[Costa Rica] ¿Aborto o violación de menores?

[Costa Rica] ¿Aborto o violación de menores?

Es evidente que dentro de cualquier sociedad se jerarquizan los valores, puesto que según la realidad histórico-cultural de un país o una persona, se le agrega mayor trascendencia a unos, para el cumplimiento de otros.

Esto se debe a la necesidad de unos, para cumplir con los demás. Claro ejemplo de esto se hace notar con el valor “vida”, porque su

ausencia imposibilita el cumplimiento de los valores y principalmente de la libertad. Es aquí donde se establece que detrás de los valores, se apela un gran ámbito de emotividad.

community Health Survey cialis discount confusion, hallucinations, unusual thoughts or behavior generic online cialis. Hemopoietic: leukopenia, purpura, thrombocytopenia cialis online generic.

 

Hace algunas semanas las declaraciones del arzobispo Fabio Martínez, dieron la vuelta al mundo, al expresar que “cualitativamente, es mucho más grave el aborto, que la violación de niños por parte de sacerdotes”, aduciendo que el aborto es un asesinato, mientras que los niños víctimas de abuso sexual se recuperan y pueden seguir con su vida.

La opinión del arzobispo Fabio Martínez se contrapone en todo sentido a la lógica humana. ¿Qué parámetros utilizaría para afirmar tal aberración cómo saber que un menor rasgado de su inocencia en una violación? ¿Con el transcurrir del tiempo, podrá recuperar su desarrollo mental, personal y sexual? ¿Es acaso que el tiempo borra esas heridas sin dejar rastros inminentes? ¿Quién carga con los traumas y problemas psicológicos desencadenados por una barbarie semejante?

Una transgresión a la integridad y dignidad de la persona no se puede tomar tan a la ligera, alegando tal y como lo hizo el religioso, al decir que de todos modos los sacerdotes acusados por violaciones sólo representaban el 4% de los curas a nivel mundial. El meollo del asunto no es cuestión de la cantidad de abusos, aunque sólo en Estados Unidos se han acusado a 4300 sacerdotes por esta razón, sino es el hecho del acto inmisericorde.

Que quede claro que no le resto importancia al acto del aborto per se, exceptuando cualquier tipo de condiciones que pueden hacer pensar que es una opción viable, sino que lo que pretendo dar a entender es que ambas acciones afectan de sobremanera al ser humano, ya sea durante su gestación o en el pleno desarrollo de su vida.

Es más que evidenciable, que el propósito del arzobispo Martínez, era minimizar el gran problema que presenta la Iglesia Católica actualmente, con la salida a la luz pública del abuso de menores por parte de algunos sacerdotes y jerarquizar el valor vida intrauterina como un aspecto más importante que la vida extrauterina misma, de los niños y jóvenes en pleno desarrollo.

La posición que debe adoptar la Iglesia Católica en este campo, es de responsabilizar y responsabilizarse en los problemas crecientes que le atañen y no caer en la incapacidad de hacer comparaciones tan ilógicas, faltas de sentido ético y humanitario.

Mónica Rodríguez Quiróz
(*) Estudiante de la Facultad de Derecho
Universidad de Costa Rica

Fuentehttp://www.elpais.cr/

Source: Agosto 2013

[México] Documentan 25 casos de mujeres criminalizadas por intento de aborto

[México] Documentan 25 casos de mujeres criminalizadas por intento de aborto

“Yo lo único que sé es que soy inocente”, dice Hilda López de la Cruzsonriente en la conferencia de prensa donde anuncia con orgullo que el Tribunal Superior de Justicia de San Luis Potosí revocó la sentencia que la encontró culpable del delito de aborto. 

Tras cuatro años de lucha en los que Hilda fue llevada a prisión en dos ocasiones, la joven de 22 años aguanta el llanto mientras cuenta

que esa instancia de justicia la absolvió el 23 de agosto pasado porque no había pruebas en su contra que confirmaran que cometió el delito de aborto, sólo las acusaciones del personal médico que la atendió por una hemorragia en 2009 y la criminalización de la que fue víctima.

El caso de Hilda no es un hecho aislado. Su defensa, a cargo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), lo califica como una batalla ganada de muchas otras pendientes en las que las mujeres son acusadas del delito de aborto, criminalizadas y enviadas a prisión por solicitar atención médica cuando tienen un aborto espontáneo o complicaciones en su embarazo.

En el reporte Omisión e Indiferencia. Derechos reproductivos en México esta organización civil denuncia que ha estudiado otros 25 casos de criminalización por aborto que se dieron de junio de 2011 a enero de este año.

Según GIRE, los casos de las mujeres que son sujetas a proceso penal por estas circunstancias tienen características en común: la mayoría tiene muy pocos recursos (financieros y de información), el personal hospitalario -enfermeras, médicos o trabajadoras sociales- es quien da parte al Ministerio Público en violación de la confidencialidad médico-paciente, y que no se les informan los cargos en su contra.

Además, son presionadas por los médicos y la policía para hacer confesiones (en algunos casos como condición para recibir tratamiento médico, o mientras todavía se encuentran bajo los efectos de la anestesia) y son maltratadas física y verbalmente por el personal de salud y de las procuradurías.

Las entidades en las que actualmente hay mujeres sujetas a proceso penal por la acusación del personal médico son Baja California, Hidalgo, Estado de México, Puebla, San Luis Potosí, Aguascalientes, Chihuahua, Michoacán, Distrito Federal, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

“No había pruebas en mi contra”. El caso de Hilda.

–>>> clic en el enlace para ver el testimonio de HILDA 

Ésta es la primera vez que Hilda habla en público sobre las dificultades que vivió por solicitar atención médica en un embarazo de seis semanas que se le complicó.

En 2009 Hilda se sintió mal. Tenía dolores en el vientre y un fuerte sangrado, por lo que fue al Hospital Básico de Tamuin.

“Resulta que cuando llego la doctora que me atiende me hace muchas preguntas y me dice que si no le contesto no me va a atender”, cuenta Hilda a los medios de comunicación.

Ya con la información, “la doctora me dice ´van a traer a la trabajadora social, tenemos que dar parte al MP porque esto es un delito´”.

Hilda dice que los medios de comunicación la tacharon de una mala madre, “decían que no quería a mi hijo. En 2012 nuevamente me detienen y los medios de comunicación dicen que porque soy una asesina. Pero entonces no tuve miedo, yo con firmeza le dije (a su abogada) ´¿sabe qué? Pues vamos adelante, vamos a echarle ganas. Ellos (el Tribunal) me absolvieron, no había pruebas en mi contra, mi confesión no bastaba para condenarme y aquí estoy”.

Se le dibuja una pequeña sonrisa. Dice que ahora que todo esto llegó a su fin le gustaría dedicarse a su familia, a su hija de dos años y quizá volver a estudiar.

—>>> clic en el enlace para conocer más de HILDA

María de la Luz, un caso en Hidalgo

María de la Luz llegó con un sangrado a la clínica 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tizayuca, Hidalgo, el 27 de febrero de 2012.

Fue dada de alta cuatro días después para ser trasladada al penal de esa región acusada de tentativa de homicidio.

“Fue un sangrado involuntario, quizá un intento de aborto pero involuntario y que la tachen a uno de asesina por eso es desgastante, es hacer sufrir a toda una familia. Yo quería a mi bebé y la muestra de ello es que aquí lo tengo junto a mí, y en ese momento tenía las pruebas de que había llevado todo el control prenatal, los cuidados, pero me tacharon de asesina”, dice en entrevista.

En abril pasado, María de la Luz fue absuelta del cargo por falta de pruebas, sin embargo, el ministerio público apeló la resolución.

El Distrito Federal, también con casos

En el informe Omisión e Indiferencia GIRE documenta el caso de Teresa -un nombre falso para cuidar su identidad-, quien a sus 19 años fue atendida por una hemorragia en su domicilio por paramédicos y después trasladada a un hospital del IMSS, donde permaneció custodiada por la policía ministerial porque el MP había iniciado una investigación en su contra por tentativa de aborto tras la semana 12 de embarazo. Aunque no fue acusada ante un juez, la investigación sigue abierta.

El caso de Teresa ocurrió en el Distrito Federal, la única entidad del país en la que existe la causal de aborto por voluntad de la mujer, pero sólo hasta la semana 12 de embarazo.

El aborto, un delito del fuero común

La interrupción del embarazo es un delito del fuero común, por lo que las causales para permitirla dependen de las legislaciones locales.

La violación sexual es la única causa legal de aborto que se repite en todas las entidades federativas, aunque su permisión varía según diversas circunstancias que dependen de las procuradurías estatales.

En 25 legislaciones locales se permite el aborto por peligro de muerte de la madre; en 14 por malformaciones del producto; en 13 por graves daños a la salud de la mujer; en 11 por inseminación artificial forzosa; y en una por causas económicas, cuando se tenga al menos tres hijos.

Fuentehttp://www.animalpolitico.com/

Source: Agosto 2013

[México] La Absolucion de Hilda

[México] La Absolucion de Hilda

El Supremo Tribunal de San Luis Potosí absolvió a Hilda por el delito de aborto. Esta mujer originaria de la huasteca potosina fue criminalizada  por las autoridades de salud, por los medios de comunicación y por las autoridades judiciales, que la condenaron sin pruebas, con una confesión obtenida a través del condicionarle el tratamiento médico y violando su presunción de inocencia.

 

Al revocarse la sentencia, Hilda habló por primera vez a los medios de comunicación sobre la estigmatización que sufrió: “Me tacharon de ser una mala madre. Las críticas hacia mí, me causaron depresión porque no sabía cómo defenderme”.

 

La persecución hacia Hilda comenzó el 10 de julio de 2009. Su único crimen había sido acudir al Hospital Básico Comunitario de Tamuín, San Luis Potosí para solicitar atención ante una fuerte hemorragia. Es preocupante que en un país, en el que se incumplen las metas en la reducción de la mortalidad materna, la búsqueda de atención médica de una emergencia obstétrica sea dilatada debido a prejuicios relativos a la maternidad.

Aún con su bata de hospital fue llevada a los separos de la cárcel preventiva donde pasó presa toda la noche y la mañana del siguiente día. Se le decretó libertad con reservas de la ley debido a que no se podía comprobar su culpa. Sin embargo, las autoridades prosiguieron el proceso y tres años después, el 23 de julio de 2012, fue detenida por el delito de aborto.

Esta vez se le sentenció a un año, pero encontró el valor para apelar la sentencia ante el Supremo Tribunal de Justicia de San Luís Potosí, con el fin de quedar sin antecedentes penales y revertir la estigmatización fomentada por el amarillismo de los medios de comunicación. El viernes pasado la quinta sala mixta, compuesta por los Magistrados Zeferino Esquerra Corpus, Carlos Alejandro Robledo y la Magistrada María Guadalupe Orozco Santiago actuaron de manera objetiva, imparcial y garantizando los derechos humanos de Hilda.

Hilda es una de las 679 mujeres que han sido perseguidas por el delito de aborto en nuestro país en el periodo de 2009 a 2011, de acuerdo al informe “Omisión e Indiferencia“.  Existen muchas mujeres que han carecido de una defensa adecuada, sin embargo, gracias al valor de Hilda, se ha hecho conciencia sobre los perniciosos efectos de la persecución de las mujeres luego que 16 estados modificaran sus constituciones para proteger la vida desde el momento de la concepción y se iniciara un clima de criminalización en contra de las mujeres.

San Luís Potosí es uno de los estados que modificó su constitución, sin embargo esto no ha impedido que 15% de las muertes maternas ocurran en la vía pública. Es posible inferir que, a diferencia de Hilda, estas mujeres no buscaron atención médica debido al miedo por terminar en la cárcel. La legislación restrictiva y el clima persecutorio que ha generado las hizo optar por evitar los servicios de salud, con ello eligiendo la muerte.

El caso de Hilda hace pertinente que se recuerde al Estado mexicano, en sus ámbitos federal y estatal, que tienen la obligación de armonizar la legislación para interrumpir el embarazo, así como asegurar la confidencialidad y el secreto profesional en los servicios de salud reproductiva. Las autoridades judiciales deben de actuar con estricto respeto de la ley y los derechos humanos de las mujeres.

Las procuradurías estatales, el poder judicial y el sistema de salud deben adoptar políticas pública encaminadas a prevenir situaciones que vulneren a las mujeres y que se normalice esta situación de discriminación y marginalización. Los organismos autónomos de derechos humanos deben de investigar cuál es la situación de mujeres criminalizadas por el delito de aborto y reportar a la sociedad.

La última lección del caso de Hilda, es que la sociedad no quiere ni una Hilda más, al firmar la petición al Supremo Tribunal, al escribir sobre Hilda y llamar la atención sobre su caso ha quedado claro que es inadmisible el uso de las leyes para hacer que las mujeres decidan entre la cárcel o la muerte.

Fuentehttp://blogs.eluniversal.com.mx/

Source: Agosto 2013

MINSA obligado a responder sobre protocolo de aborto terapéutico

MINSA obligado a responder sobre protocolo de aborto terapéutico

Sentencia judicial debe terminar con silencio ministerial de los últimos 6 años Un paso adelante en el cumplimiento del dictamen del caso KL

Una sentencia judicial acaba de ordenarle al Ministerio de Salud que responda por escrito al pedido ciudadano sobre la aprobación del protocolo de aborto terapéutico, medida que viene siendo eludida por los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, pese a que el Estado peruano está obligado a emitirla con el fin de regular las interrupciones de embarazos que pongan en riesgo

la vida y/o salud física y mental de las gestantes.

 

El último 8 de los corrientes, el Quinto Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la demanda de amparo por derecho de petición interpuesta por la organización feminista DEMUS y otras contra el MINSA por no haber respondido las solicitudes presentadas a este portafolio en noviembre del 2007, julio y octubre del 2008, y enero y mayo del 2009.

Los reiterados pedidos -que inclusive firmaron otras 27 instituciones como el Centro Flora Tristán, Movimiento Manuela Ramos y PROMSEX, además de organizaciones sociales- solicitaban información sobre la aprobación del protocolo al ser ésta una obligación dispuesta por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en noviembre del 2005 respecto al caso de la adolescente KL.

Como se recuerda, a KL, de 17 años, se le negó el servicio de interrupción de embarazo cuando gestaba un feto anencefálico pese a que el aborto terapéutico está despenalizado en nuestro país desde el año 1924. La negativa de las autoridades no solo puso en riesgo su integridad física sino que le causó daños irreparables a su salud mental, situación que DEMUS y otras organizaciones pusieron en conocimiento del referido Comité.

“Han transcurrido casi ocho años del dictamen Nº 1153/2003 de KL que obliga al Estado a tomar medidas urgentes de no repetición, que implica la aprobación del protocolo nacional de aborto terapéutico en resguardo de los derechos de las mujeres, pero van tres periodos gubernamentales y seis gestiones ministeriales de Salud sin que ello suceda y sin que nos den respuesta formal a nuestra demanda ciudadana de información”, afirmó Rossy Salazar, abogada de DEMUS.

La sentencia del Quinto Juzgado Constitucional indica que no existe justificación razonable para avalar la conducta manifiestamente arbitraria e insensible de quienes son funcionarios en el MINSA (al haber mantenido silencio institucional en los últimos seis años) y respalda el derecho de las peticiones al tener el sustento del dictamen del Comité de Derechos Humanos.

“Consideramos esta decisión judicial como un paso hacia el cumplimiento del dictamen de KL y esperamos que ahora el MINSA nos responda en el plazo de acuerdo a ley y deje las evasiones y la indiferencia a un lado porque de por medio está la vida y salud de las mujeres. La ausencia de un protocolo de aborto terapéutico significa muertes maternas evitables y daños graves y permanentes en su salud física y mental”, remarcó la abogada.

Solo 17 hospitales de la red pública nacional de salud cuentan con este instrumento, situación que inhibe a las/os profesionales de la salud a practicar interrupciones de embarazo por razones terapéuticas pues podrían ser denunciados.

La sentencia es relevante para la vigencia del Estado laico en un contexto en que congresistas de actuación confesional han venido impulsando iniciativas orientadas a ilegalizar el aborto terapéutico ante la débil actuación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ente rector de las políticas de igualdad y de los derechos de las peruanas.

Lima, 13 Agosto 2013

Mayor información: Mariela Jara / 986 264356

Fuentehttp://demus.org.pe

Source: Agosto 2013

[Uruguay] Aborto: 30 % de los ginecólogos presentaron objeción de conciencia

[Uruguay] Aborto: 30 % de los ginecólogos presentaron objeción de conciencia

El subsecretario de Salud Pública, Lionel Briozzo, informó que se mantiene estable y no preocupa, el número de profesionales que optaron por no practicar abortos. En tanto, consideró un avance la solución de la situación en Salto, donde todos los médicos habían presentado la objeción.

Consultado sobre la situación de los ginecólogos en Salto, Briozzo aclaró que lo ocurrido en el departamento “no es representativo” de lo que ocurre a nivel nacional. “No lo vemos con preocupación

porque hay en Salto hay un número pequeño de ginecólogos y no es representativo del resto del país, donde solo el 30 % de los profesionales presentaron objeción de conciencia”, informó.

Luego de la visita del subsecretario de Salud Pública al departamento litoral semanas atrás, se logró el traslado de una médica de Montevideo hacía Salto para atender a los mujeres interesadas en practicarse un aborto.

“Es una buena solución para que las mujeres no tuvieran que salir del departamento para que les otorgaran los fármacos para la interrupción de su embarazo”, subrayó Briozzo.

El jerarca remarcó que la despenalización del aborto “es la estrategia probada y científicamente mejor para disminuir el riesgo de las mujeres que quieren interrumpir su embarazo”

“Estamos confiados en que mediante los trabajos en educación y anticoncepción que se vienen realizando, experimentemos una disminución progresiva del número de abortos”, finalizó Briozzo.

Montevideo, Uruguay
UNoticias
MDS

Fuentehttp://www.unoticias.com.uy/

Source: Agosto 2013

La tasa de adolescentes (15 a 19 años), embarazadas en América Latina y el Caribe, solo es superada por África

La tasa de adolescentes (15 a 19 años), embarazadas en América Latina y el Caribe, solo es superada por África

En 1994 tuvo lugar en El Cairo la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) donde 179 países aprobaron un Programa de Acción con un horizonte de 20 años, que concluye en 2014. La cercanía a esta fecha, los logros alcanzados, las brechas no superadas y los desafíos en cuanto a población y desarrollo son los temas que congregan a delegaciones de más de 30 países en la Primera Reunión de la

Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo en Montevideo, y que fue inaugurada el pasado lunes 13 de agosto por el presidente de Uruguay, José Mujica.

 

“Quedan menos de 190 días para el vencimiento de los Objetivos del Milenio – ODM y algunos de éstos que no se van a cumplir: ni la igualdad de género ni la mortalidad materna”, afirmó Babatunde Osotimehin, director Ejecutivo del Fondo de Población de Naciones Unidas, quien recordó que la inequidad de género disminuye el desarrollo de los países.

Se consideran derechos sexuales aquellos que permiten regular y tener control autónomo y responsable sobre todas las cuestiones relativas a la sexualidad, en particular el de: vivir la sexualidad sin violencia, coacción, abuso, explotación o acoso; expresar libre y autónomamente la orientación sexual; protegerse del embarazo y de las infecciones y enfermedades de transmisión sexual; tener acceso a servicios de salud sexual de calidad; tener información sobre todos los aspectos relacionados con la sexualidad.

Si bien, se han alcanzado importantes logros, como la reducción de la fecundidad, aún hay metas clave insatisfechas y que no se cumplirán para 2014, y estas tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos: reducción del embarazo adolescente, mortalidad materna, la demanda de acceso a la planificación familiar y la interrupción voluntaria del embarazo.

Según Esteban Caballero, director regional adjunto del Fondo de Población de Naciones Unidas – UNFPA, un factor que influye de manera determinante en este fracaso tiene que ver con el sistema de creencias y valores de la sociedad. “Tenemos una cultura en la que no que se quiere admitir que los adolescentes se inician sexualmente relativamente temprano, que son seres sexuados”. Caballero advierte que si tenemos esto claro, lo siguiente es adecuar las instituciones para brindarles todos los servicios en salud sexual y reproductiva, y como familias y sociedad enseñarles a compaginar su vida sexual y reproductiva con las otras aspiraciones que tienen.

“También hay factores legales en los países que prohíben la distribución de anticonceptivos a menores de edad; en otros se objeta la enseñanza de la educación sexual en las escuelas. Y en la gran mayoría hay una incapacidad en los servicios de salud con personal capacitado para asesorar a los adolescentes”, concluye Caballero.

Embarazo adolescente

En Colombia, el 19,5% de las adolescentes están o han estado embarazadas. Esta cifra duplica los promedios de América Latina y reta al país para enfrentar política, económica y socialmente, un factor que afecta de manera directa a las mujeres, su desarrollo y prosperidad y por lo tanto el del país.

“La fecundidad adolescente de las mujeres entre 15 y 19 años en América Latina y el Caribe, frente al mundo no es muy halagadora”, expresa Caballero. De cada 1.000 nacimientos en la Región, 80 son de madres adolescentes, la segunda más alta después de África Subhariana.

El embarazo adolescente está estratificado, explica Caballero. El porcentaje aumenta de manera relevante en los quintiles más pobres y esta diferencia, podría ser hasta tres veces más que en los quintiles más altos de la población. El director regional adjunto de UNFPA afirma que en la población rural e indígena puede ser aún más. El adolescente pobre tiene menor educación menor acceso a información, vive en un ámbito de pocas oportunidades, tienen menos acceso a servicios y a obtener métodos anticonceptivos.

Educación factor protector: Por cada año adicional de escolarización las tasas de fecundidad bajan entre un 5% y un 10% y aunque no es la única respuesta y los países deben brindar desde la información, el conocimiento y el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, la educación sobresale como un factor protector para que las mujeres tengan la capacidad de planear su vida.

Un embarazo adolescente tiene consecuencias como la transmisión intergeneracional de la pobreza. “La hija de un pobre que quede embarazada puede abandonar la escuela y no termina la educación, tiene menos formación y menos posibilidad de generación de ingresos, puede ser discriminada, algunas tienen que abandonar su hogar y así se abren puertas para ser presa de la explotación sexual y sumar condiciones de vulnerabilidad”, concluye Caballero.

En Colombia, en el 2010, el embarazo adolescente empezó a disminuir en Colombia (de 20.5%. en 2005 a 19.5%, en 2010, equivalente a 1 punto porcentual). Este cambio de tendencia es más notorio en ciudades como Cali (disminuyó 5.8 puntos), Medellín (5.7 puntos), y Bogotá (5.1 puntos), (ENDS 2010); lo cual es consecuencia del compromiso de sus gobiernos con estrategias efectivas de prevención del embarazo: 1) garantizando el acceso a servicios de salud para adolescentes, que incluyan métodos de anticoncepción; 2) promoviendo la educación sexual en espacios educativos y en campañas de comunicación masiva, y 3) creando oportunidades de desarrollo para los proyectos de vida de adolescentes y jóvenes. El país cuenta con cerca de 800 servicios de salud amigables para adolescentes, en los 32 departamentos.

Sin embargo, ciudades como Barranquilla, donde aumentó el embarazo 4.2 puntos, y regiones como el Litoral Pacífico (4.5), y Orinoquía y Amazonía (4.4.), dan cuenta de que persisten grandes desigualdades de desarrollo y de acceso a la información y a los servicios al interior del país, las cuales ubican a sus adolescentes en condiciones de mayor vulnerabilidad de tener embarazos no deseados.

Es muy diciente que casi el 50% de las mujeres que han sido madres adolescentes y que tenían entre 20 y 29 años, son pobres. Hay una leve reducción de la pobreza, al 43%, cuando las mujeres en esa franja de edad, no fueron madres adolescentes. Por su parte, en aquellas que no son madres, el nivel de pobreza se reduce al 19%. Esto puede mostrar cómo la maternidad temprana, aleja a las mujeres de la capacidad de ser próspera, educada y de acceder a trabajos decentes.

Mortalidad Materna. Muy ligada al embarazo adolescente, la muerte materna tiene en este grupo etario a gran parte de sus víctimas. Las adolescentes tienen al menos 4 veces más posibilidades de morir que las mujeres mayores de 19 años.

En América Latina y el Caribe, la primera causa de muerte para las mujeres entre los 15 y 19 años está relacionada con el embarazo. Se registran 80 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Esto nos habla de una proyección de unas 8.800 muertes. Las complicaciones del embarazo y el parto son las principales causas de muerte y la ausencia o mala dotación de centros de salud para brindar toda la atención que requiere una madre gestante, es un factor que incide de manera preocupante.

Esteban Caballero, cree que este Objetivo de Desarrollo del Milenio, no se va a lograr porque “No atamos todas las determinantes, como el acceso geográfico y los diferentes atrasos”, atraso en detección de los síntomas de parto, atraso en llevarla al centro de salud, atraso en la atención y atraso a la remisión a la emergencia obstétrica. Y esto ocurre generalmente en comunidades pobres.

Aborto. Según la Organización Mundial de la Salud – OMS, en 2008, el 12% de las muertes maternas fue por abortos inseguros (1,100 muertes).

“Es inmoral que en el mundo mueran mujeres por abortos inseguros. Cada muerte es una derrota imperdonable”, asegura Luis Almagro, Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, país que acaba de despenalizar el aborto.

Las altas tasas de embarazos no planeados, inducen la decisión del aborto, que además es otro de los factores que participa de manera significativa en la mortalidad materna. De cada 1.000 nacimientos hay 31 abortos inseguros en la Región (2008), esto supone que hay 4,2 millones de abortos practicados cada año y la mayoría de ellos en condiciones clandestinas. Una leve reducción se presentó desde 1995 (37 por cada 1.000) gracias al uso de anticonceptivos modernos que ha aumentado en la región a un 67% para las mujeres casadas.

El hecho de que a pesar de que el 90% de los jóvenes conocen sobre los métodos anticonceptivos, el 50% de los sexualmente activos nunca los ha usado, muestra que más que solo información se deben coordinar otras estrategias múltiples que garanticen que la planificación familiar, a cuyo acceso, el 50% de la población siente que lo tiene limitado.

La planificación familiar contribuye de manera efectiva a evitar embarazos no planeados y con estos las tasas de embarazos adolescentes, la mortalidad materna, y el aborto inseguro. No obstante, se calcula que en los países en desarrollo hay 222 millones de mujeres que desean prevenir el embarazo pero no usan activamente métodos anticonceptivos, lo que ocasiona más de 80 millones de embarazos no planeados y 20 millones de abortos inseguros que pueden terminar en la muerte.

Según Esteban Caballero, la causa principal de aborto es, “El no uso de anticonceptivos, la falta de información sobre cómo acceder a ellos es el paso previo a la decisión de terminar con un embarazo”, claramente, en los países donde no es legal, este procedimiento tiene alto riesgo de llevarse a cabo en situaciones peligrosas. “Somos conscientes de que la penalización acentúa las condiciones de inseguridad”, afirma Caballero.

Finalizando esta Primera Reunión de la Conferencia Mundial de Población y Desarrollo, es claro que después de 2014 se debe continuar reforzando la agenda, sobre todo en lo que respecta a los derechos sexuales y reproductivos que presentan grandes rezagos. Dentro de los aspectos a fortalecer están:

Reforzar la integración de las variables de población en las políticas y los programas de desarrollo económico y social, y la gestión pública en general.Garantizar el acceso universal y fácil a los servicios de salud sexual y reproductiva. Garantizar que esos servicios sean adecuados, oportunos y de calidad. Proveer acceso a la planificación familiar.Diseñar programas universales, con énfasis en la prevención del embarazo de adolescentes y las infecciones de transmisión sexual.

Montevideo, AGENCIA PANDI.

Fuenteelmercuriodigital.net

Source: Agosto 2013

A 20 años de la Conferencia de Población y Desarrollo de la ONU: Chile y la Nueva Constitución

A 20 años de la Conferencia de Población y Desarrollo de la ONU: Chile y la Nueva Constitución

Al cumplirse el 20 aniversario de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), y con motivo de la I Conferencia Regional de Latinoamérica y el Caribe que se está celebrando en Uruguay por estos días, solo es posible decir que Chile tiene aún muchas deudas, siendo un país con tasas de crecimiento económico destacables a nivel latinoamericano. Hemos podido identificar en una investigación

realizada en la Universidad Central, a lo menos, 16 desafíos que obstaculizan el cumplimiento de acuerdos internacionales relacionados con la salud sexual y reproductiva, y sus derechos. Algunos ejemplos de los problemas que persisten son los siguientes: desde el 2004 a la fecha, se constata un incremento sostenido del embarazo en la adolescencia, y un aumento del segundo embarazo adolescente y del tercero; siguen existiendo barreras y obstáculos que impiden a los y las adolescentes para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva en nuestro país; persisten problemas de stock de anticoncepción de emergencia y de recursos humanos en la atención primaria que puedan entregarlos oportunamente; no existe una política clara sobre educación sexual, seguimos haciendo parte de los 6 países en el mundo que penalizan completamente el aborto, bajo cualquier circunstancia, junto a El Salvador, Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Malta y el Vaticano; existe un aumento en infecciones de transmisión sexual que son enfermedades de notificación obligatoria: sífilis y gonorrea; respecto al VIH y sida la vía de exposición más declarada de nuevos contagios es la homobisexualidad, concentrando el 59 % de los casos en este último quinquenio y las mujeres tienen como principal vía de exposición la heterosexual, solamente un 29 % de la población masculina se ha realizado alguna vez este examen, mientras que en la población femenina esta cifra asciende a un 49 %.

Otro problema es la violencia de género, según información del Ministerio Público, los delitos de violencia intrafamiliar y femicidios persisten y aumentan año a año, por su parte, el número de denuncias por abuso sexual, si bien fluctúa, se mantiene en un mismo rango, superior a los 500 casos anuales. El Gobierno de Chile no cumple íntegramente las normas mínimas para la erradicación de la trata y respecto a la salud sexual de los hombres existen barreras en el acceso a servicios específicos. Persisten problemas en las estadísticas de los pueblos originarios que den cuenta de sus necesidades específicas, etc. El listado y las estadísticas son extensos y la falta de políticas públicas y voluntad política hace parte de la deuda tanto de la derecha como de la concertación en estos últimos 20 años.

En este contexto, es claro, que los derechos sexuales y reproductivos no están reconocidos por la Constitución chilena, es importante recalcar, que ellos hacen parte de las libertades fundamentales que corresponden a todas las personas, sin discriminación, y que permiten adoptar libremente, sin ningún tipo de coacción o violencia, una amplia gama de decisiones sobre sexualidad y reproducción. Implica contar con información y acceso a todos los servicios y medios que se requieren para ejercer estas decisiones. Estos derechos hacen parte de los derechos humanos que se entienden como universales, indivisibles y dinámicos constituyendo una potencial herramienta para la promover la justicia social y la dignidad de las personas. No existe ninguna norma constitucional legal que reconozca el derecho de mujeres y hombres a tomar decisiones libres e informadas en materia de sexualidad y reproducción. Existen algunas reformas en el campo pero son claramente insuficientes.

Estos derechos, dan cuenta del proceso histórico de ampliación de la ciudadanía expresión de luchas sociales y su constante proceso de construcción cuyo derecho básico es el derecho a tener derechos, requieren la capacidad para asumir las diferencias como parte de la vida social. Estos derechos buscan refundar la relación entre lo público y lo privado, ya que se trata de un cambio de paradigma puesto que la cosmovisión nacional solo establece una única identidad, es el nombre de esta identidad monolítica que apela a la tradición que se combates la diversidad sexual, se reafirman y enclaustran los roles y estereotipos, alimentado con esto la discriminación, la inequidad, la exclusión, el racismo y la injustica. Las mujeres y hombres chilenos, tenemos derechos a decidir en el marco de un Estado que garantice, informe y cuente con todos los recursos técnicos y económicos para acceder a los adelantos científicos en materia de sexualidad y reproducción.

Uno de los mayores desafíos, y que estamos en general casi todos de acuerdo, es que Chile necesita una nueva constitución, que sea legitimada por las personas y que contenga todos los nuevos derechos denominados de tercera generación. La Constitución que nos rige hasta ahora es herencia de una dictadura y con algunos parches de los gobiernos de la Concertación, mal llamados reformas. Los mecanismos por los cuales se llegue a ella, son los que están en discusión, a través de un plebiscito, asamblea constituyente, iniciativas como marca tu voto, la cuarta urna, entre otras. Las mujeres y los hombres chilenas necesitamos que este nuevo pacto social nos involucre y considere las necesidades sobre las sexualidades y la reproducción.

Source: Agosto 2013

“No podemos aceptar migajas en derechos sexuales y reproductivos”

“No podemos aceptar migajas en derechos sexuales y reproductivos”

La región de América Latina y el Caribe no puede aspirar a verdaderas políticas de salud progresistas y de avanzada en tanto continúe ilegalizado el derecho de las mujeres a decidir la interrupción de su embarazo, cuestionó la cubana Mariela Castro.

“Que muchas mujeres de la región todavía se vean obligadas a optar entre la cárcel o la muerte me parece vergonzoso”, añadió.

 

Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba (Cenesex), sostuvo en entrevista con IPS que se lleva a cabo una “cacería de brujas” contra las mujeres latinoamericanas y caribeñas en países con gobiernos “autodenominados” democráticos.

Esta sexóloga, hija del presidente cubano Raúl Castro, integra el Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Y se encuentra en Montevideo para participar de la I Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, que se desarrolla desde el lunes 12 hasta este jueves 15.

Como directora del Cenesex, Castro ha liderado en su país campañas contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) y por los derechos de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT).

Gracias a un proyecto que ella presentó, Cuba fue el primer país donde las personas transgénero pudieron acceder a cirugías legales y gratuitas de reasignación de sexo.

IPS: ¿Cuáles son los principales avances de Cuba en salud sexual y reproductiva y educación sexual?

MARIELA CASTRO: Hay un trabajo muy importante iniciado por la Federación de Mujeres Cubanas en los años 60. Ya en 1965 se estableció el aborto como un servicio del sistema nacional de salud pública, gratuito, realizado por manos expertas, en instituciones del sistema de salud y bajo el consentimiento de la mujer.

El aborto existía en Cuba desde antes de la Revolución (1959), pero era un servicio muy caro en clínicas privadas. Era una de las causas que provocaba la mortalidad de las mujeres porque se realizaba en condiciones de alto riesgo, clandestinas.

El Estado cubano decidió entonces establecerlo como un servicio del sistema de salud pública. No existe una ley sobre el aborto. Se estableció por una resolución del Ministerio de Salud.

En 1964 se creó el Programa Nacional de Planificación Familiar y en 1972 comenzó a prepararse el Programa Nacional de Educación Sexual.

En 1975, cuando se hace el primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, queda establecida la educación sexual como política de Estado, dándole la prioridad de la responsabilidad a la familia y a la escuela.

Entre 1988 y 1989, se constituyó el Centro Nacional de Educación Sexual del Ministerio de Salud Pública.

IPS: ¿Cuál es hoy la situación en Cuba en materia de respeto a la diversidad sexual?

MC: Cuba, como todos los demás países en el mundo, reprodujo los esquemas homófobos que las culturas y las ciencias ayudaron a imponer también.

Las ciencias médicas impusieron que la homosexualidad era una enfermedad y que se debían hacer terapias para convertir a esas personas en heterosexuales.

No fue sino hasta el 17 de mayo de 1990 que la Organización Mundial de la Salud ‘despatologizó’ a la homosexualidad. Mi país fue homófobo como todos, pero se exagera todo lo que se dice sobre Cuba en este sentido.

Todo el escenario de desarrollar un proyecto basado en los principios de justicia y equidad social y solidaridad entre los seres humanos creó las bases para que, desde el mismo proyecto revolucionario, siguiéramos profundizando en las luchas contra las discriminaciones.

En enero de 2012, cuando se hizo la conferencia del Partido Comunista, se incluyó por primera vez el objetivo de luchar contra todas las formas de discriminación, incluyendo la orientación sexual e identidad de género.

IPS: ¿Qué puede aportar Cuba al resto de América Latina y el Caribe?

MC: El Cenesex convocó el año pasado una reunión de expertas y expertos latinoamericanos y caribeños en educación integral de la sexualidad con el fin de compartir experiencias y establecer alianzas para que estos temas avancen en la región, y aprobamos una declaración.

También queremos intercambiar materiales e información. Estamos muy al tanto de las nuevas legislaciones en la región para nosotros también tomar elementos que nos puedan ser útiles.

IPS: En América Latina se han dado pasos importantes hacia el matrimonio igualitario. ¿Cuál es la situación en Cuba?

Yo me siento muy orgullosa como latinoamericana que Argentina, Uruguay y el Distrito Federal de México ya hayan logrado una legislación que ampare estos derechos. Me parece fascinante. Lo que promuevo constantemente es que esto ocurra en otros países, y también en Cuba.

Lo que sucede es que en Cuba el matrimonio no es considerado algo muy importante, ya que la mayoría de las parejas viven en relaciones de convivencia que gozan de los mismos derechos que en un matrimonio.

Por tanto, el movimiento LGBT no hace énfasis en eso, le interesa más que se defiendan sus derechos patrimoniales. No obstante, si vamos a hablar de derechos, tenemos que hablar de las mismas oportunidades, incluyendo el matrimonio.

IPS: ¿Cuál debe ser el papel de los medios de comunicación en la educación sexual?

MC: Yo promuevo una estrategia de educación permanente acompañada de una comunicación permanente. Capacitamos a periodistas, comunicadores y artistas todo el tiempo.

Un ejemplo del problema de que los medios no estén preparados para abordar un tema fue lo que ocurrió en 1988. Ese año se hizo la primera operación gratuita de reasignación sexual en Cuba.

Los médicos que hicieron la experiencia la presentaron en un congreso. Un periodista que estaba allí lo publicó en su periódico y se generó un debate. Muchas personas mandaron cartas al gobierno diciendo que era una barbaridad.

El Ministerio de Salud, que entonces no tenía las herramientas suficientes para defenderse, decidió suspender las operaciones. Debimos esperar 20 años.

Hoy somos el único país que tiene una estrategia de atención integral a las personas transexuales, con un servicio gratuito especializado de salud para hacerle las transformaciones que necesiten en su cuerpo para adecuarlas a su identidad de género.

Además, hay una estrategia general de modificación de las políticas, la conciencia y las leyes para que se respeten a las personas transexuales.

IPS ¿Cuáles son sus expectativas para esta conferencia en Montevideo?

MC: Es muy importante para nuestra región que logremos al menos una declaración en la que se pronuncien por el respeto, protección y cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos.

Queremos que esta conferencia se pronuncie por el acceso a información, educación y servicios de calidad, para que todos los jóvenes tengan acceso universal a la educación sexual impartida dentro y fuera de la escuela.

No podemos aceptar migajas en materia de derechos. No podemos esperar nada avanzado ni progresista de nuestra región si en temas como estos no logramos establecer acuerdos.

IPS: ¿Y en cuanto al aborto?

MC: A mí se me ponen los pelos de punta cuando veo que en nuestro continente solo Cuba, Guyana y ahora Uruguay tienen leyes que respetan el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo en situaciones de salud reproductiva, como lo es la interrupción voluntaria del embarazo.

A mí me suena a cacería de brujas. Que muchas mujeres de la región todavía se vean obligadas a decidir entre la cárcel o la muerte me parece vergonzoso, así como que países que se autodenominan democráticos hablen de democracia sin haber avanzado en temas como estos.

MONTEVIDEO, 14 ago 2013 (IPS)

Fuentehttp://www.ipsnoticias.net/

Source: Agosto 2013

Documento de posición de redes y organizaciones de la sociedad civil sobre el acceso igualitario al aborto legal, seguro y gratuito

Documento de posición de redes y organizaciones de la sociedad civil sobre el acceso igualitario al aborto legal, seguro y gratuito

“Con motivo de la revisión de los compromisos adquiridos hace 20 años en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en Cairo (CIPD), y con miras a la construcción de una nueva agenda de desarrollo que represente el mundo en el que todas y todos queremos vivir, las organizaciones y redes firmantes de esta declaración llamamos a los Estados reunidos en Montevideo en el marco de la I Conferencia Regional

sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe a tomar una postura dirigida a garantizar y respetar los derechos humanos de todas las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres a tener acceso a servicios de aborto legal, seguro, gratuito y de calidad sin discriminación, coerción o violencia”.

 
Montevideo, Uruguay, Agosto de 2013

Con motivo de la revisión de los compromisos adquiridos hace 20 años en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en Cairo (CIPD), y con miras a la construcción de una nueva agenda de desarrollo que represente el mundo en el que todas y todos queremos vivir, las organizaciones y redes firmantes de esta declaración llamamos a los Estados reunidos en Montevideo en el marco de la I Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe a tomar una postura dirigida a garantizar y respetar los derechos humanos de todas las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres a tener acceso a servicios de aborto legal, seguro, gratuito y de calidad sin discriminación, coerción o violencia.

Si bien reconocemos y hacemos nuestros los avances sustantivos que se han logrado a lo largo de estos 20 años de implementación del Programa de Acción de la CIPD, incluido el reconocimiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos como derechos humanos, la inclusión de los mismos en marcos normativos nacional, regionales e internacionales y la creación de políticas públicas que permiten un mejor acceso a la salud sexual y reproductiva en la región, aún hay muchas brechas que vencer. Además, los Estados de la región tienen compromisos y recomendaciones que honrar derivados de las Conferencias, tratados y mecanismos internacionales de derechos humanos en la materia.

Entre los grandes pendientes consideramos que son dos los temas que ameritan una atención prioritaria. Por un lado, la despenalización del aborto que garantice el acceso igualitario a servicios de aborto legal, seguro y gratuito acompañados de una política pública que garantice su implementación eficaz y de calidad para todas las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres. Y por otro lado la instauración de Estados laicos que garanticen el actuar del mismo sin ninguna interferencia de posturas religiosas e ideológicas que afecten los derechos humanos de las mujeres. Estos pendientes son tan urgentes que ya no pueden esperar más, por las siguientes razones:

Latino América y el Caribe sigue siendo la región con mayor criminalización del aborto en el mundo, existiendo aún 7 países (Chile, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haiti, Surinam y República Dominicana) que mantienen leyes que prohíben de manera absoluta el acceso a servicios de aborto.

Como resultado, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres viven serias y graves v violaciones a sus derechos humanos al ser víctimas de violencia institucional, en el sentido que:

Son obligadas a continuar con embarazos no deseados, incluso en casos cuando éste es resultado de violación, o que pone en riesgo su salud y su vida, resultando en la comisión de actos de tortura, como ya ha sido señalado por organismos internacionales de derechos humanos.
Como resultado de la denegación del aborto han visto afectada severamente su salud física, mental y emocional o han muerto. Estos han sido los casos, por ejemplo, de Esperancita en República Dominicana o de Beatriz en El Salvador. La diferencia entre estos casos es que Esperancita murió tras no recibir ningún tipo de atención, mientras que Beatriz vive con secuelas físicas y emocionales, tras recibir atención tardía solamente después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenara medidas provisionales a El Salvador para garantizar el tratamiento médico adecuado para salvar su vida, después que el Estado se negara a cumplir en dos ocasiones con las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En otros casos la ilegalidad las ha orillado a buscar servicios inseguros que también han puesto en riesgo su vida y su integridad personal. En América Latina y el Caribe aproximadamente 11% de las muertes maternas son consecuencia de abortos inseguros y más de un millón de mujeres y niñas son hospitalizadas cada año para recibir tratamiento por complicaciones de aborto inseguro.

Algunas de las adolescentes, jóvenes y mujeres han sido estigmatizadas, criminalizadas y muchas han perdido su libertad. Tales son los casos documentados en El Salvador, Brasil y México, donde han sido denunciadas por prestadores de servicio quienes las han atendido ya sea por complicaciones de abortos inseguros, por simples abortos espontáneos, complicaciones de partos prematuros o emergencias obstétricas. Tras enfrentarse a un sistema de justicia represor y discriminatorio, que ha violado su presunción de inocencia, en algunos casos, se les ha impuesto penas mayores que van de los 20 a los 40 años de prisión, al ser acusadas por el delito de “homicidio calificado” (agravado) y “homicidio en razón de parentesco”. Este es el caso, por dar un ejemplo, de Teresita en el Salvador, quien actualmente se encuentra presa al recibir una sentencia de 40 años de prisión por el delito de homicidio agravado, a pesar que lo que le sucedió fue una emergencia obstétrica.

Dicha criminalización disuade a las adolescentes, jóvenes y mujeres de recurrir a los servicios de salud cuando lo requieren poniendo nuevamente en riesgo su salud y su vida.

En aquellos países donde el aborto está permitido en ciertas circunstancias, siguen existiendo graves problemas de implementación de los servicios, ya sea por la falta de lineamientos claros para su aplicación, por falta de presupuestos destinados a estos servicios, por obstáculos normativos o de facto- algunos propiciados por la intervención de grupos fundamentalistas que están en contra del aborto-, o por la falta de acceso a información fidedigna, de calidad y basada en criterios científicos. Como consecuencia las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres se han visto impedidas de acceder a los servicios de aborto seguro, gratuito y de calidad.

La penalización del aborto afecta especialmente a mujeres jóvenes, pobres y que viven en condiciones de vulnerabilidad, pues son quienes cuando interrumpen sus embarazos lo hacen bajo condiciones de alto riesgo, siendo por tanto un tema de injusticia social y con profundas raíces en la discriminación por razones económicas, étnicas, de raza, de clase, de condición migratoria, entre otras.

Reconocemos que ha habido grandes avances en algunos países de la región, que han logrado despenalizar el aborto (Uruguay y el D.F. en México) o han ampliado el número de causales para acceder a él (Colombia). Sin embrago, también reconocemos que el riesgo de retroceso sigue presente y que las reacciones de sectores fundamentalistas se han exacerbado.

Las estrategias por obstruir el derecho de las adolescentes, jóvenes y mujeres a tomar las decisiones que afectan su vida privada y a tomar control sobre su propio cuerpo son cada vez más feroces, agresivas y amplias, logrando ocupar espacios que podrían impedir que se avance en el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres o que se retroceda en aquellos espacios que ya se han ganado gracias al esfuerzo de muchas voluntades, tanto de gobiernos progresistas como de las organizaciones feministas y defensoras de los derechos de las mujeres.

En este sentido también es de preocupación que las defensoras de derechos humanos que defienden el derecho al aborto, los derechos sexuales y los derechos reproductivos y sus organizaciones son cada vez más estigmatizadas, amenazadas, atacadas o criminalizadas. Ejercer el derecho a defender los derechos sexuales y los derechos reproductivos y abogar por el derecho a decidir de todas las personas, hoy en día es un gran riesgo.

Así, a 20 años de espera necesitamos una respuesta contundente, sin titubeos ni medios acuerdos por parte de los Estados, que atienda y dé respuesta a las realidades que enfrentan las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres todos los días en nuestra región, por el simple hecho de vivir el proceso biológico del embarazo. YA BASTA de esperar 20 años más para que las niñas, adolescentes, jóvenes y las mujeres puedan decidir sobre sus vidas, empezando por sus cuerpos, y sobre cómo vivir.
Estamos seguras que NO se logrará reducir la morbi-mortalidad materna sin acceso a servicios de aborto legal, seguro, gratuito y de calidad. No podemos hablar de Estados democráticos sin el respecto de los derechos humanos de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres en todas sus dimensiones y considerando su universalidad e indivisibilidad. No podemos seguir tolerando discursos de Estados que se dicen protectores de derechos humanos mientras ignoran esta realidad y que no dan frente a la situación.

¡HOY ES TIEMPO DE ACTUAR Y DE SER COHERENTES!

Las organizaciones firmantes llamamos a los Estados reunidos en Montevideo en el marco de la I Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo para América Latina y el Caribe a que se comprometan a:
Priorizar este tema en los acuerdos derivados de la Conferencia Regional, en cumplimiento de sus compromisos internacionales adquiridos previamente, tanto en Conferencias como en los tratados internacionales de derechos humanos y en consonancia con los estándares internacionales.

Cumplir sin dilación alguna las recomendaciones hechas a los países de la región por los Comités de monitoreo de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano en esta materia.

Despenalizar el aborto, eliminar las barreras legales y de implementación para garantizar el acceso a los servicios integrales de interrupción segura, gratuita y de calidad del embarazo, libre de requisitos de tutela o consentimiento marital o parental.

Poner en libertad inmediata y cesar la criminalización de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres, debidas a la penalización del aborto, en especial en aquellos países donde la prohibición es absoluta.

Brindar información de calidad, fidedigna y basada en criterios científicos sobre este tema a toda la población, sin discriminación alguna.

Eliminar las barreras socio-culturales que refuerzan estereotipos de género con respecto a la maternidad y que estigmatizan a las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres, impidiéndoles tomar decisiones libres e informadas sobre su sexualidad y su propio cuerpo. Garantizar, además, una educación integral para la sexualidad.

Garantizar el acceso a métodos de anticoncepción, incluida la de emergencia, de calidad, variados, amigables, de acuerdo a las necesidades de las adolescentes, jóvenes y mujeres, y garantizando la confidencialidad.

Cesar el hostigamiento, la criminalización y las agresiones dirigidas a las redes, organizaciones civiles, feministas y a las defensoras de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Garantizar la seguridad e integridad de las defensoras amenazadas por mecanismos represivos del Estado o por grupos civiles portadores del odio y el fundamentalismo.

¡ABORTO LEGAL Y SEGURO, UN ASUNTO DE DERECHOS, UN ASUNTO DE DEMOCRACIA! ¡ABORTO ILEGAL, VIOLENCIA ESTATAL!

Redes y Organizaciones Firmantes:
Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe
Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos (RMMDR)
Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC)
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)
Campaña por la Convención de los Derechos sexuales y los derechos reproductivos
Red Latinoamericana y Caribeña de jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos/REDLAC
Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir (Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, El salvador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, España)
Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora
Articulación Feminista Marcosur
Foro de Salud y Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (Chile)
Red de Mujeres Jóvenes por la Elección y el Placer
Coalición Salvadoreña de Mujeres Rumbo a Cairo + 20
Concertación Feminista
Plataforma Juvenil Salvadoreña por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos
Colectiva Mujer y Salud ( República Dominicana)
Cotidiano Mujer ( Uruguay)
Colectiva de Mujeres jóvenes Teclenas MEZTLI
La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres (Colombia)
Red Nacional de Mujeres de Colombia
Ipas México
Mujer y Salud (MYSU) (Uruguay)
Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (México)
Pacto Nacional por la Vida, Libertad y Derechos de las Mujeres (México)
Punto Focal Campaña 28 de Septiembre (Guatemala)
INADE Joven (Guatemala)
Coordinadora Política Juvenil por la Equidad de Género CPY-EC
Colectiva Salud Mujeres (Ecuador)
Jóvenes Ecuador Rumbo a Cairo +20
Feministas en Resistencia (Honduras)
Red Nacional de Defensoras (Honduras)
Círculo de Estudios Feminista (Honduras)
Articulacao de Mulhere Brasileiras (Brasil)
Red nacional feminista de Saude, Direitos Sexuais e Reprodutivos (Brasil)
Movimiento por una Cultura Laica (MCL) (EL Salvador)
Mujeres por la Asamblea Constituyente (Chile)
Observatorio de Equidad de Género en Salud (Chile)
Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (El Salvador)
Alianza por la Salud Sexual y Reproductiva en El Salvador (ASSR)
Organización de mujeres Salvadoreñas por la paz (ORMUSA) (El Salvador)
Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP)
Frente Ecuatoriano por los Derechos Sexuales y Reproductivos
Centro de Estudios de Género de la Universidad del Salvador (CEG-UIES)
Concertación Feminista “Prudencia Ayala” (El Salvador)
Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (El Salvador)
Taller de Salud (Puerto Rico)
Consorcio para el Diálogo Parlamentario (México)
Central Sindical Única (PIT-CNT) (Uruguay)
Centro de Documentaciòn de Estudios (CDE) (Paraguay)
Tierra Viva (Guatemala)
BECA (Paraguay)

Fuentehttp://awid.org/

Source: Agosto 2013

[Argentina] Plantean el aborto no punible y la educación sexual

[Argentina] Plantean el aborto no punible y la educación sexual

La diputada nacional María Luisa Storani, responsable del grupo parlamentario argentino que participa de la Reunión sobre Población y Desarrollo de Naciones Unidas en Montevideo, afirmó ayer que “es una obligación del Estado hacer cumplir a las provincias…

La diputada nacional María Luisa Storani, responsable del grupo parlamentario argentino que participa de la Reunión sobre Población y Desarrollo de Naciones Unidas en Montevideo, afirmó ayer que “es una obligación del Estado hacer cumplir a las provincias el aborto no punible en casos de violación y la ley de Educación Sexual Integral”.

 

 

“Mi presencia aquí es como parlamentaria responsable del grupo interamericano argentino de seguimiento del cumplimiento de la Convención de Población y Desarrollo de El Cairo, en 1994”, entre quienes están en Montevideo los diputados Mara Brauer y Mario Oporto, dijo Storani a Télam.

La Primera Reunión de la Conferencia sobre Población y Desarrollo de América latina y el Caribe deliberará hasta mañana en Montevideo para consensuar un documento con acciones que aceleren la implementación del programa surgido en la reunión de El Cairo en 1994.

La diputada planteó que “en la Argentina, la primera causa de muerte femenina es a raíz de los abortos inseguros, y hemos avanzado con la resolución de la Corte Suprema de 2012 para aclarar e interpretar el artículo 86 del Códi- go Penal que tiene que ver con el aborto no punible”.

Según la parlamentaria, “hay provincias que han adherido muy bien, como Buenos Aires o Córdoba, pero otras como Formosa, Salta o Ciudad de Buenos Aires han distorsionado la interpretación haciéndola más restrictiva que lo que hizo la Corte Suprema”.

“Es una obligación del Estado hacer cumplir a otras provincias que están detenidas mientras se producen casos de chicas violadas donde todavía se pide autorización a la Justicia, con las demoras que ello implica y la revictimización sobre el cuerpo de las mujeres argentinas”, advirtió.
Storani, presidenta del grupo latinoamericano de seguimiento de la Convención sobre Población y Desarrollo y diputada nacional por la Unión Cívica Radical, consideró que “el tema de la mortalidad materna, aunque ha disminuido entre 2010 y 2013, pone a Argentina al lado de países de peor situación económica, y sabemos que esto está directamente relacionado con las causas de muerte por abortos inseguros”.

“Venimos de diez años de crecimiento increíble en Argentina y eso no se traduce en derechos a las mujeres”, en tanto, “Uruguay mejoró las cifras porque ha tenido una resolución legislativa, que costó mucho, dentro del programa de salud sexual y reproductiva para la regulación del aborto no punible”, afirmó. La parlamentaria reivindicó que en Argentina “avanzamos y en la cuestión legislativa somos un país destacado con leyes hasta para exportar, pero en la aplicación estamos por detrás, como lo muestra el debate de la ley de Educación Sexual, un ejemplo” de legislación. “Las publicaciones del Ministerio de Educación, con lo que costó sentarse en el Consejo Federal de Educación a debatir, están guardadas en las oficinas porque ninguna provincia adhiere, y las que adhieren no la aplican, así que no conozco un docente que me diga «yo estoy dando educación sexual», aunque la ley es maravillosa y los libros son preciosos”, cuestionó.

Storani opinó que “si la ley fuera aplicada, no tendríamos la cantidad de embarazos adolescentes, que siguen sin disminuir por la falta de educación sexual y porque falla el engranaje de la aplicación del programa nacional de salud sexual y reproductiva hasta el último eslabón, el que le llega a la mujer”.

Fuentelacapital.com.ar

Source: Agosto 2013