Argentina: Buscan garantizar la realización de Abortos No punibles en Río Negro

Argentina: Buscan garantizar la realización de Abortos No punibles en Río Negro

Ya ingresó a la Legislatura de Río Negro el proyecto de ley referido a atención de Abortos No Punibles. La normativa busca hacer efectivo el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 86, inciso 1 y 2 del Código Penal, y permitir que cualquier mujer que quede embarazada tras una violación pueda solicitar un aborto no punible en hospitales públicos de la provincia sin que su pedido sea judicializado 

 

Como en todas las luchas que refieren al cuerpo de las mujeres, fueron legisladoras con apoyo de organizaciones de mujeres las que tomaron la iniciativa tras el fallo de la Corte del 13 de marzo pasado. Fallo que puso fin a la interpretación restrictiva del mencionado artículo y que sólo los contemplaba en caso de “mujer idiota o demente”, aunque tampoco en esos casos se realizaron en gran cantidad de casos. El proyecto que ingresó para el debate fue redactado por Beatriz Contreras quien preside la Comisión Especial de Derechos Humanos del parlamento rionegrino; acompañan su firma la de las legisladoras Irma Benegas, Arabela Carreras, Norma Dellapitima, Susana Dieguez, Roxana Fernández, Silvia Horne. Rosa Pereira, Ana Piccinini, Sandra Recalt, Lidia Sgrablich y Angela Vicidomini.

El artículo 1 del proyecto, que antes del receso invernal se debatirá en la Comisión de Asuntos Sociales, previo intento de ser consensuada por todas las legisladoras en reunión especial este jueves 28 de junio, pide: “Establecer la ’Guía Técnica Para la Atención Integral de los Abortos No Punibles’ promovidos por el programa Nacional de Salud Sexual y procreación responsable (2007) como el protocolo para los casos previstos referidos a la práctica no punible del aborto en los términos del artículo 86, inciso 1y 2 del Código penal, en todo el territorio de la provincia de Río Negro”.

No es la primera vez que un proyecto de ley sobre Abortos No Punible (ANP) se debate en Río Negro. Durante el gobierno anterior el proyecto impulsado por las legisladoras Marta Milesi y María Inés García, fue cajoneado en varias oportunidades y nunca contó con el apoyo de la propia tropa en el poder, el radicalismo. De algún modo, afirmó una de las legisladoras firmantes “resucitamos el proyecto de Milesi para aprovechar este contexto favorable, y con más chances de que el proyecto se apruebe”.

La legisladora Contreras expresó en el proyecto que este es el momento oportuno de dar este debate, puesto que el fallo de la Corte Suprema de Justicia despejó dudas entre quienes veían un escollo en la ley, debido a su supuesta redacción ambigua.

Pese al acompañamiento de legisladoras del FpV, hay algunas diferencias que se pondrán sobre la mesa a la hora del debate, que contará- además- con la participación de redes de mujeres de la provincia que exigen se garantice la atención debida de niñas y mujeres. Silvia Horne insiste en que la ley debe “establecer un registro público de objetores, de modo tal que no queden dudas, para que no haya profesionales que se declaran objetores en el servicio público pero en consultorio privado, no. Sabemos que este es un derecho que debemos garantizar, pero el debate no termina acá, termina con la despenalización del aborto en general, un debate que debemos encaminar, para garantizar derechos, y para bajar el horroroso índice de muerte materna que ostenta el país, sobre todo de mujeres humildes”.

El Ministro de Salud, expresó las últimas horas que para solicitar un aborto no punible debe mediar una declaración jurada, algunas mujeres de la legislatura van a dar la discusión en relación a lo que se exigirá concretamente a las mujeres, pues el ministro se pronunció históricamente en favor de judicializar estos casos.

En el Artículo 2 del proyecto de Contreras establece que el “organismo de aplicación es el Ministerio de Salud que deberá reglamentar la ley dentro de los 60 días de ser sancionada”. El Ministro Norberto Delfino, a pocos días del fallo de la Corte, manifestó a la prensa que las consecuencias del fallo no eran “un tema sanitario que se discute” sino que “es estrictamente jurídico”. Dijo entonces que no había hablado al respecto con el gobernador Weretilneck y que nadie le había pedido que avance al respecto, al tiempo que soslayó los pronunciamientos en la materia del STJ y dijo desconocer si el fallo de la Corte en el caso de la menor violada en Chubut, tenía “valor legislativo”.

Recordemos que la vieja composición del STJ avaló la decisión del juez Martín Lozada de Bariloche de autorizar la interrupción del embarazo a una joven que había sido violada, adhiriendo a la interpretación amplia del artículo 86 del Código Penal. Pese al reconocimiento de un derecho, legislación internacional y nacional en relación a ANP y a una sanción a la Argentina (caso LMR, la joven con discapacidad mental a la que se negó un aborto en provincia de Buenos Aires) por parte del Comité de DDHH de Naciones Unidas, en los hospitales locales se insiste en que no hay protocolo y la decisión sigue librada a las convicciones de los médicos.

De cualquier modo, y ante la manifiesta reticencia del Ministro de Salud en avanzar sobre este tema, se espera que el Poder Legislativo exprese su aceptación respecto a la sentencia emitida por la Corte Suprema, que garantice mediante una Ley que se realicen Abortos No Punibles tal como lo establecen el artículo 86 del CP y el artículo 19 de nuestra Constitución, y que el gobernador instruya al ministro para que reglamente la ley que exige la aplicación de la ’Guía Técnica Para la Atención Integral de los Abortos No Punibles’ en todo el territorio de la provincia de Río Negro”.

Hasta la fecha cinco provincias adecuaron el protocolo de atención al fallo, estas son; Chubut, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Hay nueve provincias, entre ellas Río Negro, sin protocolo a la fecha; y nueve que están en proceso de adecuación.

El Ministerio de Salud de la Nación elaboró la “Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles en 2007. La Guía establece los procedimientos y las responsabilidades médicas en la atención de la práctica de ANP, contiene el marco jurídico, enumera responsabilidades de profesionales de la salud, plazos para la realización de la práctica y sanciones para su incumplimiento. Contiene, además, un capítulo que pone límites a la objeción de conciencia puesto que el servicio debe garantizar la práctica las 24 horas y 365 días al año.

La Corte definió en el fallo del 13 de marzo que para acceder a una práctica de ANP, no es requisito hacer una denuncia de violación, ni debe requerir de autorización de un juez. La declaración jurada, en cambio, es un instrumento público que garantiza la atención en tiempo y forma, al tiempo que protege a los profesionales de la salud. La Guía y el modelo de Declaración Jurada a utilizar están disponibles en el sitio oficial del Ministerio de Salud de Nación.

Source: Julio 2012

Bloquean ley de aborto en Misisipi

Bloquean ley de aborto en Misisipi

Un juez en Misisipi bloqueó una ley que podría haber forzado al cierre de la única clínica de aborto del estado. El magistrado Daniel Jordan emitió una orden de restricción temporal este domingo, cuando la ley entró en vigencia, y convocó a una audiencia dentro de nueve días para considerar una medida cautelar más prolongada.

 

Según la nueva ley, los médicos en las clínicas de aborto deben tener todos la autoridad para admitir pacientes en hospitales locales. Los cuatro que trabajan en la clínica de Washington, Misisipi, siguen esperando esa aprobación.

El gobernador republicano del estado, Phil Bryant, dice que desea que Misisipi sea un estado libre de aborto.  Los activistas pro-aborto señalan que Misisipi tiene una de las tasas más altas de embarazos adolescentes en Estados Unidos. Afirman que muchas mujeres son demasiado pobres para viajar a otros estados a abortar.

 

Fuente: bbc.co.uk

Source: Julio 2012

Un freno para los antiderechos

Un freno para los antiderechos

La Sala Laboral de la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay rechazó el recurso de amparo presentado por la agrupación católica Pro Vida contra la aplicación del protocolo para los abortos no punibles. Un amparo similar de otro grupo antiderechos había sido aceptado en la provincia de Córdoba.

En el fallo, los jueces Jorge Alberto Pirovani, Sergio Daniel Toloy y Juan Carlos Tito coincidieron en que “no había legitimación activa” de los accionantes porque no se comprobó que puedan verse afectados por la aplicación de la guía de procedimientos para quienes soliciten prácticas de abortos no punibles.

En la presentación, los amparistas habían solicitado la “inaplicabilidad por inconstitucional” del protocolo elaborado por el Ministerio de Salud provincial y que rige desde el 4 de mayo último. La decisión de los jueces será apelada ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), según lo anticipado por algunos de los amparistas.

En el protocolo, el Ministerio de Salud de Entre Ríos establece que el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. También alcanza a los embarazos provenientes de una violación o de un atentado al pudor, en cuyo caso no será necesaria la intervención de la Justicia.

El protocolo reconoce el derecho de objeción de conciencia para el médico que no quiera practicar un aborto en el sistema de salud pública y establece que quienes los realicen quedan exentos de cualquier acción penal. Prevé también que, ante la solicitud de interrupción de un embarazo no punible, “el hospital o el médico tratante tienen la obligación legal de practicar la intervención, siempre que exista consentimiento informado de la mujer”, y sin la intervención de la Justicia.

La guía establece que cada hospital deberá contar con un equipo interdisciplinario encargado de intervenir cuando el médico tratante de la mujer no esté de acuerdo con la interrupción del embarazo.

En casos de violación, no se exigirá ni la denuncia ni la prueba de la violación para que una niña, adolescente o mujer puedan acceder a la interrupción de un embarazo producto de una violación, según el documento.

En caso de que el médico interviniente ordene estudios preliminares para determinar si la práctica del aborto generará algún efecto contraproducente en la mujer, en ningún caso esos exámenes podrán extenderse por más de 48 horas.

El protocolo establece también que una vez conseguido el consentimiento de la mujer, en un plazo no mayor de tres días deberá practicarse el aborto.

 

Fuente: pagina12.com.ar

Source: Julio 2012

Juntan firmas en todo el país para exigir aborto no punible en Córdoba

Juntan firmas en todo el país para exigir aborto no punible en Córdoba

Se realiza a través de la página Web de Amnistía Internacional Argentina y otras ONG, para pedir al Gobierno provincial que adhiera a la guía técnica elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación.

Se cumplieron más de dos meses desde que el juez Federico Ossola suspendiera la aplicación de la Guía de Procedimiento para la Atención de

Pacientes del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, para quienes soliciten prácticas de aborto no punibles en casos de violación.

La medida del juez Ossola fue apelada por la Provincia y debe ser evaluada por la Cámara III de Apelación tras la feria judicial. En tanto, el magistrado no tiene tiempos perentorios para resolver la “cuestión de fondo” planteada ante el amparo interpuesto por la Asociación Civil Portal de Belén.

Es por esto que Católicas por el Derecho a Decidir, la Asociación por los Derechos Civiles, Amnistía Internacional Argentina y el Programa de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (UNC) comenzó hace algunos días a juntar firmas para solicitar a las autoridades del Gobierno provincial que adhiera a la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles, elaborada por el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación.

Estas organizaciones exigen que se tomen de inmediato las medidas legales para dar plena vigencia a los derechos de las mujeres reconocidos en el fallo de la Corte Suprema. Según consideran, “en tanto esta Provincia continúe al margen del respeto a una de las instituciones centrales de nuestro sistema constitucional, como es la Corte Suprema de Justicia, también estará generando responsabilidad internacional al Estado nacional ante los organismos de Derechos Humanos competentes”.

Silvia Juliá, abogada e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, indicó a LA MAÑANA, que la junta de firmas se inició la semana pasada, paralelamente a que se llevaron adelante reuniones con los integrantes de la Comisión de Salud de la Unicameral. La iniciativa tiene por fin que “la Provincia adhiera a la guía nacional, mientras la Justicia resuelve ‘la cuestión de fondo’ en la causa por la cual fue suspendido el protocolo provincial, ya que podría llevar algún tiempo”, explicó Juliá.

Según se indica en la página oficial de Amnistía Argentina, quienes adhieren, suman al pedido “para que en la provincia de Córdoba las niñas, adolescentes y mujeres que han sido víctimas de una violación, puedan acceder a realizarse un aborto seguro, en el sistema de salud pública provincial”.

Es de destacar que, juntamente con esta iniciativa, se llevó a cabo el viernes pasado el panel “Debates y desafíos sobre Aborto No Punible a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia Caso F.A.L.” en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, en el que expusieron Paola Bergallo, Nelly Minyersky y Andrés Gil Domínguez. Al mismo tiempo, unos 50 abogados de todo el país debatieron sobre los principales obstáculos para la implementación del Fallo de la Corte. En la ocasión, Amnistía Argentina se hizo presente con voluntarios que llenaron varias panillas con firmas en adhesión al pedido que será elevado al Gobierno provincial.

Fuente: lmcordoba.com.ar

Source: Julio 2012

España: El PSOE llevará a la Junta una moción para mantener la actual Ley del aborto

España: El PSOE llevará a la Junta una moción para mantener la actual Ley del aborto

La Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) presentará una moción en la Junta General del Principado y en los ayuntamientos de la región para solicitar del Gobierno central que mantenga la vigente Ley de Salud Sexual y Reproductiva.

Esta iniciativa se adoptará después de que el PSOE asturiana haya decidido adherirse a la Plataforma Estatal en Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos de la que forman parte 140 organizaciones que han elaborado un manifiesto titulado “Decidir nos hace libres” que exige del Ejecutivo que no modifique la ley.

 

En rueda de prensa, la secretaria de Bienestar Social de la FSA-PSOE, Lourdes Calleja, ha defendido la normativa aprobada por el anterior Gobierno porque permitía eliminar la situación de incertidumbre jurídica tanto para las mujeres que deciden interrumpir su embarazo como para los profesionales que las atienden.

Calleja ha incidido además en que el establecimiento de una ley de plazos en sustitución de los tres supuestos contemplados antes (riesgo para el feto, violación o trastorno psicológico para la mujer) situó a España en la línea que marcan las directrices internacionales que regulan el derecho al aborto.

La ley, ha recordado, incluía además el reconocimiento del derecho de las mujeres a conocer los métodos anticonceptivos existentes y a recibir información tanto de las ayudas a las que tendrían derecho si siguieran adelante con su embarazo como a las consecuencias psicológicas que podría tener la intervención.

A su juicio, la intención del Gobierno de modificar la ley obedece a cuestiones “profundamente ideológicas”, acusación en la que ha coincidido con la secretaria de Política Municipal de la FSA-PSOE, Adriana Lastra, que ha recordado que incluso Naciones Unidas ha pedido a España que se respete la actual normativa.

El derecho de la mujer a decidir si continúa o no adelante con su embarazo “no puede estar regulado por el Código Penal”, ha subrayado Lastra que ha alertado también de la posibilidad de que el Gobierno baraje la opción de sacar del catálogo de prestación de servicios de la sanidad pública las interrupciones voluntarias del embarazo.

Fuente: lne.es

Source: Julio 2012

Bloquean ley de aborto en Missisippi

Bloquean ley de aborto en Missisippi

Un juez en Misisipi bloqueó una ley que podría haber forzado al cierre de la única clínica de aborto del estado. El magistrado Daniel Jordan emitió una orden de restricción temporal este domingo, cuando la ley entró en vigencia, y convocó a una audiencia dentro de nueve días para considerar una medida cautelar más prolongada.

 

Según la nueva ley, los médicos en las clínicas de aborto deben tener todos la autoridad para admitir pacientes en hospitales locales. Los cuatro que trabajan en la clínica de Washington, Misisipi, siguen esperando esa aprobación.

El gobernador republicano del estado, Phil Bryant, dice que desea que Misisipi sea un estado libre de aborto.  Los activistas pro-aborto señalan que Misisipi tiene una de las tasas más altas de embarazos adolescentes en Estados Unidos. Afirman que muchas mujeres son demasiado pobres para viajar a otros estados a abortar.

 

Fuente: bbc.co.uk

Source: Julio 2012

Perú: Demandan despenalizar abortos para victimas de violación sexual

Perú: Demandan despenalizar abortos para victimas de violación sexual

Tras los alarmantes índices de embarazos provocados por una violación sexual, la coordinadora del Movimiento Manuela Ramos de la región Ayacucho, Elga Prado, indicó que la institución que representa promueve la despenalización de los abortos, tras ser víctimas de abuso sexual.

“Como institución, apostamos a que se despenalice el aborto, las mujeres deben tener la posibiliodad de decidir qué camino seguir, después de haber sufrido una agresión sexual”, indicó Prado.
Agregó que la despenalización del aborto, contribuiría a reducir los lamentables casos de niños abandonados, maltrato y explotación infantil.

Agregó que si la víctima decide continuar con su embarazo, el Estado tiene el deber de brindarle apoyo psicológico para que supere las secuelas que provocan los abusos sexuales.

Fuente: diariocorreo.pe

Source: Julio 2012