“Apoyo la despenalización del aborto en casos de violación”

“Apoyo la despenalización del aborto en casos de violación”

Así lo sostuvo la especialista en Medicina Reproductiva de nuestra localidad en diálogo con EL DEBATE Multimedios, acerca del polémico proyecto que propone despenalizar el aborto. Y usted lector, ¿qué piensa sobre este tema?

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentó días pasados en la Cámara de Diputados, por cuarta vez en cinco años, el proyecto de ley para despenalizar la práctica que, en esta oportunidad, fue avalado con la firma de 47 legisladores pertenecientes al Bloque del Frente para la Victoria y a distintos partidos del arco opositor.

Cabe destacar que la iniciativa establece que “toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional” y acceder para ejecutarlo a los servicios del sistema de salud. Fuera del plazo límite antes mencionado, el proyecto indica que la mujer podrá decidir abortar en caso que el embarazo sea producto de violación acreditada, si su vida estuviese en riesgo o existieran malformaciones fetales graves.
Opinión profesional

La Dra. Irene Dall’ Agnoletta es especialista en Medicina Reproductiva y desde hace mucho tiempo ayuda a aquellas personas que no pueden concebir un hijo. En diálogo con EL DEBATE, la profesional expresó su postura respecto al tema planteado. “Me parece que desde el punto de vista mío, me niego a apoyar este proyecto ya que yo estoy a favor de la vida. Siempre e incluso yo trabajo a favor de ella. Tenemos que pensar que todo embarazo debe ser producto del amor y si hubo una violación antes quiere decir que no hay amor en ese ámbito ya que hubo una violación de género; entonces en estos puntos sí apoyo el proyecto”, recalcó.
Asimismo, la especialista hizo hincapié en la importancia de la educación sexual.
“Es súper importante porque las adolescentes tienen que saber de su aparato reproductor así como saben de sus riñones, cuanto más sabe más herramientas tiene para defenderse y actuar en el mundo” expresó y luego aclaró: “El Gobierno ya está trabajando en esto porque hay un programa de procreación responsable. El tema es que muchas veces la madurez de esos adolescentes no es la apropiada, debido a que piensan que en la adolescencia nada les va a pasar, que pueden hacer lo que quieren, hasta que pasan estas cosas. Entonces siempre es importantísima la información de Zárate, de los educadores, profesionales, y padres”. En este sentido manifestó que el acompañamiento de la familia es necesario. “Si la información adecuada se la puede transmitir una madre, mucho mejor. El problema es que ambas partes se puedan llevar bien porque muchas veces la relación entre ambas no es buena; por lo tanto acuden en muchas ocasiones a las consultas de amigas que no son del todas buenas. Entonces siempre es necesario el acompañamiento de la familia para cuidar a sus hijas y prevenir un embarazo riesgoso”, concluyó la Dra. Irene Dall’ Agnoletta.

Fuente: www.eldebate.com.ar

Source: Marzo 2012

El aborto sigue presente en la agenda pública

El aborto sigue presente en la agenda pública

Mientras algunos gobernadores anuncian que no aplicarán en sus provincias el fallo de la Corte Suprema sobre los abortos no punibles, 53 diputados nacionales presentaron un proyecto de ley para la despenalización del aborto.

IRINA SANTESTEBAN
El primero en tomar una actitud de abierto desafío al fallo de la Corte Suprema sobre el aborto no punible en las mujeres embarazadas que sufrieron una violación fue el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien dijo que en su provincia sólo se practicarán los abortos no punibles “si la mujer que lo solicita tiene una autorización firmada por un juez”.

Urtubey es un gobernador de conocidas posiciones conservadoras, al punto que en su provincia no se aplica la ley de procreación responsable y se dicta el catecismo en las escuelas públicas como materia obligatoria.
La ex diputada nacional Diana Maffia fue de las múltiples voces que se levantaron contra estas declaraciones y dijo que si Salta tomaba esa posición, se estaba transformando en un “Estado talibán”, al imponer a las mujeres sus creencias religiosas, por encima del cumplimiento de las normas legales.

Marco legal.
El gobernador mendocino, Francisco Pérez, dijo que su provincia “tiene su propio marco legal que debe respetar”. Semejante afirmación revela cómo las convicciones religiosas pueden nublar el entendimiento de cualquier persona, incluso de quien tiene la responsabilidad de gobernar una provincia. En materia penal, no existe legislación provincial, por lo tanto el gobernador Pérez no puede decir que Mendoza tiene “su propio marco legal”. La legislación de fondo, en este caso el Código Penal, por mandato constitucional corresponde a la Nación, y las provincias sólo pueden regular los procedimientos.
Por lo tanto, en materia de abortos no punibles, rige el artículo 86 del Código Penal, pero como para su aplicación había un criterio “restrictivo”, pues los médicos no practican los abortos si previamente no hay autorización judicial, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque se dictó para un caso concreto, tiene alcances que van más allá del mismo.
Si la Corte hubiera querido sólo fallar para el caso concreto, habría tenido que dictaminar que el mismo había devenido abstracto, pues la niña de Chubut ya había sido intervenida y su embarazo interrumpido, atento la autorización que le había otorgado el Tribunal Superior de Justicia de esa provincia.

Interpretación.
Pero tanto el fallo de la Corte como las palabras de su presidente, el juez Ricardo Lorenzetti, muestran claramente que la intención del máximo tribunal de justicia de nuestro país ha sido la de dictar una sentencia que fije cómo debe interpretarse el artículo 86 del Código Penal de aquí en adelante.
La aplicación restrictiva de los médicos de los hospitales públicos, al exigir una autorización judicial para el caso de los abortos no punibles, fue lo que obligó a la Corte Suprema a dictar el fallo que algunos gobernadores están cuestionando.
Además, el protocolo o Guía para Abortos no Punibles del Ministerio de Salud de la Nación, redactado hace ya varios años pero resistido en varias provincias, es también muy claro al respecto.

Sentido de la norma.
Dijo Pérez que en su provincia “rigen las leyes y no los fallos jurisprudenciales”. Pero en el caso de los abortos no punibles la ley es el artículo 86, cuya interpretación, para el gobernador mendocino, establecería que para poder practicarlo el médico debe contar con autorización judicial. Sin embargo, esa norma no dice en su texto que deba requerirse dicha autorización, y por si fuera poco, ahora la Corte Suprema de Justicia ha ratificado el sentido de dicha norma, al establecer que su aplicación no puede ser “restrictiva”, sino que debe entenderse que cualquier mujer violada puede solicitar la interrupción de su embarazo, y que ese aborto no es punible.
En Mendoza no existe protocolo para estos casos, entonces cabe preguntarse qué actitud tomarán los jueces mendocinos cuando alguna mujer solicite la autorización judicial para practicarse un aborto aduciendo que es fruto de una violación. ¿Actuarán con el mismo criterio “restrictivo” que ha criticado el fallo de la Corte, o aceptarán la orientación del mismo y las sensatas aclaraciones que luego formulara Lorenzetti?

“Caso puntual”.
Y quien no podía faltar en esta rebelión contra el fallo de la Corte Suprema es el gobierno pampeano, a través de su ministro de Salud, Mario González, quien repitió los argumentos del gobernador mendocino sobre que el fallo de la Corte es “sobre un caso puntual”, y que no tiene por qué ser acatado por La Pampa.
A pesar que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Lorenzetti, considerado uno de los juristas más prestigiosos del país e incluso reconocido a nivel internacional, expresó claramente que se esperaba que los gobiernos provinciales dictaran los protocolos correspondientes para que se aplique la doctrina elaborada en el fallo de marras, los asesores letrados del gobierno pampeano, según González, han aconsejado que el mismo “no afecta o direcciona las políticas de Estado”.
Y fue más allá, pues dijo que un poder del Estado (el Judicial) no puede condicionar a otro (el Ejecutivo). Y eso está bien, pero el ministro se refiere a políticas de salud sobre los abortos no punibles, figura jurídica definida en el artículo 86 del Código Penal, y que la Corte Suprema, el máximo intérprete de la Constitución Nacional y las leyes, ha establecido sus alcances, declarando expresamente que este tipo de abortos no necesita ninguna autorización judicial para practicarlos. Sin embargo, asesores anónimos y ministros de Salud que no son abogados, se creen por encima de la interpretación jurídica y fundada que ha hecho el máximo tribunal de nuestro país, con fundamento en la Constitución Nacional y los tratados de Derechos Humanos, que tienen fuerza legal en nuestro país.

Recaudos.
Según el fallo de la Corte Suprema, estos tratados no sólo no prohíben los abortos no punibles, sino que muy por el contrario, impiden castigar a cualquier víctima de una violación, en virtud de los principios de igualdad, dignidad de las personas y de legalidad.
El fallo señaló también la necesidad de que tanto en el ámbito nacional como en los provinciales, se extremen los recaudos para brindar a las víctimas de violencia sexual, en forma inmediata y expeditiva, la asistencia adecuada para resguardar su salud e integridad física, psíquica, sexual y reproductiva y el asesoramiento legal del caso. Y aconsejaron a los gobiernos nacional y provinciales, la implementación de campañas de información pública, con especial foco en los sectores vulnerables, para hacer conocer los derechos que asisten a las víctimas de violación, capacitándose a las autoridades sanitarias, policiales y educativas para que sean capaces de brindar orientación clara a toda víctima de violencia sexual.

Interrupción voluntaria.
Mientras algunos gobernadores tienen estas actitudes oscurantistas e incluso contrarias al ordenamiento legal vigente en nuestro país, 53 diputados nacionales suscribieron un proyecto de ley que permite la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, a cualquier mujer que así lo solicite.
Este proyecto, llamado Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), fue presentado el pasado 20 de marzo en el Congreso de la Nación, en la sala José Luis Cabezas de la Cámara de Diputados, en un acto que contó con la presencia de los diputados firmantes y militantes de organizaciones de mujeres, en particular de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito.
Es destacable que los diputados firmantes pertenecen a casi todos los bloques de los diferentes partidos y agrupaciones políticas, incluso del Frente para la Victoria, a pesar de la conocida posición de la presidenta Cristina Fernández, contraria a la despenalización del aborto.
Esta será la cuarta oportunidad en los últimos cinco años, en que la discusión sobre el aborto llegue al Congreso Nacional. En las ocasiones anteriores, las irreconciliables posiciones entre quienes sostienen la despenalización del aborto y los grupos que se oponen a ésta, frustraron la aprobación de esos proyectos.
Hasta que eso suceda, seguirán practicándose unos 600.000 abortos al año en la Argentina, según cifras estimativas de los servicios públicos de salud, y seguirán muriendo unas 300 mujeres por año, como consecuencia de esos abortos clandestinos.

Fuente:www.laarena.com.ar

Source: Marzo 2012

Argentina reforma el Código Civil: adopción, divorcio y aborto

Varios aspectos del Código Civil argentino fueron cambiados por el Congreso. El anteproyecto de reforma incluye entre otros temas contratos prenupciales, fertilización asistida y filiación. Si bien no se refiere expresamente al aborto, deja establecido que “existe una persona desde el momento de la concepción”.

La presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, recibió el anteproyecto de reforma del Código Civil y Penal unificado, que contempla aspectos de gran impacto social como la agilización de trámites de divorcio y adopción, fertilización asistida y acuerdo prenupcial.
“El Código vigente fue sancionado en el siglo XIX”, recordó Kirchner y enfatizó la necesidad de aggiornarlo a los nuevos desafíos que plantea la sociedad moderna y los avances científicos.

En el acto estuvo presente el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, quien encabezó la comisión responsable del anteproyecto.

“Es un trabajo que seguramente va a mejorar la calidad de vida de los argentinos” porque “nos abocamos a soluciones prácticas que permitan demoler las barreras que encuentran los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos”, expresó Lorenzetti.

Uno de los puntos más relevantes del trabajo, que debe ser aprobado por el Congreso, es declarar “incausado” el divorcio, eso es que no habrá que discutir ante el juez los motivos de la separación ni habrá que buscar culpables.

Además, la voluntad de uno de los miembros de la pareja bastará para disolver el vínculo.

Otro aspecto es que un matrimonio podrá optar por un régimen ganancial como el actual, que contempla bienes propios anteriores y bienes obtenidos durante la unión, o podrán firmar un acuerdo antes de casarse que establezca cómo se hará una eventual repartición de bienes.

CAMBIOS EN ADOPCIÓN Y FILIACIÓN

También está contemplada una creciente demanda social como la agilización y facilitación de la adopción de niños, ya que actualmente los trámites pueden prolongarse durante años.

Avanza además en la regulación de la filiación en casos en que se recurrió a técnicas de reproducción. Acepta la reproducción con material genético que pertenece a terceras personas, pero la filiación no se determinará por el dato genético, sino por la voluntad de la pareja.

El anteproyecto reitera el criterio de que existe una persona desde el momento de la concepción, en sintonía con la posición de la Iglesia, culto mayoritario en el país, en momentos en que fue presentado en el Congreso un proyecto de ley de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

A pesar de que la reforma no menciona al aborto, cuando el tema se trate nuevamente en el Congreso, la posición fijada en el Código Civil crea un precedente.

Kirchner, quien tiene una conocida posición antiabortista, admitió que hay cambios que incorpora la reforma que son controvertidos y que involucran cuestiones religiosas.

“No todos pueden vivir como pienso yo, que soy católica, o como vive otra persona que es judía o musulmana. Tenemos que tener instrumentos que le sirvan a todos los ciudadanos, cualquiera sea su Dios, o que no lo tenga”, afirmó.

El Poder Ejecutivo estima enviar en 30 días el proyecto de ley al Congreso y espera poder aprobarlo durante este año.

 

Source: Marzo 2012

Sí a la vida, al aborto y a la dignidad

Sí a la vida, al aborto y a la dignidad

Los manifestantes que protesten hoy contra la ley de reforma laboral podrán finalmente entrar en la Puerta del Sol gracias a los jueces, mientras que la derecha, con banderas anticonstitucionales, la utilizó, el sábado pasado, para negar el derecho al aborto y a la eutanasia.

 

Bajo el grito de “Sí a la Vida” tomaron desde buena mañana el centro de Madrid para dejar muy claro que están en contra del aborto y de la eutanasia. 

Me parece de un gran cinismo quererse apropiar de una afirmación que todos compartimos para atacar el derecho a una maternidad libre y a una muerte digna. Todos, absolutamente todos los ciudadanos, estamos a favor de la vida, pero de una vida digna.

Digna para los recién nacidos como para aquellas personas enfermas terminales  que  al final de su vida lo único que quieren es no sufrir, dormir y descansar. Y que una mujer cuando decida no seguir con su embarazo por razones económicas, psicológicas, sociales o de salud lo pueda hacer en las mejores condiciones, sin poner su vida en peligro y mucho menos acabando en la cárcel.

Y aquel que no esté de acuerdo con este derecho, simplemente que no lo ejerza. Me parece perfecto que los votantes del PP ni se divorcien, ni aborten, ni pidan la eutanasia. Lo que ocurre es que el cinismo, la hipocresía y la doble moral hace que, a escondidas, muchos de ellos y ellas ejerzan esos derechos.

Que hagan lo que quieran con sus vidas pero que  no agredan verbalmente e incluso a veces físicamente a los que defendemos nuestros derechos a cara descubierta.

Insisto, todos queremos una vida digna, de la misma forma que los manifestantes de hoy quieren también dignidad en sus trabajos o a la hora de recibir ayudas ya que se encuentran frente a un precariedad cada vez mayor.

Los empresarios españoles, eufóricos por la nueva ley de reforma laboral, han conseguido del Gobierno de Rajoy que sus empleados hayan perdido de la noche a la mañana unos derechos que han costado años de sudor y lágrimas, para convertirlos en los nuevos esclavos.

En estos momentos tienen sus vidas en sus manos, para bajarles el sueldo, despedirlos gratuitamente, desplazarlos a cualquier precio e incluso para insinuarles que el país no está para huelgas y que por lo tanto es mejor que hoy acudan a su puesto de trabajo.

Estas recomendaciones tipo Al Capone hace que resulte imprescindible salir a la calle a exigir una vida digna.

A decirle al gobierno de Rajoy que con nuestros impuestos queremos que funcionen los hospitales, las urgencias, la enseñanza pública, la ley de dependencia, las becas pero que no estamos dispuestos que vayan a los bolsillos de personajillos como Matas, Camps, Urdangarin, el responsable de los ERES andaluces o los asesores y familiares de cargos públicos.

Que resulta escalofriante que 300.000 familias españolas vivan de la pensión del abuelo o que tengamos que ver cómo Valencia, Canarias, Madrid y Baleares tienen unos servicios sanitarios y sociales muy deficientes, ocupando el “farolillo rojo europeo”.

Por lo tanto,  hoy también podremos nosotros entrar a la Puerta del Sol a gritar que queremos una  VIDA DIGNA.

Mercè Rivas Torres es periodista y analista político

 

Fuente: www.elplural.com

Source: Marzo 2012

Un fallo que abrió polémicas

Un fallo que abrió polémicas

El fallo de la Corte Suprema de la Nación, haciéndose eco parcial de los reclamos del movimiento de mujeres, deja claro que en los casos de embarazo por violación el aborto no es punible.

Incluso sin encarar el tema de fondo, que es el derecho al aborto en todos los casos, el reciente fallo exhorta a las provincias a aplicar los protocolos para que toda mujer que pida interrumpir un embarazo producto de una violación tenga derecho a hacerlo.

 

 

Ya existe una “guía” y un “protocolo” del Ministerio de Salud de la Nación, pero su aplicación desigual hace que las familias y los médicos actúen como puedan ante cada caso. A partir de ahora sólo se requiere una declaración jurada de la mujer ante los médicos.

Ante el fallo, la Iglesia repitió sus viejos dogmas ya superados socialmente.

El ministro de Salud de La Pampa, Mario González, aseguró que en su provincia no se acatará el fallo y que si una mujer violada pide a un hospital público la realización de un aborto deberá presentar autorización judicial.

Lo mismo hizo el gobernador K de Mendoza, Francisco Pérez: “No podemos declarar si se aplica o no cada fallo de la Corte. Los fallos son para un caso concreto. Lo que se aplica o no son las leyes”. Pérez desconoce algo elemental en derecho, que es la jurisprudencia obligatoria.

Otro fue el ministro de Salud de Corrientes, Julián Dindart: “Las adolescentes se embarazan porque tienen un recurso económico como premio por haber tenido un hijo”. El problema de fondo no es la Asignación Universal por Hijo, sino que el Estado garantice que cada mujer tenga acceso a educación sexual, métodos anticonceptivos y condiciones de vida dignas para decidir libremente si quiere o no seguir su embarazo.

Estos ministros y gobernadores, como otros que no hablan pero sostienen lo mismo, están incluso más atrás que el orden jurídico vigente. A partir del fallo de la Corte, el demorar o no realizar la interrupción legal de un embarazo es delito.

Pero este paso parcial no puede ser de ningún modo un techo, como intenta el gobierno kirchnerista. El derecho al aborto debe ser reconocido con un solo y único requisito: la decisión de cada mujer. Y el camino para conseguirlo es la movilización popular.

 

Fuente:www.mst.org.ar

Source: Marzo 2012

'No se es menos mujer por no ser madre, ni se es más inteligente por ser ministro'

'No se es menos mujer por no ser madre, ni se es más inteligente por ser ministro'

Patricia Hernández Gutiérrez, diputada socialista, ha sido la protagonista de la sesión de control al Gobierno al plantar cara al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y a su reforma de la Ley del aborto.

La diputada canaria ha preguntado al ministro ‘¿Cuántos casos tiene acreditados el Gobierno de la violencia estructural sobre las mujeres referida por el Gobierno?’ ya ha hecho una dura critica de la postura que Gallardón está manteniendo con la reforma de la Ley del aborto que el Ejecutivo de Rajoy pretende llevar a cabo.

De esta manera, la diputada le ha recordado que “no es él quien reparte los carnés de mujer auténtica”, y ha insistido en que para “defender la maternidad hay que defender la maternidad” y “para defender la conciliación familiar, hay que defender la conciliación familiar”.

“Usted, en Consejo de Ministros aprobó una reforma laboral que elimina las bonificaciones de cuotas cuando una mujer, después de una excedencia por cuidado de hijos, se incorpora a su puesto de trabajo”, ha asegurado.

Con ello ha criticado duramente que el ministro se escude en defender los derechos de las mujeres cuando él mismo votó “una reforma laboral que reduce y coarta los derechos de las mujeres”. Así le ha espetado que “ni una mujer es menos mujer por no ser madre, ni un hombre más inteligente por ser Ministro”, lo que ha provocado una fuerte ovación del grupo socialista.

Y es que este martes Gallardón insistía en el Pleno del Senado en el empeño del Gobierno de garantizar “el derecho a la maternidad” de las mujeres con su anunciada reforma de la Ley del Aborto. Y aportó un argumento más para el endurecimiento de la interrupción del embarazo: “La libertad de maternidad es lo que a las mujeres les hace auténticamente mujeres”.

 

 
El ministro aseguró que el Ejecutivo cambiará la Ley del Aborto para garantizar ese “derecho a la maternidad” porque “mientras exista la más mínima posibilidad de que una mujer no pueda en plenitud ejercer su derecho a la maternidad, este Gobierno tendrá siempre la solidaridad, y no la actitud de silencio cómplice culpable que practica el Partido Socialista”.

Gallardón, por su parte, ha contestado agradeciendo irónicamente a la diputada la “respetuosa referencia a mi padre”, que ha hecho Hernández Gutiérrez al final de su comparecencia cuando le ha dicho: “una vez dijo su padre y ¡cuánta razón tenía!: ‘conservador yo, tenías que conocer a mi hijo Alberto, ese sí que es de derechas'”.

A comienzos de marzo el propio Ruiz-Gallardón se mostró dispuesto a comparecer ante la Cámara Baja para explicar cuáles son ese tipo de situaciones de “violencia estructural” en embarazadas, después de que la ‘número dos’ del PSOE, Elena Valenciano, anunciara que iba a pedir su comparecencia para que explicase cuál es esa “violencia estructural”.

La secretaria de Educación e Igualdad del PP, Sandra Moneo, explicó por entonces en el Congreso que cuando se habla de “violencia de género estructural” se hace referencia a una violencia o presión que padecen algunas mujeres encinta en su entorno laboral, por el hecho de tener miedo de poder perder un puesto de trabajo o que no sean contratadas, por ejemplo, o bien una situación de exclusión social, como puede ser la inmigración.

Así, recordó, como ya hiciera Gallardón en varias ocasiones, que la reforma que pretende acometer el Gobierno sobre la Ley del Aborto va en la línea de la doctrina de 1985 del TC, al mismo tiempo que señaló que el propio Consejo de Estado avisó al PSOE en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de que “jamás la interrupción voluntaria del embarazo era un derecho”.

 

Fuente:www.elmundo.es

Source: Marzo 2012

COSTA RICA

 
Organización: Colectiva por el Derecho a Decidir
Iniciativa: Fortaleciendo el ambiente propicio para la aprobación de la Guía de atención al aborto terapéutico en Costa Rica.

Desarrollar procesos de información/sensibilización dirigidos personas tomadoras de decisión de instituciones estatales sobre la necesidad de aprobar la Guía ITE, como una manera de atender las recomendaciones hechas por el Comité CEDAW y el Comité sobre los Derechos del Niño, y cumplir con los compromisos adquiridos en el sistema internacional de derechos humanos.

Informe Final ►► [AQUÍ]

Source: Marzo 2012

Un mar de pañuelos verdes en Diputados

Un mar de pañuelos verdes en Diputados

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal presentó en la Cámara de Diputados un nuevo proyecto, que sumó adhesiones tanto del oficialismo como de la oposición. La iniciativa propone despenalizar el aborto dentro de las primeras doce semanas.

Con un amplísimo apoyo político, se presentó ayer nuevamente en la Cámara de Diputados el proyecto de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE) que impulsa la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La iniciativa logró en una semana las firmas de 53 diputadas y diputados del oficialismo y la oposición.

 

El anuncio se hizo en la Sala Cabezas, donde un representante de cada bloque participó de una conferencia de prensa, con el pañuelo verde, símbolo de la campaña, al cuello. “El aborto legal, seguro y gratuito tiene que ser una política de Estado, una política pública”, consideró la diputada kichnerista Adela Segarra y destacó la transvesalidad de los apoyos. Segarra encabeza el proyecto junto con la radical María Luisa Storani. “Estamos en un momento oportuno para abordar este debate”, apuntó Storani. “Esta es una ley que una vez aprobada empieza a salvar vidas, porque inmediatamente incorpora a las mujeres que abortan al sistema de salud”, enfatizó el presidente del bloque de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella. “Hay que acelerar este debate para que el fallo de la Corte (sobre aborto no punible) no termine siendo un techo. Hay que ir al punto final, la despenalización y legalización del aborto”, subrayó la titular de la bancada del GEN, Margarita Stolbizer. La socialista Alicia Ciciliani, Jorge Cardelli, de Proyecto Sur, y Victoria Donda, de Libres del Sur, también expusieron sus posiciones sobre el tema en la rueda de prensa. Entre el público, otros legisladores –más de una docena– también acompañaron la presentación.

Tal como adelantó ayer Página/12, al proyecto también lo suscriben los presidentes de los bloques de la UCR, Ricardo Gil Lavedra –que es la primera vez que lo firma–, y de Unidad Popular, Claudio Lozano. Y entre los firmantes hay ya 19 legisladores del Frente para la Victoria, entre ellos la vicepresidenta del bloque, Juliana Di Tullio. También lo suscriben un legislador de la Coalición Cívica y otra del PRO, Laura Alonso.

Las banderas verdes de la campaña tapizaron el Salón Cabezas del Congreso. Afuera, sobre la avenida Rivadavia, activistas con pañuelos verdes entonaban cánticos a favor de la despenalización y legalización del aborto.

La oficialista Di Tullio y sus compañeras de bancada Araceli Ferreyra, Adriana Puiggrós, Silvia Risko, Mara Brawer, María Elena Chieno y Horacio Pietragalla (ver aparte) estuvieron presentes en el acto. También el radical Jorge Chemes, que es la primera vez que firma la iniciativa de la campaña, y el líder de la CTA, Hugo Yasky.

El proyecto propone despenalizar y legalizar el aborto para que toda mujer que así lo requiera sea atendida por el sistema de salud, tanto público como privado, y las obras sociales del país, hasta las doce semanas de gestación. Además, no pone límite de tiempo para las actuales causales de no punibilidad que contempla el Código Penal, en caso de peligro para la vida o la salud de la mujer o si la gestación proviene de una violación.

Estela Díaz, responsable de género de la CTA, destacó la adhesión que ha ido ganando el proyecto en los últimos años. En 2007 ingresó como iniciativa de la sociedad civil, en 2008 con 22 firmas de diputados, en 2010 con 30 y terminó a fin de 2011 con 51. “Ahora, en una semana logramos cerca de las 47 firmas de un amplio arco político, que expresa el apoyo transversal”, apuntó. Finalmente, el texto ingresó con 53 firmas. “Este proyecto viene a saldar un problema de salud de las mujeres, de justicia social y también de derechos humanos”, enumeró Díaz. Desde la campaña se celebró el fallo de la Corte Suprema de una semana atrás que definió con claridad el alcance del derecho al aborto en casos de violación y despejó esa discusión en el Congreso. “El debate que nos debemos es el de la despenalización y legalización del aborto”, reafirmó Díaz. A continuación, la psicoanalista Martha Rosenberg, integrante de la campaña, enumeró los fundamentos de la propuesta legislativa. “El flagelo del aborto clandestino se cobra tantas vidas de mujeres pobres en el país que sigue siendo la principal causa de muerte de mujeres por gestación”, señaló. Además, defendió el derecho de las mujeres a decidir sobre sus vidas. “Esperamos desde la campaña que sea la última presentación”, abogó Rosenberg. Y destacó que el fallo de la Corte es “una herramienta importante para defender el proyecto” porque desmenuza la argumentación de los grupos conservadores que sostiene que es inconstitucional.

Uno por uno se leyeron los nombres y el bloque al que pertenece cada diputado y diputada firmante de la iniciativa. Después de la sentencia del máximo tribunal del país sobre aborto no punible, “éste es el mejor momento para instalar el debate en la Cámara de Diputados”, afirmó la diputada Segarra y añadió: “El debate en la sociedad ya está”. La radical Storani destacó el número diputados radicales que suscriben la iniciativa. “Vamos a dar internamente el debate también en nuestro bloque”, adelantó. “Vamos a bregar en el Congreso para que se haga realidad”, se comprometió Jorge Cardelli, de Proyecto Sur. Su compañera de bloque Alcira Argumedo, que antes no lo había firmado, también estampó su nombre en el texto. Sabbatella ratificó el compromiso de su bloque “para garantizar el debate y la sanción de la ley”. “Creo que podemos estar cerca de no tener que volver a presentarlo”, se entusiasmó. “El aborto es una situación no deseada, pero la clandestinidad le agrega presión psicológica y riesgo a la salud. Es un derecho de las mujeres decidir sobre su cuerpo”, concluyó Sabbatella. A su turno, Donda recordó que para su sanción se requieren 130 votos en Diputados. “Para eso tenemos que seguir trabajando”, alentó.

El texto del proyecto es el mismo que se empezó a discutir en noviembre en la Comisión de Legislación Penal. Pero a fin de año perdió estado parlamentario. Entre los firmantes están las presidentas de las comisiones de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y de Salud, las oficialistas Risko y Chieno. Por esas comisiones es muy probable que deba pasar el debate antes de llegar al recinto. Seguramente tendrá que empezar a discutirse en la de Legislación Penal, que encabeza otro kirchnerista, Oscar Albrieu, quien no suscribió la iniciativa, pero ha expresado su simpatía con la reforma a integrantes de la campaña.

También se acercaron al Salón Cabezas para acompañar la presentación, las diputadas porteñas María José Lubertino, Laura García Tuñón y Gabriela Cerrutti. “Esta es una construcción colectiva”, enfatizó Díaz, de la campaña. En el cierre, como en cada acto donde los pañuelos verdes son protagonistas, se cantó: “Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Afuera, seguirían flameando un rato más los pañuelos verdes.

Fuente: www.pagina12.com.ar

Source: Marzo 2012

Aborto Terapéutico: el derecho a decidir

Aborto Terapéutico: el derecho a decidir

Con seguridad, nuestras senadoras y diputadas han podido decidir qué hacer con sus vidas y con sus cuerpos, por estar en una posición social que les ha permitido actuar de acuerdo a sus creencias y valores.

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Probablemente no han estado expuestas a una violación, a incesto y quizás tampoco han tenido un embarazo con malformaciones fetales incompatibles con la vida que hayan debido llevar a término. Sin embargo, lo que hoy está en discusión es que todas las mujeres de nuestro país tienen derecho a informarse y a tomar sus propias decisiones, las que no solo afectan sus cuerpos, también sus proyectos de vida.

 

 

 

Hace unos días, una dueña de casa fue violada por un delincuente en su hogar. Si la mujer quedara embarazada producto de esa violación ¿Por qué el Estado debe obligarla a tener un hijo bajo esas circunstancias, y a marcar su vida y también la de ese hijo o hija, prolongando para siempre el daño infligido? ¿Solo por la ideología de una parte de la sociedad?

En embarazos con malformaciones fetales incompatibles con la vida, hoy es posible diagnosticar precozmente patologías donde hay certezas – no sospechas-, como ocurre con la anencefalia. El costo para la salud mental y espiritual de las mujeres es evidente, como lo señalan estudios y testimonios de mujeres y profesionales que las atienden; y no hablamos solo de trastornos, sino de marcas y sufrimientos que las acompañan toda su vida. Y esos casos además pueden repetirse.

¿ Qué proponen las/os parlamentarias/os cuyas creencias les hacen pensar que esa vida que no tiene destino alguno es más importante que la de la mujer y que la familia? ¿Debe pasar por esa experiencia, incluso más de una vez? Tal vez ponerse en esa situación sirva para entender que debe haber legislación. La experiencia dice que quien ha vivido esa situación, incluso habiéndola escogido, la segunda vez sí o sí se realizará un aborto. Demás está decir que, en el caso de la necesidad de salvar la vida de la madre, la ley debe regular esta indicación y no dejar espacio a ninguna ambigüedad sobre la actuación médica.

A veces, en esta discusión se insiste en el concepto de aborto terapéutico, sobre qué es lo terapéutico, que si es indirecto o si es aborto eugenésico. Ese debate es mezquino, pues busca argumentos para no enfrentar lo que verdaderamente cuenta, que es si frente a las circunstancias antes comentadas el Estado debe garantizar o no el derecho legítimo de la mujer a tomar la decisión de continuar o interrumpir ese embarazo. Mi opinión, desde la perspectiva de salud pública, respaldada además por todas las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos y por la experiencia de países desarrollados, apunta a que sí. El Estado tiene el deber de asegurar que todas las chilenas, y no sólo algunas, puedan tomar esa decisión con toda la información necesaria y, en caso de así decidirlo, tengan acceso a una interrupción del embarazo precoz, segura y sin castigos legales ni sociales.

Pamela Eguiguren Bravo
Matrona, candidata a Doctora en Salud Pública
Académica Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina U. de Chile

 

Fuente: radio.uchile.cl

Source: Marzo 2012

Un fallo del que aprender

Un fallo del que aprender

El fallo argentino se sitúa en un contexto regional donde las discusiones sobre el acceso al aborto no punible han tenidos avances lentos, pero notables.

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En el 2006, la Corte Constitucional de Colombia dejó clara la inconstitucionalidad de la penalización del aborto en casos de violación, cuando existe una malformación del feto que impide su viabilidad y cuando la vida y la salud de la mujer embarazada corren peligro.

 

 

En 2007, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México legalizó el aborto en las primeras doce semanas del embarazo en todos los casos, una medida que fue declarada constitucional por la Corte Suprema de la Nación en 2008. Hace apenas una semana, el 10 de marzo de 2012, una comisión de juristas del Senado brasileño aprobó una propuesta de anteproyecto para despenalizar el aborto en ese país en las primeras doce semanas de la gestación y, en general, en casos de violación; donde el embarazo supone peligro para la salud o la vida de la mujer; por malformaciones graves del feto; o cuando el embarazo haya sido el resultado de una inseminación artificial no consentida.

Dentro de ese escenario alentador, las trabas para acceder a servicios de aborto seguros en nuestra región todavía son muchas y, sobre todo, mortales. Si bien el aumento del uso del misoprostol ha contribuido a una baja de la mortalidad materna en muchos países de la región, inclusive la Argentina, hasta que se despenalice por completo el aborto no se podrán evitar muertes sin sentido.

Vale la pena resaltar que el sufrimiento causado por la penalización del aborto se vive casi exclusivamente en los sectores pobres. Existe una clara desigualdad entre la situación de la mujer con recursos –que puede pagar por un aborto ilegal en condiciones relativamente seguras– y la mujer sin recursos, que no tiene esta opción y, por lo tanto, afronta riesgos para su salud e incluso su vida para lograr el mismo objetivo.

La experiencia de Amnistía Internacional demuestra que una penalización generalizada del aborto conlleva un nivel de estigma, miedo y desinformación que imposibilita el acceso, incluso para las mujeres y niñas para las que el procedimiento queda despenalizado. Hoy, mientras celebramos el fallo histórico de la Corte, tenemos en mente a todas las mujeres y niñas que enfrentan un embarazo sin haberlo deseado. Esas mujeres tienen los mismos derechos y merecen la misma dignidad que las que enfrentan un embarazo resultado de una violación. Desde Amnistía Internacional continuamos nuestro trabajo para que se entienda que el aborto debe ser parte de los servicios médicos y que es necesario que se despenalice por completo.

* Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
** Senior Policy Adviser de Amnistía Internacional.

Fuente: www.pagina12.com.ar

Source: Marzo 2012