ARGENTINA

 

► Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto  
Asociación Metropolitana de Generalistas y Equipo de Salud (AMeGES)

(Líneas telefónicas – Argentina)
Propuesta: Desarrollo e implementación local de acciones para incrementar el acceso al aborto seguro entre las mujeres de mayor vulnerabilidad, Argentina.

Informe Final ►► [AQUÍ]

► Fundación para la salud del adolescente del 2000 (FUSA 2000)
Propuesta: Aportes para la consolidación de una red de atención en reducción y riesgos y daños asociados al aborto inseguro en la ciudad de Buenos Aires.

Informe Final ►► [AQUÍ]

MEXICO

 

Balance – Fondo María
Propuesta: Ampliando el acceso a la interrupción legal del embarazo para adolescentes como grupo vulnerable.

Informe Final ►► [AQUÍ]

BRASIL

 

Curumim
Propuesta: Transformar las ondas de radio: información segura sobre aborto seguro.

Informe Final ►► [AQUÍ]

Procesan a 70 mujeres por abortar en El Salvador

Procesan a 70 mujeres por abortar en El Salvador

* Ley “tramposa” las lleva de los hospitales a las cárceles

México, DF.- Debido a que las mujeres en El Salvador “han perdido la presunción de inocencia, van directo del hospital a la cárcel” cuando acuden a los servicios públicos de salud por abortos incompletos o complicaciones en el embarazo por las que el producto muere. Así, se calcula que en ese país hay alrededor de 70 salvadoreñas procesadas penalmente por aborto, informó a Cimacnoticias Mariana Moisa, integrante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Ético, Terapéutico y Eugenésico, con sede en el país centroamericano.

Tal violación a los Derechos Humanos (DH) de las mujeres deriva de la modificación que en 1997 se hizo a la Constitución salvadoreña para reconocer la vida desde el momento de la concepción; con esta reforma “se penaliza absolutamente el aborto” y el personal de salud pública tiene el mandato de denunciar estos casos, explicó la activista.

Antes de la modificación constitucional, el aborto era legal “cuando peligraba la vida de la madre, cuando el producto era inviable y cuando era producto de violación”, ahora las salvadoreñas organizadas pugnan porque haya un cambio en la ley. “Al menos lo que teníamos antes, porque es lo justo”, aseveró Moisa.

En tanto, la Agrupación Ciudadana acompaña jurídicamente a algunas de las mujeres que han sido procesadas penalmente por el delito de aborto, que “tramposamente” cambian al de homicidio agravado “basándose en la protección de la vida desde la concepción”, apuntó.

En El Salvador la sanción por el delito de aborto va de uno a ocho años de prisión sin derecho a fianza, mientras que por homicidio agravado alcanza hasta 30 años.

Actualmente, se calcula que hay 70 mujeres presas por aborto, pero hay un subregistro, ya que las organizaciones no han tenido acceso al registro completo de estos casos.

La inmensa mayoría de estas salvadoreñas son jóvenes pobres, “por eso las denuncias de aborto vienen de la red pública y no del sistema privado de salud”, aclaró.

La historia de las acusadas es semejante: “se desmayan, pierden sangre, quedan inconcientes, la familia llama a la policía para que las lleve a un hospital, porque no hay ambulancias y ellas viven en condiciones de pobreza, retiradas de los centros de asistencia”.

Cuando llegan a los servicios de salud “empieza a construirse el caso, las califican de malas madres, malas mujeres”, acusó la activista.

Con frecuencia, añadió, aunque todavía no determinen porque murió el producto “la primera acusación es decir que es aborto consentido y en esas condiciones las mujeres van presas”, pues “la prueba científica ni siquiera es necesaria, basta con el argumento religioso-moralista” de las autoridades.

Un elemento “grave” es que las salvadoreñas “han perdido la presunción de inocencia, van directo del hospital a la cárcel, no hay una averiguación previa. Si se vislumbra que fue aborto son denunciadas y van directamente a la cárcel”, denunció Moisa.

Tras un lustro de lucha, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Ético, Terapéutico y Eugenésico ha conseguido liberar a cuatro mujeres.

En este escenario, las salvadoreñas organizadas señalan que el aborto no es un problema de mujeres “se trata de un asunto de salud pública y de Derechos Humanos”.

Por ello, dijo, se movilizan constantemente para informar acerca de la penalización y sus consecuencias, las cuales recaen principalmente en las mujeres jóvenes y pobres. Al mismo tiempo exigen una reforma constitucional que les devuelva el derecho al aborto por las tres causales perdidas.

Fuente: http://www.veracruzanos.info

Source: Agosto 2011

Un derecho que tiene dictamen

Avance en la legislatura porteña para reglamentar los abortos no punibles

 

La Comisión de Salud aprobó por mayoría un dictamen favorable al proyecto de ley que establece cómo deben tratar los médicos y hospitales los casos de abortos no penados por el Código Penal y evitar su judicialización. El PRO se opuso.

 

El proyecto de reglamentación de la atención de los abortos no punibles en los hospitales públicos porteños obtuvo ayer dictamen de mayoría en la Comisión de Salud de la Legislatura, con firmas de diputadas y diputados de la oposición. El macrismo, como ya había anunciado, votó por archivarlo. También lo rechazó una legisladora del espacio que responde a Francisco de Narváez. La iniciativa, que deberá discutirse en las comisiones de Mujer y de Justicia, es similar a la ley sancionada a fines de junio en la provincia de Chubut y está en línea con los reclamos que hicieron al país este año distintos comités de derechos humanos de la ONU para que se garantice el acceso a los abortos previstos en el artículo 86 del Código Penal y se impidan las interpretaciones restrictivas de los permisos vigentes.

El dictamen se firmó en una reunión conjunta de las comisiones de Salud y Mujer, que contó con una presencia de lujo: la del médico chileno Aníbal Faúndes, uno de los máximos referentes en la temática en la región, que fue invitado a exponer sobre la atención de los abortos no punibles en Brasil –donde vive hace muchos años–. Allí están permitidos en caso de peligro para la vida de la mujer y si proviene el embarazo de una violación. Faúndes explicó que hay una normativa del Ministerio de Salud y que en los casos de violación, igual que el proyecto porteño, se exige una declaración de la mujer y no la denuncia policial. “El fenómeno temido de que mujeres van a simular una violación para acceder a un aborto no se da”, señaló. También respondió a quienes interpretan restrictivamente el inciso 2º del artículo 86 del Código Penal argentino y sostienen que alcanzaría a aquellas mujeres que sufren un abuso sexual siempre que sean discapacitadas mentales. De todas formas, dijo, “en el caso de una mujer violada, no es raro que haya suicidios. Es un embarazo que pone en peligro su salud”, afirmó. Faúndes es coordinador del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (Flasog) y encabeza el grupo de Trabajo Para la Prevención del Aborto Inseguro de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO).

El proyecto fue presentado por Diana Maffía, de la Coalición Cívica, y Gabriela Alegre y Juan Cabandié, de Encuentro Popular para la Victoria. Ingresó en marzo con la firma de 23 diputadas y diputados de todo el arco opositor. Un texto similar había perdido estado parlamentario en 2009 por decisión del PRO, que eligió cajonearlo.

El dictamen de mayoría fue firmado ayer por el presidente de la Comisión de Salud, Jorge Selser (Proyecto Sur), y por Mateo Romeo (PJ), Fernando Sánchez (CC), Alegre y Maffía. No estuvo presente por problemas de salud, el radical Rubén Campos, pero había anunciado que lo acompañaría. En ese sentido, la Convención Metropolitana de la UCR, el máximo órgano del radicalismo en la Capital, aprobó el lunes a la noche por unanimidad una resolución por la que instó a los legisladores porteños de su partido a apoyar la reglamentación de los abortos no punibles en la ciudad.

Alegre recordó que el proyecto en debate es similar a la ley que acaba de aprobar la Legislatura de Chubut. Entre otros puntos, la iniciativa aclara que el aborto es legal, de acuerdo con el Código Penal, si corre peligro la vida o la salud de la mujer; si la gestación fue producto de una violación; o de un abuso sexual a una mujer con discapacidad mental. Dispone que la interrupción legal del embarazo debe hacerse en un plazo no mayor a diez días corridos desde la solicitud. Prohíbe que se exijan autorizaciones judiciales u otras imposiciones no previstas en el Código Penal. Actualmente está vigente en el ámbito porteño la Resolución 1174/07 del Ministerio de Salud de la ciudad, que fija un procedimiento para la atención de los abortos no punibles, pero a partir de una interpretación restrictiva de los permisos: sólo contempla los casos de violación si se trata de una mujer “idiota o demente”.

Las cuatro diputadas macristas que integran la Comisión de Salud firmaron un dictamen de minoría que pide archivar. Ellas son Carmen Polledo, Diana Martínez Barrios, Raquel Herrero y Lidia Saya. La misma posición adoptó Mónica Lubertino, de Unión Federal, pero prefirió firmar un dictamen aparte.

En la reunión de ayer participaron también integrantes de la Comisión de Mujer, donde ahora se deberá discutir el proyecto. Luego tiene que pasar por la de Justicia. En ambas comisiones, el macrismo tiene mayoría.

Durante la reunión, hubo voces del público a favor y en contra del proyecto. Y se leyó un pronunciamiento de la Asociación de Médicos Municipales –con la firma de su presidente, Jorge Gilardi–, contrario a la propuesta legislativa. La entidad gremial consideró que la normativa no les garantizará seguridad jurídica debido a que hay diversas interpretaciones sobre los alcances de los permisos para abortar, particularmente después de “la errática actuación sobre el particular verificada en el ámbito nacional hace pocos días”, en referencia a la marcha atrás del Ministerio de Salud, que decidió no elevar al rango de resolución la Guía Técnica para la atención de esos casos que acaba de actualizar.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/

Source: Agosto 2011

De la madre de una víctima a otra

De la madre de una víctima a otra

El caso del aborto no punible en Misiones, aclcado de otro anterior

La mamá de una chica violada por un tío en el Gran Buenos Aires, que penó para lograr el derecho al aborto no punible, cuenta cómo los médicos la atemorizaron y presionaron de la misma manera que sucedió ahora con el caso de la niña misionera. Vicenta está profundamente conmovida. No puede creer que otra mamá, ahora en Misiones, esté pasando por el mismo calvario que le tocó a ella cinco años atrás, cuando reclamó un aborto no punible para su hija L.M.R., también violada y embarazada por un tío

, como la niña de 14 años de Posadas. “Hay que buscar que se lo hagan lo más rápido posible. No pueden obligarla a seguir con ese embarazo. Fue violada. Si es necesario, me ofrezco a hablar con la mamá. A mí también los médicos en el hospital me dijeron que tenía que elegir entre la vida de mi hija o el aborto. Y como madre, ¿qué vas a decir? Y entonces enseguida dijeron que yo ya no quería seguir adelante con la interrupción. Engañan y se aprovechan cuando una está débil. No es riesgoso hacer el aborto. Cuando se lo hicieron a mi hija, salió caminando de la clínica”, dice Vicenta.

Vive con L.M.R. en un barrio popular de la localidad bonaerense de Guernica, en el sur del conurbano. La Cancillería debe convocarla para una reunión donde empezar a acordar los términos de la reparación que fijó a fin de marzo el Comité de Derechos Humanos de la ONU como parte de la condena al Estado argentino por no haber garantizado el acceso al aborto no punible a su hija en 2006, en un caso con muchas similitudes al de la niña misionera.

Aquel “accidente” o “caída” –como llama Vicenta al drama que le tocó atravesar cuando su hija menor, que tiene una discapacidad mental que la mantiene anclada en la infancia, tenía 19 años y fue violada por un tío paterno, resultando embarazada– es ya un episodio del pasado. “La veo feliz a Verónica (su hija mayor que tanto la acompañó en esa batalla) y a ella también”, dice Vicenta y mira a L.M.R., que toma un té a su lado. “Lo demás –agrega– quedó atrás.”

Vicenta tuvo que deambular dos meses de un lado a otro en los tribunales platenses desde el 24 de junio de 2006, cuando supo del embarazo e hizo la denuncia por violación. En ese periplo perdió sus trabajos en cuatro casas de familia. Su reclamo llegó a la Suprema Corte de Justicia de la provincia, que en un fallo del 31 de julio de 2006 avaló el pedido de L.M.R., aunque aclaró que no era necesaria la autorización judicial. Pero, aun con el aval del máximo tribunal bonaerense, los médicos del Hospital San Martín de La Plata –donde había recurrido desde un principio por el aborto– se negaron a practicarlo, con el argumento de que ya era riesgoso por lo avanzado de la gestación. Incluso le mintieron sobre el tiempo de gestación, agregándole un par de semanas a las que en realidad tenía. Después se supo que, en realidad, hicieron una declaración masiva de objeción de conciencia. Pero antes pretendieron manipular a Vicenta, como hicieron la semana pasada en el Hospital Materno Neonatal de Posadas con Carmen F., la mamá de la niña violada en Misiones, cuya gestación ronda las diez semanas.

Cuando se enteró por este diario de que a Carmen F. le habían dicho que era riesgosa la práctica del aborto, Vicenta exclamó: “Eso es lo que me dijeron a mí. Me acuerdo de que vino una doctora y me dijo: ‘Mami, ¿qué elegís, la vida de tu hija o el aborto? Si lo hacés, perdés a tu hija’. Yo ahí me descompuse. Vos estás con los ojos a cuatro vientos, y en ese barullo en lo único que pensaba era en la salud de mi hija. Como madre, ¿qué vas a decir?”. En aquel momento, Vicenta era analfabeta, se desempeñaba como empleada doméstica y tenía un Plan de Jefes y Jefas de Hogar de 150 pesos por trabajar los fines de semana en un polideportivo. Finalmente, L.M.R. pudo interrumpir el embarazo con el acompañamiento de integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, quienes consiguieron con mucho esfuerzo una clínica privada que realizó la intervención. “Salió caminando. Todo duró apenas veinte minutos. Lógico, hay un dolor, que nos va a quedar, pero recuperamos la tranquilidad”, dijo en aquel momento Vicenta a este diario. El dolor por la violación y sus consecuencias se fue mitigando. L.M.R. hizo tratamiento psicológico en una salita de salud del barrio, terminó la escuela laboral, en los últimos tres años se dedicó a hacer un curso de computación y ahora está haciendo otro de dibujo. La joven tiene 24 años, aunque sigue pareciendo una niña.

Vicenta parece otra mujer: esta cronista la conoció en aquellos días dolorosos, cuando le costaba expresarse. El drama de la violación y el tortuoso camino que debió sortear hasta el aborto no punible de su hija la corrieron de lugar, la empoderó. Defendió los derechos de su hija y los propios. Su vida siempre fue muy sufrida: el padre de sus dos hijas, con quien convivió 18 años y del cual se separó hace 19, la maltrataba, la golpeaba y hasta la forzaba a mantener relaciones sexuales contra su voluntad bajo amenaza. Ella estaba resignada a sufrir, pensaba que “ésa” era la vida que le había tocado, que si le pasaban las cosas sería porque así Dios lo quería, contó a este diario. La lucha por el aborto no punible de su hija la dejó sin trabajo: el hecho de tener que ir casi todos los días a un juzgado o al hospital le impidió cumplir con las casas en las que limpiaba. También perdió su empleo Verónica, la hija mayor, en todo el derrotero. Pasaron –contó Vicenta– un año y medio muy duro, donde las ayudaron los vecinos para poder comer y algo aportó el municipio. Pudieron salir adelante con la reventa de ropa y condimentos que compraba en la feria de La Salada. A fin de 2008, a Vicenta le salió el nombramiento como portera en una escuela pública de la provincia, un puesto que venían gestionando hacía tiempo integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que siguieron acompañándola. Impulsada por Verónica, el año pasado Vicenta terminó 9º año. Ahora quiere hacer la secundaria: su sueño, a los 56 años, es estudiar enfermería en la Cruz Roja.

“Hay que buscar que no se repitan estos casos, donde no las dejen hacer el aborto cuando la ley las ampara”, dice Vicenta. Quiere ayudar, dice, para que no se repita tanto dolor.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar

Source: Agosto 2011

México ha hecho caso omiso a recomendaciones de la CEDAW

México ha hecho caso omiso a recomendaciones de la CEDAW

El primer caso recibido por el comité de expertas, fue el feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, presentado en 2005.

A 30 años de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), las mexicanas libran un embate conservador que está revirtiendo los avances logrados a favor de sus derechos sexuales y reproductivos a lo largo de las últimas tres décadas de lucha. Así lo señala la Coalición Por la Salud de las Mujeres, frente a las reformas constitucionales aprobadas 18 de los 31 estados del país con las que se protege la vida desde el momento de la concepción-fecundación y se criminaliza el aborto.

En su defensa por el derecho de las mujeres a una maternidad libre y voluntaria, la Coalición conformada por 12 organizaciones civiles con trabajo en el tema de derechos sexuales y reproductivos, ha señalado en reiteradas ocasiones que con estas reformas el Estado mexicano contraviene lo estipulado por la CEDAW, desde hace 30 años.

El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención, la cual entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981 tras su ratificación por 20 países. En 1989, décimo aniversario de la Convención, casi 100 naciones habían declarado que consideraban como obligatorias sus disposiciones, entre ellas México.

Las y los especialistas en la materia, entre las que se encuentra la Coalición Por la Salud de las Mujeres, señalan que la CEDAW representa un gran paso hacia la meta de la igualdad de derechos para las mujeres.

“En sus artículos define y condena la discriminación contra las mujeres en todas sus formas y exhorta a los Estados parte a garantizar los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres y los obliga a tomar medidas legislativas, administrativas, entre otras, para asegurar la promoción de la igualdad
para las mujeres”.

En 2002, el gobierno mexicano publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto sobre el Protocolo Facultativo de la CEDAW, que permite a las mexicanas presentar quejas ante las 23 expertas que integran dicho comité, en lo individual o lo colectivo, una vez agotadas las instancias nacionales.

El primer caso recibido por el comité de expertas de la CEDAW fue el feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, presentado en 2005 por las organizaciones civiles Casa Amiga, de Ciudad Juárez, y Equality Now de Estados Unidos, lo que le valió la primera recomendación al Estado mexicano por la CEDAW.

Pero esta no ha sido la única recomendación al Estado mexicano quien ha hecho caso omiso a lo que ha ratificado. Prueba de ello es que desde octubre de 2008, la alianza coyuntural del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), apoyada por legisladoras y legisladores de otros partidos, ha logrado reformas constitucionales en 18 estados, con las que en esas entidades actualmente se protege la vida desde el momento de la concepción-fecundación y se criminaliza el aborto.

Con estas reformas, como ya lo ha reportado Cimacnoticias, las mexicanas están siendo perseguidas por abortar, –aún en casos de violación o por peligro de muerte de la mujer– en varios estados como Guanajuato y Quintana Roo, han sido encarceladas por el ahora “delito”.

Al respecto la Coalición, ha señalado que con estas acciones el Estado contraviene el espíritu de la Convención e ignora sus llamados para despenalizar el aborto; ya que el Comité de la CEDAW en sus observaciones finales hechas a México el 25 de agosto de 2008, señaló a la letra lo siguiente:

“El Comité pide al Estado Parte (México), que armonice la legislación relativa al aborto a los niveles federal y estatal. Insta al Estado Parte a aplicar una estrategia amplia que incluya el acceso efectivo a servicios de aborto seguros en las circunstancias previstas en la ley, y a una amplia variedad de métodos anticonceptivos, incluidos anticonceptivos de emergencia, medidas de concienciación sobre los riesgos de los abortos realizados en condiciones peligrosas y campañas nacionales de sensibilización sobre los derechos humanos de la mujer…”.

También para proteger la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural, violentando en la Carta Magna los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

La Coalición por la Salud de las Mujeres se constituyó en mayo de 2007 para facilitar la interlocución directa con el poder legislativo y plantear una agenda conjunta que permitiera avances en el derecho a la salud de las mexicanas.

La integran Afluentes; Católicas por el Derecho a Decidir; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; Iniciativa por una Maternidad sin Riesgo; Proyecto de Mortalidad Materna del Foro de Mujeres y Políticas de Población; Fundar; GIRE; IPAS-México; Kinal Ant’setik; Mexfam, Salud Integral para la Mujer y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC).

Fuente: http://impreso.milenio.com

Source: Agosto 2011

La batalla de la píldora sacude Filipinas

La batalla de la píldora sacude Filipinas

Un proyecto de ley que facilite el acceso gratuito a métodos de planificación familiar y proporcione educación sexual en los colegios desata la polémica de la Iglesia católica en el país asiático

La voz del sacerdote se escapa por las puertas abiertas de la iglesia abarrotada, los altavoces resuenan entre el bullicio del tráfico, los vendedores de pescado ahumado ofrecen sus mercancías en la plaza. La basílica del Nazareno, en el barrio de Quiapo, en el centro de Manila, bulle al atardecer. Miles de feligreses siguen con devoción la misa dentro y fuera del templo, uno de los más venerados de la ciudad por su Cristo de rostro negro cargando la cruz, que muchos filipinos creen milagroso.

Alzan las palmas de las manos hacia el altar, inclinan la cabeza y oran en silencio. En el sermón, saltan palabras de origen español: impyerno, sementerio. Es viernes por la tarde y los oficios se suceden uno tras otro como si se tratara de un cine de sesión continua, en este país donde el 80% de la población es católica. Una pantalla gigante reenvía la imagen del interior a quienes permanecen en la calle bajo un calor asfixiante. Los cánticos se mezclan de repente con el rugido de un trueno y rompe a llover torrencialmente. A las puertas de la basílica, un cartel con fotografías de fetos arremete contra el aborto, la píldora y otros anticonceptivos.

Forma parte de una campaña que se reproduce por toda la capital. La Iglesia católica de Filipinas está en pie de guerra contra un proyecto de ley destinado a facilitar el acceso gratuito a métodos de planificación familiar y proporcionar educación sexual en los colegios. Su objetivo es reducir la mortalidad de las mujeres al dar a luz y frenar el rápido crecimiento de la población, que en los últimos 25 años prácticamente se ha duplicado hasta superar 95 millones de almas, lo que ha dificultado la lucha contra la pobreza.

La ley, conocida oficialmente como RH (siglas en inglés de Salud Reproductiva), ha provocado una profunda brecha entre el Gobierno y la influyente Iglesia, que afirma que va contra la moral cristiana, no hay relación entre población numerosa y pobreza, y es perjudicial para la salud de las mujeres. El presidente de Filipinas, Benigno Aquino III, ha manifestado abiertamente su apoyo a la legislación, y la ha situado esta semana entre sus prioridades. Algunos obispos le han criticado con fuerza y han amenazado con pedir campañas de desobediencia civil como las que forzaron las caídas del dictador Ferdinand Marcos, en 1986, y Joseph Estrada, en 2001.

“Esta ley está basada en el derecho de las parejas -especialmente de la mujer- a decidir libremente el número de hijos que desean tener, y está orientada a disminuir el número de las que mueren al dar a luz, y a luchar contra la pobreza. Para lograr un desarrollo sostenible es imprescindible afrontar el problema de la sobrepoblación”, dice Edcel Lagman, diputado y principal autor del proyecto. “La Iglesia no puede imponer sus dogmas al conjunto de la gente”, explica en su despacho del Congreso este hombre corpulento, responsable de la legislación que abolió la pena de muerte en 2006.

Alta tasa de mortalidad maternal

Filipinas tiene una de las tasas de mortalidad maternal más altas del sureste asiático: cada día fallecen 11 mujeres al dar a luz. Una cifra que, según Naciones Unidas, podría ser reducida si contara con una política de salud reproductiva. El problema es especialmente grave entre las comunidades musulmanas en la isla de Mindanao, donde mueren 32 mujeres por cada 10.000 nacimientos, el doble que en el resto del país.

Los intentos desde la década de 1990 de promover la educación sexual y los anticonceptivos han sido continuamente bloqueados por el poder eclesiástico, que solo acepta las vías de planificación familiar naturales. La Iglesia católica tiene un gran poder en Filipinas, donde ha jugado un papel clave en el proceso de democratización. La presencia de la religión -herencia de la colonización española durante más de tres siglos- es constante por toda la ciudad, ya sea en forma de iglesias, monumentos a la virgen María, estatuas de cardenales en los parques, rosarios y crucifijos en los retrovisores de los taxis, o frases como Praise the Lord (Alabado sea Dios) en los jeepneys, los coloridos microbuses con carrocería de acero inoxidable que peinan Manila.

Lo que dicen los obispos marca la vida política de la nación con mayor número de católicos de Asia y único país del mundo -exceptuado el Vaticano- en el que el divorcio es ilegal. “La Iglesia defiende el respeto a la vida, especialmente del no nacido. Y algunos de los métodos impulsados en la ley provocan la expulsión del óvulo ya fertilizado”, asegura Nereo Odchinar, presidente saliente de la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas. “Además, decir que la gran población es la causa de la pobreza es una falacia. Hay estudios que demuestran que no existe una correlación directa entre ambos”.

En la sede del organismo, situada en Intramuros -el barrio amurallado en el centro de Manila-, una pancarta reza “Escoge la vida. Rechaza la ley RH”. A unos cientos de metros, en la fachada de la catedral, un cartel dice “¿Necesitamos la ley RH? ¡No!”. Lagman acusa a la Iglesia filipina de identificar métodos anticonceptivos con aborto, el cual, con la nueva ley, seguiría siendo “ilegal y punible”. “Están utilizando propaganda malintencionada, aprovechando la ignorancia de la gente”, critica.

Rogel y Deshian Baron, un joven matrimonio de 34 y 28 años, respectivamente, dueños de un negocio de confección, son algunos de quienes se oponen a la ley. “Estas son decisiones que corresponden a la pareja. Nosotros nos casamos hace seis años y nunca hemos utilizado anticonceptivos. Tenemos dos niños, y esperamos el tercero.

“También estamos en contra de la educación sexual en las escuelas”, afirma Rogel, a la salida de la basílica de Quiapo mientras mira a su esposa. En los brazos llevan dos imágenes de un Santo Niño rubicundo y otra del Nazareno que acaban de comprar. “Son para protegernos y recordar a Jesucristo en todo momento”, asegura Deshian, mientras se disponen a subirse a su motocicleta. A pocos metros, Reinald Piñero, de 46 años, miembro de la cofradía que mantiene el orden en el templo remacha: “Esta ley atenta contra la vida. Dios dijo ‘creced y multiplicáos’, y debemos seguir sus mandamientos”.

Polémica sobre el aborto

Según las encuestas, el matrimonio Baron y Piñero son minoría en Filipinas. Un estudio realizado el año pasado muestra que siete de cada 10 católicos apoyan una ley de este tipo que no despenalice el aborto. Imelda Bona, que acaba de salir también de misa y ha instalado su pequeño puesto de productos de higiene y cosmética en la animada plaza, lo resume: “La población de Filipinas es demasiado grande. Esta ley es necesaria. Cuando me casé, aún no había cumplido los 17 años. Mi marido no quería utilizar anticonceptivos, y yo entonces no sabía gran cosa. Pero la vida antes no era tan dura. Yo les digo a mis hijos que planifiquen sus familias. Si tienen menos niños, podrán ofrecerles más oportunidades”, dice esta mujer, que, con 43 años, tiene cinco hijos y tres nietos.

Según el diputado Lagman, la jerarquía católica está desconectada de la realidad y de sus feligreses. “La mayoría de los creyentes no se oponen a la ley; son los obispos. Si hablas con los párrocos sobre el terreno, muchos están a favor o son ambivalentes”. En la Mezquita Dorada -en Quiapo-, construida en 1976 con ocasión de una visita del líder libio Muamar el Gadafi que al final no tuvo lugar, Abdul Maksood Dalupang, de 60 años, se muestra pragmático. “La ley RH va en contra de las enseñanzas del Islam. Pero este país es pobre, en las zonas musulmanas no hay trabajo. Ideológicamente es una ley mala, pero en la práctica es buena”, asegura este miembro del consejo de imanes de Filipinas, que militó a principios de la década de 1970 en el grupo separatista Frente Nacional de Liberación Moro.

En el patio de la mezquita, decenas de personas viven en condiciones miserables en cubículos de chapa y tablones de apenas cuatro metros cuadrados. Grupos de niños corretean por los alrededores. En la plaza de la iglesia Binondo, tres chicos se revuelcan en el suelo, desnudos bajo la lluvia. Junto a la iglesia Santa Cruz, media docena se bañan en una fuente. El aborto es ilegal en Filipinas, pero muchas mujeres pobres, carentes de formación sexual o medios o para adquirir anticonceptivos, recurren a menudo a él.

Se estima que más de medio millón de mujeres abortan al año en el país asiático, de las cuales decenas de miles sufren complicaciones y alrededor de mil mueren debido a las pobres condiciones sanitarias en que se realizan las intervenciones. “¿Cómo es posible saber que esas cifras son exactas si el aborto es ilegal?”, cuestiona Odchinar. “El acceso a anticonceptivos no implica que vaya a bajar el número de abortos, ya que aumentarían las relaciones sexuales, y, además, no son 100% seguros”.

La Iglesia parece no querer ver lo que ocurre en la calle. En el barrio de Quiapo, una joven vende un brebaje de hierbas llamado ‘pampa regla’ bajo unos soportales. Según dice, lo fabrica su tía en casa. Se trata de uno de los métodos utilizados en Filipinas para interrumpir el embarazo. “Si se te ha retrasado uno o dos meses el periodo, puedes beber esto y te volverá”, afirma. Ante la pregunta de si sirve para abortar, contesta: “Si alguien está embarazada y lo toma, es asunto suyo”. Y a continuación añade con un brillo en los ojos: “Lo compran sobre todo adolescentes”.

Hace unos años, el brebaje oscuro era vendido a las puertas de la basílica del Nazareno. Ahora, solo está un poco más lejos de la mirada de los sacerdotes. Basta cruzar la calle para encontrarlo bajos los soportales, al alcance de cualquiera, a 250 pesos (cuatro euros) la botella.

Fuente: http://www.elpais.com/

Source: Agosto 2011

América Latina: El laberinto de la salud de las mujeres

América Latina: El laberinto de la salud de las mujeres

(SEMlac).- La idea de salud es una idea integral. El bienestar depende del cuerpo, el espíritu y la condición social. Es un derecho humano incontrovertible y su cuidado y desarrollo depende de las políticas de Estado. Para las mujeres la salud significa mucho más que un hecho biológico. Está ligado a factores biológicos, psicológicos y sociales, y depende del lugar que las mujeres ocupan en la sociedad (determinantes sociales de la salud), de su capacidad de acceder a los recursos materiales y simbólicos para vivir una vida digna, con igualdad de oportunidades, exenta de violencias. Una vida en la cual la sexualidad y la reproducción se ejerzan desde la autonomía y la libertad. ? Lo que este cúmulo de reportajes elaborados por un grupo de corresponsales de SEMlac y el de nuestra compañera de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género de Catalunya muestran es el contorno y los resultados específicos de cómo se vive y busca la salud de las mujeres de Latinoamérica, considerada como la más desigual del mundo, no sólo por la marginación y la pobreza, sino por el modo y el trato con que transcurren las vidas de millones de mujeres y las de las familias que les toca mantener.

Este acercamiento a algunas realidades a través de este monográfico, muestra el laberinto donde salud o enfermedad dependen de las condiciones socioeconómicas, de las visiones conservadoras o liberales que persisten respecto de las mujeres.

En Colombia se las obliga al desplazamiento; en la mayoría de países se les niega su derecho a interrumpir un embarazo; en República Dominicana la pobreza e ignorancia las convierte en carnada para el negocio de la trata y la esclavitud sexual.

También narra el funcionamiento de la violencia institucional, delincuencial y de género que se impone y que las hace convivir con el desastre cotidiano, lo que les produce un intenso y pernicioso estado mental que las desgasta y segrega. Las deprime y menoscaba.

Los déficit en atención y derechos, expuestos en cuadros estadísticos y cifras que espantan, y que afectan a millones de mujeres, es especialmente lamentable cuando se enuncia que son constantes y siempre contra las más pobres y las más jóvenes.

La situación, desafortunadamente, está teñida de una ideología conservadora que -al negar el derecho a un aborto seguro- conduce a la desgracia. La muerte materna que se prometió detener desde que en 1985 los Estados tuvieron la oportunidad de conocer y tomar conciencia de que medio millón de mujeres en el mundo mueren cada año a consecuencia de parir, aun es una realidad en Latinoamérica.

Podemos leer que en la región todavía se niega el ejercicio en libertad de los derechos sexuales y reproductivos para la mitad de la población, así como también se regatea la información sobre el VIH/sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual y no se facilita el acceso a los tratamientos de cura o paliativos. Se obstaculizan incluso las mejores prácticas de la anticoncepción, en nombre de la falta de recursos y de moralidad.

Estos reportajes, inclinados hacia la salud sexual y reproductiva y al tema del aborto y las infecciones de transmisión sexual como centro y fuente de la pérdida de salud, muestran que debido a las secuelas los recursos internacionales que llegan directamente a los gobiernos, quienes regatean derechos que los organismos internacionales han elevado a acuerdos, convenciones y programas de acción, no están exentos del contexto en que ello sucede: la falta de democracia y de interés político.

En abril de 2011, como hacen notar algunos de los escritos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a sus Estados Miembros a eliminar las barreras en el acceso a los servicios de salud reproductiva y a comprometerse a dar buenos servicios en todos los casos de interrupción legal del embarazo.

Solamente en Chile, El Salvador y Nicaragua está totalmente prohibida la interrupción del embarazo, mientras que otros países acotan este derecho a través de leyes que hacen excepciones, no tienen reglas claras o persiste una sistemática negativa a reconocer esas excepciones.

Según la Organización Mundial de la Salud (como enuncia el reportaje de México), el 11 por ciento de las muertes de mujeres en la región tienen que ver con el aborto inseguro.

La muerte, dice la Red de Salud de las Mujeres de América Latina y el Caribe (RSMLAC), afecta mayormente a emigrantes y/o desplazadas, a las que habitan zonas rurales o urbano-marginales, a las mujeres de distintas etnias, a quienes tienen capacidades diferentes y a quienes optan por una preferencia sexual distinta a la biologista. Para ellas, el cruce de discriminaciones, violencias y exclusiones las aleja cada día del goce de sus derechos humanos, del derecho a la salud integral y de sus derechos sexuales y reproductivos.

La violencia

Las indagaciones periodísticas ponen sobre la mesa los datos y los hechos más recientes. Se dirigen al tema de la interrupción legal de los embarazos, por representar en este vértice la evidencia más clara de cuál es la condición social, económica, política y cultural de las latinoamericanas mayores de 14 años.

Madres adolescentes, sin alfabetizar y sin información sexual y de salud; niñas que se trafican, enfermedades venéreas en los espacios marginados, prostitución y desplazamiento. Miedo y subordinación.

La violencia que hoy muestra el centro de la exclusión femenina, ha sido perfectamente ligada en los escritos, a la condición de salud mental y física de las mujeres de Colombia, México y Guatemala, sin que ello exima a las de Argentina, Chile, Republica Dominicana, Bolivia, Nicaragua, Perú y Uruguay, donde todavía es la violencia machista el signo principal. Violadas, traficadas, vulnerables, desplazadas, acorraladas por la ley, las mujeres latinoamericanas y del mundo entero sufren en su cuerpo atrocidades inenarrables.

El feminicidio empieza a significar un indicador ligado a la falta de ciudadanía femenina, igual que la negativa a ejercer una vida libre y sana, al ejercicio de su sexualidad. Y en contradicción, se puede leer a la ideología que reconoce en las mujeres su capacidad reproductiva-maternal como excelsa, y se cae pecho tierra cuando se miran las cifras de muerte materna en Guatemala y México.

En éste último país, suman más de 2.000 mujeres asesinadas al año, por sus parejas o familiares, pero a manos de militares, policías y sicarios cada vez más. Los efectos del miedo, la viudez y el abandono, como el desplazamiento en Colombia, donde desde hace 50 años que se vive la guerra, empiezan a tener un documental preocupante.

El VIH/sida

La violencia sistemática y normalizada contra las mujeres en nuestras sociedades, sumada a problemáticas como los abortos clandestinos, la desinformación y relegación de las mujeres a la maternidad y al cuidado, sumado a la incapacidad de las políticas estatales para dar una respuesta integral, no deja de mostrar la labor de la sociedad civil desde nuestras sociedades y desde otras, a través de la cooperación internacional, y el apoyo a entidades de trabajo comunitario e incidencia política locales.

Habría que hacer un rescate aparte para honrar a todas las mujeres que forman parte de grupos comunitarios, ONGs y particularmente a quienes conforman las redes de Mujeres Viviendo con VIH, la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH (ICW) y el Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Positivas (MLCM+), así como a la Red de Trabajadoras Sexuales (REDTRASEX) y la red Transgénero de Latinoamérica y Caribe (REDLACTRANS).

Según los datos oficiales, las mujeres que viven con VIH todavía son discriminadas en los servicios de salud, así como privadas de sus legítimos derechos reproductivos y sexuales. La violencia contra las mujeres y niñas de América Latina se encuentra entre las más altas del mundo y la cobertura de los servicios que reducen la transmisión madre-hijo del virus sólo es accesible para 53 por ciento de las embarazadas latinoamericanas viviendo con el VIH.

Pendiente está el abordar de qué hablan los crímenes de odio contra personas trans en toda la región, así como la todavía mínima disponibilidad de servicios sociales para las personas trabajadoras del sexo, que podrían contribuir a reducir su vulnerabilidad.

La perspectiva

Los textos aquí reunidos, prácticamente en todos los casos, muestran la urgencia de trabajar aceleradamente en todos los frentes para mitigar la condición de salud de la población femenina en América Latina, Caribe y de las migradas y pobres en Catalunya.

Y luego de que han pasado 17 años desde que se celebró la Conferencia Internacional en el Cairo, ocasión en la que los estados se comprometieron a responder con políticas efectivas ante los estragos de la salud sexual y reproductiva, a crear mecanismos permanentes para la atención de las mujeres y donde -se creyó-, ligaron esta situación a la condición de género de las latinoamericanas, se hace claro que todo parece insuficiente.

En la perspectiva no parece haber razones para pensar que las cosas pueden cambiar pronto.

Los relatos de Chile, Bolivia, México, Colombia, Dominicana, Uruguay, Nicaragua, Perú, Guatemala y Argentina, muestran paralelamente cómo la ideología que mantiene a las mujeres en una condición discriminada por ser mujeres, impide el cumplimiento de compromisos y echa por tierra los planes y los programas de atención y financiamiento para evitar que el deterioro nulifique cualquier política o decisión sobre la ciudadanía de las latinoamericanas.

Poco se puede hacer. Cada uno de los reportajes muestran cómo se impide el mejoramiento de las leyes estatales, cómo la prohibición del aborto ha llevado a las mujeres a la cárcel o a la persecución, como en Chile, México y Nicaragua. Y de qué manera los prejuicios sociales y gubernamentales hacen que amar a las mujeres signifique pensar en que sólo la maternidad las eleva a una posición de igualdad como discurso.

Las periodistas que aquí han colaborado han realizado una reflexión informada sobre la salud de las mujeres, han rescatado datos y opiniones, y nos muestran a algunas mujeres concretas, con nombre y apellido que hablan de ese laberinto que les impide el goce de esa vida plena y saludable a la que cualquier persona puede aspirar.

Un reconocimiento a su trabajo y su dedicación para Norma Loto en Argentina, Helen Álvarez en Bolivia, Ángela Castellanos en Colombia, Tamara Vidaurrázaga en Chile, Soledad Jarquín en México, Alba Trejo en Guatemala, Sylvia R. Torres en Nicaragua, Mirta Rodríguez y Mercedes Alonso en República Dominicana, Julia Vicuña Yacarine en Perú, Isabel Pérez en Uruguay y Fabiola Llanos en Catalunya.

Fuente: http://www.bolpress.com/

Source: Agosto 2011

México: Retroceso en derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes

México: Retroceso en derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes

Las leyes y sus abusos contra la naturalidad de la sexualidad. Campañas estériles que no buscan informar sobre educación sexual, buscan controlar nuestros cuerpos.

En el país, la prevalencia del embarazo en adolescentes y las altas tasas de menores de 20 años de edad sin acceso a métodos anticonceptivos son muestra de los vacíos que existen en las políticas públicas dirigidas a la juventud, los cuales derivan en la “flagrante” violación de los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes y jóvenes. Lo anterior, lo señaló a Cimacnoticias Alma Rosa Ugarte Pérez, coordinadora del área de Investigación, de la organización Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, quien lamentó que el Estado mexicano en lugar de promover los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes, obstaculiza el ejercicio de éstos. 

Hoy, Día Internacional de la Juventud, la activista lamentó que en la política pública existan “vacíos en lo más básico como garantizar el acceso a métodos anticonceptivos para las y los adolescentes”, que les permitan ejercer una sexualidad sin riesgos de contraer infecciones de transmisión sexual (ITS), incluido el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), y también evitar embarazos no deseados o planeados. 

En promedio, la necesidad insatisfecha de anticonceptivos (NIA) entre las mexicanas es de 9.8 por ciento, pero ésta aumenta a 18 por ciento en las jóvenes y a 25 por ciento entre las adolescentes, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2009.

El número de casos de mujeres con VIH va en aumento. En 1985 por cada 10.8 hombres seropositivos había una mujer en esa condición, en 2010 la relación pasó a 4.2 hombres por una mujer. Actualmente, de cada 10 personas con VIH dos son mujeres.

Hasta noviembre del año pasado, había más de 144 mil personas con Sida en el país, de las cuales 25 mil 683 son mujeres, el 33 por ciento de ellas tiene entre 15 y 29 años de edad, según el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-Sida (Censida).

La coordinadora del área de Investigación de Elige, añadió que la propagación de la epidemia en las adolescentes y jóvenes se deriva de la falta de acciones efectivas para que esta población ejerza sus derechos sexuales y reproductivos, como servicios de salud “amigables, pertinentes, integrales”.

De igual modo, dijo que se requieren campañas que informen sobre la importancia del uso de métodos anticonceptivos para prevenir ITS, sobre todo del condón masculino y femenino.

Durante los últimos cuatro años (2007-2010), el uso del condón en las relaciones sexuales de menores de 20 años de edad sólo aumentó 0.8 por ciento, alcanzando una cobertura de 25.8 por ciento de los 11 millones 26 mil adolescentes, de los cuales 5 millones 505 mil son mujeres, según datos del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR).

Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) sólo una de cada 10 mujeres de 15 a 19 años de edad utiliza algún método anticonceptivo cuando inicia su vida sexual, debido a que no tienen oportunidad de acceder a ellos.

La NIA en esa población está relacionada con que en veinte años, la tasa de embarazos en adolescentes sólo se redujo 11.9 por ciento. Hace dos décadas, 81.4 por cada 100 mil adolescentes tenía al menos un hijo, en 2008 esta tasa disminuyó a 69.5 por el mismo número de mujeres de 15 a 19 años de edad.

Además de la falta de acceso a anticonceptivos, tampoco ha habido campañas de promoción del uso de estos métodos. Hasta 2011, el quinto año de gobierno de Felipe Calderón y el onceavo del Partido Acción Nacional en el poder, recién se lanzó una campaña para evitar embarazos no deseados o planeados, refirió la activista.

Abundó que “resulta preocupante que dejaran pasar tanto tiempo para llevar a cabo una acción importante ante la grave problemática del embarazo adolescente”. Cabe mencionar, que uno de cada cuatro embarazos en las menores de 20 años de edad no fue planeado y uno de cada 10 tampoco fue deseado, según datos de la investigadora Graciela Freyermuth Enciso del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). 

La falta de respuestas por parte del gobierno mexicano a las necesidades básicas de adolescentes y jóvenes se traduce en una violación a sus derechos esenciales. “El Estado no garantiza la autonomía de nuestra vida sexual y reproductiva, por el contrario intenta controlar nuestros cuerpos limitando o anulando nuestro derecho a decidir”.

Por ello, lejos de hablar de avances en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes y jóvenes, “hoy hablamos de retrocesos, un ejemplo claro es la modificación a las legislaciones locales que penalizan el aborto en 17 estados del país”, indicó Ugarte Pérez.

En este escenario, existen oportunidades, aseveró, una de ellas es la organización de las y los adolescentes y jóvenes para conocer y exigir el respeto de sus derechos sexuales y reproductivos, pero también para demandar que sean consideradas personas agentes de cambio que contribuyan al desarrollo del país, concluyó.  

Fuente: http://www.kaosenlared.net

Source: Agosto 2011