El Salvador. ¿Hay espacio para los derechos de las mujeres en la agenda de la indignación?

El Salvador. ¿Hay espacio para los derechos de las mujeres en la agenda de la indignación?

La reciente aprobación por la vía express de un decreto legislativo que limita las funciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha logrado lo impensable hace algunos años en El Salvador: la formación de un amplio y diverso movimiento de indignados e indignadas que desde las redes sociales organizan manifestaciones de protesta por el quiebre del orden constitucional derivado de este decreto. Este movimiento integrado por expresiones ideológicas civiles de la derecha, el centro y la izquierda así como por rectores, profesionales y estudiantes universitarios impelan a lo que denominan la “clase política salvadoreña” (con presidente Funes y partido FMLN incluidos) a que restituyan la independencia entre los tres órganos del Estado establecida por la Constitución de la República de 1983. En medio de esta ola de indignación nacional y de defensa de la democracia ha pasado casi desapercibida la reciente presentación del informe de la misión de seguimiento a El Salvador de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Sra. Rashida Manjoo, realizada durante el 17º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

En su informe, la Relatora Especial señala que durante su visita a El Salvador en el mes de marzo de 2010 pudo constatar la grave situación de violación a los derechos humanos de las mujeres así como el incumplimiento por parte de los diversos organismos del Estado de las recomendaciones formuladas por su antecesora en el año 2004.

Cinco áreas de especial preocupación se destacan en este informe, que deberían ser suficientes para indignarnos y movilizarnos socialmente para exigir al Estado y a su institucionalidad la transformación inmediata de esta situación.

En primer lugar, el aumento de los asesinatos de mujeres (feminicidios): “Los extremadamente violentos asesinatos de mujeres, destacados como un motivo importante de preocupación en el informe de la anterior titular del mandato, han aumentado de manera alarmante en los últimos años, y muchos de los interlocutores de la Relatora Especial describen la situación a la que se ha llegado como el reflejo de una cultura de odio contra la mujer y un indicador del mal funcionamiento del sistema de justicia.(…) Particularmente atroz es el grado de brutalidad alcanzado en el daño infligido a las víctimas, que a veces entraña la mutilación, la tortura y la decapitación y que se ve a menudo acompañado de secuestro y violencia sexual. Más de la mitad de los asesinatos registrados presentaban características generales similares: las víctimas, de edades comprendidas entre 10 y 29 años, desaparecían y eran luego encontradas asesinadas en parques públicos o en terrenos baldíos. La mayoría de estos asesinatos tuvieron lugar en San Salvador, La Libertad, Santa Ana y San Miguel”.

En segundo lugar, la persistencia de la violencia y el acoso contra las mujeres en el lugar de trabajo, en especial contra las mujeres en las maquilas textiles y en el servicio doméstico: “Las preocupaciones expresadas por la anterior titular del mandato en su informe sobre las condiciones de trabajo y las violaciones de los derechos de las mujeres en las maquilas siguen siendo pertinentes. Las trabajadoras de las maquilas que dieron a conocer sus experiencias a la Relatora Especial relataron violaciones recurrentes de sus derechos, entre ellas el abuso verbal y físico por los supervisores, el acoso sexual, el ser sometidas a pruebas de embarazo obligatorias y la posterior denegación de empleo o el despido de las mujeres embarazadas. Las condiciones de trabajo, que se caracterizan por la exigencia de trabajar más horas que las ordinarias, sin remuneración por las horas suplementarias y con amenazas de despido y por un entorno de trabajo insalubre y riguroso, fueron comparadas por algunas interlocutoras al trabajo forzoso y a una forma moderna de “esclavitud humana”. En un contexto propicio para el desarrollo de problemas de salud graves, es especialmente preocupante la falta de cobertura médica, a pesar del pago de cotizaciones al seguro de salud. También es motivo de gran preocupación la situación de muchas mujeres que trabajan para las maquilas desde sus hogares, sin ningún contrato ni protección social. (…….) El Código del Trabajo excluye a los trabajadores domésticos de muchos derechos laborales básicos, como el derecho a la jornada laboral de 8 horas o a la semana laboral de 44 horas garantizada por la ley o el derecho al salario mínimo legal. Esta situación, por la que los trabajadores domésticos se ven privados de la igualdad de protección ante la ley, tiene repercusiones desproporcionadas en las mujeres y las niñas, que constituyen más del 90% de los aproximadamente 108.000 trabajadores domésticos. (…) Muchos niños, especialmente niñas, que trabajan como empleados domésticos en casas particulares viven en condiciones muy difíciles y degradantes, y son muy vulnerables al abuso físico y/o sexual”.

En tercer lugar, el creciente delito de la trata de mujeres: “El Salvador es un país de origen, tránsito y destino para mujeres y niños víctimas de la trata con fines de explotación sexual comercial y trabajo forzado. La mayoría de las víctimas son mujeres y niñas salvadoreñas que son trasladadas dentro del país, desde las zonas rurales a las urbanas, con fines de explotación sexual comercial. La mayoría de las víctimas extranjeras son mujeres y niños de Colombia, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua que viajan a El Salvador para responder a ofertas de trabajo, pero que son posteriormente sometidos a la explotación sexual con fines comerciales o forzados a la servidumbre doméstica”.

En cuarto lugar, la indiferencia y/o tolerancia social hacia la violencia contra la comunidad LGTB: “El Salvador también se enfrenta a un nivel creciente de violencia contra los miembros de la comunidad de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales, y de los 4 asesinatos que sufrió en 2003 se pasó a por lo menos 12 en 2009. El alto nivel de homofobia social se refleja en la sociedad en general, particularmente en el empleo, pero también en la intolerancia que manifiestan los medios de comunicación. En una reunión con la Relatora Especial, algunos interlocutores relataron sus experiencias de discriminación y violencia generalizadas, por lo general pasadas por alto por el Gobierno, que incluían brutales violaciones en grupo y actos de violencia en la familia que habían sufrido a causa de su orientación sexual o su identidad de género Se expresó en particular preocupación por el intento de introducir enmiendas discriminatorias en la Constitución, entre ellas la de definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer o la de prohibir explícitamente la adopción por parejas del mismo sexo. Las personas transgénero también señalaron las dificultades con que tropezaban para cambiar legalmente su género en los documentos oficiales de identidad (….) Además, se ha señalado que, a pesar del aumento en el número de delitos motivados por el odio contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, ninguna institución reúne estadísticas sobre esas víctimas de la discriminación y la violencia”

En quinto lugar, la persistente violación al derecho de la salud sexual y reproductiva de las mujeres como resultado de la penalización absoluta de todas las causas de interrupción de embarazos: “Por lo que se refiere al acceso a la atención de la salud de la mujer, la esfera de los derechos reproductivos sigue siendo un motivo de especial preocupación. Si bien el aborto provocado ha sido siempre un acto ilegal en El Salvador, el aborto terapéutico, el aborto después de una violación y el aborto por razones eugenésicas, en cambio, han sido ilegales sólo desde 1999, cuando se enmendó la Constitución para reconocer la existencia de la persona humana desde el momento de la concepción. El conflicto de interpretación entre las disposiciones constitucionales y las del Código Penal que protegen el derecho a la vida de los embriones humanos se ha zanjado en favor de estas últimas, lo que ha dado lugar a la penalización del aborto. Esta penalización tiene repercusiones directas en las actuales altas tasas de mortalidad materna y de embarazos de adolescentes, y niega a las mujeres y las jóvenes el derecho al control sobre su cuerpo y su vida. La prohibición absoluta del aborto significa que las mujeres y las jóvenes están condenadas a llevar a término el embarazo y enfrentar la victimización reiterada por la familia y la sociedad. También ha llevado a las mujeres y jóvenes embarazadas a consecuencia de una violación o un incesto a recurrir a prácticas de aborto inseguro y clandestino, a veces con consecuencias fatales. Según el Ministerio de Salud, las tasas de mortalidad materna entre las adolescentes fueron del 15,3% en 2003, el 26% en 2004 y el 21,4% en 2005, con lo que el aborto practicado en esas condiciones pasó a ser la segunda de las diez principales causas de mortalidad femenina en El Salvador. Según un informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, los suicidios de adolescentes representan el 40,6% de todos los casos asociados a la mortalidad materna indirecta (…..) La Relatora Especial tuvo conocimiento de varios casos en que mujeres que habían sufrido un aborto involuntario o habían tenido un parto complicado sin asistencia médica que había dado lugar a muertes habían sido acusadas automáticamente de homicidio agravado, el cual es penalizado y castigado por el Código Penal con pena de prisión de 30 a 50 años”.

Frente a esta crítica situación, la Relatora Especial ha formulado un total de seis recomendaciones generales y veintitrés recomendaciones específicas para avanzar en la definición de una agenda de políticas nacionales orientadas a tutelar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Entre éstas destacan recomendaciones ya formuladas previamente por otros organismo de Naciones Unidas como por ejemplo, la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer; la recomendación de proceder a armonizar la legislación nacional con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer así como con otros instrumentos internacionales de derechos humanos que combaten la violencia y la discriminación contra la mujer, y la recomendación de poner en marcha un diálogo nacional sobre la legislación en materia de aborto, a fin de considerar la introducción de excepciones a su prohibición general, sobre todo en los casos de aborto terapéutico y de embarazos resultantes de violación o incesto.

Queda por determinar ahora sí existe o no existe espacio en la actual agenda de la indignación salvadoreña para poner fin a estas violaciones de los derechos humanos de las mujeres. Es muy difícil imaginarlo en este momento, ya que el contenido de este movimiento se inspira fundamentalmente en el respeto del orden institucional capitalista y con ello, indirectamente, se tiende también a promover (o a no cuestionar) el respeto del orden institucional de su hermano gemelo: el patriarcado.

La pregunta por tanto creemos que debe ser re-planteada en los siguientes términos: ¿Cuándo surgirá en El Salvador el movimiento de indignación anticapitalista y antipatriarcal que necesitamos hombres y mujeres para vivir realmente en democracia y con dignidad?

Julia Evelyn Martínez Es economista feminista y profesora de la UCA “José Simeón Cañas” de El Salvador. 

Fuente: http://www.rebelion.org

Source: Junio 2012