la reforma de la Ley del Aborto a la que considera “un ataque a la libertad de las mujeres”.

En esta ocasión, el pasado fin de semana miembros de JJSS visitaron la localidad de Coria donde celebraron una jornada informativa enmarcada en la campaña #YoDecido que ha recorrido gran parte de la provincia de Cáceres durante cuatro semanas consecutivas.

El secretario general de JJSS de Cáceres, Luis Salaya, ha señalado que “es fundamental acercar a los y las jóvenes la información necesaria para que conozcan las verdaderas consecuencias que la reforma de la actual Ley de Plazos supondrá para las mujeres”, según informa la organización juvenil socialista en una nota de prensa.

Y es que, tal y como ha apuntado, “si esta aberrante reforma llega a aprobarse, las jóvenes de nuestro país no podrán volver a decidir nunca más por sí mismas si quieren ser madres o no”.

Así pues, según sus palabras, el “masivo número de firmas” que se han recogido a lo largo de la campaña “denota el malestar de la ciudadanía con esta reforma” y ha recordado que la actual ley “se aprobó con un amplio consenso social” y “permite a las mujeres decidir libremente, sin imponer doctrinas ni ideologías ultraconservadoras”.

Por su parte, la secretaria general de JJSS de Coria, Coral Hernández, ha señalado que “el Partido Popular sigue negándose a admitir que mantiene una cruzada contra las mujeres, especialmente las jóvenes, obligándolas a declararse incapacitadas en el caso de que decidan no ser madres” y ha recordado que “en Coria se rechazó la moción municipal en contra de la reforma”.

“Nuestro Ayuntamiento respalda, una vez más, al Gobierno del PP en sus constantes ataques contra los derechos y las libertades”, sentencia.

Fuentehttp://www.regiondigital.com/

Source: Marzo 2014

Dictadura de la fe

Dictadura de la fe

Este sábado se realizará en Lima la Marcha por la Vida. ¿Qué motiva esta manifestación? La autora responde a esta inquietud.

Hoy no voy a defender el derecho de las mujeres a decidir si quieren tener un hijo o no. No voy a argumentar que una madre cuya vida peligra tiene derecho a interrumpir un embarazo. Tampoco voy a insistir en que a una mujer violada, ultrajada, golpeada nadie la puede obligar a revivir cada día ese trauma mientras le crece la panza. No. Hoy día no voy a desgastarme en esa tarea inútil de tratar de razonar con aquellos a los que el aborto les parece un capricho de mujeres egoístas, cuando en realidad, la mayoría de las veces, es una decisión complejísima y dolorosa que las mujeres cargan y asumen solas. Mejor intentemos analizar qué es lo que defienden aquellos que han organizado para este 22 de marzo una marcha por la vida en nuestra ciudad. Tratemos de comprender cuáles son las motivaciones de quienes cuentan con el apoyo de numerosas empresas y del propio Estado. 

A ver, quienes la convocan buscan defender al niño no nacido y para eso pretenden que cualquier iniciativa legislativa que despenalice el aborto por violación o reglamente el aborto terapéutico sea rechazada. Se trata de colectivos, vinculados en su mayoría a laIglesia Católica, que no admiten ninguna reflexión sobre los intereses o problemas de la mujer embarazada. Para ellos, el niño que está por nacer es más importante que cualquier problema, angustia, proyecto o interés de la mujer que tendrá que llevarlo en el vientre por nueve meses, y que tendrá que cuidarlo el resto de su vida. La postura es extrema, es radical; pero eso no la invalida. Si determinada religión o determinado sistema de valores hace que estas personas nunca piensen en la madre, pues están en su derecho, y por supuesto que si desean pueden convocar a una marcha y plantear su posición públicamente.  

Lo que resulta inadmisible es que el Estado Peruano, que está formado por personas de distintas religiones, culturas e ideologías, adopte la misma posición intransigente con respecto al derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, su salud y su futuro. Resulta inverosímil que veamos pasar distintos gobiernos y distintos ministros de Salud sin que se apruebe un protocolo para el aborto terapéutico, que es legal en nuestro país. Resulta indignante que se subvencionen movimientos que llaman asesinas a mujeres que salen embarazadas producto de una violación. Resulta casi medieval que, en lugar de promover debates interdisciplinarios, constructivos que podrían ayudar a entender la complejidad de un problema que afrontan las mujeres (hasta ahora no he conocido a un hombre que haya asumido el aborto de su pareja como propio), se pliegue a la posición de una religión que desprecia a las mujeres y las considera seres inferiores.

¿Exagero? No lo creo. Dado el comportamiento del Estado en las últimas décadas, está claro que incluso quienes nos alejamos de la Iglesia Católica porque sentimos que nos discriminaba tenemos que soportar que esa institución que cree que el sexo es pecado y que la mayor virtud de una mujer es conservar su virginidad (de la de los hombres ni se habla), que considera que una mujer no puede ser guía espiritual de nadie (cuando haya papisas y sacerdotisas, hablamos), que insiste en relegar a la mujer a tareas domésticas (¿no, cardenal?), pues que esa institución, esa misma institución siga rigiendo nuestras vidas.

Fuentehttp://elcomercio.pe/

Source: Marzo 2014

Déjala Decidir

Déjala Decidir

El aborto nunca ha sido un tema fácil de discutir. No solo por la polémica que genera, sino porque tiene demasiadas aristas que hacen complicado definir una posición.

Yo, por ejemplo, más de una vez me he manifestado en contra. Mis razones no son religiosas. Tienen que ver más con mi idea de libertad. Siempre he defendido los derechos y las libertades iguales para todos. Creo que nadie tiene derecho a decidir sobre la vida de nadie, salvo uno mismo.

Eso se aplica también para los bebés. Ni padre ni madre tendrían, desde esa perspectiva, derecho a decir quién merece nacer y quién no. Las razones por las que, sobre todo, una madre podría decidir no seguir adelante con su embarazo son muchas, y varias de ellas razonables, entendibles y justas. Pero no para el bebé. Su derecho a la vida y su libertad también cuentan y deberían ser respetados.

Sin embargo, también sostengo que uno es (o debería ser) libre de hacer con su cuerpo lo que le plazca. Y ello incluye, por ejemplo, la libertad de hacerse cuantos tatuajes estime conveniente y en el lugar del cuerpo que más le apetezca; o vestirse como le venga en gana, sin ser juzgado o discriminado.

También se aplica en el campo del amor y la sexualidad. Cada individuo es el único responsable de decidir de quién se enamora y con quién tiene sexo, y es una decisión que no le compete a nadie más que a las personas involucradas.

Si cada persona es libre de hacer con su cuerpo lo que le plazca, cada mujer es libre de decidir si quiere o no tener hijos, sean propios, adoptados o de la pareja. Pero, ¿hay alguna relación entre esta decisión y el derecho a abortar? Porque pareciera que el derecho a hacer con su cuerpo lo que le plazca termina cuando empieza el derecho del bebé a la vida.

Sin embargo, algo cambió mi manera de pensar: hace un tiempo me sumé a una campaña -junto a muchas mujeres y cada vez más congéneres- en busca de un derecho fundamental de la mujer que ha sido dejado de lado, históricamente: su derecho a ser respetada.

Me refiero a la campaña contra el acoso sexual callejero. Esta campaña me motivó a leer muchos artículos, columnas y comentarios al respecto, y, como suele pasar en Internet, más de una vez me llevó a otras páginas sobre derechos de la mujer que no necesariamente tenían que ver con ese tema específico. Muchos tenían que ver con violencia doméstica contra la mujer, abusos sexuales y feminicidios.

Así, paulatinamente, me di cuenta de que, en mi reflexión, había pasado por alto lo que las mujeres tienen que sufrir diariamente, solo por el hecho de ser mujeres. Y aunque muchos congéneres dicen que “a los hombres también les pasa”, lo cierto es que no es así.

De todas las víctimas de violencia familiar, 87 por ciento son mujeres contra un 13 por ciento masculino. En violencia sexual, 92 por ciento son mujeres contra un ocho por ciento de hombres, de acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo de Perú.

Sin embargo, las estadísticas no recogen las veces que, transitando por la vía pública, sufren ofensas sexuales, tocamientos y rozamientos. O las veces que, caminando solas por la calle, van rogando no toparse con un violador, o con un ladrón que las atacará por ser la presa más fácil (y quien, probablemente, también viole si le apetece).

Y ello por no hablar de muchos otros casos más que, tal vez porque no son de índole sexual o violenta, no les damos la importancia que merecen.

Recomiendo leer la columna de Patricia del Río en el diario El Comercio, de Lima, del 6 de marzo.

El punto es que, con todo lo que tienen que afrontar día a día, ¿queremos realmente aumentarles nueve meses de sufrimiento a quienes han sido víctimas de un abuso sexual? Sé que es difícil, a estas alturas, congeniar los dos puntos de mi argumentación. Pero es justamente esa disyuntiva la que me motivó a escribir estas líneas.

Ya no se trata solo de que la mujer decida abortar porque es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera. Esto va más allá. Tiene que ver con el derecho a la dignidad. Pero, sobre todo, tiene que ver con los derechos de los que una mujer embarazada por causa de una violación ya ha sido despojada. Su derecho a decidir si quiere tener hijos o no, y con quién y cuándo quiere tenerlos; su derecho a la seguridad, a vivir una vida digna, a la libertad sexual; su derecho a vestirse como quiera, a caminar por donde le plazca; su derecho a vivir, sin miedo, sin humillaciones, sin violencia.

Los mismos derechos que tenemos tú y yo, colega masculino. A toda esa larga lista de derechos perdidos (que estoy seguro que una mujer podría alargar y ejemplificar mejor que yo), ¿realmente queremos sumarle el derecho a decidir? Cuando estás optando por el bebé no nacido en lugar de la madre, la estás despojando de un último derecho, y lo que es peor, le estás sumando una nueva humillación. Una que durará nueve meses o toda una vida. Un recuerdo constante, visible y tangible de ese hecho que cualquiera quisiera olvidar. Obligarla a tener el hijo es, desde esa perspectiva, tan denigrante como cuando se obligaba al violador a casarse con la víctima para así evitar que fuera a la cárcel.

Seguramente me dirán: “¿acaso el bebé tiene la culpa?” Y lo sé, porque yo también pensaba lo mismo. Y, ciertamente, no tiene la culpa. Pero la madre, tampoco. Es más, volvamos a concentrarnos en el bebé. ¿Realmente creen que es justo para él ser el recuerdo viviente y constante de la gran humillación sufrida por su madre? ¿Se imaginan cuánto odio podría llegar a generarse dentro de ella? ¿Es esa la vida a la que el bebé tiene derecho?

Otro argumento muy común es que “el niño puede ayudar a sanar la herida”. ¿En serio lo creen factible? Aun suponiendo que sea una posibilidad, dudo mucho que sea la constante en la mayoría de los casos. No sería justo dejar al azar un asunto tan importante como el odio/amor de la madre hacia el hijo.

“Pero puede darlo en adopción”, dirán otros. Cierto, pero lo estaríamos condenando a vivir una mentira y sabemos que en muchos casos los hijos adoptados terminan descubriéndolo y preguntándose por sus verdaderos padres. No sé tú, pero no me gustaría ser quien tenga que decirle a un joven de 16 años que su madre lo dio en adopción porque su padre era un violador. ¿Se imaginan el trauma que significaría para ese joven o esa niña? Sin contar lo que puede significar para la madre que se reabra esa herida.

Sé que no es fácil. Pero creo que al analizar un tema tan crucial como el aborto es importante considerarlo desde todas las perspectivas posibles. Te lo dice alguien que está en contra del aborto como idea general, pero que reconoce que hay casos en los cuales no se pueden dejar de considerar los factores que pueden llevar a tal decisión, como una violación o problemas de salud. Te lo dice alguien que cree tanto en las libertades y en los derechos universales, incluido el derecho a la vida, que cree que no hay persona que pueda decidir sobre la vida y el cuerpo de alguien, más que uno mismo. Por esa razón, después de una larga reflexión, me animo a decir que lo mejor es dejarlo todo en manos de las únicas personas que tienen el derecho a tomar esa decisión. Así que, por favor, #DejalaDecidir.

Fuentehttp://luquenukem.wordpress.com/

Source: Marzo 2014

Mujeres de la Asociación Libre de Abogados se encierran contra la ley del aborto

Mujeres de la Asociación Libre de Abogados se encierran contra la ley del aborto

Las abogadas de la Asociación Libre de Abogados y Abogadas han promovido un encierro en la sede del Colegio de Abogados de Madrid para mostrar su rechazo a la reforma de la Ley del Aborto.

Según ha manifestado María Andrés Rodríguez, coordinadora del Área de la Mujer de ALA, la reforma planteada por el Gobierno y por el ministro Gallardón es un “salto al pasado en recortes a los derechos y libertades de las mujeres”.

Para la coordinadora del área de la Mujer de ALA con este tipo de actos se quiere mostrar el rechazo de la sociedad civil y del mundo del derecho a esta reforma y además plantear que instituciones como la del ICAM deben de movilizarse por la defensa y el respeto de los derechos de la mujer.

Las compañeras de Ión Radio, de Madrid, nos ofrecen la entrevista con Silvia Yáñez, del Área de la Mujer de la Asociación Libre de Abogados y Abogadas, ALA, el grupo convocante.

[Escuche] Descargar audio (MP3 – 5 MB)

Source: Marzo 2014

Un modesto avance para el derecho al aborto en Bolivia

Un modesto avance para el derecho al aborto en Bolivia

El 13 de febrero, el tribunal supremo de Bolivia dictó una esperada resolución sobre ciertas cláusulas del código penal, que penaliza el aborto excepto en caso de violación, incesto o peligro para la vida o la salud de la madre.

En un caso muy mediático que se ha eternizado durante dos años, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazó una enmienda a una ley de 1972, basada en la nueva constitución boliviana, que garantiza los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, y prohíbe la discriminación basada en el sexo. Pero también anuló una regla que exige el consentimiento de un juez para llevar a cabo un aborto legal, exigencia que ha sido un importante obstáculo para realizar abortos sin riesgo en los casos permitidos por la ley.

Tanto los partidarios como los detractores del aborto encuentran razones para celebrar la salomónica decisión. El Catholic Family and Human Rights Institute, C-FAM [en] (Instituto de la Familia Católica y los Derechos Humanos), citando el explícito rechazo del TCP al aborto como derecho reproductivo constitucional, tilda la sentencia de «hiriente derrota» de los que proponen la despenalización. El TCP también afirmó que el respeto por la vida es un pilar fundamental del estado boliviano.

Pero para IPAS [en], una ONG internacional que apoya a grupos bolivianos defensores de los derechos reproductivos, el hecho de que el TCP haya eliminado el consentimiento judicial es un «paso positivo e importante para los derechos femeninos en la región». Un estudio de IPAS [en] de 2012 descubrió que se niega la autorización judicial para los abortos terapéuticos de forma rutinaria, dejando incluso a las víctimas de violación y mujeres cuya salud peligra a merced de prácticas clandestinas. Según consta, en más de 40 años desde que se aprobó el nuevo código penal, solo se han aprobado seis abortos.

La eliminación del consentimiento judicial era una de las principales exigencias de dos comités de las Naciones Unidas que el año pasado apremiaron a Bolivia para que se adecuase al creciente cuerpo de jurisprudencia nacional e internacional, ratificando el derecho de la mujer al aborto. Entre otros aspectos positivos de la resolución, IPAS cita la llamada del TCP al Congreso y al ejecutivo bolivianos para que aseguren el acceso universal al aborto terapéutico seguro, y para que desarrollen programas educativos y sanitarios que protejan los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.

También es interesante el novedoso marco legal que utiliza el TCP para racionalizar su decisión, en un aparente esfuerzo por reconciliar los principios constitucionales bolivianos con los tratados internacionales y las creencias indígenas tradicionales. En defensa del limitado derecho al aborto de Bolivia, la resolución adopta una visión andina de la vida humana como parte de un ciclo cósmico, sin principio ni final, que está protegido por la constitución. Al mismo tiempo, reconoce la responsabilidad de Bolivia, como estado miembro de tratados internacionales, de garantizar el aborto seguro para los casos protegidos por la ley.

Por el momento, al menos, el dictamen ha servido para apaciguar el debate, de gran carga emocional, que suscita el caso en este país de ingente mayoría católica e indígena. Los que se oponen a la despenalización utilizan argumentos en gran medida de índole moral y religiosa. 

En palabras de la diputada indígena Emiliana Ayza, dirigente del grupo parlamentario del partido gobernante MAS (Movimiento Al Socialismo) en la Cámara de los Diputados, el aborto «es un asesinato y ganamos un pecado delante de Dios». De acuerdo con unsondeo de 2010 [en], cerca de un 80% de las mujeres bolivianas comparten esta opinión. Aún así, el 34% de los encuestados pensaban que ante un embarazo no deseado, una mujer debe considerar el aborto.

La Iglesia Católica, de fuerte presencia en Bolivia a lo largo de toda su historia (aunque la religión católica perdió en 2009 su estatus de religión oficial del estado), ha desempeñado un papel primordial en la oposición al aborto tanto en el ámbito político como en el religioso. Según el Arzobispo de Santa Cruz, Sergio Gualberti, el aborto forma parte de la estrategia imperialista para el control de la población, promovido por ONG internacionales y gobiernos extranjeros que pretenden minar la soberanía boliviana. Este argumento evoca la controversia que se produjo en la década de los 60 sobre las supuestas actividades del U.S. Peace Corp para esterilizar mujeres indígenas, que acabó con la expulsión de Bolivia de dicho cuerpo.

Los defensores de la despenalización se centran en la crisis sanitaria [en] que rodea el aborto ilegal, cuyas principales víctimas son las mujeres pobres e indígenas. A pesar de las actuales restricciones, se estima que en Bolivia se practican anualmente entre 60 000 y 80 000 abortos, a menudo por métodos poco seguros, y con frecuencia en las periferias urbanas empobrecidas, donde se concentran las poblaciones indígenas. En casi la mitad de los casos es necesario administrar cuidados hospitalarios de urgencia después del aborto. 

Los estudios muestran que los abortos sin garantías son los responsables de casi un tercio de las muertes maternas de Bolivia, que tiene una de las mayores tasas de mortalidad materna de América Latina. El gran número de embarazos no deseados también está estrechamente vinculado a la violencia sexual, que sufren siete de cada diez mujeres bolivianas (la segunda tasa más alta de Latinoamérica, después de Haití).

Los estudios también citan un «número alarmante» [en] de investigaciones (775 casos solo en los distritos de La Paz y Santa Cruz entre 2008 y 2012) contra mujeres sospechosas de haberse sometido a un aborto ilegal, en su inmensa mayoría pobres e indígenas. Instigadas por sanitarios, familiares y fiscales, estas querellas suelen languidecer durante años en el sistema judicial, aunque un número relativamente bajo ha terminado en sentencias de prisión (bajo la ley, el acto de someterse, practicar o asistir en un aborto ilegal está castigado con penas de uno a seis años).

Los activistas a favor de los derechos reproductivos dicen que estas querellas se utilizan con frecuencia para acosar e intimidar a las mujeres. En un caso muy sonado, una mujer guaraní víctima de una violación pasó ocho meses en arresto preventivo antes de conseguir su liberación por lo que quedaba de su sentencia de dos años.

La dirección del partido gobernante MAS, que suele cerrar filas en público, está abiertamente dividida en este tema. Mientras que el presidente Evo Morales ha manifestado su creencia personal en que el aborto es un crimen, cinco ministros de su gabinete (entre ellos, tres mujeres) han mostrado su apoyo a la despenalización. El caso original que cuestionaba la constitucionalidad de la restrictiva ley del aborto fue iniciado por la diputada indígena Patricia Mancilla.

La resolución del TCP es la última de una tendencia creciente [en] de acciones judiciales y legislativas que reducen las barreras del aborto legal en Latinoamérica, una región con algunas de las leyes de derechos reproductivos más restrictivas del mundo. A finales de 2013, Uruguay aprobó el aborto sin restricciones en las primeras fases del embarazo, sumándose a otros tres estados (Cuba, Puerto Rico y Guyana), México D.F. y el departamento francés de ultramar de la Guayana Francesa, donde el aborto está prácticamente despenalizado. Seis países latinoamericanos (Argentina, Colombia, Perú, Guatemala, Venezuela y Ecuador) permiten abortos terapéuticos en circunstancias similares a las de Bolivia. En siete países (Chile, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam y República Dominicana) el aborto sigue totalmente prohibido.

Aunque las nuevas disposiciones no acabarán con los abortos de riesgo, los defensores bolivianos de los derechos reproductivos son optimistas, ya que hará los abortos legales más fáciles, rápidos y asequibles a un mayor sector de la población. «Para las mujeres ha sido un avance» dice Patricia Mancilla, pero «la lucha recién empieza».

Fuentehttp://es.globalvoicesonline.org/

Source: Marzo 2014