Cuidar a las niñas

Cuidar a las niñas

Miles de menores que son víctimas de violaciones pasan bajo el radar del sistema de Salud Pública sin ser rescatadas. El grupo más vulnerable tiene entre 10 y 14 años.

Una niña de 13 años acudió a una clínica en Santo Domingo de los Tsáchilas para recibir atención luego de someterse a un aborto en tres ocasiones durante el mismo año. Las tres veces, su padre la llevó y esperó a que le dieran de alta, lo cual hizo que los médicos dudaran de cuánto sabía él sobre la persona que había dejado embarazada a su hija. El personal de salud no derivó el caso a las

autoridades porque sospechaba que el aborto había sido inducido y al ser un acto ilegal, prefirieron no exponer a la niña.

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El informe ‘Criminalización de las víctimas de violación sexual’, del organismo internacional Human Rights Watch (HRW), que entrevista a 45 médicos ecuatorianos, relata este caso real. Según este estudio, la penalización del aborto obstaculiza la detección y prevención de la violencia sexual por parte del sistema de Salud Pública. Amanda Klasing, autora del estudio, detecta un patrón que se sigue en centros médicos públicos y privados: “Los doctores reciben a una paciente que llega con complicaciones derivadas de un aborto, sospechan que es víctima de violencia. No hacen preguntas sobre la causa del sangrado, porque no quieren verse implicados en un acto criminal, o implicar a la paciente”.

El resultado es que no se registra información precisa sobre un problema creciente (el embarazo en niñas de entre 10 y 14 años aumentó un 74 por ciento en la última década) y las víctimas de abuso sexual quedan desatendidas. “Ecuador no sabe realmente cuál es el impacto de la restricción al aborto en términos de salud pública y eso es muy peligroso”, explica Klasing en entrevista con Vistazo.

“El país ha sido exitoso en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, excepto en la mortalidad materna que se mantiene muy alta. Y sin dar seguimiento a las mujeres y niñas que se someten a abortos, Ecuador no logrará que esa cifra decrezca”. En 2011 el índice de Mortalidad Materna fue de 105 muertes por cada 100 mil nacimientos, el doble de 2006, que fue de 48 muertes. La meta es llegar a una tasa de 29 muertes maternas para el 2015, pero la posibilidad de alcanzarla es remota.

Según el anuario de estadísticas hospitalarias del INEC, en 2011 los hospitales públicos atendieron a 23.356 casos de “abortos no especificados”, que constituyen la primera causa de morbilidad femenina en Ecuador. El costo para el sistema de Salud Pública, estima Human Rights Watch, es de 126 dólares por paciente, o 3 millones de dólares al año.

La Organización Mundial de la Salud advierte que es más probable que las adolescentes embarazadas se sometan a abortos inseguros que las mujeres adultas, y que esos abortos contribuyen a problemas de salud crónicos y a muertes maternas. “Las niñas pueden estar tan asustadas y avergonzadas por el abuso que es más probable que escondan el embarazo o que recurran a un aborto cuando está más avanzado, lo cual lo hace más peligroso”, explica Klasing.

La Asamblea Nacional y el Presidente han respondido con no rotundo a la legalización del aborto en caso de violación, pero la pregunta persiste: ¿cómo proteger a estas niñas? Para los médicos consultados gran parte de la respuesta está en el sistema de Salud Pública.

Bajo el radar
“La cifra de embarazos en menores de 14 años es alarmante y vergonzosa, y refleja la ineficiencia para prevenir y atender la violencia sexual contra las mujeres, pero en especial contra las niñas”, dice Tatiana Ortiz, del centro de Acción y Promoción para la Mujer, organización que da asesoría psicológica y legal a víctimas. Según la Ley ecuatoriana todo contacto sexual con un menor de 14 años constituye una violación por lo que un embarazo a esta edad debería despertar alertas.

Desde el año 2010 el Ecuador cuenta con una normativa de violencia intrafamiliar y de género, que le indica al personal de hospitales públicos cómo proceder solo en caso de que confirme la violación inmediatamente después de que ocurre, incluso hay salas de acogida en varios hospitales para víctimas de delitos sexuales. Pero esta norma no menciona qué hacer cuando llega una menor con las secuelas de un aborto mal practicado y que se presume ha sido violada. Otra de las guías de procedimiento médico, la norma materna, indica que se le debe dar a la paciente consejería sobre anticoncepción, lo cual ayuda a las niñas precoces, pero no hace mucho por las víctimas de violación. Los abortos están en lugar número 11 de las causas de hospitalización de niñas de 10 a 14 años. Para el grupo de 14 a 19, después del parto espontáneo y la cesárea, los abortos ya son la tercera causa de hospitalización. Hay que precisar que la mayoría de las pacientes que se someten a abortos ilegales no presentan complicaciones ni requieren hospitalización, por lo que no se registran en estadísticas.

A tientas
Luego de monitorear a las pacientes durante 23 años en la Maternidad Enrique Sotomayor de Guayaquil, el doctor Aníbal Pico, expresidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia del Guayas, intuye que los abortos clandestinos en la provincia ya no dejan secuelas tan graves como antes. Esta maternidad atendió a 2.614 pacientes con hemorragias por aborto el año pasado. “Cuando yo recién inicié mi residencia teníamos bastantes agresiones, lesiones intestinales, perforaciones uterinas. Hoy en día ya casi no se ven esas complicaciones. Lo que llegan son pacientes con abortos incompletos, tratamos el sangrado vaginal pero no sabemos a ciencia cierta qué lo originó. Lo que nos queda es una gran interrogante”.

“No podemos distinguir un aborto espontáneo de uno inducido”, coincide el doctor Wilfrido León, quien fue jefe del área de Salud de la Mujer del Ministerio de Salud Pública y es editor de la normativa materna vigente en el Ecuador. León trabajó durante nueve años en la Maternidad Isidro Ayora de Quito y asegura que “las mujeres no llegan a decir yo me provoqué un aborto, porque es ilegal. Dicen me caí, cargué un tanque de gas, cualquier cosa”. “El costo social que tiene esa falta de visibilización es enorme. La atención integral postaborto se ve perjudicada en aquella paciente que habiendo sido violada no lo declara, no se le brinda generalmente la atención por la psicóloga ni por la trabajadora social”.

Sin embargo, lo más probable es que la niña llegue al hospital cuando el embarazo ha llegado a término. Después de la apendicitis, la segunda causa de hospitalización de niñas de 10 a 14 años son las complicaciones en el embarazo y problemas de parto, según el INEC. El parto espontáneo es la tercera causa. A esa edad la pelvis aún está en formación y el útero es inmaduro, lo cual puede complicar el desarrollo del feto y causar una obstrucción durante el alumbramiento, indica el ginecólogo Jorge Parra, del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Este organismo acaba de presentar el reporte ‘Estado de la Población Mundial 2013’, que indica que el riesgo de muerte materna se duplica en menores de 15 años.

Impunidad
¿Qué puede hacer el sistema de salud para asegurarse de que estas niñas no regresan a una situación de violencia sexual intrafamiliar? Varios organismos internacionales recomiendan una alianza entre el sistema de salud y el de justicia para crear equipos que atiendan a las víctimas y promuevan la presentación de denuncias. “Una de las maneras comprobadas de reducir la violencia es terminar con la impunidad, hay que investigar, perseguir y castigar a los violentadores”, dice Klasing, de HRW.

Cuando los propios padres o familiares son perpetradores de violencia, otros miembros de la familia guardan silencio. “La administración de justicia y de salud deben trabajar en conjunto para rescatar a esa niña del medio violento en donde está. Es un gran desafío porque implica proteger a la niña pero también a la madre, que puede perder su sustento”, dice la ginecóloga Virginia Gómez de la Torre, del frente de Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos.

“El Ecuador ya tiene mecanismos para atender a la violencia contra la mujer, hay juzgados especializados, ahora se necesita una coordinación para derivar los casos de violencia sexual a menores del sistema de salud al de justicia”, coincide el doctor Parra. “En la situación ideal las niñas de 10 a 14 no tendrían que enfrentar jamás un embarazo que les hace perder la escolaridad en por lo menos dos años. Casi el 50 por ciento de esas niñas nunca se reintegra a la escuela”.

Amanda Klasing, de HRW, comparte una visión del Ecuador desde afuera por la condición de vida de sus niñas: “Generalmente pensamos en el Medio Oriente o en África como lugares donde los altísimos índices de violencia contra la mujer, de embarazos adolescentes, evitan que las niñas se eduquen y alcancen su potencial. Pero también para el Ecuador este es un problema con un impacto inmenso en su bienestar económico y social”.

Fuentehttp://www.vistazo.com/

Source: Noviembre 2013