Un millar de personas se manifiesta en Barcelona contra la violencia machista

Un millar de personas se manifiesta en Barcelona contra la violencia machista

(EFE).- Un millar de personas se han manifestado esta tarde en Barcelona contra la violencia machista convocadas por la Xarxa de Dones Feministes contra la Violència y otras entidades.

La manifestación, que ha comenzado a las 19.00 horas en la fuente de Canaletes de La Rambla y que finalizará en la plaza de Sant Jaume, estaba encabezada por una pancarta con el lema: “Juntas y libres desmontamos la cultura del miedo”, y en ella han participado representantes de varios partidos políticos y sindicatos. Los asistentes a la manifestación, en un ambiente festivo y reivindicativo, han

coreado lemas como “sin la mujer no hay revolución”, “matrimonio patriarcal alianza criminal”, “si una mujer avanza, ningún hombre retrocede” y “el género nos une, la clase nos divide”.

También portaban pancartas con lemas como “nuestro silencio es complicidad”, “ninguna agresión sin respuesta” o “contra el machismo y la explotación”.

La manifestación, en la que también han participado entidades como Amnistía Internacional, plataformas estudiantiles, asociaciones vecinales y el colectivo ‘yayoflautas’, entre otros, ha servido también para reivindicar “el aborto libre y gratuito” y criticar la reforma de la ley del aborto que impulsa el Gobierno. (Agencia EFE)

Fuentehttp://noticias.lainformacion.com/

Source: Noviembre 2013

[Guatemala] Registran 5 mil 832 casos de violencia sexual en diez meses

[Guatemala] Registran 5 mil 832 casos de violencia sexual en diez meses

En los primeros 10 meses de este año se registraron 5 mil 832 casos de violaciones sexuales, la mayoría de ellas a mujeres.

De acuerdo con un informe del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) los delitos sexuales se incrementaron en un 36.26 por ciento este año en comparación con los perpetrados en todo el 2012.

El año pasado se registraron 4 mil 280 violaciones sexuales en el país centroamericano. Según el GAM, una organización no gubernamental que vela por los derechos humanos en Guatemala, se

considera que la tasa de violaciones sexuales en el 2013 es de 48 por cada 100 mil habitantes, mientras que en el 2012 fue de 30.

De las 5 mil 832 violaciones registradas entre enero y octubre pasado, 585 son hombres y el resto mujeres.

La mayoría de casos, 2 mil 204, ocurrieron en el departamento de Guatemala, seguido de Quetzaltenango con 442 y Escuintla con 411 delitos.

La organización humanitaria asegura que los delitos sexuales ocurridos entre enero y octubre pasado superaron a los homicidios, que alcanzaron los 5 mil 142 casos.

Del total de asesinatos, 4 mil 180 eran hombres y el resto mujeres.

Por Agencia ACAN-EFE / Guatemala

Fuentehttp://www.prensalibre.com/

Source: Noviembre 2013

Eurodiputados piden a gobiernos garantizar el derecho aborto en algunos casos

Eurodiputados piden a gobiernos garantizar el derecho aborto en algunos casos

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo aprobó hoy un informe que pide que todos los Estados miembros garanticen el derecho al aborto de las mujeres que se queden embarazadas fruto de una violación así como de aquellas cuya salud pueda sufrir un riesgo grave.

El informe, que ha vuelto a ser votado después que fuera devuelto del pleno a la comisión parlamentaria en octubre por falta de consenso, ha sido hoy aprobado de forma ajustada por 19 votos a

favor y 15 en contra. En el informe, el PE “exige” a las autoridades de los Veintiocho así como a los países candidatos “que garanticen que una mujer que se ha quedado embarazada como consecuencia de una violación pueda abortar”.

Igualmente, piden extender esa garantía al aborto “cuando exista riesgo grave para su salud o su vida” y que se haga con “todas las garantías sanitarias y legales sin restricciones de ningún tipo”.

El mismo texto, que ha coordinado la eurodiputada socialdemócrata portuguesa Edite Estrela, pide a las autoridades nacionales que se inhiban de sancionar “a los profesionales sanitarios que practican abortos o proporcionan servicios relacionados con el aborto por haber proporcionado dichos servicios”.

Asimismo, el informe hace un llamamiento a los gobiernos para que se “abstengan” de procesar a mujeres a quienes se les haya practicado un aborto ilegal, así como de evitar que las embarazadas que desean abortar se desplacen a otros Estados miembros o jurisdicciones en los que el procedimiento sea legal.

Estas peticiones relativas al derecho al aborto han conseguido estar incluidas en el informe en comisión pese a las enmiendas introducidas por el Partido Popular Europeo para su eliminación del texto final.

Por otro lado, el informe Estrela destaca que los derechos sexuales y reproductivos “son derechos básicos de mujeres y hombres que no deben limitarse por motivos religiosos, como por ejemplo el establecimiento de concordatos”.

Asimismo, destaca “la importancia vital de que las mujeres tengan acceso a revisiones ginecológicas y mamografías anuales” y, en este sentido, el texto denuncia como “inaceptable” que “los Estados miembros reduzcan las prestaciones en este sentido con la excusa de la crisis y los recortes presupuestarios”.

Finalmente, los eurodiputados instan a los Estados a “tomar medidas para eliminar todas las barreras que obstaculizan el acceso de niñas y niños adolescentes a métodos anticonceptivos seguros, efectivos y asequibles, incluidos los preservativos.

El voto en el pleno del Parlamento Europeo está previsto para el mes de diciembre, informaron fuentes parlamentarias.

Fuentehttp://www.eldiario.es/

Source: Noviembre 2013

Las mujeres y las niñas no pueden seguir esperando. Miles demanda ley de aborto terapéutico ahora

Las mujeres y las niñas no pueden seguir esperando. Miles demanda ley de aborto terapéutico ahora

¿Cuántas niñas más serán obligadas a ser madres? La pregunta se hace urgente ante la denuncia del caso de una menor de 13 años violada y embarazada por su abuelo en la comuna de Estación Central.

La sociedad chilena ha reaccionado ante este tipo de hechos apoyando mayoritariamente que se legisle para proteger a las mujeres ante embarazos que ponen en riesgo su salud y su derecho a la vida. En la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) en el mes de noviembre un 63% apoyo la idea de legislar sobre aborto terapéutico cuando existe inviabilidad fetal fuera del útero,

riesgo de vida para la madre y en caso de violación.

Pese al consenso alcanzado seguimos sin contar con un marco jurídico que despenalice el aborto y otorgue a las mujeres el derecho a decidir. Las elites políticas siguen convirtiendo el tema en una zona de disputa valórica. Sin reconocer el drama que afecta mujeres y niñas como la menor de Estación Central, obligadas a ser madre sin que existan medios legales que habiliten el derecho a decidir.

El Movimiento por la Interrupción legal del embarazo MILES ha propuesto a la sociedad chilena enfrentar el tema a través de dos proyectos de ley que se encuentran en trámite en el Congreso. Ambos reconocen la violación como parte de las causales de interrupción del embarazo por razones terapéuticas.

Hacemos un llamado para que las promesas de campaña se conviertan en acciones efectivas. Que las fuerzas políticas que han conformado mayoría en el Congreso asuman el compromiso de impulsar la discusión de los proyectos en ambas cámaras.

Exigimos que el próximo gobierno no sacrifique una vez más los derechos reproductivos en pos de equilibrios partidistas que dan la espalda a necesidades reales de la ciudadanía.

Esperamos que los futuros miembros de las comisiones de salud no cedan a presiones políticas que posterguen la discusión. Porque es indispensable que nuestro país avance en el reconocimiento de la libertad reproductiva como un derecho humano de las mujeres.

Porque vivir y decidir ante un embarazo que pone en peligro la vida y la salud de las mujeres debe ser un derecho AHORA llamamos a todas las fuerzas políticas actuar.
_______________________________
Santiago, 21 de noviembre de 2013
mileschile@gmail.com 
Contacto: 98010215

Fuentehttp://www.mileschile.cl/

Source: Noviembre 2013

¿Qué más tiene que pasar en Chile para que legislen sobre aborto terapéutico?

¿Qué más tiene que pasar en Chile para que legislen sobre aborto terapéutico?

Indignación y rabia produce la nueva noticia sobre un abuelo de 66 años que viene constantemente violando a su nieta desde pequeña y hoy con 13 años está embarazada. ¿Hasta cuándo? Según datos del Ministerio Público del 2010 en Chile, un promedio de 17 personas son violadas diariamente y 34 son víctimas de otros abusos sexuales. Indica además que, de las 52 víctimas que estos delitos dejan diariamente, 38 son menores de edad.

Diversas investigaciones desarrolladas en Chile y en América Latina plantean la necesidad de legislar en este país. El aborto terapéutico es una deuda democrática de los gobiernos de la Concertación y de este gobierno de derecha. Pareciera que a ningún gobierno, independientemente de su signo político, le importa el sufrimiento de adolescentes y mujeres. Sólo un pequeño grupo de legisladores han sido capaces de alzar la voz y actuar. Sin embargo, el conservadurismo en estas materias de la gran mayoría de sus colegas les impide materializar esas iniciativas. La niña violada por un pariente tiene derecho a decidir, con información y contención. Lo que está en juego es su proyecto de vida y también el de su familia. Por esto, la noción acuñada por los países del mundo bajo tratados y acuerdos internacionales sobre los derechos sexuales y reproductivos implica refundar la relación entre lo público y lo privado. Se trata de un cambio de paradigma en el campo de la vida sexual y reproductiva.

En Chile tuvimos aborto terapéutico desde 1939 hasta 1989. Pero en las postrimerías de la dictadura un puñado de hombres, sin consultar a nadie, decidió por nosotros y por nuestros derechos. Al retorno de la democracia los gobiernos sucesivos fueron incapaces de dar cumplimiento a los acuerdos y llamados de atención internacionales. Es así como al aborto terapéutico lo han venido caracterizando como un tema “valórico”. ¿Por qué antes no fue llamado así? A mi juicio, porque en los últimos tiempos se ha venido imponiendo una ola conservadora y fundamentalista en torno a una vasta gama de temas, que no es privativa de la derecha tradicional sino que va más allá, llegando incluso a sectores de la izquierda tradicional.

La hegemonía valórica católica se impone de múltiples maneras. Se hace caso omiso al hecho de que el Estado se separó de la Iglesia en nuestro país en 1925, año de la última Constitución elaborada en democracia y no entre cuatro paredes y sin participación ciudadana, como lo fue la que nos rige actualmente desde 1980 y que un Presidente hizo suya por el mero hecho de poner su firma en ella, dejando intacta su esencia libremercadista y conservadora.

No se puede seguir llamando temas valóricos a situaciones que tienen que ver con el derecho a decidir que tenemos los seres humanos. A los liberales de todo signo hasta aquí les llega su liberalismo y su abogacía por la libertad de decidir. El derecho a decidir es un acto básico de la democracia, es una acción que tiene un componente individual y también colectivo.

La niña violada por un pariente tiene derecho a decidir, con información y contención. Lo que está en juego es su proyecto de vida y también el de su familia. Por esto, la noción acuñada por los países del mundo bajo tratados y acuerdos internacionales sobre los derechos sexuales y reproductivos implica refundar la relación entre lo público y lo privado. Se trata de un cambio de paradigma en el campo de la vida sexual y reproductiva. Se definen como derechos y libertades fundamentales que corresponden a todas las personas, sin discriminación, y que permiten adoptar libremente, sin ningún tipo de coacción o violencia, una amplia gama de decisiones sobre aspectos consustanciales a la vida humana, como son la sexualidad y la reproducción. Implica contar con información y acceso a los servicios y medios que se requieren para ejercer estas decisiones, para lo cual es fundamental la acción del Estado, cuya obligación es crear las condiciones para que las personas puedan efectivamente ejercer sus derechos.

En el mundo moderno la mayoría está de acuerdo en la igualdad de derechos principalmente económicos, sociales, culturales, laborales y políticos, aunque sepamos que igualdad la mayoría de las veces se queda en el tintero, especialmente para aquellos que tienen menos recursos. Sin embargo, aún no hay acuerdo en los derechos en el ámbito de la sexualidad y la reproducción. Por un lado, hay una tendencia al reconocimiento de que estos están en el ámbito de los derechos individuales mientras, por otro, hay una tendencia que se expresa como un temor al cambio de paradigma de convivencia social en este ámbito y, por tanto, busca fórmulas de control que permitan mantener el statu quo, tanto desde el punto de vista de las políticas públicas como de las prácticas privadas.

Esta tendencia conservadora se manifiesta en diferentes actores en nuestra sociedad, que se mueven en realidad en todo el espectro ideológico, por convicción o conveniencia. En torno a situaciones específicas emergen discursos contrapuestos y muchas veces irreconciliables, como ha sido la discusión sobre el aborto en Chile. Mientras tanto, y en un contexto de promesas presidenciales y parlamentarias, mujeres y niñas chilenas siguen siendo abusadas sexualmente y terminan con un embarazo no deseado, que en muchos casos arruina sus vidas y las de sus familias. Es tiempo más que suficiente para poner término a esta situación, salir de los discursos y promesas y actuar, legislando de una vez sobre ello.

– La autora, Claudia Dides, es Directora del Centro de Estudios Sociales y Opinión Publica, Universidad Central de Chile. Socióloga, Magister Estudios de Género Universidad de Chile.

Fuentehttp://piensachile.com/

Source: Noviembre 2013

Corte Suprema permite límites a aborto en Texas

Corte Suprema permite límites a aborto en Texas

Una Corte Suprema fuertemente dividida permitió el martes a Texas que continúe aplicando restricciones al aborto que según sus opositores han llevado a que más de un tercio de las clínicas del estado dejen de realizar abortos.

Los jueces votaron 5-4 para dejar en efecto una disposición del estado que obliga a los médicos que realizan abortos en clínicas a que tengan primero privilegios de admisión de pacientes en un

hospital cercano.

La mayoría conservadora de la corte rechazó la petición de la organización Planned Parenthood y otras clínicas de Texas donde se practican abortos para que se revocara un fallo de una corte federal de apelaciones que permitió que la disposición entrara en vigencia. Los cuatro jueces liberales disintieron.

En Texas, 12 clínicas donde se realizan abortos dicen que han tratado de obtener privilegios de acceso a hospitales cercanos para sus médicos, pero que hasta ahora ninguno de los hospitales ha respondido a sus peticiones.

Eso significa que esas clínicas ya no pueden ofrecer abortos, con lo que sólo quedan abiertas como máximo unas 20 instalaciones en un estado de 26 millones de personas. Todas estas instalaciones se encuentran en áreas metropolitanas y ninguna en el Valle del Río Grande, una zona fronteriza con México.

En la actualidad, sólo seis de 32 clínicas para abortos en Texas califican como centros de cirugía ambulatoria y algunas tienen médicos que no cumplen con el requisito de privilegios de admisión.

Las mujeres de Texas se realizan un promedio de 80.000 abortos al año.

El gobernador de Texas, el republicano Rick Perry, elogió la acción del máximo tribunal de Estados Unidos.

Cecile Richards, presidenta de Planned Parenthood Federation of America, dijo que los grupos continuarán la lucha legal.

“Vamos a tomar todas las medidas que podamos para proteger la salud de las mujeres de Texas. Esta ley está impidiendo que las mujeres en Texas tengan un procedimiento médico seguro y legal, como ha sido su derecho constitucionalmente protegido durante 40 años. Esto es indignante e inaceptable… y también demuestra por qué necesitamos protecciones federales más fuertes para la salud de la mujer. Sus derechos y su capacidad para tomar sus propias decisiones médicas no deben depender de su código postal “, dijo Richards.

Fuentehttp://noticias.terra.com/

Source: Noviembre 2013

Cuidar a las niñas

Cuidar a las niñas

Miles de menores que son víctimas de violaciones pasan bajo el radar del sistema de Salud Pública sin ser rescatadas. El grupo más vulnerable tiene entre 10 y 14 años.

Una niña de 13 años acudió a una clínica en Santo Domingo de los Tsáchilas para recibir atención luego de someterse a un aborto en tres ocasiones durante el mismo año. Las tres veces, su padre la llevó y esperó a que le dieran de alta, lo cual hizo que los médicos dudaran de cuánto sabía él sobre la persona que había dejado embarazada a su hija. El personal de salud no derivó el caso a las

autoridades porque sospechaba que el aborto había sido inducido y al ser un acto ilegal, prefirieron no exponer a la niña.

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El informe ‘Criminalización de las víctimas de violación sexual’, del organismo internacional Human Rights Watch (HRW), que entrevista a 45 médicos ecuatorianos, relata este caso real. Según este estudio, la penalización del aborto obstaculiza la detección y prevención de la violencia sexual por parte del sistema de Salud Pública. Amanda Klasing, autora del estudio, detecta un patrón que se sigue en centros médicos públicos y privados: “Los doctores reciben a una paciente que llega con complicaciones derivadas de un aborto, sospechan que es víctima de violencia. No hacen preguntas sobre la causa del sangrado, porque no quieren verse implicados en un acto criminal, o implicar a la paciente”.

El resultado es que no se registra información precisa sobre un problema creciente (el embarazo en niñas de entre 10 y 14 años aumentó un 74 por ciento en la última década) y las víctimas de abuso sexual quedan desatendidas. “Ecuador no sabe realmente cuál es el impacto de la restricción al aborto en términos de salud pública y eso es muy peligroso”, explica Klasing en entrevista con Vistazo.

“El país ha sido exitoso en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, excepto en la mortalidad materna que se mantiene muy alta. Y sin dar seguimiento a las mujeres y niñas que se someten a abortos, Ecuador no logrará que esa cifra decrezca”. En 2011 el índice de Mortalidad Materna fue de 105 muertes por cada 100 mil nacimientos, el doble de 2006, que fue de 48 muertes. La meta es llegar a una tasa de 29 muertes maternas para el 2015, pero la posibilidad de alcanzarla es remota.

Según el anuario de estadísticas hospitalarias del INEC, en 2011 los hospitales públicos atendieron a 23.356 casos de “abortos no especificados”, que constituyen la primera causa de morbilidad femenina en Ecuador. El costo para el sistema de Salud Pública, estima Human Rights Watch, es de 126 dólares por paciente, o 3 millones de dólares al año.

La Organización Mundial de la Salud advierte que es más probable que las adolescentes embarazadas se sometan a abortos inseguros que las mujeres adultas, y que esos abortos contribuyen a problemas de salud crónicos y a muertes maternas. “Las niñas pueden estar tan asustadas y avergonzadas por el abuso que es más probable que escondan el embarazo o que recurran a un aborto cuando está más avanzado, lo cual lo hace más peligroso”, explica Klasing.

La Asamblea Nacional y el Presidente han respondido con no rotundo a la legalización del aborto en caso de violación, pero la pregunta persiste: ¿cómo proteger a estas niñas? Para los médicos consultados gran parte de la respuesta está en el sistema de Salud Pública.

Bajo el radar
“La cifra de embarazos en menores de 14 años es alarmante y vergonzosa, y refleja la ineficiencia para prevenir y atender la violencia sexual contra las mujeres, pero en especial contra las niñas”, dice Tatiana Ortiz, del centro de Acción y Promoción para la Mujer, organización que da asesoría psicológica y legal a víctimas. Según la Ley ecuatoriana todo contacto sexual con un menor de 14 años constituye una violación por lo que un embarazo a esta edad debería despertar alertas.

Desde el año 2010 el Ecuador cuenta con una normativa de violencia intrafamiliar y de género, que le indica al personal de hospitales públicos cómo proceder solo en caso de que confirme la violación inmediatamente después de que ocurre, incluso hay salas de acogida en varios hospitales para víctimas de delitos sexuales. Pero esta norma no menciona qué hacer cuando llega una menor con las secuelas de un aborto mal practicado y que se presume ha sido violada. Otra de las guías de procedimiento médico, la norma materna, indica que se le debe dar a la paciente consejería sobre anticoncepción, lo cual ayuda a las niñas precoces, pero no hace mucho por las víctimas de violación. Los abortos están en lugar número 11 de las causas de hospitalización de niñas de 10 a 14 años. Para el grupo de 14 a 19, después del parto espontáneo y la cesárea, los abortos ya son la tercera causa de hospitalización. Hay que precisar que la mayoría de las pacientes que se someten a abortos ilegales no presentan complicaciones ni requieren hospitalización, por lo que no se registran en estadísticas.

A tientas
Luego de monitorear a las pacientes durante 23 años en la Maternidad Enrique Sotomayor de Guayaquil, el doctor Aníbal Pico, expresidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia del Guayas, intuye que los abortos clandestinos en la provincia ya no dejan secuelas tan graves como antes. Esta maternidad atendió a 2.614 pacientes con hemorragias por aborto el año pasado. “Cuando yo recién inicié mi residencia teníamos bastantes agresiones, lesiones intestinales, perforaciones uterinas. Hoy en día ya casi no se ven esas complicaciones. Lo que llegan son pacientes con abortos incompletos, tratamos el sangrado vaginal pero no sabemos a ciencia cierta qué lo originó. Lo que nos queda es una gran interrogante”.

“No podemos distinguir un aborto espontáneo de uno inducido”, coincide el doctor Wilfrido León, quien fue jefe del área de Salud de la Mujer del Ministerio de Salud Pública y es editor de la normativa materna vigente en el Ecuador. León trabajó durante nueve años en la Maternidad Isidro Ayora de Quito y asegura que “las mujeres no llegan a decir yo me provoqué un aborto, porque es ilegal. Dicen me caí, cargué un tanque de gas, cualquier cosa”. “El costo social que tiene esa falta de visibilización es enorme. La atención integral postaborto se ve perjudicada en aquella paciente que habiendo sido violada no lo declara, no se le brinda generalmente la atención por la psicóloga ni por la trabajadora social”.

Sin embargo, lo más probable es que la niña llegue al hospital cuando el embarazo ha llegado a término. Después de la apendicitis, la segunda causa de hospitalización de niñas de 10 a 14 años son las complicaciones en el embarazo y problemas de parto, según el INEC. El parto espontáneo es la tercera causa. A esa edad la pelvis aún está en formación y el útero es inmaduro, lo cual puede complicar el desarrollo del feto y causar una obstrucción durante el alumbramiento, indica el ginecólogo Jorge Parra, del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Este organismo acaba de presentar el reporte ‘Estado de la Población Mundial 2013’, que indica que el riesgo de muerte materna se duplica en menores de 15 años.

Impunidad
¿Qué puede hacer el sistema de salud para asegurarse de que estas niñas no regresan a una situación de violencia sexual intrafamiliar? Varios organismos internacionales recomiendan una alianza entre el sistema de salud y el de justicia para crear equipos que atiendan a las víctimas y promuevan la presentación de denuncias. “Una de las maneras comprobadas de reducir la violencia es terminar con la impunidad, hay que investigar, perseguir y castigar a los violentadores”, dice Klasing, de HRW.

Cuando los propios padres o familiares son perpetradores de violencia, otros miembros de la familia guardan silencio. “La administración de justicia y de salud deben trabajar en conjunto para rescatar a esa niña del medio violento en donde está. Es un gran desafío porque implica proteger a la niña pero también a la madre, que puede perder su sustento”, dice la ginecóloga Virginia Gómez de la Torre, del frente de Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos.

“El Ecuador ya tiene mecanismos para atender a la violencia contra la mujer, hay juzgados especializados, ahora se necesita una coordinación para derivar los casos de violencia sexual a menores del sistema de salud al de justicia”, coincide el doctor Parra. “En la situación ideal las niñas de 10 a 14 no tendrían que enfrentar jamás un embarazo que les hace perder la escolaridad en por lo menos dos años. Casi el 50 por ciento de esas niñas nunca se reintegra a la escuela”.

Amanda Klasing, de HRW, comparte una visión del Ecuador desde afuera por la condición de vida de sus niñas: “Generalmente pensamos en el Medio Oriente o en África como lugares donde los altísimos índices de violencia contra la mujer, de embarazos adolescentes, evitan que las niñas se eduquen y alcancen su potencial. Pero también para el Ecuador este es un problema con un impacto inmenso en su bienestar económico y social”.

Fuentehttp://www.vistazo.com/

Source: Noviembre 2013

Y aquel libro de Gioconda Belli… (homenaje a las activistas de Femen, a las mujeres que luchan)

Y aquel libro de Gioconda Belli… (homenaje a las activistas de Femen, a las mujeres que luchan)

Era en la Nicaragua del sanguinario dictador Somoza, cuando las mujeres tenían a escondidas que acudir a curanderas, matronas del oficio del aborto, que en sucias estancias con materiales tétricos y sucios las abrían de piernas para buscar aquel resquicio de pecado. Tiempos de guerrillas, donde el Frente Sandinista de Liberación Nacional, le comía terreno a un régimen fascista gran amigo del franquismo español.

En aquel gran libro de mujeres habitadas, pasiones, metralletas y bombas, Gioconda nos contaba en primera persona historias de amor desesperado, peripecias, argucias y luchas sin tregua. Un mágico canto clandestino contra la tiranía, por la consecución de una sociedad mejor, más libre, igualitaria y justa. Ahora años después en la pseudodemocracia española el gobierno del PP y sus mercachifles y horrendas damas de honor, junto al resto de la calaña antiabortista, se atreven a reprimir violentamente a quienes defienden heroicamente un aborto libre y gratuito, donde cualquier mujer pueda decidir sobre su cuerpo, sin que ningún meapilas tenga que meterse por medio de cada meditada decisión.

Las Cospedales y sus falangistas mariachis en femenino, Aguirres, Botellas relaxing and cup, Bañez, Barberás, Soraya la pekinesa y otras tipas de peineta fácil, con aspecto y estética neo franquista, nos lanzan el canto o la saeta de la muerte, la hipócrita defensa de los supuestos derechos de “los infelices neonatos”, mientras con sus vergonzosas políticas generan muerte, miseria, desesperación, desahucios, desempleo masivo, familias sin ingresos, niños y niñas que pasan hambre y se desconsuelan merendando un bocadillo vacío.

Estas pendejas de la orquesta fúnebre de la donación, claman en contra del aborto y por la defensa exclusiva de sus “mujeres”, las que votan por la ultraderecha, esa “mayoría silenciosa” que dice su bastardo líder, las que callan y son sumisas y se dejan hacer de todo por sus enfermos maridos después de comulgar. Dios proveerá es su piadosa proclama, los curas, la putrefacta Iglesia Católica les marcan el camino y Rouco les bendice sus podridos Rosarios, que tratan de meter a la fuerza en los ovarios de millones de mujeres libres, que quieren ser felices y no aguantar la inquisitoria cantinela de las bocas sucias del fascismo.

Usan a los vendidos esbirros de la porra y la pelota de goma para apalear a las épicas activistas de Femen, permitiendo esta misma semana que los ultra católicos neonazis las patearan, las pintaran a la fuerza con espráis de pintura, humillándolas, maltratándolas salvajemente, sin que se produjera ninguna detención, cómplices uniformados de esta particular vendetta contra quienes luchan por la democracia y la libertad de elección, deteniendo solo a las mujeres luchadoras, arrojándolas a sus sucias comisarías con olor a vomito, dolor y suplicio.

Esta es la machista “democracia” del régimen español, una vuelta de tuerca a tiempos pasados donde rapaban a las mujeres que luchaban por la libertad, paseándolas por ciudades y pueblos para ridiculizarlas antes de fusilarlas o desaparecerlas, para demostrar que el falocrático y patriarcal sistema político seguía, sigue vivo en pleno 2013, que no se ha movido ni un ápice de los criminales postulados del franquismo.

La España más ultra reaccionaria se oculta tras un tupido velo de basura, mientras se habla de libertades, constituciones y derechos, entre un fétido olor a pederastia, robo de niños/as, abusos sexuales, violaciones, machismo, reformas de leyes y ataques directos al corazón de quienes verdaderamente deben decidir sobre sus cuerpos, sin que ninguna constreñida bofia de misa diaria venga a inmiscuirse en lo que decidan hacer libremente con sus vidas.

Aquel entrañable libro de Gioconda Belli lo dejaba claro: contra la mafia política, contra el mal gobierno, contra la tiranía, contra la inmunda secta del Vaticano, resistencia y lucha hasta el final.

Las hijas de Eva lo merecen.

Fuentehttp://kaosenlared.net/

Source: Noviembre 2013

La vida o la cárcel

La vida o la cárcel

Helena, una mujer indígena de 28 años, de Santa Cruz, Bolivia, quedó embarazada como consecuencia de una violación. Intentó inducirse un aborto con pastillas y terminó con graves complicaciones en un hospital de esa ciudad. El médico que la atendió la denunció y Helena fue detenida en 2012, esposada y acusada de realizarse un aborto ilegal. Pasó los diez días de internación con custodia policial y después fue trasladada a una cárcel donde estuvo detenida con prisión preventiva durante ocho meses. En Brasil, otra joven, Ana, fue detenida también en un hospital después de buscar

atención luego de haberse sometido a un aborto y como no pudo pagar la fianza, estuvo esposada a su cama de hospital durante tres meses. Los casos fueron relevados por IPAS –una organización internacional no gubernamental que trabaja en salud sexual y reproductiva– para la investigación “Cuando el aborto es un crimen: la amenaza para mujeres vulnerables en América latina”. El estudio se conoció en el marco de la conferencia del Cono Sur del Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (Clacai) días atrás, al tiempo que trascendía el caso de la joven que terminó presa durante diez horas en un calabozo de la comisaría 53ª de la Policía Federal, en la Ciudad de Buenos Aires, luego de que una médica del Hospital Fernández la denunciara ante la presunción de que se había practicado un aborto. En el encuentro del Clacai participaron un centenar de investigadores, profesionales de la salud y activistas de la región. Durante dos jornadas se analizaron avances, retrocesos y desafíos en el acceso a los abortos no punibles y en el camino hacia la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en países del Cono Sur. La reunión tuvo lugar en Buenos Aires (ver aparte).

La investigación de IPAS concluyó que las mujeres que son enjuiciadas por abortos ilegales se enfrentan a “prejuicio y negligencia en el sistema penal de Justicia”, como reflejó aquí el caso de la paciente del Fernández. Esta semana, organizaciones de mujeres realizaron un escrache frente al hospital para repudiar la decisión de la médica que la denunció. “La aplicación de la ley es selectiva y discriminatoria, con la tendencia de que las mujeres más pobres que usan los servicios de salud pública tienen el mayor peso y riesgo de enjuiciamiento”, advierte el estudio, realizado entre 2011 y 2013 en Bolivia, Brasil y Argentina, países donde el aborto está criminalizado pero se contemplan excepciones cuando el embarazo pone en riesgo la salud de la mujer o si es producto de una violación. De todas formas, en esas circunstancias todavía persisten obstáculos en el acceso a la práctica (ver aparte). “Las leyes de aborto punitivas están hechas para asustar, estigmatizando un procedimiento médico seguro y común”, señala la entidad con sede en Carolina del Norte, Estados Unidos.

El proyecto de IPAS buscó conocer cuántas mujeres son arrestadas y cuál es el impacto, tanto en ellas, como en sus familias y en profesionales de la salud, cuando la ley las convierte en criminales por interrumpir un embarazo. El informe revela “las diferentes maneras en que el poder punitivo del Estado daña la autonomía reproductiva de las mujeres, poniéndolas en riesgo de detención y encarcelamiento, y obliga a las y los profesionales de la salud a tomar decisiones no éticas respecto de sus pacientes”.

Denuncias y condenas

En Argentina se detectaron 234 condenas por el delito de aborto a nivel nacional entre 1996 y 2008. Pero, en general, lo que se observa es que hay más detenciones que condenas y que recaen sobre profesionales de la salud más que en mujeres que se realizan el aborto. Según los datos recabados a nivel nacional, de 2002 a 2008, el 80 por ciento de las condenas fueron en contra de profesionales de la salud, en su mayoría parteras y enfermeras. La investigación encontró que en 2011 “un caso involucró a una joven médica con dos hijos que fue detenida y pasó más de un año bajo amenaza de un juicio criminal” porque recetó misoprostol, un medicamento recomendado por la Organización Mundial de la Salud para la interrupción de embarazo, que se puede obtener en el país en farmacias con receta archivada pero sólo para úlceras gástricas. La médica, que trabajaba en un centro de salud de una villa porteña, dijo que recetó la droga a una niña embarazada de 12 años, a quien estaba atendiendo, porque estaba decidida a interrumpir su embarazo de cualquier forma y consideró que ése era el medio menos riesgoso para que lo hiciera. La imputación contra la médica finalmente fue retirada, pero tuvo que “sufrir el estigma y la incertidumbre del caso en contra de ella durante más de un año”, destaca el estudio.

El relevamiento retomó uno previo realizado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), que entre 1990 y 2008 identificó 417 casos de mujeres o profesionales de la salud arrestados por abortos ilegales. La IPAS buscó actualizar esos datos y se centró en las jurisdicciones con más población. En ese sentido, encontró que las provincias con más condenas en ese lapso fueron Buenos Aires (23 por ciento del total); Santa Fe (22 por ciento), Córdoba (7 por ciento) y la Ciudad de Buenos Aires (5 por ciento). Entre 2009 y 2011 en el territorio bonaerense se registraron 343 procesos judiciales de los cuales ninguno resultó en condena. A pesar de tener una población significativamente menor, la ciudad de Buenos Aires tuvo un mayor número de procesos: entre 2006 y 2012 se registraron 445 investigaciones judiciales: catorce casos (3 por ciento) llegaron a juicio y de ésos, dos resultaron en condena.

La Cámara del Crimen estableció en 1966 en el plenario “Natividad Frías” que una denuncia presentada por un prestador de servicios de salud en contra de una mujer por un aborto ilegal viola sus derechos de confidencialidad y su derecho de no autoincriminarse. En 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reafirmó ese principio. Para IPAS, esos dos antecedentes jurídicos “pueden explicar el bajo número de casos de mujeres que han sido investigadas o encontradas culpables por aborto en comparación con el número de casos en contra de profesionales de la salud que han sido investigados, enjuiciados y condenados”. No obstante, se observó con preocupación en la conferencia del Clacai el caso del Hospital Fernández. La abogada Raquel Asencio, coordinadora de la Comisión de Género de la Defensoría General de la Nación, advirtió sobre la gravedad del episodio de que una médica haya violado el secreto profesional para denunciarla. Al respecto, la secretaria ejecutiva del Clacai, la médica peruana Susana Chávez, indicó que ese tipo de actitud en profesionales de la salud “está constituyendo una amenaza” para las mujeres que se presentan en un hospital con complicaciones por aborto también en otros países. Chávez es directora de la ONG Promsex, de Perú, donde “se obliga a los operadores de salud a denunciar a las pacientes no sólo en casos probados de aborto, sino también cuando tienen indicios de que ha sido provocado”.

Del hospital a la cárcel

De acuerdo con la investigación de IPAS, en Bolivia se iniciaron investigaciones policiales en 775 casos entre 2008 y 2013, “aunque relativamente pocas resultaron en condenas”. Bajo la ley boliviana, las mujeres que quedan embarazadas como resultado de una violación deben comenzar procesos penales en contra del violador antes de solicitar autorización judicial para un aborto. “Sin embargo, los jueces rara vez autorizan la interrupción del embarazo, generalmente citando objeción de conciencia por razones religiosas y morales”, advierte el informe. Uno de los casos relevados fue el de Helena. La joven es una indígena guaraní y vive en una situación de extrema pobreza con su pequeña hija en la ciudad de Santa Cruz. El 3 de febrero de 2012 fue acusada oficialmente de realizarse un aborto –la denunciaron en el hospital donde fue a atenderse con graves complicaciones– y estuvo con prisión preventiva en la cárcel de Palmasola en Santa Cruz durante ocho meses hasta que su caso concluyó. Fue sentenciada a dos años de prisión, pero fue beneficiada con un perdón judicial que le permitió cumplir la pena fuera de la cárcel.

En Brasil, en el estado de Río de Janeiro, hubo 334 registros policiales de mujeres que recurrieron a un aborto ilegalmente. Los expedientes de la Corte del período de 2007 a 2010 muestran que 128 mujeres fueron juzgadas. Una de ellas, Ana, “no pudo pagar la fianza y estuvo esposada a su cama de hospital durante tres meses”, denuncia la entidad.

Fuentehttp://www.acaive.com/

Source: Noviembre 2013

El Tribunal Supremo de EE UU rechaza bloquear la ley del aborto de Texas

El Tribunal Supremo de EE UU rechaza bloquear la ley del aborto de Texas

La regulación es una de las más restrictivas del país ya que obliga, entre otras cosas, a ejecutarlo antes de la semana 20 de gestación.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió ayer martes no bloquear la ley del Aborto de Texas, una de las más restrictivas del país, y que ha dejado al Estado sin un tercio de las clínicas que

facilitan la interrupción del embarazo, según los opositores a la regulación. Con cinco votos en contra y cuatro a favor, los nueve jueces que forman el Alto Tribunal sentenciaron dejar la norma en vigor, lo que requiere que los facultativos que realicen los abortos cuenten con la afiliación de un hospital que esté situado a menos de 48 kilómetros.

La portavoz de la Fiscalía General del Estado de Texas, Lauren Bean, celebró la posición del Tribunal Supremo y consideró, en un comunicado, que las regulaciones del aborto son “de sentido común y perfectamente constitucionales”, según EFE. La mitad más conservadora del Tribunal Supremo rechazó la demanda interpuesta por Planned Parenthood y varias clínicas por la que recurría una orden federal que permitía el incumplimiento provisional de dicha ley. “Un tercio de las clínicas se han visto obligadas a dejar de prestar sus servicios y otras han tenido que reducir drásticamente el número de sus pacientes. Ya están cancelado muchas citas y las mujeres que quieren abortar están siendo rechazadas”, explicaron desde esta organización que lucha por los derechos reproductivos de la mujer en EE UU.

El caso todavía necesita ser revisado por El Quinto Tribunal de Apelaciones de Nueva Orleans, que comenzará el próximo enero, por lo que la norma seguirá vigente. La demanda presentada por Planned Parenthood no denunciaba otros puntos polémicos de la ley, como el requisito de que todas las clínicas deben disponer de todos los utensilios y servicios con los que cuenta un quirófano, que no entrará en vigor hasta septiembre de 2014, ni la prohibición de abortar pasadas las 20 semanas desde la concepción.

Uno de los magistrados, Stephen Breyer, aseguró que esperaba que el caso volviera al Supremo tras este juicio. “Si finalmente los tribunales deciden que la norma es inválida estaremos propinando un gran daño a todas esas mujeres cuyos derechos restringe esta ley mientras permanezca en vigor”, añadió Breyer.

La ley del aborto de Texas se firmó en julio aunque ha tenido un conflictivo recorrido en Texas. El pasado octubre, un juez dio un paso en pro del derecho al aborto cuando sentenció que parte de una de las leyes más restrictivas del aborto de la nación, la conocida como House Bill 2, era inconstitucional, pero una Corte de Apelaciones dio la razón posteriormente al Estado, con lo que entró en vigor todo el contenido de la ley.

La resolución fue apelada por el equipo de Gobierno de Rick Perry, gobernador de este Estado. Perry, que en más de una ocasión ha declarado que espera que el “aborto sea una cosa del pasado”, firmó dicha ley el pasado mes de julio; una regulación que había sido paralizada con anterioridad por Wendy Davis, demócrata que aplicó un acto de filibusterismo, por el que habló durante más de 11 horas sin parar para evitar la votación de la ley. Esta senadora ahora es candidata para gobernadora de Texas.

La ley de Texas desafía claramente la decisión de 1973 tomada por el Alto Tribunal con respecto al aborto, tras el caso de Roe contra Wade. La resolución de los nueve jueces sentenciaron que el aborto era un derecho constitucional. Así, la interrupción del embarazo debe estar permitida para la mujer por cualquier razón y hasta el momento en que el feto es viable, es decir, sea potencialmente capaz de vivir fuera del útero materno, sin ayuda artificial. Lo que los nueve jueces del Alto Tribunal situaron alrededor de las 24 semanas. Aquella resolución, además, impedía prohibirlo en los Estados que conforman la nación.

Asimismo, estas legislaciones también se enfrentan a la opinión mayoritaria de los estadounidenses. El pasado mes de enero, y por primera vez en la historia, la mayoría de ciudadanos (un 54%) dijo que “la interrupción del embarazo debería ser legal en la mayoría de los casos”, y más del 70% concluyó que dicha norma “no debía ser modificada”; el porcentaje más alto desde 1989, de acuerdo con una encuesta elaboraba conjuntamente por The Wall Street Journal y NBC News.

Fuentehttp://internacional.elpais.com/

Source: Noviembre 2013