México: Aborto y el código penal único

México: Aborto y el código penal único

Dentro del Pacto por México presentado por Peña Nieto se incluye una propuesta arriesgada que puede llegar ser una buena oportunidad, o bien afectar a las mujeres. Peña señaló como una de sus prioridades la adopción de un código penal único para todo el país. Esta posibilidad podría representar un avance fundamental para los derechos humanos de las mujeres en México, en particular sobre su derecho a ejercer una maternidad libre y voluntaria.

 

En México el aborto se regula a nivel local, lo que significa que cada entidad federativa establece cuando el aborto es delito o no, qué procedimientos debe seguir una mujer para solicitar la interrupción legal del embarazo y cómo debe prestarse el servicio en las instituciones de salud. Organismos internacionales de derechos humanos han reiterado en varias ocasiones que el hecho de que en México el aborto se regule a nivel estatal, provoca discriminación para las mujeres mexicanas por su sola residencia. Esta desigualdad es evidente si se revisa rápidamente la legislación de cada estado en donde se especifica cuándo no hay responsabilidad penal en materia de aborto. Mientras en el Distrito Federal la mujer puede interrumpir un embarazo sin causa justificada hasta la semana doce de gestación, en Guanajuato y Querétaro no procede ni cuando la vida de la mujer está en peligro como consecuencia del embarazo.

Después de la reforma de julio de 2011 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se señala que “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte”, y cuya interpretación de aplicación debe darse bajo los principios pro persona y no regresividad, entre otros, se antoja difícil pensar que México no está obligado a armonizar su legislación a los estándares más altos de protección de derechos humanos. Esto, en término del tema del aborto se traduce a no criminalizar a las mujeres que deciden, por diversas razones, no continuar un embarazo. El código penal único no debería ser contrario a derechos ya reconocidos no sólo en los tratados internacionales sino en la propia Constitución, como son el derecho a la vida, a la salud, la a vida privada, la no discriminación y a la autonomía reproductiva de las mujeres.

Reconozco lo complicado e iluso que sería pensar que en dicho código penal único se retomara la legislación del Distrito Federal que plantea los estándares más protectores de los derechos de las mujeres. Sin embargo, en estricto sentido es lo que debería suceder, más aún si se aduce que uno de los objetivos de este código es tener criterios más claros y homogéneos sobre la impartición de justicia en México. Éste, sin duda, sería la opción ideal.

Otro escenario, menos favorecedor aunque positivo, podría presentarse si el código penal único regulara el aborto al homologar las causales legales para todo el país. Las causales que hoy se contemplan de manera dispar incluyen cuando el aborto es imprudencial, cuando es producto de una violación sexual, cuando la salud de la mujer o su vida están en riesgo, cuando existen malformaciones genéticas o congénitas graves en el producto, cuando es consecuencia de una inseminación forzada, o por razones económicas. El escenario de homologar las causales debería dejar a salvo la situación del Distrito Federal en donde se permite hasta las doce semanas de gestación por libre voluntad de la mujer. Por lo menos, con esta opción que no es la ideal, se avanzaría en disminuir la discriminación existente entre cada entidad.

El tercer y más desolador escenario que vislumbro es en donde el aborto quedara fuera del catálogo de delitos que incluyera el código penal único. Es decir, que las entidades federativas mantuvieran la discreción de regular otras conductas a las de dicho catálogo, y el aborto quedara en la misma situación en la que se encuentra actualmente.

Otra discusión que estaría pendiente sobre el delito de aborto, en cualquiera de los tres escenarios mencionados, es el de las sanciones para este delito. Hoy, en 26 entidades federativas el aborto es un delito no grave, es decir que las mujeres pueden seguir el proceso penal en libertad. En estos casos, la mujer puede permanecer en libertad mediante el pago de una fianza y continuar el proceso fuera de prisión, según lo establecido en el artículo 19 de la Constitución. Las fianzas impuestas en los casos que GIRE ha documentado van de 1,000 a 197,000 pesos. Muchas de las mujeres sujetas a proceso penal son de escasos recursos económicos por lo que el pago de estas fianzas les implica grandes problemas. En las cinco entidades federativas restantes el aborto sí es un delito grave, lo cual implica que las mujeres a las que se les inicia un proceso penal están recluidas durante el mismo. Ahora bien, en los últimos dos años se han incluido penas alternativas a la prisión, como el tratamiento médico y el trabajo a la comunidad en al menos siete estados, obviamente en donde el delito no es considerado grave. La clasificación del delito de aborto y las sanciones serán también una discusión por venir.

No hay que olvidar que esta propuesta de código penal único la hace el actual Presidente de la República, el mismo que en campaña reiteró que estaba en contra de la criminalización de las mujeres que abortan. Ojalá que esto quiera decir que mi escenario ideal tenga mayores posibilidades de ser una realidad.

 * Regina Tamés Noriega es Directora de GIRE

Source: Febrero 2013