Defienden ONG ante ONU derechos sexuales y reproductivos en Perú

Defienden ONG ante ONU derechos sexuales y reproductivos en Perú

El Centro de Derechos Reproductivos de Perú y organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la falta de cumplimiento del Estado en el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer peruana.

El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU, encargado de velar por la implementación del Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, evaluará durante el 2 y 3 de mayo, en Ginebra, Suiza, al gobierno peruano.

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En ese contexto, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) pidieron al Comité que recomiende al gobierno de Perú adopte un protocolo nacional sobre el aborto terapéutico y compense a las víctimas de esterilización forzada.

Representantes de las ONG Promsex y Demus presentaron al Comité documentos en los que manifiestan sus inquietudes sobre el aborto terapéutico que es reconocido por la ley desde 1924, pero en la práctica presenta enormes trabas.

En especial para las adolescentes que han sido objeto de violación o cuyo proceso de gestación constituye un peligro para su vida.

Promsex citó también obstáculos jurídicos al acceso a los servicios de salud sexual en Perú.

Subrayó que en la actualidad todas las relaciones sexuales entre cualquier persona de 18 años o menor se considera un delito de violación, sin importar si hubo consentimiento o no.

Indicó que los adolescentes tenían un mayor riesgo de exposición a infecciones de transmisión sexual o embarazo, ya que para tener acceso a los servicios de salud sexual o asesoría en el tema tienen que ir al médico acompañados de los padres.

Demus se refirió por su parte a los casos de esterilización forzada en Perú y destacó que hasta la fecha el Estado Parte no había proporcionado ninguna información en ese campo, a pesar de las peticiones del Comité.

Indicó que miles de mujeres peruanas, sobre todo de zonas de pobreza, periféricas urbanas, rurales andinas y amazónicas, fueron privadas de su derecho reproductivo al ser sometidas por el personal nacional de salud a operaciones de ligadura de trompas sin su consentimiento.

Este tipo de cirugías se efectúan por lo general bajo condiciones médicas inadecuadas, lo que llevó a la muerte al menos a 17 mujeres.

Esta miércoles, Perú tendrá que responder sobre la obstrucción a la investigación, sanción y reparación a las miles de víctimas de las esterilizaciones forzadas cometidas durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000).

Además, por las limitaciones al acceso de las mujeres a un amplia gama de métodos anticonceptivos, en especial en las zonas rurales, entre otros temas.

También tendrá que responder sobre las medidas que el gobierno de Perú está adoptando y los avances logrados para garantizar los derechos a la educación, al trabajo, a la salud y al bienestar social.

 

Fuente: http://uniradioinforma.com

Source: Mayo 2012