ABORTO LEGAL y SEGURO: una Cuestión de Derechos, una Cuestión de Democracia

ABORTO LEGAL y SEGURO: una Cuestión de Derechos, una Cuestión de Democracia

Cada año, alrededor de 4 millones de mujeres en América Latina y El Caribe deciden –a plena conciencia-abortar. Las legislaciones en la región regulan la práctica, en márgenes que van desde la autorización limitada hasta la completa prohibición; sin embargo, en cualquiera de estas circunstancias, las mujeres hacemos ejercicio del derecho a decidir, y cuando decidimos, abortamos.

 

Para la mayoría de las mujeres en la región este acto de soberanía sobre la propia vida se hace en la clandestinidad, en condiciones inseguras e insalubres que vulneran la dignidad, la libertad y la salud. Las realidades más apremiantes se viven en Chile, Nicaragua, El Salvador, Honduras y República Dominicana, donde el aborto se prohíbe en cualquier circunstancia. En aquellos países en que se autoriza su práctica por razones terapéuticas o de violencia sexual, el acceso al procedimiento está plagado de obstáculos a causa de una institucionalidad pública que permite la intromisión de sectores religiosos y conservadores que atentan contra la oportunidad de la realización del aborto. La negación de la interrupción voluntaria del embarazo en la legislación o en las acciones de salud es un mecanismo de poder y control sobre los cuerpos, la autonomía, la sexualidad y las decisiones reproductivas de las mujeres.

Mientras la interrupción del embarazo esté sujeta a la autorización de gobernantes, legisladores, jueces, médicos y religiosos – mayoría hombres, hijos sanos del patriarcado- a las mujeres se nos seguirá negando el reconocimiento, el respeto y la garantía de nuestra ciudadanía, ignorándonos como seres humanas plenas, capaces de tomar decisiones éticas sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Las democracias erigen como valores la autonomía, la soberanía y la libertad de los pueblos; sin embargo, estos valores son negados a las mujeres sobre el propio territorio de sus cuerpos. Obligarnos a llevar a término un embarazo que no deseamos o no estamos en condiciones de asumir es un acto de tortura que refuerza nuestra subordinación de género.

Parte del continente hoy se ufana de los avances democráticos logrados en las últimas décadas, mientras en varios países la democracia está seriamente amenazada. El cambio hacia gobiernos más progresistas ha tenido poco impacto en la vida de las mujeres en el campo de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Las mujeres interpelamos a la nueva izquierda latinoamericana, que no es tal si nuestros derechos y libertades no forman parte sustancial de los principios y propuestas políticas, económicas, sociales y culturales que la inspiran.

El bien vivir es laico; caso contrario, es un reciclaje del discurso que da prelación al embrión por sobre los derechos de las mujeres, y que reproduce las dobles morales y los dobles estándares que legitiman –por acción u omisión- que los curas exijan más nacimientos, mientras sus abusos sexuales contra niñas y niños quedan impunes.

En este 28 de Septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto, exigimos y demadamos de nuestros Estados:

Las condiciones para que la realización del aborto sea legal, gratuita, segura y accesible para todas las mujeres que lo decidan.

El cese de las persecusiones judiciales, selectivas y abusivas de mujeres que han abortado, las cuales afectan mayormente a las mujeres más pobres. El encarcelamiento de mujeres por esta causa en nuestros países constituye una injusticia incalificable.

Medidas urgentes para evitar que la objeción de conciencia en hospitales públicos y otros contextos institucionales se convierta en un obstáculo al ejercicio de derechos o ponga en peligro la salud o las vidas de las mujeres.

Acciones para garantizar la seguridad de las defensoras de los derechos de las mujeres, en particular los sexuales y los reproductivos, en todos aquellos países donde éstas enfrentan persecuciones, intimidación y amenazas.

Reafirmar y proteger el carácter laico y plural de la democracia, evitando injerencias indebidas de extremistas religiosos que afecten la realización de reformas legales y/o la puesta en marcha de políticas públicas tendientes a mejorar la salud de las mujeres y el ejercicio de sus derechos.

Seguiremos luchando para que nuestros Estados sean laicos y nuestras democracias nos respeten como ciudadanas plenas porque

EL ABORTO LEGAL Y SEGURO ES UNA CUESTIÓN DE DERECHOS Y UNA CUESTIÓN DE DEMOCRACIA.

28 de setiembre de 2012: LLamado a La accion

Source: Septiembre 2012

Uruguay: Diputados a un paso de legalizar aborto?

Uruguay: Diputados a un paso de legalizar aborto?

De aprobarse la iniciativa, Uruguay será el segundo país de América Latina después de Cuba en legalizar el aborto.

 

MONTEVIDEO.— La Cámara de Diputados votará el martes un proyecto que legaliza el aborto en Uruguay hasta las 12 semanas de embarazo, tras un proceso de negociación entre los partidos en el que se habrían logrado los votos necesarios para aprobarlo.

 

Los diputados tratarán el proyecto en una sesión extraordinaria, confirmó el departamento de prensa de la cámara a The Associated Press. El texto a ser votado surge de modificaciones a un proyecto anterior aprobado en el Senado en diciembre.

La base del proyecto de ley negociado en una comisión legislativa fue redactada por el diputado Iván Posada del Partido Independiente de centroizquierda, que entregó a la AP una copia del texto.

“La interrupción del embarazo no será penalizada… para el caso que la mujer cumpla voluntariamente con los requisitos que se establecen en los artículos siguientes y se realice antes de las doce semanas de gravidez”, dice el proyecto de ley en su segundo artículo.

El artículo siguiente determina que cuando una mujer indique al médico que quiere abortar, éste la derivará a un “equipo interdisciplinario” integrado por al menos tres profesionales -un ginecólogo, un psicólogo y un asistente social—que deberá informarle los riesgos y las “alternativas al aborto”, incluyendo los programas de apoyo a la maternidad y la posibilidad de entregar a su hijo en adopción.

“Es importante que la mujer que decida hacerse un aborto participe de una instancia donde se la informe, se le expliquen las opciones incluyendo las alternativas y sea libre de elegir”, dijo Posada.

De aprobarse la iniciativa, Uruguay será el segundo país de América Latina después de Cuba en legalizar el aborto. En Argentina y Colombia está permitido cuando existe riesgo de vida para la madre o el embarazo fue fruto de una violación. En Colombia, además, también está autorizado en caso de malformación probada del feto. En Ciudad de México también es legal dentro de las primeras 12 semanas de gestación. En el resto del país los códigos penales establecen excepciones, por ejemplo, en prácticamente todos se establece que no habrá castigoáen caso de violación.

Otros artículos establecen que fuera de este plazo se podrá abortar en caso de violación, de riesgo para la madre o de malformaciones fetales graves.

“El proyecto tiene como objetivo disminuir el número de abortos en el país”, indicó Posada. “Se habla de que hay 30.000 al año, es una cifra hipotética, pero sea el número que sea es realmente dramático para un país donde anualmente nacen 47.000 niños”, explicó.

El voto de Posada es fundamental para que el partido de gobierno logre los 50 que precisa en la cámara baja para que el texto sea aprobado.

El texto dice que el personal de salud podrá presentar “objeción de conciencia” para no tener que participar de abortos si no está de acuerdo con ellos por motivos éticos. Además, las instituciones de salud privada que tengan “objeciones de ideario” contra el aborto podrán derivar mujeres a otros centros.

Por otra parte, el proyecto determina que sólo podrán practicarse un aborto “las ciudadanas uruguayas” o “las extranjeras que acrediten fehacientemente su residencia” en Uruguay por al menos un año.

“Es una solución para quienes viven aquí, no que Uruguay se constituya en un lugar para que venga gente de otros países a (realizarse) esta práctica”, explicó Posada.

El diputado oficialista Víctor Semproni defendió el texto. “La realidad es que la actual penalización no frena a nadie”, declaró el lunes por la noche a radios locales.

El 51% de los uruguayos está a favor de que se despenalice el aborto y 34% está en contra, según un estudio de la consultora privada Cifra.

La iniciativa ha generado controversia en Uruguay, donde se organizaron actos a favor y en contra.

Las organizaciones a favor de la legalización están disconformes con el proyecto, al que consideraron “insuficiente”.

“Esta no es la ley por la que hemos luchado por más de 25 años”, dijo a la AP Marta Aguñin, dirigente de la organización no gubernamental Mujer y Salud en Uruguay.

Agregó que “las mujeres tendrán que comparecer ante un tribunal de expertos para dar explicaciones… Es casi imposible cumplir los plazos pautados, concretar todo antes de las 12 semanas de embarazo, y si se pasa el plazo, hay mujeres que no van a tener más remedio que recurrir a otra forma y eso será delito”.

La organización convocó a un acto frente al Parlamento mientras se discute el proyecto, que indica que la mujer que pida practicarse un aborto deberá explicar “las circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales o familiares o etarias, que a su criterio, le impiden continuar con el embarazo”..

Por su parte, la ginecóloga Marie González, docente de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, consideró “nefasto” el proyecto.

“El embrión-feto es un ser humano, y como tal tiene derechos, como el derecho humano a vivir”, afirmó.

Organizaciones anti aborto realizaron una marcha por la principal avenida de Montevideo el lunes por la noche, llamando a “defender la vida”.

“El proyecto considera al aborto como un acto médico, siendo que es la antítesis, la medicina es para salvar vidas”, dijo González, explicando que si el texto es aprobado abogará por que sean “muchos los ginecólogos que se nieguen a practicarlo por objeción de conciencia”.

El Parlamento uruguayo había aprobado una ley similar en 2008 pero el entonces presidente Tabaré Vázquez –del Frente Amplio al igual que el actual mandatario José Mujica– vetó la ley. Mujica anticipó que no vetará la ley si es aprobada.

Fuente: http://www.lasegunda.com

Source: Septiembre 2012

México: Aborto, cuarta causa de muerte en Oaxaca

México: Aborto, cuarta causa de muerte en Oaxaca

La coordinadora de Consorcio para el diálogo parlamentario, Ana María Hernández Cárdenas, señaló que el aborto mal practicado se ha convertido en la cuarta causa de muerte materna en Oaxaca.

Ante ello, dijo, es urgente despenalizar esta medida. Y es que dijo, aún cuando no existe una estadística confiable, se estima que al año

ocurren entre 800 mil y un millón de abortos en todo el país.

Y aseguró que las mujeres que fallecen, generalmente carecen de recursos para pagar un aborto seguro, el cual tiene costos de hasta 15 mil pesos, mientras que en las instituciones de salud, estos no se practican por su carácter de ilegalidad.

Agregó que en la entidad se reconocen cuatro causales de aborto: malformación, violación, riesgo de la vida de la madre o accidente, no obstante, es difícil que se lleguen a aplicar.

Por tanto, dijo, Organizaciones no Gubernamentales llevan a cabo la jornada “Los retos por la despenalización del aborto en Oaxaca”, en el marco del día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, que se celebrará el próximo viernes 28 de septiembre.

Las actividades, indicó, contemplan una mesa redonda multidisciplinaria sobre los argumentos en torno a los beneficios de la despenalización, así como la presentación de documentales en la biblioteca Andrés Henestrosa de casos de mujeres que se encuentran presas en Morelos por haberse practicado un aborto, algunos de los cuales fueron por accidentes, en contraste de testimonios de mujeres que han tenido acceso a un aborto seguro en el Distrito Federal.

Fuente: http://www.noticiasnet.mx/

Source: Septiembre 2012

Campaña Por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe

Campaña Por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe

Carta abierta a la sociedad chilena

Aborto legal y seguro, deuda de justicia, libertad y ciudadanía de las mujeres

La libertad de decidir y el acceso garantizado al aborto legal y seguro es una condición imprescindible de la ciudadanía de las mujeres, en

tanto alude a su autonomía corporal, sexual y reproductiva. Esta es una materia pendiente del Estado chileno, que se ha negado a debatirla en su institucionalidad parlamentaria.

Por siglos, la sexualidad y la reproducción han sido los ejes sobre los que se ha construido el control y la subordinación social de las mujeres, asignándoles la maternidad como su función primaria, mientras que el ejercicio de su sexualidad sigue indisolublemente ligado al mandato impuesto por las normas del sistema sexo-género, las religiones y las instituciones. Las mujeres chilenas hemos luchado históricamente por el reconocimiento de nuestra condición de ciudadanas plenas, con derecho a decidir en libertad sobre nuestros cuerpos y sobre los aspectos fundamentales para el desarrollo de nuestras vidas. Una democracia que se precie de tal no puede permitir leyes que regulen que las mujeres vivan sometidas a las decisiones de otros. En este marco, el acceso al aborto seguro y legal es imprescindible para la realización de nuestros derechos humanos. Toda mujer puede verse enfrentada a la decisión de abortar y las leyes punitivas no evitan los abortos, sino que fomentan las prácticas clandestinas y peligrosas. Colocan así en riesgo la vida y la salud de las mujeres más pobres y las jóvenes, lo que refuerza desigualdades de género y clase. Despenalizar el aborto significa respetar los principios de libertad y autonomía y garantizar el derecho de las mujeres a decidir, basándose en sus propias convicciones, deseos, creencias y circunstancias.

La penalización del aborto transgrede los estándares mínimos de justicia social y equidad, y los compromisos que el Estado chileno ha asumido en conferencias mundiales y frente al sistema internacional de derechos humanos, en especial la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación a la Mujer (CEDAW), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Los comités de vigilancia de estos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por nuestro país, han señalado en reiteradas ocasiones al Estado chileno la necesidad de modificar la legislación que penaliza el aborto en toda circunstancia. Pero este ha rechazado las recomendaciones, demostrando su negligencia con la vida y titularidad de derechos de las mujeres, atropellando su libertad de decisión, lesionando su dignidad humana e interviniendo arbitrariamente su proyecto de vida. El Parlamento ha sido cómplice directo de esta situación, ya que desde los años 90 se ha negado a debatir un problema que compromete la vida, libertad y ciudadanía de la mitad de la población chilena.

La Articulación Feminista por la Libertad de Decidir, este 28 de Septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, hace un llamado urgente a la sociedad chilena toda, a los diversos movimientos sociales, a los partidos políticos y a la academia para que, recuperando el carácter laico del Estado chileno, ampliemos la democracia, la justicia sexual y económica para las mujeres y construyamos una mayoría que exija el debate y la aprobación de una ley de aborto legal y seguro.

Articulación Feminista por la Libertad de Decidir, Punto Focal

Fuente: http://www.agenciadenoticias.org/

Source: Septiembre 2012

La negación del aborto en América Latina: un mecanismo de poder

La negación del aborto en América Latina: un mecanismo de poder

Bajo la consigna “aborto legal y seguro, una cuestión de derechos, una cuestión de democracia”; activistas llaman a participar en campaña

 Al iniciar la Campaña 28 de Septiembre, que cada año se impulsa con motivo del Día Internacional por la Despenalización del Aborto, activistas de América Latina y el Caribe advirtieron que mientras la interrupción del embarazo esté sujeta a la autorización de gobernantes,

legisladores, jueces, médicos y religiosos, se continuará negando a las mujeres el reconocimiento, respeto y garantía de su ciudadanía.

 

Bajo la consigna “aborto legal y seguro, una cuestión de derechos, una cuestión de democracia”; las activistas llamaron a la sociedad civil a movilizarse y a participar en esta campaña.

En un comunicado, afirmaron que dar validez a un discurso que prioriza el embrión por sobre los derechos de las mujeres, y que los curas exijan más nacimientos, mientras sus abusos sexuales contra la infancia quedan impunes; reproduce las dobles morales y legitiman estas acciones.

“La negación de la interrupción voluntaria del embarazo en la legislación o en las acciones de salud es un mecanismo de poder y control sobre los cuerpos, la autonomía, la sexualidad y las decisiones reproductivas de las mujeres”.

Pese a que en la región cada año alrededor de 4 millones de mujeres deciden interrumpir un embarazo, las legislaciones en los países son restrictivas y limitadas lo que coloca en riesgo la vida de las mujeres, las criminaliza y las encarcela.

Para la mayoría de las mujeres, dice el comunicado, ejercer su derecho a decidir no ser madres se tiene que realizar en condiciones inseguras e insalubres vulnerando con ello su dignidad, libertad y su salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que anualmente en el mundo se practican aproximadamente 20 millones de abortos de alto riesgo y que el 99.9 por ciento de la mortalidad materna por aborto ocurre en los países en desarrollo. El aborto inducido en condiciones de ilegalidad es una de las principales causas de mortalidad materna en la región.

Mientras Chile, Nicaragua, El Salvador, Honduras y República Dominicana, tienen legislaciones restrictivas -pues el aborto se prohíbe en cualquier circunstancia- en lugares donde la interrupción legal del embarazo se autoriza por razones terapéuticas o de violencia sexual, el acceso al procedimiento está plagado de obstáculos a causa de una institucionalidad pública que permite la intromisión de sectores religiosos y conservadores que atentan contra la oportunidad de la realización del aborto.

Por todo ello, pidieron implementar medidas urgentes para evitar que la objeción de conciencia se convierta en un obstáculo para interrumpir un embarazo; reafirmar y proteger el carácter laico y plural de la democracia, evitando injerencias religiosas que afecten la creación de reformas legales y la puesta en marcha de políticas públicas tendientes a mejorar la salud de las mujeres y el ejercicio de sus derechos.

Exigieron el cese de las persecuciones judiciales, selectivas y abusivas de mujeres que han abortado, las cuales afectan mayormente a las más pobres. “El encarcelamiento de mujeres por esta causa en nuestros países constituye una injusticia incalificable”.

De igual manera, en el arranque de la campaña exigieron que los gobiernos realicen acciones para garantizar la seguridad de las defensoras de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, en particular los sexuales y los reproductivos.

Agregan que en la actualidad las democracias erigen como valores la autonomía, la soberanía y la libertad de los pueblos; sin embargo, estos valores son negados a las mujeres.

“Obligar a las mujeres a llevar a término un embarazo que no desean o no están en condiciones de asumir es un acto de tortura y sometimiento”, sentencian.

Fuente: CIMAC

Tomado de: http://www.vanguardia.com.mx/

Source: Septiembre 2012