Argentina: Buscan garantizar la realización de Abortos No punibles en Río Negro

Argentina: Buscan garantizar la realización de Abortos No punibles en Río Negro

Ya ingresó a la Legislatura de Río Negro el proyecto de ley referido a atención de Abortos No Punibles. La normativa busca hacer efectivo el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 86, inciso 1 y 2 del Código Penal, y permitir que cualquier mujer que quede embarazada tras una violación pueda solicitar un aborto no punible en hospitales públicos de la provincia sin que su pedido sea judicializado 

 

Como en todas las luchas que refieren al cuerpo de las mujeres, fueron legisladoras con apoyo de organizaciones de mujeres las que tomaron la iniciativa tras el fallo de la Corte del 13 de marzo pasado. Fallo que puso fin a la interpretación restrictiva del mencionado artículo y que sólo los contemplaba en caso de “mujer idiota o demente”, aunque tampoco en esos casos se realizaron en gran cantidad de casos. El proyecto que ingresó para el debate fue redactado por Beatriz Contreras quien preside la Comisión Especial de Derechos Humanos del parlamento rionegrino; acompañan su firma la de las legisladoras Irma Benegas, Arabela Carreras, Norma Dellapitima, Susana Dieguez, Roxana Fernández, Silvia Horne. Rosa Pereira, Ana Piccinini, Sandra Recalt, Lidia Sgrablich y Angela Vicidomini.

El artículo 1 del proyecto, que antes del receso invernal se debatirá en la Comisión de Asuntos Sociales, previo intento de ser consensuada por todas las legisladoras en reunión especial este jueves 28 de junio, pide: “Establecer la ’Guía Técnica Para la Atención Integral de los Abortos No Punibles’ promovidos por el programa Nacional de Salud Sexual y procreación responsable (2007) como el protocolo para los casos previstos referidos a la práctica no punible del aborto en los términos del artículo 86, inciso 1y 2 del Código penal, en todo el territorio de la provincia de Río Negro”.

No es la primera vez que un proyecto de ley sobre Abortos No Punible (ANP) se debate en Río Negro. Durante el gobierno anterior el proyecto impulsado por las legisladoras Marta Milesi y María Inés García, fue cajoneado en varias oportunidades y nunca contó con el apoyo de la propia tropa en el poder, el radicalismo. De algún modo, afirmó una de las legisladoras firmantes “resucitamos el proyecto de Milesi para aprovechar este contexto favorable, y con más chances de que el proyecto se apruebe”.

La legisladora Contreras expresó en el proyecto que este es el momento oportuno de dar este debate, puesto que el fallo de la Corte Suprema de Justicia despejó dudas entre quienes veían un escollo en la ley, debido a su supuesta redacción ambigua.

Pese al acompañamiento de legisladoras del FpV, hay algunas diferencias que se pondrán sobre la mesa a la hora del debate, que contará- además- con la participación de redes de mujeres de la provincia que exigen se garantice la atención debida de niñas y mujeres. Silvia Horne insiste en que la ley debe “establecer un registro público de objetores, de modo tal que no queden dudas, para que no haya profesionales que se declaran objetores en el servicio público pero en consultorio privado, no. Sabemos que este es un derecho que debemos garantizar, pero el debate no termina acá, termina con la despenalización del aborto en general, un debate que debemos encaminar, para garantizar derechos, y para bajar el horroroso índice de muerte materna que ostenta el país, sobre todo de mujeres humildes”.

El Ministro de Salud, expresó las últimas horas que para solicitar un aborto no punible debe mediar una declaración jurada, algunas mujeres de la legislatura van a dar la discusión en relación a lo que se exigirá concretamente a las mujeres, pues el ministro se pronunció históricamente en favor de judicializar estos casos.

En el Artículo 2 del proyecto de Contreras establece que el “organismo de aplicación es el Ministerio de Salud que deberá reglamentar la ley dentro de los 60 días de ser sancionada”. El Ministro Norberto Delfino, a pocos días del fallo de la Corte, manifestó a la prensa que las consecuencias del fallo no eran “un tema sanitario que se discute” sino que “es estrictamente jurídico”. Dijo entonces que no había hablado al respecto con el gobernador Weretilneck y que nadie le había pedido que avance al respecto, al tiempo que soslayó los pronunciamientos en la materia del STJ y dijo desconocer si el fallo de la Corte en el caso de la menor violada en Chubut, tenía “valor legislativo”.

Recordemos que la vieja composición del STJ avaló la decisión del juez Martín Lozada de Bariloche de autorizar la interrupción del embarazo a una joven que había sido violada, adhiriendo a la interpretación amplia del artículo 86 del Código Penal. Pese al reconocimiento de un derecho, legislación internacional y nacional en relación a ANP y a una sanción a la Argentina (caso LMR, la joven con discapacidad mental a la que se negó un aborto en provincia de Buenos Aires) por parte del Comité de DDHH de Naciones Unidas, en los hospitales locales se insiste en que no hay protocolo y la decisión sigue librada a las convicciones de los médicos.

De cualquier modo, y ante la manifiesta reticencia del Ministro de Salud en avanzar sobre este tema, se espera que el Poder Legislativo exprese su aceptación respecto a la sentencia emitida por la Corte Suprema, que garantice mediante una Ley que se realicen Abortos No Punibles tal como lo establecen el artículo 86 del CP y el artículo 19 de nuestra Constitución, y que el gobernador instruya al ministro para que reglamente la ley que exige la aplicación de la ’Guía Técnica Para la Atención Integral de los Abortos No Punibles’ en todo el territorio de la provincia de Río Negro”.

Hasta la fecha cinco provincias adecuaron el protocolo de atención al fallo, estas son; Chubut, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Hay nueve provincias, entre ellas Río Negro, sin protocolo a la fecha; y nueve que están en proceso de adecuación.

El Ministerio de Salud de la Nación elaboró la “Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles en 2007. La Guía establece los procedimientos y las responsabilidades médicas en la atención de la práctica de ANP, contiene el marco jurídico, enumera responsabilidades de profesionales de la salud, plazos para la realización de la práctica y sanciones para su incumplimiento. Contiene, además, un capítulo que pone límites a la objeción de conciencia puesto que el servicio debe garantizar la práctica las 24 horas y 365 días al año.

La Corte definió en el fallo del 13 de marzo que para acceder a una práctica de ANP, no es requisito hacer una denuncia de violación, ni debe requerir de autorización de un juez. La declaración jurada, en cambio, es un instrumento público que garantiza la atención en tiempo y forma, al tiempo que protege a los profesionales de la salud. La Guía y el modelo de Declaración Jurada a utilizar están disponibles en el sitio oficial del Ministerio de Salud de Nación.

Source: Julio 2012