Abortos en Uruguay, ¿sí, pero no?

Abortos en Uruguay, ¿sí, pero no?

La nueva ley que despenaliza el aborto en Uruguay, vigente desde el 3 de diciembre, es considerada por muchos como un logro histórico, pero podría convertirse en una victoria pírrica.

Tras numerosos esfuerzos a lo largo de la historia, para adelante y para atrás, el tema sigue dividiendo a uruguayos y también a uruguayas,

cuando, según fuentes independientes, se practican unos 30 mil abortos clandestinos cada año. 
Apenas el Parlamento aprobó, en noviembre pasado, la ley de despenalización del aborto voluntario y el presidente José Mujica la promulgó, se puso en marcha un movimiento de oposición a la medida, para derogarla mediante un plebiscito.

El propio mandatario, de 77 años de edad, ha manifestado que el tema es tan delicado que, al final, “debe resolverlo el voto de la gente”, con lo cual alentó más aún a quienes ya dicen haber registrado miles de firmas contra la ley.

“Siempre estuve de acuerdo en que se vote, toda esta decisión debió estar en manos del pueblo y no del Parlamento”, aseguró el presidente.

Aunque Mujica aclaró que no es lo mismo estar a favor del plebiscito que contra la despenalización, la línea parece ser muy fina y el debate ciudadano ya alcanzó gruesos titulares mediáticos.

Otro ingrediente de peso fue el anuncio de que el exmandatario Tabaré Vázquez, entre otros dirigentes del gobernante Frente Amplio, también estaría dispuesto a dar su firma para ese eventual referéndum. Ni él ni Mujica, sin embargo, participarían en campañas contra la despenalización.

Aun cuando su colectividad, el Frente Amplio, haya votado en masa a favor de la despenalización, Vázquez -durante su mandato (2000-2005)- vetó la llamada Ley de Salud Sexual y Reproductiva, en base a consideraciones éticas.

La explicación de estas supuestas contradicciones quizás radique en varios sondeos de opinión a lo largo de 2012, que reflejan posiciones bastante parejas a favor y en contra. Al menos tres de ellas coincidieron en mayo, junio y septiembre en que 51 o 52 por ciento favorece la despenalización y entre un 34 y un 40 por ciento se opone, con un número muy menor de indecisos.

Expertos internacionales reconocieron a Uruguay por su nueva legislación y la situaron en el contexto del Quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio de la ONU, referido a la salud materna, la cual recuerda que, a nivel mundial, el progreso para reducir la cantidad de embarazos de adolescentes se ha estancado, lo cual deja a más madres jóvenes en situación de riesgo.

Señala asimismo que “el progreso en la ampliación del uso de métodos anticonceptivos por parte de las mujeres se ha ralentizado” y “el uso de métodos anticonceptivos es menor entre las mujeres más pobres y las que no tienen educación”.

La nueva ley no penaliza el aborto siempre que la mujer cumpla un procedimiento, el cual establece una entrevista con un equipo interdisciplinario para informarle sobre los riesgos, las alternativas, los programas de apoyo a la maternidad y los de adopción. Luego de cinco días de reflexión, se procederá a la realización de la interrupción del embarazo a través de medicamentos y de forma ambulatoria.

La reglamentación también prevé el concepto de “objeción de conciencia”, por el cual las instituciones que no quieran realizar el procedimiento deberán fundamentarlo, como -según trascendió- ya lo hicieron dos entes privadas con vínculos religiosos.

Pero, aún así, el tema sigue polarizando a los uruguayos, que acuden a los antecedentes históricos.

Por ejemplo, el Código Penal de 1898 prohibía el aborto, pero -según algunas fuentes- en 1934 fue reformado, permitiendo que se practicara en hospitales públicos. Esa reforma solo duró un año, pues en 1935 el presidente de facto Gabriel Terra lo volvió a prohibir.

En 1938 se tipificó el aborto como delito con penalidades de tres a nueve meses de prisión para la mujer y de seis a 24 meses para quien lo realizara. La condena podía ser mitigada por atenuantes como violación, riesgo para la salud, salvaguarda del honor familiar o problemas económicos.

Hace 10 años, el Parlamento uruguayo retomó el tema y un proyecto de despenalización fue aprobado por la Cámara de Diputados (47 a favor, 40 en contra y 11 ausentes), pero el Senado -luego de debates en abril y mayo del 2004- lo rechazó 17 contra 13.

Distintas organizaciones sociales se movilizaron en el 2006 y, el 2007, el Senado debatió la ley de “Salud Sexual y Reproductiva”, que aprobó el 2008 (17 a 13), eliminando las penas para quienes realizaran abortos, pero el presidente Vázquez la vetó.

A fines del 2011, el Senado aprobó un nuevo proyecto, otorgándole a toda mujer mayor de edad el derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras 12 semanas del proceso de gestación.

La Cámara de Diputados, que le hizo modificaciones, la aprobó recién en septiembre pasado, convirtiéndose en Ley en octubre último, tras su sanción definitiva por el Senado (17 a 14), una victoria para quienes venían impulsando la medida desde hace varios años.

Con todo, esa batalla no ha terminado aún, pues distintos sectores se movilizan para enterrar legalmente la nueva ley: primero, deben registrar 52 mil 400 firmas (el dos por ciento del padrón electoral) en cinco meses. Luego, la Corte Electoral debe convocar una consulta en la que al menos el 25 por ciento de los habilitados para votar (unas 600 mil personas) se exprese a favor de un referéndum. Ese voto no es obligatorio.

Para entonces, cientos, quizás miles, de uruguayas -y también extranjeras con un año de residencia- habrán ya tomado decisiones de manera soberana.

*Corresponsal de Prensa Latina en Uruguay.

Fuente: prensa-latina.cu

Source: Diciembre 2012