El aborto legal y seguro en la Argentina

El aborto legal y seguro en la Argentina

En unas semanas se cumplirá un año de la sentencia sobre aborto en caso de violación, dictada por la Corte Suprema de la Nación. ¿Por qué recordar este aniversario? Para no olvidar. El aborto como asunto público está sentado sobre una paradoja. Tiende a generar reacciones encendidas, pero al mismo tiempo es el mejor alumno del statu quo. Recordar, entonces, la decisión de la Corte, ayuda a marcar el paso, a construir reflexión y normatividad y a avanzar hacia prácticas más humanas.

 

Una semana atrás leímos acerca de una niña de doce años que tuvo mellizos en la provincia de La Rioja, y de su hermana de catorce, madre de un bebé de meses. Una de las reacciones que provoca este caso viene con signo de interrogación: ¿Alguien, en el servicio de salud, les informó a estas niñas que había alternativas? ¿Que podían continuar con ese embarazo y convertirse en madres o podían recurrir a la adopción, o que podían interrumpir ese embarazo de modo seguro?

Con independencia de la complejidad que tiene el tema del embarazo adolescente, lo que quiero señalar aquí es algo puntual. Los profesionales están obligados a ofrecer a la paciente el menú de intervenciones médicas, de acuerdo con el diagnóstico, indicando sus riesgos y beneficios, y señalar aquel tratamiento que consideran el más adecuado. Este proceder estándar, parte del consentimiento informado, no se aplica en la atención de las mujeres embarazadas. No se les informa que, en supuestos de peligro para la vida o la salud de la mujer, o de violación, tienen una opción adicional, el aborto legal.

Así, por ejemplo, los números de morbilidad y mortalidad materna incluyen a mujeres a quienes se les negó la oportunidad de decidir si estaban dispuestas o no a arriesgar su salud y sus vidas. También a niñas con embarazos impuestos por violencia sexual, agravado cuando se tiene en cuenta que, de acuerdo con la ley penal, no hay consentimiento válido en al acto sexual de menores de trece años. Finalmente, a aquellas mujeres embarazadas que padecen sufrimiento emocional. Es decir, se trata de un universo de mujeres que tienen el derecho a elegir entre continuar o interrumpir sus embarazos, pero que la praxis sanitaria se resiste a otorgar. ¿Cuántos de los casi 500 mil abortos que se realizan por año en la Argentina eran abortos permitidos legalmente?

Si bien grupos de mujeres y algunos profesionales de la salud comprometidos han difundido el conocimiento necesario para un aborto seguro, aún hoy son muchas las mujeres que dependen de que el resto de los profesionales de la salud cumplan con su deber.

Los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, así como la Organización Mundial de la Salud, han fijado estándares sobre el derecho a la información respecto de la salud. En un informe temático reciente, la Comisión Interamericana destacó que el acceso a la información en materia reproductiva es elemental, pues determina la posibilidad de tomar decisiones libres, fundamentadas y responsables. Definió como dos estándares básicos la “obligación de entregar información oportuna completa, accesible y fidedigna” y la “obligación de transparencia activa”, esto es, el deber de suministrar información sin que sea necesario que la persona la solicite. Se agrega en ese documento que el derecho a la información en materia reproductiva está incluido en aquellos derechos frente a los cuales el Estado tiene la obligación de “transparencia activa” debido a las limitaciones que suelen tener las mujeres para acceder a información completa y oportuna que les permita satisfacer sus necesidades. A partir de estos parámetros, en agosto pasado la Corte Constitucional colombiana exigió al procurador general proveer información veraz sobre el aborto (entre sus declaraciones, había comunicado que la anticoncepción de emergencia era abortiva y el misoprostol peligroso). En la Argentina, en la ley del paciente se requiere que el profesional transmita a la paciente “los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto” para que el consentimiento informado sea válido.

Nuestro país cuenta con un modelo de regulación legal del aborto ilegítimo políticamente ineficiente y cuestionable moralmente. Nuestro derecho amenaza con la cárcel y consuela con un conjunto de abortos no punibles. En ese margen que la ley ofrece, ¿qué se puede pedir? Sólo mencionaré algunas ideas. Al Ministerio de Salud de la Nación pedirle que promueva la aprobación del misoprostol para uso obstétrico en las dosis adecuadas y que cuente con un protocolo de atención de la violencia sexual que recuerde esta opción. A las autoridades sanitarias provinciales y nacionales, pedirles que ofrezcan directivas claras, que incorporen la atención de los abortos no punibles al paquete de prestaciones en salud reproductiva, que regule su cobertura, que emitan mensajes de apoyo a aquellos profesionales que cumplen con sus deberes y de reproche a aquellos ventajeros que no cesan de incumplir. En la actualidad, luego de la sentencia de la Corte, catorce provincias cuentan con protocolos de abortos legales; este escenario es menos benigno si contamos sólo aquellas que han tomado medidas más allá del gesto (imprescindible, pero gesto al fin) de regular.

A los jefes de servicio, pedirles que utilicen su autoridad para ablandar prejuicios en su equipo y ayudar en el proceso de legitimación de esta práctica. A los profesionales de la salud, pedirles que enfrenten sus temores, que adhieran a los adelantos científicos y que reanimen el juramento que hicieron (aquel que habla de prevenir la enfermedad, reestablecer la salud y respetar a la persona). A las facultades y asociaciones de derecho, de medicina y de otras profesiones de la salud, pedirles que incluyan el tema en sus currículas y discusiones, no para restringir sino para ampliar la comprensión y avanzar en la toma de posiciones institucionales.

Estamos a un mes de que se cumpla un año de la sentencia de la Corte, a semanas del inicio del año legislativo, y a más de un año de la primera y única discusión en comisión de Diputados que hubo en la historia argentina sobre el aborto, luego de la sanción del Código Penal en 1921. Esperemos que el año 2013 nos traiga novedades federales sobre la implementación de los abortos no punibles, menos ánimos condescendientes con la inercia política y la renovación del reclamo por el debate de la despenalización del aborto.

Mientras tanto, las mujeres continuarán abortando, cada vez con más posibilidades de hacerlo en sus espacios íntimos y de modo seguro, al menos las privilegiadas; grupos y redes personales continuarán subsanando la ausencia del Estado; organizaciones de la sociedad civil, la Campaña por el Aborto Legal y otros actores continuarán movilizándose y procurar respuestas.

Fuente: pagina12.com.ar

Source: Febrero 2013

La mujer que viajó 2.400 kilómetros para hacerse un aborto legal

La mujer que viajó 2.400 kilómetros para hacerse un aborto legal

La noticia de que el aborto se había legalizado llegó a su pueblo como a cualquier otro punto del país. A pesar de vivir en el interior profundo, a 160 kilómetros de la ciudad de Salto y a cuatro horas en ómnibus por caminos de tierra, Ana (no es su nombre verdadero) se enteró de que podría interrumpir su incipiente embarazo. A los allegados les explicó que ya tenía varios hijos y que no podía mantener otro. Averiguó en la policlínica local cómo debía proceder. Viajó a la capital del departamento en una de las tres frecuencias semanales que ofrece la empresa de transporte de la zona y comenzó la peripecia. 

Ana fue una de las primeras en Salto en pedir que se le realizara un aborto. Fue a mediados de diciembre, cuando la ley llevaba implementada apenas unos días y las instituciones recién se empezaban a desayunar con la idea de que ninguno de los 12 ginecólogos aceptaría realizar abortos allí. Todos los especialistas de ASSE (donde Ana se atiende) y los de la mutualista Centro Médico se habían acogido a la objeción de conciencia prevista en la ley.

En el hospital le consiguieron una lugar donde dormir y corrieron con los gastos. “Las enfermeras estuvieron atentas a lo que necesitara, nunca la dejaron sola”, contó a El Observador el coordinador departamental del Movimiento Nacional de Usuarios de Salud Pública y Privada, José Reyes. Pasó allí los cinco días que la ley establece para que las mujeres piensen si están seguras de abortar. Al cabo del plazo, y tras confirmar su decisión, Ana retiró en el hospital sus pasajes y emprendió su segundo viaje, esta vez a Montevideo. Solo le faltaba que alguien le recetara el misoprostol, pero debió trasladarse 600 kilómetros y estar un día entero en el hospital Pereira Rossell para conseguir ese papel. Esa misma noche se volvió a Salto con el fármaco, y luego esperó hasta conseguir un ómnibus que la llevara de regreso a su pueblo.

El caso de Ana es uno de los 10 que hasta ahora se debió resolver en Salto, el único departamento con 100% de objeción de conciencia. La solución que encontró ASSE fue derivar a las pacientes al Pereira Rossell. Aunque se han hecho gestiones con el hospital de Paysandú, allí hay solo una ginecóloga que prescribe medicación abortiva (ver nota aparte) y “hay que ver si esa médica está dispuesto a absorber más demanda o si está sobrecargada”, dijeron fuentes del hospital de Salto.

En el Centro Médico, en cambio, lograron un convenio con la mutualista Gremeda de Artigas. En vez de 600 kilómetros hay que viajar 200 kilómetros. En realidad, los casos podrían derivarse a cualquier mutualista de la Federación Médica del Interior (FEMI) que tuviera médicos para resolver los casos, explicó a El Observador el director técnico de la institución, Richard Boucq. Sin embargo, en enero se enfrentaron a que ninguna mutualista cercana podía atender la consulta de una mujer debido a las licencias del personal. A pesar de la distancia, Boucq resolvió que “lo más fácil” era derivarla a Montevideo. “Por las frecuencias de ómnibus a veces nos queda más fácil coordinar con alguna mutualista de Montevideo que con mutualistas de Rivera o Tacuarembó, que quedan trasmano de Salto”, argumentó el dirigente de la institución.

Pero lo que debía ser un viaje de ida y vuelta en un día se volvió una odisea. En la mutualista de la capital le dijeron que el formulario obligatorio para solicitar la interrupción del embarazo había sido mal completado y que debía volver a su institución de origen en Salto. “Fue un problema nuestro, y en el Ministerio de Salud Pública (MSP) son muy estrictos con los formularios”, señaló Boucq.

La mujer volvió a su ciudad, allí le completaron bien el documento y luego de un par de días se subió a un ómnibus nuevamente. La mutualista pagó los cuatro viajes (en total unos 2.400 kilómetros) y ella no se quejó de la atención a pesar de que quedó, según el dirigente del Centro Médico, “un tanto molesta” por el tiempo que llevó acceder al servicio.

Responsabilidad del MSP

Viajar a Montevideo para conseguir una prótesis, atenderse en un Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE) o incluso resolver un parto de alto riesgo es habitual para quienes viven en el interior del país. Sin embargo, trasladarse cientos de kilómetros por una receta es “una falta de respeto a la usuaria”, según el especialista en medicina legal, Hugo Rodríguez Almada.

“La objeción de conciencia es un derecho de los médicos siempre y cuando no vaya contra el derecho de paciente. En un lugar donde todos objetan, como Salto, la solución no puede ser viajar 600 kilómetros. Si el Parlamento aprueba una ley que ofrece un servicio a las usuarias, el Ministerio de Salud Pública como autoridad tiene la potestad y la obligación de hacerla cumplir”, alegó Rodríguez Almada.

En el MSP reconocieron el problema pero consideraron que hay asuntos “más urgentes”. Elena Clavell, titular de la Dirección del Sistema Nacional Integrado de Salud, dijo a El Observador que si bien “el ministerio intenta ir resolviendo las cosas con más territorialidad cada vez”, preocupan más los partos o los infartos que deben trasladarse hasta la capital para recibir la atención adecuada.

Tanto en el Centro Médico como en el hospital público salteño coincidieron en que los casos de aborto no han sido tantos como para tener que buscar una alternativa a la derivación. Por ahora en ninguna de las instituciones estiman necesario contratar ginecólogos que no opongan objeción de conciencia.

Usuarias “abandonadas”

El diputado por el MPP Álvaro Vega entiende que historias como la de estas dos mujeres ameritan modificar el decreto reglamentario de la ley. “En pueblos chicos, donde todos se conocen, las meten en un ómnibus y que se arreglen. Más allá de la objeción de conciencia no se puede abandonar así al paciente. Hay que asegurar el derecho a la atención de la mujer sin exponerla al escarnio, el abandono y la exposición”, dijo Vega. Según el legislador, el médico objetor debería “acompañar a la mujer durante el proceso” y “personalmente conseguirle una solución”.

Boucq reaccionó fuerte ante la opinión de Vega. “Yo personalmente he hecho los contactos con las mutualistas e incluso con los médicos que hacen las interrupciones. Se ha tratado de garantizar la privacidad. ¿Cómo? Cualquier comentario que haga puede exponer a las pacientes a la luz pública. No quiero ni debo hacerlo. Si digo a dónde van, por dónde van y a qué hora salen, estoy diciendo mucha cosa”, afirmó el dirigente mutual.

Aunque en Salto todos saben que los abortos se hacen en Artigas o en Montevideo, es cierto que allí se comenta poco sobre los casos particulares e incluso han pasado desapercibidas las dificultades de algunas mujeres, ya que las protagonistas no se han quejado en la prensa local. Ahora el Movimiento Nacional de Usuarios de Salud Pública y Privada planea realizar una declaración en contra de los ginecólogos salteños porque entienden que la objeción de conciencia “no puede ser una cuestión privada”, ya que repercute en la sociedad. “No hemos querido salir públicamente por si cambiaban de posición, pero eso no sucedió”, planteó Reyes, el coordinador de la organización en Salto.

Los usuarios organizados consideran que los ginecólogos allí son “hipócritas”: “Cuando hacían abortos clandestinos no primaba la objeción de conciencia sino el bolsillo. Esa es la verdad, por más que les moleste”, advirtió Reyes. “A pesar de que los casos se han resuelto bien, y no han sido ventilados ni publicados, las usuarias son rehenes de esta situación y siguen siendo perjudicadas por la posición del cuerpo médico”, agregó.

Algo similar ha planteado el subsecretario de Salud, Leonel Briozzo, al cuestionar que no todas las objeciones de Salto eran “reales” (es decir, por motivos religiosos o filosóficos, según se entiende en Bioética). En el MSP están convencidos de que hay muchas objeciones “por conveniencia” y por eso, aunque los ginecólogos objetores son poco más del 30% del total, el ministerio realizará en marzo un taller con especialistas para analizar posibles cambios a la normativa. El jerarca pretende que los médicos fundamenten su postura, lo que ha despertado críticas tanto en el ámbito médico como político.

Conciencia tranquila

Cuando todo indicaba que la ley de interrupción del embarazo se aprobaría, los ginecólogos salteños organizaron una reunión informal y pusieron en común sus posturas. Allí quedó claro lo que muchos ya preveían: ninguno estaría dispuesto a realizar abortos. El ginecólogo Raúl Altieri relató a El Observador que en ese encuentro se discutieron aspectos colaterales, como si había que influir en la usuaria para que desistiera abortar.

“Para nosotros la objeción es una opción. Es una decisión individual y nadie nos coaccionó”, aclaró Altieri. El especialista atribuyó la coincidencia a un tema generacional. “La mayoría somos de una camada que ya pasó los 50. Tenemos formación católica –algunos son más practicantes que otros– pero a todos nos educaron en que el aborto era ilegal. No es que hicimos un bloque, y tampoco somos todos amigos, pero compartimos muchas cosas y en este tema coincidimos”, explicó.

Altieri sabe que hay quienes creen que si el aborto se pagara como un acto médico, algunos ginecólogos darían marcha atrás. Él asegura que ninguno de sus coetáneos realizó abortos cuando era ilegal y que no los haría tampoco ahora. Y aunque reconoce que pueden parecer “peculiares” para quienes están a favor de la ley, no tiene empacho en confesar que en Salto nadie le ha cuestionado su decisión, sino todo lo contrario, lo han felicitado.

 

Fuente: elobservador.com.uy

Source: Febrero 2013

Comisión pro referéndum por aborto envía solicitud de firma a Mujica

Comisión pro referéndum por aborto envía solicitud de firma a Mujica

El diputado del Partido Nacional e impulsor de la recolección de firmas, Pablo Abdala, explicó a UNoticias que “como el presidente expresó públicamente su acuerdo de que el tema sea resuelto por la ciudadanía e incluso dijo que probablemente firmará”, se tomó la decisión de enviar la solicitud.

 

 
Respecto al devenir de la campaña para habilitar el referéndum consultivo, informó que “estamos muy cerca de llegar a la meta, trabajando con mucha intensidad en estos últimos días”. Se continúa manteniendo la tendencia de una mayor actividad en el interior del país que en la capital. Esta semana se recogerán papeletas de varios departamentos y se realizará una actividad en Río Negro, con contará con la presencia del intendente Omar Lafluf.

El plazo definitivo establecido por la Corte para la presentación de las adhesiones es el 22 de marzo, pero desde la Comisión pro referéndum se confía en culminar la campaña con un resultado satisfactorio antes de esa fecha.

 

Fuente: unoticias.com.uy

Source: Febrero 2013

Bolivia: 50% de mujeres con embarazos no deseados recurre al aborto

Bolivia: 50% de mujeres con embarazos no deseados recurre al aborto

Se estima que en 2012 se registraron 80 millones de mujeres con embarazos no deseados en el mundo y el 50% recurrió al aborto, según el informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Los embarazos adolescentes del país alcanzan el 74%. “De la cantidad de embarazos no deseados en 2012, estimada en 80 millones, 40 millones terminarán en aborto. La mayoría es a consecuencia de no utilizar el

anticonceptivo o de que el método falle”, señala el informe Estado de la Población Mundial 2012 de UNFPA, que será presentado hoy.

Una solución para disminuir la cifra, según el estudio, es facilitar el acceso de las mujeres a servicios de planificación familiar, así como a la información y suministros, pues las conclusiones revelan que hay 222 millones de mujeres que carecen de todo ello. Al adoptar esta medida, UNFPA estima que se evitarían 54 millones de embarazos no deseados, lo que redundaría en una reducción de 26 millones de abortos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año hay 21,6 millones de abortos realizados en malas condiciones. Bolivia. Respecto al país, el informe revela que el 74% de los embarazos que se da en mujeres adolescentes, entre 15 y 19 años de edad, no es planificado.

 

Asimismo, indica que la tasa de prevalencia del uso de anticonceptivos modernos (anillo vaginal, parches, inyectables, entre otros), en mujeres de 15 a 49 años, llega a 40,2% en áreas urbanas y sólo al 25,7% en las zonas rurales. En los municipios más pobres del país, la necesidad de acceder a la información sobre la planificación familiar de las mujeres es casi el doble que en las capitales de departamento, dice el estudio.

En el informe también se reúnen las más recientes investigaciones que documentan los efectos positivos de la planificación de la familia sobre el estado de salud, el logro educacional y la reducción de la pobreza en el mundo. Dentro de las recomendaciones se resalta la importancia de involucrar a hombres y adolescentes en la planificación familiar para apoyar el derecho de las mujeres a utilizar anticonceptivos.

Fuente: la-razon.com

Source: Febrero 2013

Uruguay: Ministra de Salud se presentó y habló sobre aborto

Uruguay: Ministra de Salud se presentó y habló sobre aborto

El presidente de la República dijo que la razón fundamental para la designación de Muñiz fue el conocimiento que tiene del interior del país. Este martes, el presidente aceptó la renuncia de Jorge Venegas, quien fue denunciado por la oposición por no cumplir con los requisitos constitucionales para ejercer el cargo.

 

 Muñoz dijo que le recordó al presidente que sí la conocía por su trabajo en ASSE y en la gestión de 22 hospitales en el interior. “Si bien la situación es coyuntural, hay un trabajo de muchos años al frente de distintos hospitales, centros de salud y, últimamente, en la gestión de hospitales del interior”, señaló la nueva ministra.

La nueva ministra opinó sobre la objeción de conciencia de los médicos en la práctica de abortos. “Es individual, pero no tiene que poder violentar los derechos de ninguna mujer que desee no conservar su embarazo, o sea que el respeto a la usuaria es importante. Si en algunos departamentos hasta ahora se hacían abortos cuando eran ilegales, ¿por qué ahora las tenemos que trasladar? Es una cosa llamativa, pero la vamos a conversar”, afirmó.

Fuente: 180.com.uy

Source: Febrero 2013

Argentina: Chieno propone iniciar debate por despenalización del aborto

Argentina: Chieno propone iniciar debate por despenalización del aborto

“Me encantaría que abriéramos este año el debate de la despenalización del aborto en el Congreso”, señaló la diputada kirchnerista y médica María Elena Chieno, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. 
En diálogo con el diario Página 12 fue consultadas sobre porqué todavía hay tanta resistencia en muchas provincias a acatar el fallo de la

Corte Suprema sobre abortos no punibles. “En la mayoría de las provincias que se han negado, o por lo menos han hecho “oídos sordos” a la determinación emanada de la Suprema Corte sobre los abortos no punibles, rigen gobiernos muy emparentados, o mejor dicho, muy dependientes del poder del clero, que se manifiesta a través del poder mediático y de injerencias directas de la Iglesia en el poder político”.

Agregó que son en esas provincias, coincidentemente, en las que su sociedad se caracteriza por una doble moral, por un lado acatan las decisiones de la Iglesia y a espaldas transgreden permanentemente. “También esas provincias son las mismas que se negaron u opusieron más resistencia para poner en práctica la ley de educación sexual. Creo que también hay que considerar las decisiones personales de los profesionales de la salud, aun no creen que no pueden ser castigados por estas acciones, aun tienen temor de poner en peligro sus matrículas, aun pretenden que un juez o alguien más, sea quien sea, pero otra persona, no ellos, sean quienes se hacen responsables de esa acción. Desde siempre me llamó la atención cómo los colegas médicos necesitaban que algún otro se haga responsable de sus actos, como cuando pretendíamos hacer una ligadura de trompas, aunque no fuera necesario y holgaran los motivos, ellos querían que un juez les firmara el expediente”.

–¿Se abrirá este año el debate por la despenalización en el Congreso?
–Me encantaría; yo pretendo que aunque sea comencemos a preparar, en las provincias, consultorios de disminución de riesgo; creo que es el primer paso, Uruguay lo hizo y les ha dado un resultado excepcional, pudiendo, al cabo de unos años llegar a la despenalización total.

–¿Cuál es su posición?
–Mi postura con respecto a la despenalización es favorable totalmente; a pesar del mandato tan fuerte de la Iglesia en mi provincia, yo representé a un porcentaje de mujeres que son coincidentes con este pensamiento. La penalización del aborto sólo condena a las mujeres más pobres, las que no pueden pagar un sanatorio privado. En mi larga trayectoria como médica y legisladora he conocido casos de aborto, pero nunca he visto un caso en el que un médico sea juzgado por hacerlo. ¿Quiénes son las víctimas principales? Las mujeres pobres, que no pueden pagar un aborto seguro.

–¿Por qué apoya la despenalización?
–Apoyo la despenalización porque estoy convencida de que esto no aumentaría la cantidad de abortos que ya se están haciendo. Por el contrario, con buena consejería y asistencia post-abortos como una buena anticoncepción, bien aplicada y controlada, bajaría el número de casos. Y sin ninguna duda bajaría el número de muertes por esa causa.

–¿Cómo se debería trabajar para que haya menos embarazos no deseados?
–Creo que en todos los casos en los que se mezclan conductas con consecuencias en la salud, la educación es la clave. Educación equivale a educación de los padres también para que sean capaces de orientar a sus hijos, ayudarlos a ser conscientes de la trascendencia de la pater-maternidad, ayudándolos a asumir responsabilidades que les permitan elegir la oportunidad, con quién y cuántos hijos quieren tener. El Estado no puede estar ausente en esta tarea y debe asumir la parte que le corresponde. Los ministerios de Salud y de Educación deben trabajar de manera coordinada y sin dejar de lado a la comunidad educativa, las familias, la sociedad. Un embarazo no deseado, un hijo no deseado, duplica el riesgo de muerte infantil prematura.

 

 

Fuente: momarandu.com

Source: Febrero 2013

Aborto: planteos sobre cambios generó críticas

Aborto: planteos sobre cambios generó críticas
El planteo del subsecretario de Salud, Leonel Briozzo, acerca de una eventual modificación de la reglamentación del aborto en lo que refiere a la objeción de conciencia, provocó cuestionamientos desde filas de la oposición política.

Algo más del 30% de los ginecólogos de todo el país presentó objeción de conciencia para evitar practicar abortos. Además, en alguno

s departamentos objetaron todos o casi todos los especialistas, causando un problema a la implementación de la ley.

Al respecto, el subsecretario Briozzo ha dicho que hay algunas objeciones que pueden ser “reales” y otras “que no lo son tanto” porque no son por motivos filosóficos o religiosos, sino por “conveniencia”.

El tema va a ser analizado el 15 de marzo durante un taller organizado por el Ministerio de Salud Pública, en el que van a participar especialistas de la Facultad de Medicina, la Facultad de Derecho y el Colegio Médico.    Uno de los ejes centrales de la discusión será si la objeción debe ser fundamentada o no. 

El subsecretario Briozzo sostiene que  la objeción debe estar justificada, algo que ni la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo ni su reglamentación establecen. Por eso, dijo que “no descarta” que se apliquen cambios en el decreto reglamentario de la norma. 

El diputado nacionalista Javier García recordó en diálogo con El Observador que el artículo 11 de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo ya establece las condiciones necesarias para objetar: “La objeción de conciencia podrá manifestarse o revocarse en forma expresa, en cualquier momento, bastando para ello la comunicación a las autoridades de la institución en la que se desempeña”.

Según García, si la ley dice que “bastará” con esa sola expresión, el tema “no admite más reglamentación”. “Quien quiera limitarlo incurre en una ilegalidad. No puede haber autoridad o ateneo que pase por encima de la ley”, agregó.

El senador colorado Alfredo Solari coincidió con García en su planteo, y también cuestionó que el MSP no invite al taller a la Sociedad de Ginecología. “Briozzo insiste en una solución manca, porque con quien tiene que dialogar y llegar a un entendimiento es con sus pares: los ginecólogos. Si no los consulta, ninguno se va a sentir obligado por lo que allí se defina”, advirtió.

Un grupo de ginecólogos, entre los que figuran algunos catedráticos grado 5, ya habían cuestionado las disposiciones actuales de la objeción de conciencia. Este grupo de profesionales presentó un recurso contra la reglamentación.

Source: Febrero 2013

Urge CDHDF superar estigmas respecto al aborto

Urge CDHDF superar estigmas respecto al aborto

El cambio legal respecto al aborto no es suficiente, es necesario crear las condiciones para superar los estigmas en esta materia, consideró el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia.

Durante la mesa redonda “Discriminación, derechos humanos y aborto”, el ombudsman capitalino señaló que una de cada dos personas en el

país piensa que debería castigarse a una mujer que decide abortar, y añadió que aún se tienen muchos pendientes en esa materia. Indicó que la CDHDF sólo ha recibido una queja relacionada con la interrupción legal del embarazo, por ello resultan valiosos los movimientos sociales asociados con los derechos de las mujeres, porque han sabido hacer política.

“Han sabido sobrepasar incluso el debate partidista”, pues independientemente del partido político al que pertenezcan, las legisladoras tienen “una agenda en común que han llevado adelante”, aseveró en el acto organizado por el grupo Católicas por el Derecho a Decidir. En el marco de la exposición “Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas, Cuatro décadas por el derecho a decidir en México”, que se exhibe en el Museo Memoria y Tolerancia, refirió que de 2007 a la fecha sólo se presentó una queja relacionada con un fallecimiento.

El hecho que en los últimos años no haya habido quejas en la Comisión por algún tema relacionado con el interrupción legal del embarazo, no significa que no haya violaciones a los derechos humanos relacionados con esa práctica, indicó González Placencia. En un comunicado de la CDHDF, señaló que todavía hace falta crear condiciones para que los estigmas puedan superarse, y señaló que el gran pendiente sobre el aborto legal es informar a las mujeres que no lo están.

A su vez, la titular del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, Jacqueline L’Hoist Tapia, afirmó que aunque el aborto es legal en la capital, las mujeres lo siguen practicando en la clandestinidad por temor a la pareja o a los familiares cercarnos. La discriminación prevalece como un fuerte factor que dificulta el ejercicio del derecho a decidir de las mujeres, porque a pesar de los avances normativos, el aún es visto como una práctica condenable, indicó la funcionaria.

Lamentó que haya la reducción, de 19 a tres, en el número de centros de salud pertenecientes al gobierno capitalino en los que se lleva a cabo la interrupción del embarazo, por lo que pidió ampliar el acceso a los servicios médicos e incrementar el presupuesto en esta materia. En su oportunidad, la directora general adjunta de Quejas y Reclamaciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Hilda Téllez Lino, detalló que 13 por ciento de las mujeres de entre 18 y 59 años han pedido permiso para hacer uso de un método anticonceptivo.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010 hecha por el Conapred, 44.9 por ciento de la población en el país apoya en algún grado la imposición de un castigo a las mujeres que decidan abortar. Por ello, consideró que la reforma constitucional en materia de derechos humanos obliga al Estado a hacer un ejercicio de armonización legislativa, para que sea una realidad en todo el país la igualdad de los derechos de todas las mujeres para poder ejercer ese procedimiento.

Source: Febrero 2013

Polémica por el aborto selectivo de niñas en el Reino Unido

Polémica por el aborto selectivo de niñas en el Reino Unido

Un grupo de parlamentarios británicos de los tres partidos principales han presentado una moción en la que exigen al Gobierno de Cameron que actúe tras las revelaciones de que están aumentando los abortos selectivos en el Reino Unido a favor de los niños varones. Aunque no se mencionan nacionalidades, diversas investigaciones apuntan a que esa práctica se extiende entre madres procedentes de la India o de China, donde el varón tiene -por razones sociales y culturales- preferencia sobre la mujer.

 

 

El ministro de Salud, Earl Howe, ha admitido la existencia de “desequilibrios” en los nacimientos en esos extractos sociales, pero ha descartado imponer un sistema de control como piden los parlamentarios. Según Howe, la introducción de nuevos test de laboratorio en los hospitales donde se realizan abortos sería “costoso”, y crearían “problemas emocionales nuevos” a las mujeres que han decidido abortar.

Lord Alton de Liverpool, uno de los promotores de la moción, ha respondido advirtiendo que el coste de los nuevos test “palidece ante la pérdida de niños, simplemente por el hecho de que tienen el sexo equivocado”.

Una investigación del “Daily Telegraph” concluyó que en el Reino Unido algunos médicos abortistas ofrecen sus servicios con criterios de selección de sexo. Como resultado de su trabajo, la Fiscalía de la Corona se está planteando presentar querellas criminales contra tres médicos.

 

Fuente: informe21.com

Source: Febrero 2013

Formosa 2011: mueren 15 mujeres por aborto

Formosa 2011: mueren 15 mujeres por aborto

La tasa de mortalidad materna por aborto bajó 28% en 10 años en todo el país. Según los organismos oficiales se debe a la aplicación del Programa Nacional de Salud Reproductiva y al uso de fármacos para realizar la interrupción del embarazo. Con estos números en mano, la mortalidad materna total en el país no mejoró como se esperaba, aunque las originadas como consecuencia de complicaciones por aborto descendieron más que el promedio.

 

 Las explicaciones se pueden resumir en dos. Por un lado, la existencia del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (ley 25.673), que este año cumple una década.

Por otro, la mayor cantidad de “abortos medicamentosos”, es decir, interrupciones voluntarias de embarazos que se realizan con fármacos. El conocimiento de esta opción está cada vez más extendido e incluso existe una línea telefónica y un manual en Internet que explican de qué se trata.

Aunque este método no está exento de riesgos, es mucho más seguro que las técnicas tradicionales como las sondas o agujas de tejer.
Los datos de Formosa señalan que durante el 2011 murieron 15 mujeres como consecuencia de realizarse prácticas abortivas, de las cuales 5 murieron durante la práctica abortiva, 8 en forma inmediata al hecho y 2 en forma indirecta, según el informe del Ministerio de Salud de la Nación en el Anuario 2011.

Tasa de mortalidad

La mortalidad materna es una tasa que mide el número de muertes de mujeres mientras están embarazadas o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con el embarazo o su atención pero no por causas accidentales. La tasa actual de Argentina es de cuatro mujeres muertas cada 10 mil nacimientos vivos. Y de estas, una es por aborto.

Importancia. ¿Por qué es importante la tasa de mortalidad materna? Porque es un índice que da cuenta de muchas otras problemáticas.
En primera instancia, se relaciona con la equidad de género y la discriminación: las mujeres pobres, con menor nivel de educación y acceso la salud, son las más afectadas.

Además, la mortalidad materna se relaciona directamente con problemas estructurales que dependen de políticas del Estado. Específicamente, con las posibilidades de acceso a programas de salud sexual y reproductiva, y la calidad de los servicios de salud prenatal, del parto y del puerperio.

Históricamente, el aborto ha sido la primera causa de la mortalidad materna. Mientras la tasa de esta se ve como meseta en la última década (bajó de 4,6 en 2002 a cuatro en 2011), la de aborto descendió 28 por ciento (de 1,4 por ciento a uno) en el mismo período.

De esta manera, mientras que en 2002, los fallecimientos por aborto representaban el 31 por ciento del total de las muertes maternas (100 muertes de 320), en 2011 descendió a 24 por ciento (73 de 302).

Los datos son del Ministerio de Salud de la Nación y se dieron a conocer hace pocos días

Source: Febrero 2013