Candidatos mexicanos se someten al examen de la jerarquía católica

Los cuatro candidatos a la presidencia de México se entrevistarán a lo largo de esta semana, uno tras otro, con los obispos católicos en una serie de encuentros que lleva camino de convertirse en tradición pero que algunos grupos estiman atenta contra la laicidad del Estado.

Entre este martes y el viernes, los aspirantes presidenciales desfilarán, uno por día, ante la jerarquía católica en reuniones que aún no se ha definido si serán abiertas a la prensa o a puerta cerrada, en el marco de la asamblea semestral de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), como ocurrió en 2006.
Comenzará el martes la candidata del partido gobernante Acción Nacional (PAN, derecha), Josefina Vázquez Mota, segunda en las encuestas para los comicios del 1 de julio, y le seguirá el aspirante de la coalición de izquierdas Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, el miércoles.

El jueves lo hará el del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto -amplio favorito en los sondeos-, y Gabriel Quadri, del minoritario Alianza Nacional, concluirá la ronda el viernes.

Los candidatos hablarán una hora y luego escucharán los planteamientos de los prelados.

La iniciativa no ha sentado muy bien entre organizaciones que defienden la laicidad del Estado mexicano, recientemente ratificada por el Congreso que a fines de marzo aprobó una reforma constitucional en ese sentido.

“Poner como uno de los foros principales de la contienda electoral esa reunión de jerarcas católicos en donde los candidatos tienen casi que rendir cuentas me parece que es una intromisión en el proceso electoral que en una república laica no tendría que permitirse”, dijo a la AFP Alejandro Brito, director de Letra S, ONG que promueve los derechos sexuales y reproductivos.

“Nos preocupa que la Iglesia quiera imponer una agenda política moral, conservadora y que los propios candidatos escuchen eso”, agregó Aidé García, de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, opuesta a la jerarquía en temas relacionados con la mujer, particularmente el aborto.

En concreto, ambos consideran que los obispos pretenden imponer sus propuestas contrarias al aborto, la eutanasia y el matrimonio homosexual, entre otros aspectos.

“Van a intentar influir en la agenda política de los candidatos y eso creemos que es violatorio del Estado laico porque finalmente la jerarquía de la iglesia tendría que abstenerse de cualquier participación política”, criticó García.

Sin embargo, el politólogo Francisco Valdés, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) de México, consideró que “el hecho de que haya conversaciones, especialmente si éstas pueden ser ventiladas públicamente, no afecta al Estado laico”.

Tras la reforma constitucional que ratificó el carácter laico del Estado, el Congreso estudia otra que permitiría a las iglesias hacer celebraciones públicas sin permiso previo y acceder a los medios de comunicación.

Valdés sostuvo que, si bien la legislación mexicana prohíbe a los sacerdotes hacer proselitismo a favor o en contra de algún candidato desde los púlpitos o en sus intervenciones públicas, es lícito que la Iglesia católica intente influir en los programas.

“Si hay motivos de presión, que los puede haber, como los puede haber de cualquier otro sector -los sindicatos, los empresarios, etcétera-, entre más públicos y más abiertos y transparentes se produzcan, más criterios habrá para que la opinión pública juzgue”, señaló.

“No es tan raro. Antes se hacía en secreto. Ahora es público”, argumentó Rogelio Gómez, coordinador de Redes Ciudadanas de la campaña de Vázquez Mota, que indicó que el objetivo de ésta es plantearles sus propuestas y escuchar las dudas y planteamientos de los prelados, como hace con otros actores de la sociedad.

La Conferencia del Episcopado “es un grupo que genera opinión, que tiene una voz propia y que vale mucho la pena que conozca las propuestas”, destacó.

 

Fuente:AFP
Origen: feeds.univision.com

Source: Abril 2012

¿Y por casa cómo andamos de salud sexual y reproductiva?

¿Y por casa cómo andamos de salud sexual y reproductiva?

En el documento se subrayó la “dispar” implementación de los programas de salud sexual y reproductiva así la nula regulación de la “objeción de conciencia”. Apuntan a la responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación como responsable de la rectoría de la política sanitaria nacional.

Diversas organizaciones no gubernamentales presentaron un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe en el que analizan el acceso a métodos anticonceptivos, la anticoncepción quirúrgica, la educación sexual y el aborto en nuestro país de manera muy crítica.

 

 

El informe de casi 20 páginas explicita las fallas que aun existen en la distribución de métodos anticonceptivos, la que, recomiendan, debe ser “eficaz y equitativa en todo el territorio nacional”.

Lo que obliga clarificar qué medidas efectivas se impulsan, con qué presupuesto y sobre la base de qué normativa, para garantizar los objetivos del Plan Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR) a nivel provincial, teniendo en cuenta la distribución de competencias federales y locales.

También se aborda las nefastas consecuencias que tiene la nula regulación de la objeción de conciencia, ya que “es preocupante, en los últimos años, el ejercicio, por parte de profesionales de salud, de “formas encubiertas” de objeción de conciencia”.

La única excepción se encuentra en la provincia de Santa Fe, en donde se implementó un registro público de objetores de conciencia. Por ello, para las organizaciones es necesario que se avance en una norma que respete los estándares internacionales de derechos humanos aplicables en la materia.

“El altísimo número de abortos clandestinos evidencia el poco efecto disuasivo de la ley sobre las mujeres, además del fracaso de las políticas de educación sexual y la dificultad en el acceso a los métodos de anticoncepción”, consignan las organizaciones y solicitan que se avance en garantizar la atención de calidad de las complicaciones de abortos, y la legalización del aborto.

Entre otras medidas, solicitan al ministerio de Salud que se eleve a resolución Ministerial la Guía Técnica de Atención Integral de Abortos no Punibles para otorgarle un status legal a la guía y de ese modo, los ministerios de salud de las provincias estén obligados a adoptarla. También se solicita que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías (ANMAT) apruebe el misoprostol para las indicaciones obstétricas, el que ya fue aprobado por la Organización Mundial de la Salud para la interrupción del embarazo.

Es que la Nación “está obligada a cumplir con los tratados internacionales y no puede ampararse en su organización federal para justificar el incumplimiento de las provincias y municipios” pero “la distribución de competencias establece que la atención de la salud es atribución principal de las provincias”.

Por ello “el Ministerio de Salud de la Nación es responsable de la rectoría de la política sanitaria nacional y de convocar y conducir los acuerdos de políticas básicas comunes de las provincias en el Consejo Federal de Salud”.

El informe presentado por las ongs será analizado en octubre en el segundo Examen Periódico Universal, donde se evaluará a nuestro país. Este examen es un nuevo procedimiento de la ONU donde se evalúan los niveles de cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos. El mismo deberá ser confrontado con el que debe presentar el Estado argentino hasta el 23 de julio próximo.

Las organizaciones que firmaron el documento son la Asociación por los Derechos Civiles (ADC); Católicas por el Derecho a Decidir Argentina (CDD); el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES); el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM); el Equipo Latinoamericano de Justicia y Genero (ELA); el Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO); el Foro por los Derechos Reproductivos (Foro DDRR); la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (INSGENAR).

Fuente: www.diariojudicial.com

Source: Abril 2012

Brasil: Suprema Corte defiende autonomía reproductiva de la mujer

Brasil: Suprema Corte defiende autonomía reproductiva de la mujer

RÍO DE JANEIRO, 13 abr (IPS) – La decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil de legalizar el aborto de fetos anencefálicos sienta un precedente para ampliar a otros casos la interrupción del embarazo como un derecho reproductivo de la mujer.

La decisión fue adoptada en una sesión celebrada el miércoles 11 y el jueves 12, con ocho votos a favor y dos en contra. El fallo alega que si no existe posibilidad de vida no corresponde defender ese derecho constitucional. 
La anencefalia es una deformación fetal diagnosticable durante el embarazo, que consiste en la falta total o parcial del cerebro y de la bóveda craneal y que condena a morir al bebé poco tiempo después de nacer.

“El útero es la primera cuna del ser humano. Cuando la cuna se transforma en un pequeño ataúd, no hay vida”, justificó la magistrada Cármen Lúcia Rocha, aludiendo al lema empleado por grupos feministas: “Cunas, no ataúdes”.

“Dar a luz es dar vida y no dar muerte”, argumentó el juez Carlos Ayres Britto. Los magistrados compararon el embarazo de un feto anencefálico con una tortura que amenaza la estabilidad psíquica de la gestante.

Técnicamente, el fallo es una acción por incumplimiento de un precepto fundamental derivado de la Constitución, una herramienta para reparar la lesión a uno de esos preceptos, resultante de un acto de cualquier poder público. Fue puesta a consideración del máximo tribunal en 2004 por el magistrado Marco Aurélio Mello.

Para Patricia Rangel, doctora en ciencias políticas de la Universidad de Brasilia y del Programa Interdisciplinario de la Mujer de la Pontificia Universidad Católica de Goiás, la acción es histórica porque coloca la decisión de interrumpir o no la gestación en manos de las embarazadas.

Además, representa un cambio en el Código Penal, que hasta ahora solamente exceptuaba de delito las interrupciones voluntarias del embarazo por riesgo de vida de la madre o por una gestación originada en una violación sexual, dijo Rangel a IPS.

Fue muy importante “ubicar a la mujer como protagonista de su propia historia, permitiendo decidir sobre la interrupción o no de esa gestación de un feto inviable para la vida extrauterina”, destacó Paula Viana, una de las coordinadoras del feminista Grupo Curumim de Recife, capital del nordestino estado de Pernambuco.

Los argumentos de la mayoría del STF pusieron en juego conceptos como el derecho reproductivo y de la mujer a decidir.

Era “impensable” años atrás “oír de la Corte Suprema palabras referentes a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, mucho menos los argumentos “enfáticos sobre la autonomía reproductiva”, dijo Viana a IPS.

Hasta ahora, ese tipo de aborto requería un engorroso trámite y una autorización de un juez.

Según el magistrado Mello, en este país se han otorgado unas 3.000 autorizaciones de este tipo, mientras la incidencia nacional de la anencefalia es de uno cada 1.000 nacimientos, una de las más altas del mundo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Viana, del Grupo Curumim, consideró que los veredictos basados en la autonomía reproductiva, permiten “ampliar, calificar y recolocar el debate sobre la legalización del aborto”.

Ese debate debe darse como una cuestión de salud pública y de justicia social. “Miles de mujeres mueren por aborto clandestino e inseguro en Brasil, en general mujeres pobres y sin acceso a servicios de salud calificados”, sostuvo.

Beatriz Galli, de la filial brasileña de Ipas, una organización internacional que trabaja a favor del acceso a un aborto seguro, dijo a IPS que el fallo “contribuye a romper tabúes”.

También ayuda a “acabar con la cultura de la maternidad compulsiva o de la santificación del sufrimiento de la mujer, que debe llevar adelante su embarazo contra su voluntad y sin condiciones”, enfatizó.

Durante la sesión del STF, se leyeron duros testimonios de mujeres que fueron obligadas a esperar al mismo tiempo un nacimiento y una muerte.

“Obligar a una mujer a mantener la gestación se asemeja a la tortura y es un sacrificio que no se le puede pedir a nadie”, consideró el magistrado Mello.

Muchos de los argumentos del fallo pueden servir de base para cuestionar la constitucionalidad de la penalización del aborto en otros casos no expresos en la ley penal, opinó Galli. Por ejemplo, la interrupción del embarazo por motivo de riesgo y salud de la mujer.

Rangel se refirió a los desafíos para aplicar este nuevo derecho: el desconocimiento de los profesionales de salud, la resistencia de algunos de ellos a practicar abortos incluso legales y la actuación conservadora de parlamentarios religiosos articulados en el Movimiento Pro Vida.

Ese movimiento, según Rangel, es responsable de retrocesos en el Congreso que actualmente analiza varios proyectos para penalizar incluso los abortos en los tres casos permitidos, o para adoptar la llamada “Beca violación”, que daría derecho a una pensión alimentaria y a un salario mínimo al niño gestado en una violación sexual.

En el Poder Legislativo hay más de 20 propuestas sobre el tema, y la mayoría busca la revocación de los derechos garantizados, dijo Rangel.

El fallo supremo puede, en este contexto, influir positivamente en el Congreso legislativo, opinó Viana.

El magistrado Mello no considera que de la acción del STF se derive una legitimidad de la práctica de aborto, aunque reconoce que es una cuestión que puede ser sometida al tribunal en otro momento.

Durante la votación, grupos religiosos evangélicos y católicos protestaron alegando que los fetos anencefálicos son seres humanos vivos. Para el arzobispo de São Paulo, Odilo Scherer, por más “breve y frágil” que sea esa vida humana, debe respetarse.

Ricardo Lewandowski, uno de los dos magistrados que votaron contra la acción, argumentó que esta podría extenderse a otras deformaciones fetales. No se debe imponer “pena” capital a ese feto “reduciéndolo a la condición de basura o de algo que no sirve”, aseveró.

Nadie está obligado a efectuar un aborto de feto anencefálico, replicó Rangel. La especialista recordó que la OMS estima que se practican 46 millones de abortos por año en el mundo, 4,2 millones de ellos en América Latina y el Caribe.

De esas intervenciones quirúrgicas, unas 1.000 por año acaban en la muerte de la mujer por complicaciones derivadas de su práctica insegura.

“Ningún militante de la legalización del aborto lo defiende como método anticonceptivo”, dijo. “Lo que se reivindica es que deje de ser considerado crimen para así disminuir su práctica y su poder destructivo”.

 

Fuente: FIN
Origen: www.ipsnoticias.net

Source: Abril 2012

Argentina, Córdoba apoyó el aborto no punible

Argentina, Córdoba apoyó el aborto no punible

Distintas organizaciones de Derechos Humanos y fuerzas políticas presentaron una nota al Ministerio de Salud de la Nación, buscando definir un protocolo para atender a los pacientes de Córdoba que soliciten el llamado aborto no punible.

Córdoba. Varias organizaciones de mujeres, sociales, políticas, sindicales, estudiantiles, culturales, de Derechos Humanos y profesionales ingresaron una nota en el Ministerio de Salud de la Nación solicitandouna audiencia con el titular de esa cartera, Carlos Simon, par reclamar la reforma urgente de la Guía de Procedimientos para la Atención de Pacientes que soliciten Prácticas de Aborto no Punibles.

“Entendemos que el protocolo elaborado por el Gobierno de la Provincia contradice el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vulnerando el derecho a la intimidad y la autonomía reproductiva y restringiendo la accesibilidad al aborto cuando el embarazo ha sido el resultado de una violación, especialmente cuando se trata de niñas y adolescentes menores de edad”, afirmó Martín Apaz, Secretario general de la Mesa Nacional por la Igualdad. “El protocolo provincial debe ser reformado con urgencia o debe adherirse a la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles del Ministerio de Salud de la Nación para evitar prolongar el calvario de las niñas, adolescentes y mujeres que llevan un embarazo producto de una violación. Esperamos que el Ministro de Salud comprenda la urgencia del caso, nos reciba y obre en consecuencia por la salud e integridad de las todas cordobesas”, concluyó Apaz.

La carta que será entregada

“Le escribimos con la intención de solicitarle una audiencia con el fin de plantearle nuestra profunda preocupación por algunos aspectos de la Guía de Procedimientos para la Atención de Pacientes que soliciten Prácticas de Aborto No Punibles que a nuestro criterio no reflejan el espíritu del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “F. A. L. s/ medida autosatisfactiva”; Expediente N° F. 256. XLVI.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en tanto intérprete final de la Ley, ha definido con claridad que las niñas, adolescentes y mujeres embarazadas como resultado de una violación tienen derecho a que se les practique un aborto no punible en condiciones de seguridad con la sola condición de prestar una declaración jurada donde se establezca que el embarazo es producto de la violación. Asimismo, la Corte interpela a las Provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que establezcan protocolos que garanticen la accesibilidad a este derecho. n tienen derecho a que se les practique un aborto no punible en condiciones de seguridad con la sola condici

Celebramos la voluntad del Estado provincial de avanzar en la regulación de los abortos no punibles, pero entendemos que el protocolo propuesto por el Gobierno de la Provincia de Córdoba contiene toda una serie de vicios administrativos que ponen en riesgo el acceso a este derecho consagrado en la Ley en tanto que restringe la autonomía reproductiva de las niñas, adolescentes y mujeres y su derecho a la intimidad y la confidencialidad. Entre los puntos que encontramos contrapuestos a la Ley y el fallo de la Corte podemos mencionar los siguientes:

1) Cuando en el caso de las niñas y adolescentes menores de 18 años se establece que debe notificarse a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia sobre el pedido de aborto no punible se vulnera desde el propio Estado provincial el derecho a la intimidad y la confidencialidad, más aún en tanto que el protocolo no justifica la razón de dicha notificación.

2) Cuando en el caso de las niñas menores de 13 años se establece que debe intervenir la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, aún cuando la menor tenga padres/madres o tutores/ras. No sólo no se establece el objetivo de dicha intervención sino que, además de vulnerar el derecho a la intimidad y la confidencialidad, se expone a la niña a la posibilidad de prolongar y profundizar una situación traumática sin atender a su voluntad, ni su integridad psicológica y moral.

3) Cuando en el caso de las menores de 18 años se establece que deben contar con el consentimiento de “sus padres” o su representante legal, dando a entender que requiere de la aprobación de ambos/as padres/madres. Este requisito violenta la autonomía reproductiva de las niñas y adolescentes, al tiempo que ignora que en muchos casos de violación a menores es el propio padre quien ha cometido el delito, exponiéndolas de esta manera a profundizar la situación de violencia sexual, con el riesgo real de que, sin consentimiento del padre o responsable, se impida la práctica de aborto y se condene a la víctima a sostener un embarazo no deseado resultante de una violación. Incluso debe contemplarse que el abusador impone en el seno familiar un pacto de silencio que garantiza su impunidad de forma que todo/a integrante de la familia se encuentra en una situación opresiva, por lo cual el consentimiento de ambos/a padres/madres es, en estas circunstancias, imposible.

4) Cuando establece que la práctica del aborto no punible depende del “juicio” y “punto de vista médico” del o de la profesional interviniente que recepte la petición, otorgándole mayor poder de decisión al médico o médica que a la víctima y, nuevamente, vulnerando la autonomía reproductiva de las niñas, adolescentes y mujeres embarazas producto de una violación. Según se desprende del protocolo provincial, vale más aquí la decisión del médico o la médica que la decisión de la víctima y su integridad psicológica y moral.

5) Cuando establece que el/la profesional interviniente puede convocar a un equipo interdisciplinario a los mismos fines de determinar si según su “juicio” y “punto de vista médico” corresponde realizar un aborto no punible o no, lo cual, tal como lo afirma la Corte Suprema de Justicia, puede recurrir en un nuevo obstáculo para el acceso a este derecho. Según el fallo de la Corte basta con una declaración jurada y la intervención del médico o la médica a la cual se le presenta el caso. Cualquier procedimiento o requisito adicional puede derivar en un obstdica a la cual se le presenta el caso. Cualquier procedimiento o requisito adicional puede derivar en un obstáculo más en el acceso al aborto, lo que solo puede profundizar el flagelo de la víctima de la violación.

6) Cuando establece que si todos/as los/as médicos/as de una institución de salud provincial que pueden realizar prácticas abortivas se presentan como objetores/as de conciencia, la autoridad de dicha institución debe poner en conocimiento a la Secretaría de Atención Médica del Ministerio de Salud de la Provincia en vez de garantizar el aborto. Aquí es pertinente comparar el protocolo provincial con el dictado por el Ministerio de Salud de la Nación, en tanto que éste último establece que la objeción de conciencia es individual y no puede ser institucional y que, por lo tanto, la institución debe en cualquier caso garantizar la realización del aborto.

Por lo expuesto afirmamos que es imperioso avanzar en la modificación de la Guía propuesta por la Provincia, reforma para la que nos ponemos a disposición de buena fe a los fines de mejorar la calidad de vida de todas las niñas, adolescentes y mujeres cordobesas.

Los que apoyan:

Martín Apaz, Secretario General de la Mesa Nacional por la Igualdad de Córdoba; Lic. María Eugenia Gastesi Católicas por el Derecho a Decidir; Montonazo Organización Territorial; Devenir Diverse; Lic. Mónica Cristina Fuentes; Hospital Materno Provincial; Liliana Rainero; CISCSA Mujeres del Encuentro; Las Histéricas, las Mufas y las Otras; Colectivo Feminista Anticapitalista; Fundación Ciudadanos 365; Asociación Civil Hilando las Sierras; Escuela de Trabajo Social de la UNC; La Bisagra Movimiento Universitario Independiente; Centro de Estudiantes de Psicología de la UNC; Centro de Estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Información de la UNC; Centro de Estudiantes de Famaf UNC; Lic. Alicia Soldevila Solana Lopez, Presidenta del Partido Comunista Regional Córdoba; Comisión en Defensa de los Derechos Humanos de Villa Carlos Paz; Biblioteca Juana Manuela Gorriti; María Nazar, CISCSA; Medardo Ávila Vázquez Fundación Bordes, Patricia Gonzalez y Nelson Daniel Suedan; Izquierda Socialista; Legisladora Liliana Olivero (FIT); Irina Santesteban, Secretaria General de AGEPJ Carlos Vicente; Encuentro por la Democracia y la Equidad; Irma Carrizo, Secretaria General de la Mesa Nacional por la Igualdad de Villa María; Diputada Nacional Carmen Nebreda, Frente Para la Victoria; Servicio a la Acción Popular (SEAP) Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC) Mario R. Toranzo; Asociación Teatro La Luna, Biblioteca Popular Luna Abierta; Red de Personas Positivas, Responsable Brenda Chignoli; Dr. Fernando Suarez, trabajador de la UPAS N° 15 y coordinador de la Tecnicatura en Enfermería en IES Simón Bolivar de Villa El Libertador; Autoconvokados del Proyecto Nacional y Popular; Dra. Adela Coria, Legisladora Mandato Cumplido y Docente Universitaria; Soledad Quadri, Red PAR Córdoba; Kapiango Juventud Peronista; Corriente Clasista y Combativa; Partido Comunista Revolucionario; Abrapalabra Red de Organizaciones y Mujeres de la Zona Sur; Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina; Maite Rodigou, Programa Interdisciplinario de Estudios de Mujer y Género, UNC; Comunidad Cannabica de Cordoba; Abog. Julia Reartes; Red Nosotras en el Mundo; Biblioteca Popular Republica Argentina; Las Juanas Villa María.

 

Fuente: www.eldiariodecarlospaz.com

Source: Abril 2012

Aborto en Chile, ¿quién decide por quién?

Aborto en Chile, ¿quién decide por quién?

Santiago de Chile (PL) Las mujeres en Chile deberán esperar por lo menos otro año más para que la ultraconservadora clase política analice la posibilidad de legalizar el aborto terapéutico en el país, reclamo mayoritario de la población femenina.

De acuerdo con las leyes chilenas, es el tiempo mínimo establecido para que el tema ocupe nuevamente espacio en la agenda parlamentaria, tras el portazo del Senado el 4 de abril a tres proyectos de despenalización del aborto.

 

Las mociones presentadas buscaban legalizar la interrupción del embarazo en caso de riesgo vital de la madre, cuando el feto tuviera malformaciones físicas o psíquicas y en caso de violación. Sin embargo, las tres fueron rechazadas por los votos de la derecha chilena.

Se opusieron en pleno los legisladores pertenecientes a los dos partidos de la coalición gobernante (Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente) y finalmente inclinaron la balanza contra las iniciativas los votos de algunos parlamentarios de la opositora Democracia Cristiana.

En el extenso debate el senador socialista Fulvio Rossi, gestor de uno de esos proyectos, subrayó que la mujer chilena quiere ejercer el derecho a decidir, pero no la dejan.

Concordó con él el senador del Partido Por la Democracia Guido Girardi, quien acotó que la legislación existente no se condice con la realidad chilena. Están discriminando a la mujer, remarcó.

Girardi comentó que en Chile hay sectores que viven en la época de las cavernas. Y con posiciones de poder, desafortunadamente, anotó un comentarista de un medio local.

Dramático fue el caso de la chilena Claudia Pizarra, una joven con una enfermedad cancerígena, quien a comienzos del 2011 solicitó se le practicara un aborto al habérsele diagnosticado que el feto nacería sin cerebro.

Claudia, con una neoplasia intraepitelial que luego se desestimó, terminó en definitiva dando a luz por medio de una cesárea a una niña, la cual falleció una hora después del nacimiento.

Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas, expresó que resulta intolerable que el Estado chileno responda con la criminalización total del aborto, cuando en definitiva la penalización nunca ha conducido a la reducción de interrupciones de embarazo en el país ni en ninguna parte del mundo.

En Chile se practican entre 100 mil y 150 mil abortos cada año en forma clandestina, según cifras trascendidas a la prensa local. Sin embargo, el conservadurismo de la clase política ha impedido prospere una ley favorable a su legalización.

Para la mujer chilena, el Estado sólo le ofrece como respuesta la criminalización total del aborto, negando cualquier posibilidad de decidir autónomamente en base a sus circunstancias personales y sus propios valores.

El propio gobierno advirtió incluso que si los proyectos a favor del aborto avanzaban en el Congreso, verían como frenarlos. Está el veto presidencial, recordó el vocero de La Moneda, Andrés Chadwick. “Somos pro vida”, argumentó.

A juicio del profesor Gonzalo Bustamante, investigador de la Universidad Adolfo Ibáñez, el debate sobre el aborto en Chile se caracteriza por una desmesurada retórica y “por la inconmensurabilidad de las posiciones que se confrontan”.

En defensa de su legalidad, reflexionó: las tasas de abortos y de muerte materna son mayores en los países donde la interrupción del embarazo no es legal. Estar alarmado por el aborto y no estarlo por la desigualdad económica, la falta de oportunidades y además ser contrario al desarrollo de políticas anticonceptivas, es una contradicción intrínseca.

No podemos seguir siendo ciegos como sociedad ante la creciente realización de abortos clandestinos, practicados especialmente por mujeres de escasos recursos, sin posibilidad de acceder a una atención privada, donde el cambio de nombre en la operación les permite quedar libre de la condena social y de las acciones legales, aseveró.

Chile es de los pocos países en el mundo donde la interrupción del embarazo está penalizada en toda circunstancia.

De hecho, el aborto terapéutico existió en el país desde 1931 hasta 1989, cuando la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) lo derogó y decretó su total prohibición, lo que se ha mantenido invariable hasta la fecha.

En las últimas dos décadas, diversos organismos internacionales han instado al país suramericano a revisar tal legislación punitiva y a abrir cauce por lo menos a situaciones donde esté en riesgo la vida de la madre, así como frente a embarazos resultados de violación o incesto.

Lo han sugerido el Comité de Derechos Humanos, 2007 y 1999; el Comité de Derechos del Niño, 2007; Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2006 y 1999; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2004; y Comité contra la Tortura, 2004.

PAÍS CONSERVADOR

La cultura machista afecta todos los ámbitos de la vida social en Chile.

Confrontamos una institucionalidad que, en lo económico, social, político y cultural sustenta el sistema patriarcal y lo promueve desde el Estado, las iglesias y los medios de comunicación, señaló una declaración de la Coordinadora Femenina de Chile a raíz del Día Internacional de la Mujer.

Integran esa colectividad casi un centenar de organizaciones sociales, entre ellas Articulación Feminista por la Libertad, Movimiento pro Emancipación de la Mujer, Observatorio de Equidad de Género, Mujeres Inmigrantes y Programa Palabra de Mujer.

También emblemáticas agrupaciones defensoras de los derechos humanos en Chile como la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Asimismo colectividades sindicales y vecinales, entre otras.

En las últimas décadas, todos los gobiernos han sepultado nuestras demandas históricas, subrayaron en un comunicado público las mujeres chilenas.

¿La salida ante tal crisis de representación y de institucionalidad? La visualizan únicamente en un poder popular constituyente, donde emerja una nueva Constitución, libertaria y garante de los derechos de todas y todos.

Sobre el tema del aborto en particular, la Coordinadora Femenina de Chile enfatizó: “Ya va siendo hora que el Estado asuma su carácter laico, que respete nuestras decisiones sobre continuar o no un embarazo, o con quien formamos familia, y que garantice que esta libertad sea ejercida por todas, en igualdad y sin discriminación”.

A juicio del cientista político Pablo Andrés González, Chile evidentemente está entre los países más conservadores del mundo en cuanto a sus leyes; aunque no así en costumbres. “Batimos el récord de la hipocresía”, afirma.

Lo cierto es que las leyes que prohíben todo aborto niegan a las mujeres la más básica facultad humana de la autodeterminación, coinciden analistas.

La maternidad, resultado de la libre decisión de quien la lleva, puede ser una experiencia maravillosa. A nadie le caben dudas; a las chilenas tampoco.

*Corresponsal de Prensa Latina en Chile.

arb/tp

Fuente: www.prensa-latina.cu

Source: Abril 2012

Guerra cultural por el aborto

Guerra cultural por el aborto

La píldora anticonceptiva se empezó a comercializar en Estados Unidos en 1961. Nueve años después, un congresista republicano de Tejas defendía que el Gobierno federal debía subvencionar su coste a las mujeres sin recursos.

 

“Debemos extraer todo sensacionalismo de este asunto para que no pueda ser utilizado por militantes sin conocimiento suficiente sobre la naturaleza de este programa y que lo utilizan como una plataforma política”. Hablaba George H. W. Bush y, poco más tarde, el presidente republicano Richard Nixon firmaría la ley.

 

Han pasado casi 40 años y Estados Unidos vive una “guerra de culturas” que enfrenta a demócratas y republicanos, a mujeres y grupos religiosos, a progresistas y conservadores, en torno al aborto y la contracepción. El debate, lejos de estar enterrado, ha recobrado fuerza gracias a una avalancha de leyes que restringen el acceso a la interrupción del embarazo en términos de libertad religiosa. El bando contrario defiende ampliar la cobertura sanitaria de manera que más mujeres tengan acceso a métodos anticonceptivos y pruebas médicas. Y en el último vértice del triángulo quedan millones de mujeres cuya salud sexual y reproductiva depende de normativas que limitan derechos adquiridos hace mucho tiempo.

Legalizado en 1973, el aborto ha estado presente en todas y cada una de las citas electorales norteamericanas. Pero desde 2009 las manifestaciones de rechazo se han radicalizado especialmente gracias al ascenso del Tea Party y la campaña electoral para las elecciones legislativas del año después. La victoria del Partido Republicano ayudó a abrir el camino a nuevas normativas y en 2011 se batió el récord de leyes estatales que limitaban el derecho al aborto. Por primera vez, 15 Estados contaban con una cámara legislativa y un gobernador que rechazaban abiertamente la interrupción del embarazo. “El debate ha dado a los republicanos la oportunidad de hablar de algo que no sea la economía, justo cuando una pequeña mejora empieza a aliviar a Obama”, dice Jessica Arons, directora del Programa de Salud y Derechos de la Mujer del Center for American Progress.

Algunos Estados han intentado dar personalidad jurídica al cigoto

Durante los últimos 18 meses, EE UU ha discutido desde el momento en que el feto puede ser considerado una persona hasta cómo alejar a las mujeres de la posibilidad de abortar. Los ciudadanos de Colorado rechazaron una ley por la que una mujer embarazada hubiera sido considerada como dos personas desde el momento de la fertilización. Aquella legislación, que convertía a un cigoto en una persona legal, también hubiera prohibido numerosos métodos anticonceptivos empleados como tratamiento médico. Misisipi intentó aprobar la ley que fracasó en Colorado, con el mismo éxito, en 2010, por lo que diversos Estados optaron por una estrategia diferente: la disuasión. Desde Tejas hasta Virginia, más de 20 Estados exigen a las mujeres someterse a una ecografía antes de abortar.

En Tejas, la ley obliga además a recibir una descripción del feto por parte del médico, que explicará su tamaño y si ha desarrollado las extremidades, así como escuchar el latido de su corazón. Solo aquellas mujeres que puedan certificar que han sido víctimas de una violación o incesto, o en el caso de que el feto sufra malformaciones, estarán exentas de oír la descripción. En Utah, el gobernador republicano firmó una ley que obliga a las mujeres a esperar 72 horas para abortar desde el momento en que el procedimiento es aprobado por un médico. En Dakota del Sur, una ley similar está paralizada por los tribunales. Y en Tenessee, apenas dos días después de que se aprobaran nuevas restricciones en Utah, anunciaban un proyecto de ley que haría públicos los nombres de los doctores que practiquen abortos.

“Lo que estamos viendo es que la derecha más radical ha utilizado a las mujeres como vía de escape porque no tienen ni idea de qué hacer para solucionar la situación económica ni cómo crear empleo”, dice Erin Matson, vicepresidenta de la Organización Nacional de Mujeres, en Washington. “Han decidido recurrir a los derechos de las mujeres, eliminándolos, y así atraer a un tipo de votante conservador”.

La libertad religiosa es esgrimida para promover leyes más restrictivas

El congreso estatal de Virginia, de mayoría republicana, estudió hace unas semanas una ley que requeriría a todas las mujeres que quieran abortar someterse antes a una ecografía transvaginal, siempre que una externa no pueda producir una imagen clara del feto. Los demócratas preguntaron si obligar al médico a realizar esta prueba sin el consentimiento de la paciente equivale a exigirle que cometa un delito, ya que algunos Estados equiparan la introducción de un objeto en la vagina contra la voluntad de la mujer como una violación. El gobernador -un republicano en la lista de candidatos a la vicepresidencia- no quiso arriesgarse y obligó a retirar esta condición del proyecto de ley. Virginia aprobó finalmente una de las 24 leyes estatales que obligan a las mujeres a someterse a una ecografía antes de abortar.

Matson considera que tanto el debate actual como el endurecimiento de las leyes, con más de 92 enmiendas a regulaciones estatales del aborto, era totalmente innecesario. Pero lejos de apagarse, la polémica puede conseguir que Obama y el candidato republicano acaben debatiendo en televisión, dentro de siete meses, sobre aborto, anticonceptivos y la familia norteamericana. “Lo más sorprendente es la intensidad de los ataques que hemos escuchado. Están poniendo en duda abiertamente la necesidad de garantizar el acceso a métodos anticonceptivos”, comenta.

El debate sobre el aborto y el acceso a métodos anticonceptivos ha inspirado todo tipo de declaraciones desde su intensificación hace unas semanas. El multimillonario conservador Foster Friess sugirió recuperar el método anticonceptivo que “usaban” las mujeres en su época: “Sujetaban una aspirina entre las rodillas y no era tan caro”, afirmó a la cadena MSNBC. Durante el debate sobre la ley del Estado de Virginia que hubiera impuesto una ecografía transvaginal como condición previa al aborto, el delegado Todd Gilbert alegó en defensa de la legislación que “las mujeres ya habían consentido ser penetradas cuando se quedaron embarazadas”.

“Desde los 80 ha servido como un instrumento para atraer a todos aquellos que están en contra de la independencia de la mujer y de su acceso al mundo laboral. El aborto es un catalizador para ellos”, dice Arons.

Utah quiere publicar los nombres de los médicos abortistas

Una de las víctimas de los ataques del Partido Republicano ha sido Planned Parenthood, una organización que los conservadores han intentado retratar como el refugio donde miles de mujeres obtienen abortos y anticonceptivos pagados por todos los estadounidenses, algo que está prohibido en EE UU. El objetivo es retirar toda la financiación pública de esta institución, el mayor proveedor de cuidados médicos de todo el país para ciudadanos sin seguro. Pero la realidad es diferente: los abortos y los anticonceptivos, financiados con donaciones privadas, suponen apenas un tercio del trabajo que realiza esta ONG, que también ofrece pruebas médicas para detectar el cáncer de mama y de testículos, enfermedades de transmisión sexual, tratamientos de menopausia y planificación familiar.

Planned Parenthood recibe desde hace más de 30 años numerosas donaciones de instituciones privadas como Susan G. Komen for the Cure, la mayor organización de EE UU en la lucha contra el cáncer y también la responsable de internacionalizar el símbolo del lazo rosa, en solidaridad con pacientes de cáncer de mama. El pasado mes de septiembre, el Congreso abrió una investigación a Planned Parenthood para determinar si utiliza fondos públicos para financiar abortos. Komen utilizaría después esa excusa para congelar las donaciones.

“¿Por estar a favor del aborto merezco morir?”. Es la pregunta que se hace Nikki Mackey, que con 30 años ha sobrevivido a un cáncer de mama. A las tres semanas de ser diagnosticada le practicaron una doble mastectomía. Era su única opción para sobrevivir. Sin seguro médico, Mackey tuvo que recurrir a Planned Parenthood. “Lo que están diciendo a las mujeres es que si no comparten su sistema de creencias, no merecen ser ayudadas”, explica Mackey. “No puedes limitarte a salvar sólo a aquellas mujeres que no creen en la interrupción del embarazo”.

Tejas obliga a las mujeres a oír el latido del corazón del feto

En protesta contra Komen, Mackey publicó una fotografía en la página de la organización en Facebook en la que aparecía con su torso desnudo. Fue eliminada a las pocas horas, cuando Komen ya sufría una avalancha de críticas y acusaciones en las redes sociales que duraría varios días. La respuesta ciudadana hablaba no sólo del posible error de la mayor asociación en la lucha contra el cáncer, sino también cómo habían intentado derribar uno de los pilares de la sanidad en el país, con un fiel respaldo popular. En una semana, Planned Parenthood ingresó cuatro veces más que lo que Komen donaba cada año, unos 800.000 dólares (600.000 euros). Entre los donantes había políticos como el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, que entregó 250.000 dólares de su bolsillo, poniendo en evidencia a una organización obligada a rectificar en cuatro días.

“La política no tiene lugar en el debate sobre la salud, todos los ciudadanos merecen ser atendidos”, afirma Mackey. “No volveré a colaborar con Komen. Solo imaginar que alguien pueda morir por esta enfermedad, en un momento en el que hay tantas personas sin seguro médico y que dependen de organizaciones como ésta… Se equivocaron completamente”.

“Todavía nos preguntamos por qué el Partido Republicano ha decidido que esto es un problema en este momento, estamos hablando de una crisis prefabricada”, comenta Matson. “Los métodos anticonceptivos son ampliamente aceptados por la población, sabemos que un 99% de las mujeres los han utilizado alguna vez a lo largo de sus vidas. Los políticos no se dan cuenta de que están alienando a un sector del electorado más independiente. Es un suicidio electoral”.

La experta en legislación sobre aborto recuerda que los conservadores han apostado por centrar el debate en un asunto que, más allá de la polémica, cuenta con amplio respaldo en la sociedad. Un 51% de los norteamericanos respalda la legalidad del aborto en cualquier circunstancia, mientras que un 26% considera que sólo es legal en determinadas condiciones, según una encuesta de Gallup. Por otro lado, el aborto y otros asuntos sociales como el matrimonio homosexual siguen siendo los temas que menos preocupan a los votantes de cara a noviembre de 2012.

Una clara mayoría apoya el derecho a interrumpir el embarazo

Sin embargo, tanto los candidatos republicanos como Obama han asumido importantes riesgos electorales en este terreno. El presidente, percibido como más favorable a los intereses de las mujeres, se jugó el importante voto católico al anunciar que obligaría a las empresas y organizaciones religiosas a ofrecer a sus empleadas seguros que cubran el coste de los anticonceptivos. La página We The People, donde los ciudadanos hacen peticiones públicas a la Casa Blanca, recogió en pocos días casi 50.000 firmas relacionadas con la polémica. La solicitud para que Obama eliminara este mandato superó las 29.000 firmas, mientras que otra petición para que el presidente se mantenga firme cuenta con casi 23.000 apoyos.

Las organizaciones católicas argumentaron que la exigencia inicial violaba su libertad de expresión, a pesar de que 28 Estados ya cuentan con esta legislación. El 65% del electorado respaldaba la idea del presidente y, entre los católicos, el 58% está de acuerdo. El porcentaje asciende al 55% de la población general, el 62% de las mujeres, el 65% de los jóvenes entre 18 y 29 años y el 73% de los demócratas. Aún así, Obama corrigió su postura para exigir a las compañías de seguros médicos, y no a las empresas, que cubran esos gastos, por lo que crea una cobertura prácticamente universal de anticonceptivos en EE UU. El presidente afirmó entonces que “las iglesias realizan muchas veces una mejor labor de ayuda a las comunidades que lo que nunca podría hacer el Gobierno”, pero también enfatizó que “la salud de las mujeres nunca debería depender de quienes son, para quién trabajan o cuánto dinero ganan”.

Obama logró que instituciones tan influyentes como la Asociación Católica de Salud, la Universidad de Notre Dame y la Asociación de Colegios y Universidades Jesuitas le respalden, aunque siete Estados preparan una demanda porque consideran que el mandato viola su libertad religiosa.

Algunos creen que este debate oculta la falta de respuestas ante la crisis

En el bloque de candidatos republicanos, todos han blandido el argumento religioso como una de sus bazas para derrotar al presidente demócrata, al que acusan de ser “la mayor amenaza” contra la libertad religiosa de los norteamericanos y advierten, como hizo el senador por el estado de Florida Marco Rubio, que “los derechos constitucionales seguirán bajo acecho mientras el Gobierno esté a cargo de la atención sanitaria”. En otras ocasiones, los aspirantes han radicalizado sus posturas en lo que parece una competición para encontrar al político más conservador de los cuatro. Mitt Romney ha abandonado su defensa del aborto para rechazarlo; Rick Santorum, que acaba de retirar su candidatura, defendió que incluso las víctimas de una violación deben dar a luz a sus bebés porque siguen siendo “regalos de Dios”, independientemente de las circunstancias en que fueran concebidos.

Como resultado, el voto femenino se ha ido alejando de estos candidatos. El 40% de los votantes declaró en una encuesta de Public Policy Polling que no votarían a Mitt Romney porque había prometido eliminar la cobertura gratuita de anticonceptivos para mujeres. En el caso del electorado católico, el 46% también dejaría de votar por Romney, frente a un 28% que sí votaría por él por la misma razón. Solo entre las mujeres, el exgobernador ha perdido 18 puntos desde que pronunciara su oposición al aborto.

Para los expertos, el debate carece de sentido y habla de una falta de argumentos, sobre todo por parte de los políticos republicanos. Según Matson, “lo que quieren los votantes es que se hable de economía, de soluciones. Esta es una batalla bastante estúpida en la que invertir fuerzas”.

 

Fuente: www.elpais.com

Source: Abril 2012

Aborto e hipocresía

Aborto e hipocresía

En chile se reconoce que ocurren alrededor de 160.000 abortos al año y que aproximadamente 50.000 mujeres ingresan a los hospitales públicos por complicaciones de aborto, esto quiere decir que la sociedad tiene entre manos un problema muy serio.

Tal vez como ningún otro tema, el debate sobre el aborto desnuda los cinismos e hipocresías que atraviesan el Chile de hoy.

 

Por una parte, la sociedad penaliza la decisión individual de una mujer que interrumpe un embarazo no deseado, pero esta misma sociedad, que culpa, estigmatiza y castiga, no se hace cargo de la salud, la educación y las condiciones básicas de sobrevivencia de quienes viven en ella. Muchos rasgan vestiduras frente al aborto, pero guardan un cuidadoso silencio frente a una sociedad intrínsecamente abortiva.

En chile se reconoce que ocurren alrededor de 160.000 abortos al año y que aproximadamente 50.000 mujeres ingresan a los hospitales públicos por complicaciones de aborto, quiere decir que la sociedad tiene entre manos un problema muy serio, que no podemos hacer como si no existiera. Nuestra sociedad debe reconocer que tiene un problema agudo, que hay que afrontarlo, no punitivamente, sino buscando de qué manera disminuir su magnitud.

En Chile abortan las mujeres de todos los sectores sociales y también es un hecho que existen dos tipos de abortos, aquellos que bajo condiciones de secreto y culpa para las mujeres, son practicados en clínicas privadas, de alto costo y total seguridad. Y están aquellos de los sectores populares, los que se practican bajo condiciones de inseguridad total y en situaciones humillantes para las mujeres, donde se utilizan sondas, palillos, o ladrillos calientes y que significan un alto costo en vidas y recursos de la salud pública.

Es necesario profundizar en el conocimiento de esta realidad, incluyendo los complejos factores sociales, económicos y culturales que tienen incidencia, para poner en práctica las políticas y medidas que permitan  prevenir el problema.

Una política orientada a la prevención debe considerar que:

– El aborto no es un método deseado ni aceptado de planificación familiar, pero constituye un problema de salud pública que no puede ignorarse.

– En Chile el 40% de los embarazos terminan en aborto.

– En Chile ocurren aprox. 160.000 abortos al año, lo que demuestra que con penalizarlo no disminuye su incidencia.

– Se debe contar con programas de anticoncepción buenos y accesibles. Las mujeres tenemos derecho a decidir que método usar, no importando edad ni estado conyugal.

– Se debe tener una buena educación sexual desde que somos niñas/os, tanto en el hogar, como en los establecimientos educacionales.

– Hay que incorporar a los hombres en la responsabilidad de la sexualidad, reproducción y crianza.

Según la legislación vigente, la cultura oficial imperante y sus defensores, las miles de mujeres que anualmente abortan, vendrían a ser asesinas, acreedoras de las penas del infierno y de la tierra.

Resulta irritante que al momento de intentar “abrir el debate”  sobre este tema, las voces que más se escuchen sean de las instituciones patriarcales y oficiales, compuestas mayoritariamente por hombres, como las iglesias,  y aún resulta  mas paradójico observar que quienes con más fuerza se levantan en cruzadas pro vida, denostando a quienes propugnamos el derecho de las mujeres a   decidir ser madres,  sean quienes casi con igual fuerza han dado sustento político y moral y han sido cómplices a gobiernos que asesinaron e hicieron desaparecer a miles de mujeres y hombres  en nuestro país.

¿Qué explicación dan a esa hipocresía?

El planteamiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres difícilmente podrá ser entendido por quienes jamás se han ocupado en serio de la ampliación de los otros derechos sociales.  La frase simplona que reduce y condena, el gesto vacío de ciertos personajes e instituciones que no se hacen cargo de mirar el problema en profundidad, no dan cuenta de la realidad cotidiana que vivimos las mujeres en Chile.

Sólo ampliando el horizonte de todas las libertades y derechos humanos, haciendo realidad la promesa de vida justa, donde ningún embarazo sea el resultado de la desinformación, la violación, las carencias y el miedo: solo así se garantizará la disminución del número de abortos que tienen lugar en nuestro país.

 

 

Fuente: www.elrepuertero.cl

Source: Abril 2012

Debate sobre el aborto

Debate sobre el aborto

Dos muletillas se han instalado peligrosamente en el discurso sobre la despenalización del aborto.La primera atañe a la dificultad que implica la despenalización. Podría estar de acuerdo si la única escenografía fuera la despenalización en sí misma y no como respuesta a una situación sumamente compleja.

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La propuesta de la despenalización implica entre otras cosas que la sociedad, en su conjunto, acepte que en el dilema entre los derechos de la mujer y los derechos del embrión prevalezcan los derechos de la mujer.

Sin duda es una situación dilemática dado que, como dicen los que pertenecen a la corriente de pensamiento “pro vida”, en el dilema del aborto no hay una vida en juego, sino dos. Para los “pro elección” también hay un reconocimiento y una distinción por la vida humana pero con un valor incremental donde se jerarquiza a la persona que está en condiciones de decidir.

El otro aspecto que habla de una dificultad es que una vez despenalizado, la cara del aborto no estará enmascarada en la clandestinidad sino que habrá guías, asesoramiento, ayuda emocional, y provisión de métodos para la planificación familiar. Sobre esta misma línea, al despenalizar no hablaremos más de 400 mil, 500 mil o 600 mil abortos de manera errática, sino que a los abortos los contaremos de a uno por uno. Cuantos más tengamos, más acciones deberemos tener en favor de la disminución del embarazo no deseado. Si la despenalización es una dificultad, la no despenalización ¿es una simpleza? Tener un número inaceptable de abortos, sabiendo que los países que lo han despenalizado tienen de dos a tres veces menor cantidad de abortos, ¿no es una dificultad? Obligar a las mujeres a recurrir a la clandestinidad, a ser anónimas, a tener que pagar, a no recibir asesoramiento alguno, enfermar o morir, ¿no es una dificultad? Que las mujeres con dinero por el dinero mismo puedan acceder a una interrupción razonablemente segura, mientras que las mujeres pobres se enfrenten a una práctica altamente peligrosa, ¿no es una dificultad? Las dificultades se ven distintas de acuerdo con el ojo que esté mirando. Curiosamente pareciera que es más sencillo y menos doloroso mirar en la clandestinidad que aceptar la nitidez que muestra la luz.

Hay que debatir…

Continuamente nos invitan a debatir y algunos incautos creen que las cosas cambiarán porque hemos empezado a debatir. Personalmente llevo no menos de treinta años provocando y participando del debate: lo he hecho en mis entornos particulares, en los hospitales, en las sociedades científicas, en las universidades, en los medios de comunicación masiva, dentro y fuera del país. Siempre a favor de la despenalización y escuchando respetuosamente a los que, en cambio, están en contra. Después de tantos años los discursos son reiterados, repetitivos, siempre con los mismos dilemas. Hace rato que no escucho nada nuevo en los debates. Las cartas a juicio de los que hablamos ya están echadas. Ahora faltan las acciones.

Por ello estoy empezando a creer que la tan mentada dificultad y el tan mentado llamado a debatir empiezan a mostrarse como una estrategia tendiente a dilatar los tiempos y evitar comprometerse en persona con las necesidades de la gente.

* Médico tocoginecólogo (Hospital Italiano).

Opinión

“Un gran paso, pero primer paso”

Natalia Gherardi y Josefina Durán *

La sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el día 13 de marzo de 2012 en el caso “F. A. L. s/ Medida autosatisfactiva” estableció que las mujeres con un embarazo producto de violencia sexual se encuentran constitucionalmente protegidas para realizar abortos en los términos del artículo 86 del Código Penal de la Nación.

Con esta decisión se clausura el debate referido a si los abortos no punibles, admitidos por nuestra legislación desde el año 1922, eran incompatibles con la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos. Con el objetivo de evitar futuras frustraciones de derecho en casos análogos, la Corte aclara que en todo caso de violación, según el principio de reserva consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional, no son necesarias la denuncia penal, la intervención de más de un profesional de la salud ni la autorización judicial de un magistrado. Por otra parte se deja en claro que obstaculizar la práctica de los abortos no punibles es un acto ilegal porque implica una barrera al acceso a servicios de salud, y por lo tanto acarrea responsabilidad tanto para los médicos como para los magistrados que se excedan en sus funciones y debe ser sancionado por el Estado argentino.

Receptando una correcta interpretación del artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional y de diversos artículos contenidos en los Tratados de Derechos Humanos (específicamente en la Declaración Americana de Derechos Humanos; Convención Americana de Derechos Humanos; Declaración Universal de Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos así como la Convención de Derechos del Niño) nuestro máximo tribunal refuta todos los argumentos que falazmente sostenían que existía un derecho a la vida en titularidad de la persona por nacer que impediría la permisión de la realización de abortos en nuestro país. Por el contrario, la Corte indica que existen otras cláusulas de igual jerarquía así como principios básicos de hermenéutica establecidos en la jurisprudencia del Tribunal que obligan a interpretar el artículo 86 con el alcance amplio que establece esta sentencia.

Por último, pero no por ello menos importante, queremos destacar la exhortación que realiza la Corte a todos los niveles de gobierno y a todos los poderes estatales para que tornen operativa la decisión judicial, garantizando el acceso y la exigibilidad del derecho consagrado a las mujeres que requieran la interrupción del embarazo en los términos del artículo 86 del Código Penal.

Sin duda alguna esta decisión judicial representa un gran paso en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Asumiendo con valentía el rol que le tocaba cumplir, la Corte ha cristalizado constitucionalmente los argumentos de derecho internacional que otorgan autonomía a las mujeres.

Sin embargo, esta sentencia representa el primer paso en la conquista de derechos que reconocen la dignidad y libertad femeninas en cuanto a las decisiones sexuales y (no) reproductivas. Esperamos que habiendo establecido la Corte que el Estado argentino no tiene la obligación constitucional de penar el aborto, esto se presente como el puntapié inicial que permita el debate y posterior legalización de la interrupción voluntaria del embarazo para todas las niñas, adolescentes y mujeres que habitan nuestro país.

* Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

Opinión

“Deben actuar acorde a la ley”

Martha Rosenberg *

El fallo de la Corte Suprema de Justicia del día 13-03-12, que –reconocida su abstracción– recae sobre todos los abortos no punibles (ANP), viene a zanjar el intento de fundamentar en la Constitución el incumplimiento del art. 86 del CPN, sobre los responsables de implementar las excepciones legales y garantizar el derecho al ANP a mujeres y niñas violadas que se niegan a gestar un hijo de su violador. Realiza una operación discursiva de gran eficacia: permite leer algunos embarazos como lesión de la integridad corporal de la mujer, causada por un delito. Esta suele ser la lectura de las propias damnificadas. Aborda desde este punto de vista el problema ético del aborto no punible, cuando en las monsergas piadosas se prioriza el valor del llamado “niño por nacer”, supuesto ante cualquier embarazo independientemente de la voluntad y el deseo de la mujer fecunda. El “niño que nacería” si la mujer deseara y pudiera –material y espiritualmente– alojarlo, monopoliza “la vida” y expulsa de su reino a la mujer o niña que lo gesta: es una cáscara.

El fallo deconstruye el sentido unívoco y sacralizado del embarazo. Lo sitúa en el espacio de la significación por la mujer o niña. Cuando es fruto del abuso y el sometimiento violento, dice la ley, el Estado debe garantizar el derecho a poner fin a dicha violencia mediante la interrupción de ese embarazo, que guarda continuidad con el delito y su eficacia lesiva de los derechos humanos de la víctima. La decisión de abortar restituye la dignidad e integridad arrasadas. Adquiere el carácter reparador que yace bajo espesas capas geológicas de acusaciones de asesinato: el derecho al aborto (no punible) instituye la dignidad de la mujer que la violación ha destruido.

No puede atribuírsele de oficio el carácter de persona a aquello que corporiza el triunfo del voto de muerte del violador sobre la violada, la imposición del residuo de su goce a un cuerpo que queda sometido a las leyes biológicas y despojado de su humanidad. La animalada como origen de la filiación, exige el sacrificio, la hazaña de hacer de “eso”, fruto eyaculado por el odio cosificante del violador, un ser humano. Destinar un embarazo al nacimiento es la obra del trabajo deseante de la mujer que así le da humanidad singular a eso que prolifera en ella. Da la vida a alguien. Distingue una persona de un proceso biológico impersonal de la especie. Otra cosa es que la desalojen de su privilegio de donante de la condición humana universal: nacer, separarse, agregando valor simbólico a lo que se produjo en la relación carnal.

El fallo, haciéndose portavoz de una sociedad que clama para que el Estado se responsabilice de hacer cumplir la ley, de implementar políticas para proteger los derechos humanos de las mujeres y monitorearlas para que se hagan efectivas, se dirige a un gobierno nacional sordo y mudo. Dos ministros (Manzur y Alak) sólo se hacen cargo del ninguneo ventrílocuo de este tema en la agenda presidencial. El ministro Manzur debería anunciar una política acorde al fallo, o renunciar si es impotente para mantener las prácticas del sistema público de salud acordes a la ley y el respeto de las convenciones de derechos humanos de las mujeres y niñas. O responder por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

* Psicoanalista, integrante del Foro por los Derechos Reproductivos y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

 

Fuente: Página 12

Source: Abril 2012

Argentina: Tucumán es la 11ª provincia en acatar el fallo de la Corte de aborto no punible

Argentina: Tucumán es la 11ª provincia en acatar el fallo de la Corte de aborto no punible

El gobierno obedecerá la decisión del máximo tribunal dictada un mes atrás. Alperovich señaló que pese a que “está a favor de la vida” no puede “desobedecer a la Justicia”.

“Tucumán acatará el fallo a favor del aborto”, sostuvo el mandatario esta mañana tras un acto en el que visitó obras viales en la localidad de Yerba Buena.

Alperovich aclaró que si bien su “gobierno está a favor de la vida” tendrá que “apoyar el fallo judicial”. “No podemos desobedecer a la Justicia; si lo hiciéramos, viviríamos en una anarquía”, advirtió el mandatario, cuya esposa, Beatriz Rojkes, es la vicepresidente segunda del Senado.

Al analizar el fallo del 13 de marzo último, en base a la apelación de un caso de una joven de Chubut, el gobernador señaló que “la Corte dijo que si es por violación o porque la madre puede perder la vida, la Justicia avala el aborto”.

“Todos los argentinos debemos aceptar esa decisión que es bastante clara en estos dos casos”, añadió el mandatario. Alperovich se refirió así a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ratificó que no eran punibles según el artículo 86 del Código Civil los abortos a víctimas de violación.

En su fallo, la Corte también exhortó a las autoridades de todo el país a implementar protocolos médicos para la atención de esos casos y campañas de información para “remover las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos”.

De esta forma, Tucumán se suma a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Tierra del Fuego, La Rioja, Neuquén, Santiago del Estero, Misiones, Catamarca y Chubut en adherir al fallo del máximo tribunal de Justicia.

En tanto, permanecen aún sin definirse San Juan, Formosa, Chaco, Jujuy, San Luis, Entre Ríos, Santa Cruz, Corrientes, Santa Fe y Río Negro. Por su parte, Salta y Mendoza ya anunciaron que no acatarán la decisión.

Fuente: www.infobae.com

Source: Abril 2012

El Salvador: Derechos sexuales y reproductivos deben garantizarse

El Salvador: Derechos sexuales y reproductivos deben garantizarse

El sistema educativo y de salud, deberán realizar  esfuerzos sistemáticos para implementar programas de educación sexual que orienten a la población sobre el marco legal de sus prerrogativas, explicó Yolanda Guirola, de la Alianza para la Salud Sexual y Reproductiva en El Salvador

Guirola, consultora del informe: “situación de cumplimiento de algunos compromisos  internacionales adquiridos por el Estado salvadoreño”, consideró “derechos sexuales igual a derechos humanos”.

Asimismo, recordó que las autoridades gubernamentales están en la responsabilidad de asumir los tres niveles de obligación en cuanto a Tratados o Convenios ratificados: “respetarlos, protegerlos y cumplirlos”, señaló.

La participación del Ministerio de Educación y Salud, así como, otras entidades gubernamentales o autónomas, podrían consolidar la ejecución de campañas integrales, evitando la dualidad de tareas o lo esporádico en la continuidad que demandan.

“Otras de las deudas pendientes y  que se ha suscrito, se refiere a todo lo que es el respeto al derecho de la mujer, a poder decidir el número de hijos e hijas que desean tener, que está referido a la Convención de Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, este es un instrumento de derechos de mujeres, ratificado en 1981”, reiteró.

Para la consultora, hay muchas áreas en cuanto a derechos sexuales y reproductivos en la vida de los salvadoreños y salvadoreñas, que no han sido respetados en su integridad, como mandan las convenciones internacionales.

“El Estado salvadoreño está comprometido a respetar la diversidad sexual; a eliminar el acoso a mujeres  u hombres, pero actualmente esto es lo cotidiano en el aspecto laboral y educativo, entonces hay algunas deudas pendientes que deben ser atendidas”, afirmó.

Otra deuda pendiente agregó  Guirola, es el relacionado a la penalización del aborto, que no reconoce el aborto terapeútico por el peligro de la salud de la madre  o por violación.
“No les importó la eliminación sobre las situaciones excepcionales del aborto que contempladas en el Código Penal (1998), sin que se haya superado para una nueva legislación, existe una  realidad que demuestra que las mujeres mueren todos los días por causa de abortos clandestinos”, acotó.

La Alianza para la Salud Sexual y Reproductiva en El Salvador, fundada en 2002,  tiene como objetivo promover el respeto a los derechos sexuales y reproductivos con equidad de género, informó Xiomara Rodríguez.

“Nuestro mayor esfuerzo está concentrado en incidir a nivel nacional, en la formulación de políticas públicas y en la revisión del marco general de los derechos sexuales y reproductivos”, concluyó

Source: Abril 2012