Misoprostol. Regulaciones y barreras en el acceso al aborto legal

Misoprostol. Regulaciones y barreras en el acceso al aborto legal

La publicación “Aborto sin riesgos: guía técnica y de políticas para sistemas de salud” de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2003, puso en evidencia el incumplimiento sistemático de muchos Estados de la Región en relación al acceso de la interrupción legal del embarazo (ILE).

Hoy, aun con legislaciones que permiten alguna causal de aborto desde, por lo menos, hace 5 décadas, persisten obstáculos para el acceso a la interrupción legal del embarazo en los establecimientos públicos de salud. Asimismo, existen grupos de interés que trabajan de manera activa para restringir mucho más los limitados alcances de la permisión, al extremo de restringir su acceso o, lo que es peor, prohibir de manera absoluta el aborto, aun cuando este podría salvar la vida o evitar cargas de enfermedad a las mujeres, cuando el feto es inviable, o cuando el embarazo es producto de una violación.

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Source: Octubre 2013

[España] Baja un 18% el número de abortos de mujeres aragonesas en cuatro años

[España] Baja un 18% el número de abortos de mujeres aragonesas en cuatro años

En Aragón se practicaron el año pasado 3.068 interrupciones voluntarias del embarazo (la mitad a mujeres extranjeras). El Gobierno ha anunciado para este otoño la reforma de la ley del aborto.

El número de abortos practicados a mujeres aragonesas ha descendido un 18% en los últimos cuatro años, según el último Informe de Interrupción Voluntaria del Embarazo del Gobierno de Aragón. En 2012, se practicaron 2.689 interrupciones voluntarias del embarazo a mujeres aragonesas (2.623 a residentes en Aragón y 66 a aragonesas residentes en otras comunidades autónomas), frente a

3.280 realizadas en 2008.

El número de interrupciones voluntarias del embarazo de mujeres aragonesas sigue una tendencia descendente desde 2008. Desde 1994 hasta 2008, el número de abortos practicados había aumentado cada año. La tasa de abortos (número de interrupciones por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años) también ha descendido. El año pasado fue de 10,3, un valor inferior a 2011 y similar a la del año 2004, según recoge este informe.

Desde la apertura en 1994 de centros sanitarios privados para practicar abortos en Zaragoza, la inmensa mayoría de las aragonesas que abortan lo hacen aquí y también acuden mujeres de otras comunidades autónomas. En 2012, se realizaron el Aragón 3.068 interrupciones voluntarias del embarazo: 2.623 a mujeres residentes en Aragón (85,5%) y 445 a mujeres residentes en otras comunidades.

La mitad, extranjeras
Cerca de la mitad de las interrupciones voluntarias del embarazo practicadas en en Aragón son a mujeres de nacionalidad extranjera (un 47%, una cifra similar a años anteriores). De estas, el colectivo mayoritario es el de rumanas, seguidas de ecuatorianas, colombianas, nicaragüenses, marroquíes y chinas.

La edad media de las mujeres a las que se les practica un aborto en Aragón es de 28,6 años. El grupo de edad con un porcentaje más elevado es el de 25 a 29, seguido del de 20 a 24. El 10% de los abortos de 2012 fueron de menores de 19 años. El año pasado abortaron tres chicas menores de 15 años.

En torno a la mitad de las mujeres que abortan conviven en pareja y tienen hijos. El 52% de las mujeres son asalariadas, el 30% paradas o amas de casa y el 11%, estudiantes. El 14% de las mujeres tienen estudios universitarios. Para el 71% era la primera vez quer realizaban una interrupción voluntaria del embarazo.

95 abortos por malformaciones del feto
La actual ley del aborto (que el Gobierno quiere modificar) permite abortar libremente en las primeras 14 semanas de gestación. El año pasado, el 93% de los abortos de aragonesas fueron a petición de la mujer (2.503 casos). El resto de las interrupciones fueron por causas médicas: 89 por riesgo grave para la vida o salud de la embarazada, 95 por riesgo de anomalías fetales (como síndrome de Down), y 2 por anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedades extremadamente graves.

El Gobierno ha anunciado para este otoño una nueva ley del aborto que suprima el modelo de plazos actual por una vuelta al sistema de supuestos. El PP presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el supuesto de malformación fetal. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, afirmó que el Consejo de Ministros aprobaría la nueva ley en octubre.

Fuente: http://www.heraldo.es/

Source: Octubre 2013

Ecuador: sanción asambleístas por defender aborto

Ecuador: sanción asambleístas por defender aborto

El partido de gobierno Alianza País impuso un mes de suspensión a tres de sus asambleístas que en un debate legislativo defendieron la posibilidad de aborto en caso de violación, lo que de inmediato generó reclamos del presidente Rafael Correa, quien las llamó “traidoras”.

La comisión ética del partido, en una reunión reservada, calificó de falta leve e impuso un mes de inhabilitación política a las asambleístas Paola Pabón, Gina Godoy y Soledad Buendía, lo que les impide desempeñar sus funciones en la Asamblea, donde actuarán sus alternos, e incluso dar declaraciones públicas.

El secretario ejecutivo de Alianza País, Galo Mora, dijo al canal estatal GamaTv que “he conversado con las tres y las tres han asumido (la sanción) con inmensa responsabilidad, con compromiso

militante el error de haber roto un acuerdo… eso también nos parece importante, que se haya situado en el centro del debate nacional un tema que le compete a la sociedad en su conjunto”.

Añadió que “aquí no se sanciona por pensar diferente” sino por no respetar los acuerdos acerca del tema, decididos en el partido.

La situación inició el 10 de octubre cuando en una sesión plenaria los asambleístas debatían el nuevo código penal integral y sorpresivamente Pabón y otros legisladores del partido de gobierno apoyaron el aborto en caso de violación. Ese código sigue en debate.

El presidente Correa reaccionó de inmediato y dijo que “que hagan lo que quieran, yo jamás aprobaré la despenalización del aborto más allá de lo que consta en las actuales leyes” y amenazó con presentar su renuncia “si siguen estas traiciones y deslealtades”.

Actualmente la ley ecuatoriana señala que el aborto está prohibido excepto en dos casos, cuando el embarazo amenaza la vida de la madre y en caso de violación de una persona con deficiencias mentales o psicológicas.

Fuentehttp://www.elnuevoherald.com

Source: Octubre 2013

Un paso atrás para los derechos de las mujeres

Un paso atrás para los derechos de las mujeres

XII Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe. 
La XII Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe convocada por la CEPAL con el tema “Igualdad de género, empoderamiento de las mujeres y tecnologías de la información y las comunicaciones”, recién ha finalizado en República Dominicana con resultados que marcan un franco retroceso en el reconocimiento y defensa de la igualad de las mujeres latinoamericanas. Estos resultados contrastan con los avances alcanzados apenas tres años antes en la XI Conferencia realizada en Brasilia, capital de Brasil.

En efecto, la Conferencia de Brasilia concluyó con la suscripción de una histórica declaración que incluyó en el capítulo sobre derechos sexuales y reproductivos un compromiso de los gobiernos de la región sobre la necesidad de:

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“Revisar las leyes que prevén medidas punitivas contra las mujeres que se hayan sometido a abortos, conforme a lo recomendado en la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, incluidas las nuevas medidas e iniciativas para la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, así como en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, y en las observaciones del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, y garantizar la realización del aborto en condiciones seguras en los casos autorizados por la ley”. La inclusión de este acuerdo generó un intenso de debate y presiones de muchos grupos presentes en la conferencia, pero finalmente fue aprobado.

Cuatro años después, y a pocos días de que el gobierno de Ecuador se negará a incluir la despenalización de los abortos en casos de violación sexual en las reformas al Código Penal, las delegaciones gubernamentales participantes en la XII Conferencia Regional de la Mujer aprobaron una declaración final en la cual se omite cualquier referencia o cualquier compromiso sobre la necesidad de revisión de la legislación que penaliza la interrupción de embarazos, incluyendo los casos en embarazos que pongan en peligro la vida de las mujeres y los embarazos en casos de violación. El texto aprobado fue el siguiente: “Asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursen embarazos no deseados y no aceptados”.

Las razones que provocaron este retroceso en el reconocimiento de la igualdad sustantiva de las mujeres de la región son muchas y variadas.

En primer lugar, los gobiernos cedieron nuevamente a la tradicional oposición de la iglesia católica y de los grupos conservadores, que intensificaron su lobby antes y durante la conferencia para impedir que en Santo Domingo se repitiera el avance logrado cuatro años antes en Brasilia. Estos grupos usaron todos los medios a su alcance para incidir en las delegaciones oficiales, para que se abstuvieran de reconocer la necesidad de cualquier tipo de revisión a las leyes punitivas que se aplican en contra de las mujeres que toman la decisión de interrumpir un embarazo no planificado o no deseado.

En segundo lugar, se debe reconocer que las estrategias de género de algunos gobiernos de la región (como el gobierno de El Salvador y el de Nicaragua), fundamentadas en programas de ayuda social a las mujeres madres, representan un obstáculo para el avance de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Esto debido a que estos programas sociales para las mujeres madres si bien les producen a estos gobiernos altos niveles de aceptación en las encuestas de opinión pública, les impiden al mismo tiempo comprometerse con acciones estratégicas como la despenalización del aborto, en la medida que estos compromisos pueden empañar sus altos niveles de popularidad, a causa de las críticas que inevitablemente surgirán en las filas de sus opositores y/o de sus aliados políticos.

Asimismo, debe mencionarse la responsabilidad que en este retroceso han tenido los movimientos de mujeres de Mesoamérica, Sur América y el Caribe, que no pudieron articular un frente común y efectivo de lucha para defender los mínimos, pero simbólicos avances, logrados en el Consenso de Brasilia en materia de autonomía personal de las mujeres. Muchos de estos movimientos se han abstenido durante y después de la XII Conferencia, de criticar públicamente la postura de los gobiernos que suscribieron la declaración final, para no romper con las alianzas políticas con los partidos políticos en los gobierno “progresistas” y/o para no provocar en sus países la repetición del “efecto Correa”.

Se ha dado pues un verdadero paso atrás para la igualdad de las mujeres latinoamericanas y caribeñas, que no podrá ser compensado con las campañas, proyectos o acciones gubernamentales que seguramente se financiarán en los próximos años para aumentar el acceso de las mujeres a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Estas tecnologías ayudarán muy poco a las miles de mujeres pobres que continuarán muriendo en los próximos años por abortos practicados en condiciones inseguras y/o que continuarán siendo encarceladas por interrumpir un embarazo no deseado. La igualdad real y el empoderamiento de las mujeres, pasa por el reconocimiento y tutela del derecho a elegir libremente la maternidad, y mientras esto no sea asumido por los gobiernos y Estados de la región, las promesas y discursos sobre igualdad y sobre derechos, seguirán siendo solo palabras que se lleva el viento.

Julia Evelyn Martínez es economista feminista salvadoreña, profesora de la escuela de economía de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) de El Salvador.

Source: Octubre 2013

La jerarquía católica chilena contra los derechos humanos

La jerarquía católica chilena contra los derechos humanos

La denuncia a través de la prensa de una carta privada del arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati al Presidente Sebastián Piñera, donde recomienda que el estado de Chileno no ratifique La Convención Interamericana Contra Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia, prueba una vez más la voluntad de la jerarquía católica de no dejar que nuestro país avance en materia de DDHH. En especial en lo relacionado con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los derechos de la diversidad sexual.

Ezzati, quien negó estar ejerciendo presión y se defendió afirmando que se trataba de un mensaje privado, solicita abiertamente que nuestro país no ratifique la convención ya que a su juicio el instrumento internacional introduce una nueva conceptualización de la noción de ‘discriminación’ ajena a la contenida en la Constitución y a aquella establecida en la Ley Nº 20.609. Advierte además que la Convención amplía la Competencia de la Corte Interamericana (CIDH).

 

En este punto el prelado se manifiesta especialmente alarmado en lo que refiere a la doctrina de la CIDH en materia de libertad reproductiva y familia. “Resulta especialmente peligroso, si se tiene en cuenta que la CIDH es altamente politizada, en especial en las materias que conciernen al derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, a la familia fundada entre un hombre y una mujer, y al deber preferente de los padres a educar a sus hijos” afirma.

La carta constituye una presión indebida sobre las autoridades y una grave inherencia en asuntos de estado. Resulta especialmente alarmante la intención del prelado de actuar contra la Corte Interamericana, que ha sido donde la ciudadanía ha buscado justicia cuando los poderes del estado chileno han actuado contra derechos fundamentales.

Cabe recordar que fue en esta instancia donde la jueza Karen Atala demando por la discriminación a sus derechos como madre a causa de su orientación sexual. También fue donde un grupo de ciudadanos apelo por la prohibición de exhibir el film la “Última tentación de Cristo” sobre la cual peso una larga censura por supuestas ofensas a la sensibilidad de los creyentes.

La CIDH ha sido donde el pueblo mapuche ha llevado las denuncias de las violaciones cometidas contra sus comunidades en lo relacionado con la aplicación de la ley anti terrorista en el largo conflicto que mantienen con el estado chileno.

Estos ejemplos demuestran la importancia que la corte adquiere en la defensa de los derechos de aquellos sectores más discriminados. Vulnerar de cualquier modo su competencia implica lesionar aún más los DDHH cuyo respeto sigue siendo débil.

La CIDH es parte del sistema interamericano de justicia, que se ha construido como resultado de las lecciones que dejo la opresión que vivió América Latina por décadas. De manera dolorosa y amarga nuestra región aprendió que los DDHH son valores consustanciales a la vida y ante cualquier escalada autoritaria se necesitan instancias supra nacionales para la defensa de las personas.

La convención que el arzobispo ve como una amenaza amplia las acotadas bases jurídicas que la ley antidiscriminación ha creado. Su ratificación por parte de nuestro gobierno supone un compromiso serio con más y mejores derechos en un país donde la desigualdad marca la vida social.

La iglesia católica defiende elementos centrales de su doctrina intentando que intereses de estado se subordinen a principios ideológicos de un sector de la sociedad. Lo hace ejerciendo una presión ilegitima, que la convierte en un poder político por el que ningún chileno ha votado jamás.

El arzobispo tiene razón al sentir que el medieval poder de la iglesia católica está siendo desafiado por una ciudadanía movilizada y comprometida con la profundización democrática. Y sin duda los instrumentos del derecho internacional son fundamentales en la construcción de un estado de derecho moderno, realmente capaz de promover y respetar la dignidad humana.

Fuentehttp://www.mileschile.cl

Source: Octubre 2013

México reabre el debate sobre derechos reproductivos

México reabre el debate sobre derechos reproductivos

Los datos indican que el acceso al aborto es difícil incluso en el supuesto legal de violación

 

Seis años después de que México DF aprobase la primera (y, por ahora, única) ley de plazos, el estado de Morelos ha reabierto el debate sobre el aborto en este país. El secretario de Gobierno, Jorge Messeguer, declaró hace unos días que “no se va a criminalizar a ninguna mujer que por razones diversas haya sufrido un aborto”. “No se las mandará a la cárcel y se va a propiciar que se respete el

derecho a decidir sobre su cuerpo y sus ideas”, añadió Messeguer, quien hizo estas declaraciones durante su intervención en el III Congreso Latinoamericano Jurídico sobre Derechos Reproductivos. De cumplirse, Morelos se convertiría en el segundo Estado mexicano que permite la interrupción legal del embarazo sin tener que aducir una causa. Un paso más en materia de derechos reproductivos y sexuales en un país que sufre elevadas tasas de mortalidad materna y dificultades en el acceso a métodos anticonceptivos.

“La propuesta de legalizar la interrupción del embarazo fue una promesa del actual gobernador durante la campaña”, explica Andrea Acevedo, coordinadora de la red por los derechos sexuales y reproductivos en Morelos. Graco Ramírez, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática -la misma formación que Gobernaba el DF cuando se aprobó allí la ILE- acaba de cumplir su primer año al frente del Ejecutivo de Morelos.

“Es una postura digna de un grupo progresista, sin embargo, las posibilidades, por ahora, no son claras porque no depende solo del Gobierno, sino también del Congreso estatal. Para reformar el código penal se necesita mayoría calificada, y el PRD y la izquierda no llegan”. Acevedo explica que el bloqueo en la Asamblea respecto a este tema está abanderado por tres diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el mismo que gobierna en toda la República.

Sin embargo, contrariamente a lo que ha sido la postura del partido de la derecha en México, el PAN, la negativa del PRI en materia de aborto no es unánime ni está tan clara. El propio presidente, Enrique Peña Nieto, cuando todavía era candidato a las elecciones de 2012 dejó clara su posición al respecto: “Yo estoy favor de la vida. Pero eso sí, también estoy en contra de que se criminalice a las mujeres solo por decidir interrumpir sus embarazos”. De hecho, fue Rosario Robles, la actual secretaria (ministra) de Desarrollo Social, quien en su etapa como jefa interina del Gobierno del Distrito Federal, entre 1999 y 2000, impulsó políticas que incorporaron nuevos supuestos de despenalización en la capital.

“Las reformas del 2000 promovieron el debate en la asamblea legislativa y pusieron las bases para que se diera una reforma gradualista”, reconoce la jurista Alma Beltrán y Puga, del Grupo de Información en Reproducción Elegida, una organización civil que promueve el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo.

Cada año se practican en México más de un millón de abortos. De ellos, solo son seguros uno de cada 60, que son los que se realizan en el Distrito Federal. La capital es la única zona del país que cuenta con una ley de plazos, que permite a la mujer abortar libremente hasta la semana doce de gestación. Una medida que se aprobó en 2007, tras varias décadas de lucha por parte de los movimientos feministas. Hasta la fecha, el modelo de la Ciudad de México no ha servido de referente para otros estados. Muy al contrario, hasta 16 códigos penales han sido reformulados en el sentido contrario, para aumentar las restricciones que permiten el acceso al aborto legal.

La propuesta para la despenalización del aborto en la Ciudad de México fue presentada en noviembre de 2006 por el PRI y Alianza en la Asamblea Legislativa local, pero el PRD se posicionó enseguida como principal defensor del cambio normativo, que fue aprobado en abril de 2007. La iniciativa provocó una fuerte oposición. La Procuraduría (Fiscalía) General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpusieron acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, que los rechazó un año después, reconociendo en su sentencia “la facultad de la legislatura local” de promulgar leyes sobre este tema. Las manifestaciones contrarias a la reforma llegaron también de los grupos provida y de la jerarquía eclesiástica, que aún hoy mantienen su rechazo frontal a esta normativa.

El arzobispo primado de México, Norberto Rivera, aseguró hace unos meses que los abortos y los matrimonios homosexuales dañan a la sociedad mexicana. Y los grupos provida siguen protestando en cada aniversario de la aprobación de la norma del DF. En su día, Jorge Serrano Limón, líder del Comité Nacional Pro-Vida, hizo un llamamiento a la “desobediencia civil” para frenar la despenalización. El grupo presionó con bloqueos a clínicas y protestas contra políticos. “Esta ley es perversa, no tiene sentido. Es un ataque sin precedentes al ser humano en el vientre materno”, declaró entonces a los medios. La organización considera el aborto como “un acto de violencia contra la propia mujer, que se causa a sí misma graves daños por estas prácticas”.

Un argumento rebatido por las estadísticas, que sistemáticamente confirman que el mayor riesgo proviene de los abortos inseguros. La doctora Raffaela Schiavon, directora de Ipas México, una organización que trata de evitar las muertes por aborto inseguro, explica las conclusiones de un estudio realizado por esta entidad. Los abortos clandestinos e inseguros constituyen el 11% de las muertes maternas en México. Según los grupos que defienden la despenalización, cada año se producen unas 100 muertes por intervenciones realizadas en condiciones clandestinas. “Existe una relación inversa entre riesgo de morir por aborto y tasa de hospitalización por aborto. Donde se hospitalizan más mujeres, menos riesgo hay de morir, lo que significa que allí donde hay barreras para acceder a los servicios de salud, las mujeres corren mayor peligro”. Schiavon explica que desde la aprobación de la interrupción legal del embarazo en el DF se han producido unos 100.000 abortos sin que se registre ningún fallecimiento. “Esto significa que el aborto legal es una práctica muy segura”, defiende.

“Cero por ciento de muertes por abortos clandestinos en el D.F.” fue el dato reseñado por las autoridades del Distrito Federal el pasado mes de abril, cuando se cumplieron seis años del cambio legislativo. En el resto del país, suspender voluntariamente el embarazo y hacerlo en las mejores condiciones médicas posibles no resulta fácil ni siquiera en los supuestos en los que está permitido por la ley.

Dependiendo de las entidades federativas, la interrupción del embarazo está permitida en supuestos como la violación (en todos), grave daño para la salud de la madre, alteraciones genéticas o congénitas graves del feto o inseminación artificial no consentida, entre otros. Pero aunque la ley lo permita, en la práctica existen numerosas trabas para su autorización efectiva.

El aborto cuando el embarazo es producto de una violación es el único supuesto que está reconocido en todo el país. México registra elevados índices de abuso sexual -131.400 casos al año- pero, pese a ello, en el último lustro tan solo se han emitido 39 autorizaciones de aborto por este supuesto en todo el país y 30 de ellas corresponden al Distrito Federal. En el informe Omisión e Indiferencia. Derechos Reproductivos en México, publicado en 2013, GIRE denuncia que “el acceso efectivo de las mujeres a las causales legales de aborto es bastante precario o nulo”.

En opinión de la doctora Joaquina Erviti, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, el contexto penal, altamente restrictivo, inhibe la demanda de aborto. “Las mujeres antes de llegar al hospital público realizan una serie de estrategias para presentar el aborto como espontáneo, para no ser culpabilizadas. Los médicos suelen buscar que ellas confiesen que actuaron para interrumpir el embarazo”. Erviti explica que desde 2009, con las normas más restrictivas aprobadas en varios Estados, las denuncias contra mujeres por abortar desde los servicios de salud han aumentado. “Los médicos suelen desempeñar actitudes punitivas hacia las mujeres. A menudo evalúan y emiten juicios morales”, añade la experta.

Esto fue lo que le pasó a Hilda, una de las cuatro protagonistas deldocumental ¡Viva México!, del director Flavio Florencio, que retrata la criminalización que sufren las mujeres cuando abortan. A la edad de 18 años la joven llegó a un hospital público de San Luis Potosí con una hemorragia. Según relata, la doctora le hizo muchas preguntas antes de atenderla y la obligó a que le contara lo sucedido como condición para empezar a tratarla. La muchacha confesó un aborto inducido y la médico le dijo que debía dar parte. Desde la clínica, la policía la llevó a comisaría “semidesnuda, solo con una bata”. Rindió declaración, pasó una noche encerrada y la dejaron libre tras pagar la fianza. “Nadie me informó de nada, de que yo estaba en un proceso, de que debía buscar abogado. Nada”. Dos años después, Hilda fue acusada de aborto y posteriormente condenada a un año de cárcel. “Los médicos del hospital me juzgaron y los medios de comunicación locales me llamaron asesina”, relata. El Supremo de Justicia del Estado acaba de revertir la sentencia al considerar que no hay pruebas que demuestren su responsabilidad en los hechos.

A través de los datos de las secretarías de seguridad locales GIRE ha contabilizado un total de 41 personas en prisión preventiva por delito de aborto desde 2007, aunque 13 de las 32 entidades federativas del país no aportaron información. Además, entre 2009 y 2011 un total de 679 mujeres fueron denunciadas por tentativa de aborto. Las penas varían según el Estado. La sanción de prisión más baja está en Tlaxcala, entre 15 días y dos meses, mientras que la más alta se da en Sonora, con castigos que van de uno a seis años de cárcel. En 27 entidades el aborto es un delito no grave, por lo que la mujer puede seguir el proceso penal en libertad mediante el pago de una fianza. “La sanción económica varía desde los 2.000 pesos hasta los 160.000 -de 113 a 9.037 euros-, aunque lo normal es que ronden entre los 2.000 y los 10.000 -113 y 564 euros-“, afirma Beltrán y Puga.

El estudio denuncia que las mujeres pobres, menos educadas e indígenas tienen nueve veces más probabilidades de tener un aborto inseguro que aquellas con mayores posibilidades económicas, más educadas y que no pertenecen a etnias indígenas.

Quienes sí pueden permitírselo, optan por acudir a la capital federal. Lourdes quedó embarazada con 13 años como consecuencia de una violación sexual cometida por un familiar. Presentó la denuncia ante el Ministerio Público y solicitó la interrupción del embarazo, pero la autoridad nunca respondió a su solicitud. Como la joven todavía no sobrepasaba las doce semanas de embarazo se trasladó con recursos privados al DF para interrumpirlo. Cuando una asociación civil intervino en el caso, la fiscalía estatal señaló que ni siquiera existía un protocolo a seguir en los casos de interrupción del embarazo por violación, el único supuesto que lo hacía legal. Esto sucedió en el Estado de Morelos.

Fuentehttp://sociedad.elpais.com

Source: Octubre 2013

ONU alerta de violencia sexual en zonas post-conflicto de Colombia

ONU alerta de violencia sexual en zonas post-conflicto de Colombia

Ginebra, 23 oct (EFE).- El Comité de la ONU para la eliminación de la discriminación de la mujer advirtió hoy de la prevalencia de la violencia sexual contra mujeres y niñas “por todos los actores implicados en el conflicto armado” de Colombia.

Estos crímenes, que son “un motivo de gran preocupación para el comité”, afectan sobre todo a mujeres rurales, indígenas de diversas etnias y afrocolombianas, que son los tres colectivos más

afectados por el conflicto en el país, explicó hoy a Efe Olinda Bareiro, miembro de este comité de expertos.

“El nivel de impunidad de estos crímenes es altísimo. Las mujeres denuncian estas agresiones pero no siempre ante los tribunales”, precisó Bareiro, encargada del informe referente a Colombia abordado en el 56º periodo de sesiones del comité.

Las agresiones también son perpetradas por los miembros de grupos armados desmovilizados, por lo que desde el comité llamaron la atención sobre el hecho de que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011 -que trata de compensar a las poblaciones afectadas por el conflicto- no es aplicable en el caso de víctimas de estos grupos.

Sobre el proceso de restitución de tierras, con el que se pretende devolver a campesinos y tribus indígenas los derechos sobre las tierras que ocuparon los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Bareiro precisó que se trata “de un proceso extremadamente difícil para las mujeres”.

Sin embargo, reconoció que esta política es “muy relevante” y que se ha logrado una norma específica para las mujeres desplazadas, según la cual no son ellas las que tienen que demostrar ser titulares de la propiedad, sino que deben hacerlo quienes se apoderaron de estos territorios.

Bareiro precisó que el desplazamiento en Colombia por la presión del conflicto armado se produce sobre todo en el este y nordeste del país, que ha quedado casi despoblado; y que ha derivado en la proliferación de campamentos, que son “extremadamente inseguros” para las mujeres hasta llegar a “agresiones sexuales”.

Para luchar contra la discriminación de la mujer en las áreas post-conflicto, desde el comité subrayaron la necesidad de “sentar a éstas en la mesa de negociaciones”.

Por ello, pidieron al país que se aborden los delitos de violencia y agresiones sexuales contra la mujer en el actual proceso de paz que el gobierno negocia con las FARC en La Habana, desde noviembre de 2012. EFE

Fuentehttp://feeds.univision.com/

Source: Octubre 2013

[Perú] Aborto en adolescentes es serio problema de salud pública

[Perú] Aborto en adolescentes es serio problema de salud pública

El aborto por embarazos no deseados en adolescentes es un problema de salud pública porque implica la búsquedas de servios de aborto inseguros, advirtió la gineco obstetra Eva Obregón Zegarra.

“Las adolescentes no suelen estar preparadas física ni emocionalmente. En las casas suele ser tabú hablar de sexo y esto genera embarazos no deseados y abortos inseguros, más aún porque la adolescente suele buscar servicios de aborto en etapas más avanzadas de la gestación, lo cual aumenta el riesgo de complicaciones”, indicó la doctora de la Clínica San Pablo.

 

 

Sostuvo que en la mayor parte de los casos, las adolescentes no cuentan con un canal de información familiar o educativo y practican sexo de manera insegura o basándose en recomendaciones de amigos.

La experta dijo que un aborto provocado puede complicarse con hemorragias, infecciones, perforación del útero, lesión de órganos pélvicos o intestinales.

“A largo plazo las consecuencias de un aborto pueden ser: embarazo ectópico (por secuelas en trompas uterinas); parto prematuro (por laceración de cuello uterino) y depresión”, anotó..

A su turno, la psicoterapeuta Liliana Díaz Díaz afirmó que las principales razones por las que se recurre al aborto es que el tener un hijo dificultaría la vida, educación o trabajo.

“Además está el problema de no sentirse preparada para ser madre en ese momento, no convertirse en una madre soltera o tener problemas de pareja, fruto de una relación sexual ocasional y por falta de apoyo de la pareja”, agregó.

Terra

Fuentehttp://noticias.terra.com.pe/

Source: Octubre 2013

Mujeres por Bachelet realizan marcha para dar a conocer temas de género del comando

Mujeres por Bachelet realizan marcha para dar a conocer temas de género del comando

La representante de la Red Metropolitana de Mujeres por Bachelet, Carmen Andrade, aseguró este miércoles que en el comando de la candidatura presidencial del pacto Nueva Mayoría existe una postura frente a temas valóricos como el aborto, aunque precisó que es un asunto que debe abrirse a la discusión y el debate.

Un pequeño grupo de la Red Metropolitana de Mujeres por Bachelet, se dieron cita en el paseo Ahumada para marchar rumbo a Plaza de Armas, con el objetivo de informar sobre la agenda de género y

hacer un llamado a votar por la ex presidenta Michelle Bachelet el próximo 17 de noviembre, asegurando que pretenden ganar en primera vuelta.

 

“Creemos que no hay que esconder la cabeza, creemos que hay que discutirlo (el tema del aborto) no todo el mundo piensa como uno quisiera, creo que es una larga pelea de las mujeres, que es de largo plazo y por eso me parece que lo principal es que abramos la conversación y que todos puedan poner sobre la mesa sus puntos de vista, los católicos, los no católicos, yo represento en este caso al comando”, enfatizó la ex ministra Sernam.

Carmen Andrade puntualizó que “nosotras queremos que se abra un gran debate respecto del aborto, lo que hemos dicho es que desde nuestra candidatura creemos que hay que despenalizar el aborto en situaciones de peligro de vida para la mujer, en situaciones de inviabilidad del feto, vale decir que no pueda vivir fuera del útero de su madre, y también en casos de violación, junto con eso hay que abrir un gran debate en toda la sociedad sobre las otras situaciones”.

Fuentehttp://noticias.terra.cl/

Source: Octubre 2013

El aborto y la devaluación de la mujer

El aborto y la devaluación de la mujer

El aborto se ha convertido en un dispositivo de los grupos conservadores pro vida para generar condiciones devaluatorias de la mujer cuando su práctica no se ajusta a la exigencia social de ser madre y a las obligaciones que pesan derivadas de su cuerpo. Penalizar el aborto en casos en que el embarazo ha sido producto de una violación, es decir, de un acto de violencia masculina, sirve para atarlas a una condición natural conectada con su cuerpo. En el discurso conservador de los grupos pro vida, la naturaleza del cuerpo femenino obliga a las mujeres no solo a unos roles sociales, sino también

al apego irrestricto a una idea abstracta de la vida derivada de esa condición natural. Por eso, el aborto es considerado como una actitud que violenta la naturaleza de la mujer, como una forma de desnaturalizarse a sí misma y a la vida en general. El cuerpo resulta situado por fuera de las relaciones de poder que acompañan la historia de las relaciones de género.

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En esa misma lógica se encuentra el drama de la homosexualidad: voluntades y deseos sexuales que no caben en cuerpos de hombres o mujeres, cuerpos que se comportan de modo extraño frente a algo tan natural como ser hombre y ser mujer, y atraerse mutuamente; una supuesta falla atenta contra las leyes de la naturaleza y los convierte, casi de modo automático, en personas desviadas, antinaturales, depravadas. Y como las leyes de la naturaleza no vienen de ningún otro lado sino de una voluntad creadora que está en el origen de toda vida, los supuestos desvíos terminan siendo prácticas degradantes que amenazan con corroer los fundamentos de la vida social y moral.

La militancia de los grupos pro vida en contra del aborto deriva de una cierta paranoia propia de un oscurantismo moral. Ellos creen que si se despenaliza el aborto, incluso en casos de violación, la sociedad caerá en una suerte de epidemia abortista, cuya consecuencia será la imposición de una cultura de muerte. La idea del aborto termina siendo denunciada como una forma inaceptable de desprecio a la vida, causada por seres crueles, inhumanos, capaces de interrumpir lo que, desde el momento mismo de la concepción, se considera ya una vida plena. No importa si ese embarazo haya sido el resultado de un acto violento, una forma extrema de ejercicio del poder masculino sobre las mujeres, que las denigra, daña moralmente y las somete emocional y anímicamente. No importa que ese embarazo sea producto de una conducta contraria a lo que postulan esos mismos grupos respecto del amor, el matrimonio y las familias ideales. Hay principios que se defienden por encima de las prácticas, y a pesar de que las prácticas se orienten por motivaciones que los contradigan. Lo que más incomoda de estos grupos, incluidos la Iglesia y los sacerdotes conservadores, es la autoridad para juzgar la decisión de una mujer de abortar, sin indagar en los dramas morales y éticos -asumo yo- que rodearán a tal decisión. No me imagino que abortar sea fácil, ni que se dé al margen de consideraciones morales y éticas sobra la vida; las mujeres que adoptan semejante decisión lo harán –intuyo- con una plenitud absoluta de su responsabilidad personal como mujeres, como eventuales madres, y en consideración de su integridad como personas humanas.

Fuentehttp://www.hoy.com.ec/

Source: Octubre 2013