Latinoamericanos demandan participar en discusión sobre el aborto, dice encuesta

Latinoamericanos demandan participar en discusión sobre el aborto, dice encuesta

Santiago de Chile, 20 jun (EFE).- Los ciudadanos de México, Chile, Nicaragua y Brasil demandan una mayor participación en el debate sobre la despenalización del aborto en sus países, reveló hoy una encuesta difundida en Chile por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Según el estudio, titulado “Primera encuesta de opinión pública sobre el aborto”, la tradicional polarización en torno al aborto, reflejada en las posturas conocidas como ‘pro-vida’ y ‘pro-elección’, “no reflejan la actitud de la mayoría de la población” de estos países. En este sentido, el informe evidenció que existe “una tercera postura” que apuesta por “favorecer” la despenalización en determinadas circunstancias asociadas al embarazo, y que demanda una “flexibilización” de la regulación vigente en estos países sobre el aborto.

“El panorama (del aborto) está en movimiento en todas partes. En Chile estamos en un escenario de cambio que no tiene solo que ver con el aborto, sino que tiene que ver también con cómo se introduce el tema de los derechos en una discusión política amplia”, explicó a Efe Cristina Benavente, antropóloga e investigadora de Flacso-Chile.

Según el estudio, aunque los encuestados se manifiestan favorables a una mayor flexibilización de las leyes sobre el aborto, estos “no estarían a favor de la despenalización absoluta del aborto” ni de una “penalización a todo evento”.

Las razones que concitaron un mayor consenso respecto a la despenalización son: cuando esté en peligro la vida de la madre (66 % de promedio en los cuatro países), en caso de violación (56 %) y cuando exista una malformación del feto (61 %).

Sin embargo, estas causas no coinciden con las razones por las que las mujeres abortan, que son, según el informe, el abandono de la pareja, la falta de recursos económicos y que la mujer sea menor de edad.

Otro aspecto destacado por Flacso-Chile es la importancia de “abrir el debate” sobre el aborto a la sociedad, y la preferencia de los encuestados por el debate público de los temas, a través de plebiscitos o consultas públicas.

Así, el nivel de aceptación respecto a la idea de que los Gobiernos deberían revisar el marco legal vigente relativo al aborto llega al 90 % de promedio, incluso en México (82,2 %) y Brasil (87,8 %), países que han legislado y despenalizado el aborto en alguno de sus estados.

En el caso de Chile y Nicaragua, donde el aborto está totalmente penalizado, el nivel de apoyo a la revisión del marco legal fue el más alto, con un 94,4 % y un 94,2 %, respectivamente.

“Yo tengo la sensación de que la sociedad chilena está preparada para el debate (sobre el aborto). No va ser un debate fácil, porque nos espera la arremetida de los sectores conservadores que van a salir con todo el arsenal a pelearla”, opinó Benavente.

Por regla general, las personas encuestadas se consideraron “poco informadas” sobre la legislación del aborto, y “raramente” señalaron haber leído o visto noticias sobre este tema.

Además, un 86,7 % señaló conocer “poco o nada” respecto a las leyes que regulan la interrupción del embarazo en sus países.

El informe se basó en encuestas a 1.200 hombres y mujeres mayores de 18 años, habitantes tanto de zonas rurales como urbanas, en cada uno de los países analizados.

Tomado del servicio de noticias de: http://www.google.com/

Source: Junio 2012

ONU destaca el papel de las parteras en la lucha contra la mortalidad materna

ONU destaca el papel de las parteras en la lucha contra la mortalidad materna

El Fondo de Población de la ONU (UNFPA) destacó el papel crucial de las parteras en la prevención de la mortalidad materno-infantil, y reiteró que existe un déficit a escala mundial de 350.000 de esas profesionales. El UNFPA publicará el próximo lunes el Estado Mundial de la Partería, el primer análisis exhaustivo sobre los valiosos servicios ofrecidos por las comadronas, con datos de 58 países en todas las regiones del mundo.

El documento será presentado en Durban, Sudáfrica, en el 29º Congreso Trienal de Partería. La publicación se presentará como parte de los esfuerzos por alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio de lograr para 2015 el acceso universal a la salud reproductiva.

El alumbramiento es especialmente arriesgado en el sur de Asia y en África subsahariana, donde la mayoría de las mujeres dan a luz sin atención sanitaria apropiada.

Cada día 1.000 mujeres pierden la vida y 5.500 recién nacidos mueren en su primera semana de vida por carecer de la atención médica adecuada.

Fuente: http://www.elmercuriodigital.net

Source: Junio 2012

El Salvador. ¿Hay espacio para los derechos de las mujeres en la agenda de la indignación?

El Salvador. ¿Hay espacio para los derechos de las mujeres en la agenda de la indignación?

La reciente aprobación por la vía express de un decreto legislativo que limita las funciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha logrado lo impensable hace algunos años en El Salvador: la formación de un amplio y diverso movimiento de indignados e indignadas que desde las redes sociales organizan manifestaciones de protesta por el quiebre del orden constitucional derivado de este decreto. Este movimiento integrado por expresiones ideológicas civiles de la derecha, el centro y la izquierda así como por rectores, profesionales y estudiantes universitarios impelan a lo que denominan la “clase política salvadoreña” (con presidente Funes y partido FMLN incluidos) a que restituyan la independencia entre los tres órganos del Estado establecida por la Constitución de la República de 1983. En medio de esta ola de indignación nacional y de defensa de la democracia ha pasado casi desapercibida la reciente presentación del informe de la misión de seguimiento a El Salvador de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Sra. Rashida Manjoo, realizada durante el 17º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

En su informe, la Relatora Especial señala que durante su visita a El Salvador en el mes de marzo de 2010 pudo constatar la grave situación de violación a los derechos humanos de las mujeres así como el incumplimiento por parte de los diversos organismos del Estado de las recomendaciones formuladas por su antecesora en el año 2004.

Cinco áreas de especial preocupación se destacan en este informe, que deberían ser suficientes para indignarnos y movilizarnos socialmente para exigir al Estado y a su institucionalidad la transformación inmediata de esta situación.

En primer lugar, el aumento de los asesinatos de mujeres (feminicidios): “Los extremadamente violentos asesinatos de mujeres, destacados como un motivo importante de preocupación en el informe de la anterior titular del mandato, han aumentado de manera alarmante en los últimos años, y muchos de los interlocutores de la Relatora Especial describen la situación a la que se ha llegado como el reflejo de una cultura de odio contra la mujer y un indicador del mal funcionamiento del sistema de justicia.(…) Particularmente atroz es el grado de brutalidad alcanzado en el daño infligido a las víctimas, que a veces entraña la mutilación, la tortura y la decapitación y que se ve a menudo acompañado de secuestro y violencia sexual. Más de la mitad de los asesinatos registrados presentaban características generales similares: las víctimas, de edades comprendidas entre 10 y 29 años, desaparecían y eran luego encontradas asesinadas en parques públicos o en terrenos baldíos. La mayoría de estos asesinatos tuvieron lugar en San Salvador, La Libertad, Santa Ana y San Miguel”.

En segundo lugar, la persistencia de la violencia y el acoso contra las mujeres en el lugar de trabajo, en especial contra las mujeres en las maquilas textiles y en el servicio doméstico: “Las preocupaciones expresadas por la anterior titular del mandato en su informe sobre las condiciones de trabajo y las violaciones de los derechos de las mujeres en las maquilas siguen siendo pertinentes. Las trabajadoras de las maquilas que dieron a conocer sus experiencias a la Relatora Especial relataron violaciones recurrentes de sus derechos, entre ellas el abuso verbal y físico por los supervisores, el acoso sexual, el ser sometidas a pruebas de embarazo obligatorias y la posterior denegación de empleo o el despido de las mujeres embarazadas. Las condiciones de trabajo, que se caracterizan por la exigencia de trabajar más horas que las ordinarias, sin remuneración por las horas suplementarias y con amenazas de despido y por un entorno de trabajo insalubre y riguroso, fueron comparadas por algunas interlocutoras al trabajo forzoso y a una forma moderna de “esclavitud humana”. En un contexto propicio para el desarrollo de problemas de salud graves, es especialmente preocupante la falta de cobertura médica, a pesar del pago de cotizaciones al seguro de salud. También es motivo de gran preocupación la situación de muchas mujeres que trabajan para las maquilas desde sus hogares, sin ningún contrato ni protección social. (…….) El Código del Trabajo excluye a los trabajadores domésticos de muchos derechos laborales básicos, como el derecho a la jornada laboral de 8 horas o a la semana laboral de 44 horas garantizada por la ley o el derecho al salario mínimo legal. Esta situación, por la que los trabajadores domésticos se ven privados de la igualdad de protección ante la ley, tiene repercusiones desproporcionadas en las mujeres y las niñas, que constituyen más del 90% de los aproximadamente 108.000 trabajadores domésticos. (…) Muchos niños, especialmente niñas, que trabajan como empleados domésticos en casas particulares viven en condiciones muy difíciles y degradantes, y son muy vulnerables al abuso físico y/o sexual”.

En tercer lugar, el creciente delito de la trata de mujeres: “El Salvador es un país de origen, tránsito y destino para mujeres y niños víctimas de la trata con fines de explotación sexual comercial y trabajo forzado. La mayoría de las víctimas son mujeres y niñas salvadoreñas que son trasladadas dentro del país, desde las zonas rurales a las urbanas, con fines de explotación sexual comercial. La mayoría de las víctimas extranjeras son mujeres y niños de Colombia, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua que viajan a El Salvador para responder a ofertas de trabajo, pero que son posteriormente sometidos a la explotación sexual con fines comerciales o forzados a la servidumbre doméstica”.

En cuarto lugar, la indiferencia y/o tolerancia social hacia la violencia contra la comunidad LGTB: “El Salvador también se enfrenta a un nivel creciente de violencia contra los miembros de la comunidad de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales, y de los 4 asesinatos que sufrió en 2003 se pasó a por lo menos 12 en 2009. El alto nivel de homofobia social se refleja en la sociedad en general, particularmente en el empleo, pero también en la intolerancia que manifiestan los medios de comunicación. En una reunión con la Relatora Especial, algunos interlocutores relataron sus experiencias de discriminación y violencia generalizadas, por lo general pasadas por alto por el Gobierno, que incluían brutales violaciones en grupo y actos de violencia en la familia que habían sufrido a causa de su orientación sexual o su identidad de género Se expresó en particular preocupación por el intento de introducir enmiendas discriminatorias en la Constitución, entre ellas la de definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer o la de prohibir explícitamente la adopción por parejas del mismo sexo. Las personas transgénero también señalaron las dificultades con que tropezaban para cambiar legalmente su género en los documentos oficiales de identidad (….) Además, se ha señalado que, a pesar del aumento en el número de delitos motivados por el odio contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, ninguna institución reúne estadísticas sobre esas víctimas de la discriminación y la violencia”

En quinto lugar, la persistente violación al derecho de la salud sexual y reproductiva de las mujeres como resultado de la penalización absoluta de todas las causas de interrupción de embarazos: “Por lo que se refiere al acceso a la atención de la salud de la mujer, la esfera de los derechos reproductivos sigue siendo un motivo de especial preocupación. Si bien el aborto provocado ha sido siempre un acto ilegal en El Salvador, el aborto terapéutico, el aborto después de una violación y el aborto por razones eugenésicas, en cambio, han sido ilegales sólo desde 1999, cuando se enmendó la Constitución para reconocer la existencia de la persona humana desde el momento de la concepción. El conflicto de interpretación entre las disposiciones constitucionales y las del Código Penal que protegen el derecho a la vida de los embriones humanos se ha zanjado en favor de estas últimas, lo que ha dado lugar a la penalización del aborto. Esta penalización tiene repercusiones directas en las actuales altas tasas de mortalidad materna y de embarazos de adolescentes, y niega a las mujeres y las jóvenes el derecho al control sobre su cuerpo y su vida. La prohibición absoluta del aborto significa que las mujeres y las jóvenes están condenadas a llevar a término el embarazo y enfrentar la victimización reiterada por la familia y la sociedad. También ha llevado a las mujeres y jóvenes embarazadas a consecuencia de una violación o un incesto a recurrir a prácticas de aborto inseguro y clandestino, a veces con consecuencias fatales. Según el Ministerio de Salud, las tasas de mortalidad materna entre las adolescentes fueron del 15,3% en 2003, el 26% en 2004 y el 21,4% en 2005, con lo que el aborto practicado en esas condiciones pasó a ser la segunda de las diez principales causas de mortalidad femenina en El Salvador. Según un informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, los suicidios de adolescentes representan el 40,6% de todos los casos asociados a la mortalidad materna indirecta (…..) La Relatora Especial tuvo conocimiento de varios casos en que mujeres que habían sufrido un aborto involuntario o habían tenido un parto complicado sin asistencia médica que había dado lugar a muertes habían sido acusadas automáticamente de homicidio agravado, el cual es penalizado y castigado por el Código Penal con pena de prisión de 30 a 50 años”.

Frente a esta crítica situación, la Relatora Especial ha formulado un total de seis recomendaciones generales y veintitrés recomendaciones específicas para avanzar en la definición de una agenda de políticas nacionales orientadas a tutelar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Entre éstas destacan recomendaciones ya formuladas previamente por otros organismo de Naciones Unidas como por ejemplo, la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer; la recomendación de proceder a armonizar la legislación nacional con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer así como con otros instrumentos internacionales de derechos humanos que combaten la violencia y la discriminación contra la mujer, y la recomendación de poner en marcha un diálogo nacional sobre la legislación en materia de aborto, a fin de considerar la introducción de excepciones a su prohibición general, sobre todo en los casos de aborto terapéutico y de embarazos resultantes de violación o incesto.

Queda por determinar ahora sí existe o no existe espacio en la actual agenda de la indignación salvadoreña para poner fin a estas violaciones de los derechos humanos de las mujeres. Es muy difícil imaginarlo en este momento, ya que el contenido de este movimiento se inspira fundamentalmente en el respeto del orden institucional capitalista y con ello, indirectamente, se tiende también a promover (o a no cuestionar) el respeto del orden institucional de su hermano gemelo: el patriarcado.

La pregunta por tanto creemos que debe ser re-planteada en los siguientes términos: ¿Cuándo surgirá en El Salvador el movimiento de indignación anticapitalista y antipatriarcal que necesitamos hombres y mujeres para vivir realmente en democracia y con dignidad?

Julia Evelyn Martínez Es economista feminista y profesora de la UCA “José Simeón Cañas” de El Salvador. 

Fuente: http://www.rebelion.org

Source: Junio 2012

España: Los médicos adaptan su código ético a la ley del aborto y a la muerte digna

España: Los médicos adaptan su código ético a la ley del aborto y a la muerte digna

El documento se aprobará el próximo mes y sustituirá al anterior, de 1999· La objeción de conciencia abre el debate

La Organización Médica Colegial está ultimando ya el nuevo código deontológico de la profesión, un documento que marca el comportamiento ético y profesional de los médicos españoles y que es de obligado cumplimiento para los facultativos sea cual sea su modalidad bajo riesgo de falta disciplinaria.

Estos códigos se tienen que renovar cada diez años y el actual es de 1999, por lo que la actualización era algo necesario más cuando se han producido tantos cambios en la asistencia y práctica médica en los últimos años. De hecho, lo fundamental del nuevo texto, a cuyo borrador ha tenido acceso este periódico, será la adaptación de este código profesional a nuevas leyes como la de autonomía del paciente, del aborto o de la muerte digna y a prácticas médicas como pruebas genéticas o trasplantes. Según explican desde el Colegio de Médicos de Granada, el 22 de junio termina el plazo para alegaciones y se espera que en julio ya esté aprobado. De hecho, el colegio granadino ha sido uno de los que ha formulado más aportaciones al texto a través de 62 enmiendas encaminadas a matizar los artículos y capítulos que incluye el texto.

El código consta de 21 capítulos y 66 artículos e incorpora cinco capítulos nuevos: sobre las pruebas genéticas, el dopaje deportivo, la docencia médica, la objeción de conciencia y la atención médica al final de la vida. De lo que se trata es de actualizar y adaptar este código a las nuevas prácticas de forma que no incluya artículos que vayan contra leyes actuales. Así, se han modernizado puntos sobre las asociaciones profesionales, la drogadicción, la segunda opinión médica, la prevención de la enfermedad, la duración del acto médico, el error médico, la esterilización, la reproducción asistida, la investigación en embriones humanos, el intrusismo en el ámbito médico y el trasplante facial, entre otros aspectos.

Los capítulos que pueden generar más debate son los de la objeción de conciencia, la atención médica al final de la vida y la reproducción humana.

En cuanto al a objeción de conciencia, en el código de 1999 se menciona en el artículo 26 del capítulo VI (De la Reproducción Humana) y dice que “el médico tiene derecho a negarse por razones de conciencia a aconsejar alguno de los métodos de regulación y de asistencia a la reproducción, a practicar la esterilización o a interrumpir un embarazo” y que “el médico podrá comunicar al Colegio de Médicos su condición de objetor de conciencia especialmente si dicha condición le produce conflictos de tipo administrativo o en su ejercicio profesional”. En el futuro código, la objeción de conciencia ocupa un capítulo específico (VI) con cuatro artículos a los que se añaden otros supuestos de objeción como a pruebas genéticas preimplantatorias y a la imposición de alimentación forzosa a pacientes en huelga de hambre. Además, define la objeción de conciencia como “presupuesto imprescindible para garantizar la libertad e independencia en el ejercicio profesional” amparada siempre en motivos “morales serios y coherentes y nunca en criterios de conveniencia u oportunismo”. También se menciona por primera vez la ‘objeción de ciencia’ para proteger la libertad de método y prescripción.

Pero el mayor debate está en el capítulo de reproducción humana (XII), que está levantando críticas. El código dice que “no es conforme a la ética cualquier conducta destinada a cercenar o impedir los derechos que la ley conceda a las mujeres para interrumpir voluntariamente su embarazo”, una de las pocas prohibiciones expresas que recoge el código. En este extremo, saltan las opiniones que hablan de contradicción entre el derecho del paciente y el derecho a la objeción de conciencia y la subjetividad en el concepto de cercenar o impedir un derecho. Además, de acuerdo con la ley del aborto, dice que “no se sancionará deontológicamente la interrupción voluntaria del embarazo realizada conforme a la legislación vigente”.

En cuanto al final de la vida, matiza que “la sedación en la agonía es científica y éticamente correcta” y que el médico “está obligado a atender las peticiones del paciente reflejadas en el documento de voluntades anticipadas, a no ser que vayan contra la buena práctica médica”, en alusión directa a la eutanasia.

Fuente: http://www.granadahoy.com/

Source: Junio 2012

Iglesia mexicana tolera a Darwin pero rechaza educación sexual, dice experta

Iglesia mexicana tolera a Darwin pero rechaza educación sexual, dice experta

La Iglesia católica y los grupos conservadores en México toleran la enseñanza de la evolución, de Carlos Darwin, pero rechazan con intolerancia la educación sexual en las escuelas y la prevención del aborto, dijo hoy a Efe la bióloga Ana Barahona.

La científica, quien es la primera mexicana en ser admitida en la Academia Internacional de la Historia de la Ciencia, explicó que las teorías de Darwin sobre la evolución de las especies y el origen del hombre como resultado de un proceso evolutivo comenzaron a enseñarse desde el Gobierno de Porfirio Díaz (que se mantuvo en el poder de 1876 a 1911), cuando su ministro de Educación, Justo Sierra, impulsó la enseñanza de las ciencias. Lamentó que la enseñanza de la evolución se haya adoptado de manera consistente en el nivel de secundaria apenas en 1993, con una reforma para modernizar la educación, “aunque desde 1974 empezó a enseñarse las ciencias naturales desde el punto de vista evolutivo”.

Agregó que para muchos científicos es “patético” que la teoría de Darwin haya comenzado a estudiarse en secundaria apenas hace 20 años, no obstante recordó que apenas en ese año se hizo obligatoria la secundaria.

Recordó que en esa reforma también se aprobó incluir la educación sexual desde la primaria, tema que generó una furibunda reacción de los grupos religiosos y conservadores, los cuales lograron echar atrás esta asignatura en varios estados del país.

“En Estados Unidos los conservadores atacan la explicación científica de la evolución, mientras que en México su blanco principal es la educación sexual y el aborto, y es una batalla que se ha perdido hasta ahora”, dijo Barahona.

Recordó que en el vecino país del norte además de la biología se enseñan las explicaciones religiosas como el creacionismo y la denominada “teoría del diseño inteligente”, la cual sirve como argumento para dar una explicación religiosa del origen del universo.

Barahona es también jefa del Departamento de Biología Evolutiva de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y presidenta de la Sociedad Internacional de Historia, Filosofía y Estudios Sociales de la Ciencia.

Sobre su ingreso a la Academia Internacional de Historia de la Ciencia, la bióloga mexicana destacó que ella es la primera mujer mexicana que es aceptada en esa institución, y que para ser nominada se requirió ser propuesta por colegas de dos universidades.

“Este es un nombramiento honorífico que reconoce la trayectoria y las aportaciones en el área de la historia de la ciencia”, explicó.

De México hay dos científicos más: uno que ingresó en 1991 y el segundo en 1995, “y ahora yo… los tres somos de la UNAM, lo que significa un reconocimiento a nuestra máxima casa de estudios”.

Añadió que en este organismo están representados una gran cantidad de países.

Señaló que el propósito de la Academia es promover la investigación y la difusión de la historia de la ciencia para convertirla en algo importante, porque la ciencia y la tecnología son características de las sociedades modernas.

Barahona explicó que es importante promover el estudio de la historia de la ciencia, pues las sociedades actuales, conocidas como la sociedad del conocimiento, son moldeadas por la ciencia y la tecnología.

Explicó que la ciencia y la tecnología han modificado el entorno natural, lo que supone grandes problemas como son el calentamiento global o la destrucción de la capa de ozono, no obstante, las soluciones las ofrece el mismo desarrollo científico y tecnológico.

Mario Molina, premio Nobel de Química 1995, “demostró que los clorofluorocarbonos que se usaban como refrigerantes eran la causa de la destrucción de la capa de ozono por lo que se pidió dejar de usarlos”, recordó.

Barahona desarrolló diversas investigaciones en Harvard y en la American Philosophical Society, además desarrolló estudios postdoctorales en la Universidad de California, y en México ha dirigido 25 tesis de licenciatura, maestría y doctorado.

Fuente: http://noticias.terra.com.pe

Source: Junio 2012

El acceso al aborto terapéutico en Costa Rica

El acceso al aborto terapéutico en Costa Rica

En los últimos 20 años se ha realizado un esfuerzo significativo en el ámbito del derecho internacional hacia un compromiso real con la igualdad de género, lo que ha incluido una visión de los derechos humanos de la mujer que necesariamente abarca el respeto y garantía de sus derechos sexuales y reproductivos.

El derecho internacional ha reconocido amplia y frecuentemente el acceder a servicios legales de aborto como un derecho reproductivo fundamental de la mujer. Este reconocimiento se constituye en una obligación de los Estados de garantizar su regulación y prestación, y de adoptar las medidas necesarias para asegurarse de que las mujeres pueden efectivamente acceder a dicho servicio. Abortos inseguros. Sin embargo, según estadísticas de IIMMHR (International Initiative on Maternal Mortality and Human Rights), en los países en vía de desarrollo se llevan a cabo anualmente alrededor de 18 millones de abortos inseguros que resultan en unas 18.000 muertes maternas evitables, lo cual constituye una grave violación al derecho a la vida, la salud y la igualdad de la mujer.

Dada esta relación verificable entre la práctica de abortos inseguros y las tasas de mortalidad materna evitables, se ha llegado a un consenso internacional muy importante sobre la relación que existe entre el acceso a servicios de aborto legal, y la garantía de los derechos fundamentales de las mujeres. Los diferentes comités de monitoreo de las Naciones Unidas han consolidado una doctrina en la que se reconocen las violaciones a los derechos humanos de las mujeres que suceden como consecuencia de la falta de acceso a abortos legales, entre los que se encuentra el derecho a la vida, el derecho a la salud, y el derecho a no ser discriminado.

En el caso de Costa Rica, según el Código Penal, es legal interrumpir un embarazo cuando la vida o la salud de la mujer embarazada están en riesgo. No obstante, no existen protocolos de atención u otra norma administrativa que garantice el acceso a dicho procedimiento, lo que ha generado inseguridad jurídica sobre los términos y el alcance de la excepción legal contenida en la ley penal. Este vacío ha sido ocupado con los temores, los prejuicios y las creencias privadas de los prestadores de salud, trayendo como consecuencia última un costo enorme en el disfrute de los derechos humanos de las mujeres.

Caso de A. N. Esto puede ilustrarse a partir del caso de A.N., una joven mujer costarricense que a los 26 años estaba embarazada de un feto al que se le diagnosticó encefalocele occipital, una malformación severa incompatible con la vida extrauterina, que fue debidamente confirmada mediante los exámenes médicos pertinentes. Durante la primera etapa del embarazo, A.N. sufrió de abundantes vómitos y sangrados, y después de varios exámenes se llegó al diagnóstico fetal; tras enterarse de esto, A.N se sumió en una profunda depresión.

Basándose en el hecho de que la ley costarricense permite el aborto en caso de peligro para la salud de la madre, A.N. solicitó que se le practicara un aborto terapéutico, servicio que fue negado sistemáticamente por las autoridades estatales competentes. El resultado fue que A.N. fue obligada a llevar a término su embarazo y a dar a luz un feto muerto, luego de un proceso que afectó seriamente su salud física y mental.

El Centro de Derechos Reproductivos, en conjunto con la Colectiva del Derecho a Decidir, han presentado este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciando al Estado costarricense por haber faltado a sus obligaciones internacionales de derechos humanos.

Según datos oficiales del Departamento de Estadísticas de Salud, entre 2002 y 2006 se realizó en el país un total de 26 abortos legales. Sin embargo, el INEC reporta para el mismo periodo un total de 379 defunciones por malformaciones congénitas incompatibles con la vida extrauterina (MIVE). El minúsculo número de abortos legales que se realiza anualmente, comparado tan solo con los casos de MIVE (y sin contar los de otras enfermedades de las madres como cáncer, presión alta, etc.), apunta a que una cantidad muy grande de mujeres no están accediendo a un procedimiento de salud al que tienen derecho.

Incumplimiento del Estado. La historia de A.N. no constituye un caso aislado en Costa Rica. Y mientras tanto, Costa Rica continúa omitiendo su obligación de emitir regulaciones que garanticen el acceso a servicios de aborto legal y respeten los estándares internacionales en la materia.

Según la Constitución de la Organización Mundial de la Salud “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. En el caso de las mujeres, la posibilidad de tomar decisiones autónomas e informadas sobre su cuerpo y su vida, incluyendo el aborto, es una condición básica para garantizar su dignidad humana indispensable para el “estado de completo bienestar”.

Permitir a una mujer decidir la práctica de un aborto terapéutico legal, cuando la continuación del embarazo supone un riesgo para su vida o una afectación de su salud física o mental, es una decisión personal que debería ser autónoma, y que permite la realización de otros derechos humanos de los cuales también es titular, como la vida, la salud y la no discriminación.

En Costa Rica es legal el acceso al aborto terapéutico. Entonces, ¿por qué el Estado se niega a garantizar que las mujeres puedan acceder a este?

Mónica Arango Olaya es abogada con maestría en Derecho por la Universidad de Harvard y Directora para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos.

Fuente: http://www.nacion.com/

Source: Junio 2012

México: Se llevó a cabo la 2da Reunión del Comité de Mortalidad Materna y Perinatal – SESA

México: Se llevó a cabo la 2da Reunión del Comité de Mortalidad Materna y Perinatal - SESA

La Mortalidad Materna es un problema de salud pública que atacaremos de manera conjunta todos los sectores de la Secretraría de Salud, en sus tres niveles y sus tres jurisdicciones, en coordinación con el DIF Estatal, la Federación a través del IMSS, ISSSTE, la zona militar y la iniciativa privada, todos en un frente común, comentó Luis Vega Cubilla, Enlace Técnico de Atención Hospitalaria.

Se llevó a cabo la segunda reiunión del comité de muerte materna y perinatal, con el único objetivo,  tomar  decisiones y  elaborar estrategias para mejorar la atención a mujeres embarazadas de alto, mediano y bajo riesgo. Actualmente el  índice de mortalidad en el estado, se encuentra en un punto elevado,  tan solo por densidad poblacional estamos aproximadamente en el lugar 28 de la republica mexicana, afirmó, Vega Cubillas.

Normalmente manejamos  un promedio entre 13  y 17 mujeres  embarazadas muertas por año, que dentro de los indicadores es una cifra elevada; y tan solo en el primer semestre del año, van cuatro muertes de mujeres embarazadas, sin embargo nos colocamos por debajo de la media, añadió.

Respecto a lo anterior, se sostuvo dicha reunión donde se contó con la presencia de Mariana González Foullon, presidenta honorifica del DIF estatal, autoridades del sector privado como el presidente del colegio de Ginecólogos del estado de Tlaxcala,  y la presidenta del Colegio de Pediatras del Estado.

En el marco de esta reunión se establecieron acuerdos como elaborar un censo de mujeres embarazadas a nivel estatal, para que la secretaria de salud conozca  exactamente cuantas embarazadas se atienden, dónde y cómo se encuentran; así como elaborar estrategias de difusión para que todas las mujeres  que se encuentren embarazadas o quieran embarazarse conozcan cuales son los riesgos y acudan de manera temprana a recibir la atención médica adecuada.

En la reunión, se mencionó la integración de equipos de la procuraduría estatal de justicia y ministerios públicos para que en el caso que se pueda presumir algún problema médico  legal, se brinde el apoyo para que el trámite se agilice.

Aunado a esto se acordó mejorar los sistemas  de planificación familiar, buscando evitar embarazos de alto riesgo, siendo el rango de edad de los 14 a 17 años y los de 35 a 40 años de edad,  donde se presentan.

“El acto seguido es hacer acciones más palpables, las estrategias empezar a gestionarlas, ya que urge tener el censo poblacional de mujeres embarazadas y encontrar el mecanismo para que cada mujer que se embarace se capte. Lo que corresponde a los hospitales de segundo nivel acondicionarlos para cualquier emergencia, crear equipos de respuesta inmediata, mantener la plantilla de médicos como ya se ha manejado en estos 4 meses, que ha aumentado en un 60 por ciento en gíneco- obstetras y pediatras”, comentó.

Actualmente Tlaxcala se encuentra en los principales estados donde se registra mayor casos de embarazos en mujeres adolecentes, por lo que la planificación familiar será fundamental en la tarea preventiva que este gobierno ha trazado.

Fuente: http://www.e-consulta.com

Source: Junio 2012

Uruguay: El aborto, nuevamente en debate

Uruguay: El aborto, nuevamente en debate

El tema del aborto ­o, mejor dicho, de su despenalización­ vuelve a plantearse en el ámbito legislativo. Esta vez, de la mano del diputado colorado Fernando Amado (Vamos Uruguay), cuyo proyecto lleva el número 11 desde el fin de la dictadura.

Desde que el país recuperó su normalidad institucional, se han presentado varias iniciativas, varios proyectos de ley con los que se pretende hacer frente a una realidad, dar respuesta a un problema que está ahí y que ha estado ahí desde hace muchos decenios, aunque la sociedad y el sistema político lo hayan hipócritamente ocultado. Los primeros intentos de despenalizar el aborto datan de la segunda mitad de la década del 80 y fueron iniciativas de parlamentarios colorados imbuidos del mejor espíritu librepensador propio del batllismo.

Durante el gobierno del doctor Jorge Batlle ­la última legislatura antes del triunfo de la izquierda­ un proyecto de ley más elaborado naufragó en el Parlamento al no contar con los votos suficientes en las cámaras legislativas. Bajo el primer gobierno frentista, los impulsores de la despenalización del aborto presentaron un nuevo proyecto que recogía lo fundamental del espíritu del anterior; como todos recordarán, el proyecto obtuvo sanción legislativa pero mereció el veto del doctor Tabaré Vázquez.

Conviene aclarar aquí que comporta un grave error conceptual plantear la cuestión en términos de estar a favor o en contra del aborto. Nadie está a favor del aborto; se está en contra de que tal práctica esté penada por la ley. Y, desde luego, la despenalización del aborto no implica que este sea declarado obligatorio…

En la presente Legislatura, la doctora Mónica Xavier volvió a presentar un proyecto muy similar al anterior, mientras el diputado emepepista Álvaro Vega presentaba su propia iniciativa; ambos proyectos fueron tratados en la bancada de gobierno de modo de unificarlos y presentar un proyecto único. A esto se suma la reciente iniciativa del diputado Amado a que hacemos referencia al comienzo.

No hemos leído el texto de este último proyecto de ley, pero por lo que ha trascendido a través de los medios es de suponer que no está en contradicción con el proyecto frentista y es de desear que en el transcurso del tratamiento parlamentario se llegue a acuerdos que permitan impulsar un solo proyecto que cuente con un apoyo plural.

Somos respetuosos de todas las creencias y de todas las posturas filosóficas respecto de tan delicado asunto. Entendemos perfectamente bien a quienes son contrarios a la interrupción voluntaria del embarazo; respetamos a quienes rechazan esa opción aun en caso de un embarazo no deseado. Pero por lo mismo esperamos de ellos una actitud diferente a la que suelen adoptar. Una cosa es no estar de acuerdo con el aborto y otra muy distinta es militar por mantener la pena establecida en el Código Penal.

El fundamentalismo contra la despenalización del aborto ignora una realidad insoslayable, la oculta o prescinde de ella en función de principios o creencias. Y esa realidad ­que existe desde siempre­ señala que la penalización del aborto no ha tenido ningún efecto disuasorio; que generó la práctica abortiva en condiciones pésimas de higiene para quienes no disponen de medios para pagar una buena clínica clandestina.

Finalmente, algo que ha señalado el diputado Amado: la realidad demuestra que la sociedad uruguaya no considera que el aborto sea un delito.

Fuente: http://www.larepublica.com.uy

Source: Junio 2012

Centroamérica: Una cotidianidad escandalosa

Centroamérica: Una cotidianidad escandalosa

En Centroamérica existen varias ‘epidemias’: la violencia de género, los abusos sexuales y la mortalidad materna

Bilbao. Mortalidad materna, violencia machista, abortos clandestinos, embarazos adolescentes, estigmatización, discriminación, desprotección, exclusión. Esa es la realidad en la que viven cada día miles de mujeres centroamericanas, situaciones con las que trabaja Medicus Mundi Bizkaia con un objetivo: que de cotidianidad pasen a ser excepción. Para avanzar en este sentido, la organización busca fortalecer los sistemas de salud públicos y lograr que brinden una atención basada en derechos humanos y en la multiculturalidad de sus sociedades. “En general, los sistemas de salud de Centroamérica están desarticulados. Los servicios en general, y de salud sexual y reproductiva en particular, son muy precarios. Y es una precariedad que muchas veces no tiene solo una justificación de la pobreza”, explican Sergio Irazola y Mirella Melgar, coordinadores regionales del convenio de salud sexual y reproductiva que Medicus Mundi en Centroamérica. Violencia machista

Una lacra cotidiana

La región cuenta con una dramática realidad: la de la violencia machista. “Es uno de los elementos que está ninguneado, en la clandestinidad de los sistemas públicos de salud. Cuando llega una mujer víctima de violencia de género es diagnosticada como un traumatismo, por lo tanto no se articula con el sistema de justicia y se pierden todas las posibilidades de denuncia”, señalan Melgar e Irazola. Medicus Mundi trabaja en Guatemala con la organización Nuevos Horizontes, que cuenta con una casa refugio en Quetzaltenango donde atiende a las mujeres tanto física como psicológicamente, y hace un acompañamiento legal de sus casos. Ambas organizaciones impulsan la creación de un sistema de información en los centros de salud que se articule con el sistema de justicia, y ya han conseguido firmar un convenio con las autoridades.

Pero además de lograr que se denuncien los casos, Jorge Irazola y Mirella Melgar hacen hincapié en la necesidad de que el Estado dé prioridad a esta problemática y brinde protección a estas mujeres. “¿Cómo denuncias si no hay nadie que te proteja?”, cuestionan. “El tema es cómo se da seguimiento a esa denuncia y qué pasa con la mujer mientras tanto. El problema, para mí, es de Estado, que es un estado que ha sido destruido”, apunta Irazola. “Las casas refugio dan atención primaria a las mujeres, pero es una situación temporal, en paras el golpe, pero después la mujer queda absolutamente desprotegida”, continúa el responsable de Medicus Mundi.

Uno de los grandes problemas actualmente es que no se hace distinción entre la violencia común y la de género. “Ante esto hay una respuesta policial y eso no es suficiente”. A veces, ni eso, ya que la impunidad sigue siendo lo habitual en Centroamérica. Por ejemplo, en El Salvador, menos del 10% de los crímenes son resueltos. “Esto es por carencias del sistema de investigación, porque muchas veces está colapsado o porque es corrupto. La región, además, está teniendo un fuerte incremento del narcotráfico, en el caso de Guatemala es muy obvio. Se están construyendo poderes paralelos a los del estado o propiamente del estado ligados a los cárteles. Hay mucha impunidad y también la impunidad es la negligencia de un estado que está desestructurado y en el que la precariedad es la norma”, explican.

En el caso de la violencia machista se traduce en una desconfianza absoluta hacia las autoridades. “Hay desconfianza hacia el sistema policial, no hay protocolos establecidos para atender a una mujer víctima de violación, por ejemplo. Lo hacen los propios hombres policía con una sensibilidad bajo cero. El por qué no se denuncia se puede entender perfectamente, por eso es muy importante el trabajo que hace Nuevos Horizontes, porque después de la denuncia, nunca se deja sola a la mujer”, continúan. A esto hay que añadir la violencia patrimonial, que se traduce en la dependencia económica de la mujer hacia su marido.

Mortalidad materna

Vivir en zonas rurales

Las tasas de mortalidad materna de Guatemala son las más altas de la región. “Es una catástrofe y es una negligencia por parte de un Estado, porque eso debería ser algo puntual y es la norma, sobre todo, en las zonas rurales”, explican los coordinadores de Medicus Mundi. La mujer guatemalteca muere por cuatro causas: porque se detectan tardíamente problemas durante el embarazo y cuando se lleva a la mujer al centro de salud ya está crítica; por cómo se organiza la comunidad para llevarla a ese centro, ya que en la mayoría de los casos no cuenta con medios; por la infraestructura del propio centro sanitario, y por los recursos de los que dispone el hospital. “En esos cuatro caminos es donde se produce la mortalidad materna, nosotros trabajamos en los dos primeros, en la detección rápida de complicaciones en el embarazo y en el traslado al centro de salud u hospital”, explica Irazola.

Asimismo, Medicus Mundi trata de que los sistemas de salud públicos reconozcan la multiculturalidad de las sociedades centroamericanas, un tema que se hace más evidente en Guatemala, donde un 80% de la población es de origen indígena. La organización vizcaina trabaja con una asociación de comadronas de salud -“el elemento nuclear en el parto dentro de la cosmovisión maya”-, promoviendo que sean reconocidas por el ministerio de Salud. Dado que las mujeres mayas dan a luz con la ayuda de estas parteras, se busca que exista una coordinación con el ministerio y los sistemas de salud para que el parto cuente con todas las condiciones de seguridad.

Multiculturalidad

La diversidad centroamericana

Esta multiculturalidad también está presente en Honduras, por ejemplo, en la costa atlántica, donde vive la población garífuna o negra. Ahí también se dan situaciones de discriminación. “Las propias consejerías que se dan en los centros de salud no se dan en garífuna, no se tiene en cuenta la visión que tienen de la sexualidad, que puede ser mucho más abierta en pensamiento y planteamiento de que la que tiene la población indígena o criolla. A veces, hablar de sexualidad puede ser considerado como un signo de promiscuidad en algunos centros de salud”. De hecho, una coincidencia en todos los países centroamericanos es el abordaje de la salud sexual y reproductiva.

“Se construye una visión más de abordaje materno-infantil, la mujer como ente reproductivo, que ningunea la sexualidad”, explica Irazola. Debido a la visión de la sexualidad que tienen los garífunas, los estereotipos están a la orden del día, fomentados incluso por las autoridades: “Las vallas publicitarias sobre prevención de VIH sacan siempre como imagen a un garífuna”.

Aborto

Un tema tabú

En la región hay varios referentes en salud sexual y reproductiva, explican; “el primero es la Iglesia Católica, con una visión tradicional de la salud, pero también hay una sociedad civil, con las organizaciones de mujeres a la cabeza, que lucha por que haya un cambio, y con el tiempo también se ha convertido en un referente”. El componente religioso tiene un gran peso en estas sociedades, donde los abortos inseguros están a la orden del día. “Si quieres no entramos en aborto sí o aborto no, pero quiero que hablemos sobre las 12.000 mujeres que mueren anualmente en América Latina por abortos clandestinos. Este tema no se puede pasar de largo por tener unos principios morales”, increpa Irazola.

“Hubo un retroceso de los derechos sexuales y reproductivos obvio. Lo terrible del sí a la vida que firmaron los presidentes y candidatos centroamericanos, entre ellos personajes de izquierdas como el FMLN, es que se hizo porque si uno quiere garantizarse acceder al poder en Centroamérica, tiene que jugar con una parte de la sociedad en la que la religión tiene mucho peso”, manifiesta. Además denuncian una tendencia “hacia la agudización de la visión más fundamentalista de la región”. El primero en penalizar el aborto terapéutico fue El Salvador en 1997, y después se sumaron Honduras y Nicaragua.

Embarazos adolescentes

El incesto, habitual

Otro de los grandes dramas en Centroamérica es el del embarazo adolescente, lo que en la mayoría de los casos se convierte en la puerta a la exclusión. Entre el 30 y 40% de los embarazos son de mujeres de entre 10 y 19 años. “Además, casi la mitad de estos embarazos son niñas de menos de 15 años; hay violencia sexual y hay incestos con los que se convive con mucha normalidad. Desde el sistema de salud se deberían denunciar estos casos, pero la realidad es que no se hace. Es una epidemia en la región”, concluyen.

Fuente: http://www.deia.com/

Source: Junio 2012

Perú: Diresa Puno redoblará esfuerzos para reducir casos de mortalidad materna e infantil

Perú: Diresa Puno redoblará esfuerzos para reducir casos de mortalidad materna e infantil

Puno, jun. 07 (ANDINA). El nuevo titular de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Puno, Jorge López Tejada, anunció que su gestión estará enfocada, entre otros aspectos, a reducir los casos de mortalidad materna e infantil en el departamento altiplánico.

“Tenemos como visión dos puntos importantes en nuestra gestión, los cuales están orientados a disminuir la mortalidad materna e infantil, ya que son problemas álgidos en la región debido a las bajas temperaturas”, manifestó.

López Tejada indicó que a la fecha se han reportado 23 muertes maternas, de los cuales siete se registraron en la provincia de Puno. Es una cifra mayor en relación a la obtenida el año pasado, señaló. Asimismo, dijo, se han reportado a la fecha 15 muertes de niños menores de cinco años por neumonía; es decir, 18 menos en comparación al mismo período de 2010.

“Puno registra temperaturas muy bajas desde hace tres días y sabemos que seguirán bajando de acuerdo a los pronósticos; por lo tanto, debemos preparar a la población para que su salud no se vea afectada”, expresó.

Frente a este panorama, sostuvo que las políticas de su gestión, en concordancia con el gobierno regional de Puno, están orientadas a efectuar una intenso trabajo para disminuir los casos de mortalidad materna e infantil.

Una de las acciones previstas es la contratación de 350 profesionales y no profesionales de la salud, quienes centrarán su trabajo en las periferias de la ciudad.

“El grupo de trabajo estará integrado por médicos, enfermeras y técnicos en salud. Hará un barrido completo aplicando vacunas contra el neumococo y la influenza pediátrica”, expresó al señalar que el personal será contratado bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) – Presupuesto por Resultados (PPR).

También se detectará a los niños en riesgo de sufrir neumonía, así como a gestantes que no tienen ningún control y corren el riesgo de tener complicaciones en el embarazo y durante el parto, adelantó.

“Esta semana se hará la evaluación de los expedientes para que el personal empiece a trabajar a partir de la próxima semana. Se formarán equipos y brigadas de salud, y cada red de salud los va a dirigir hacia los puntos álgidos donde se está registrando la mayor cantidad de muertes”, añadió.

Continuando con dicha política de prevención, agregó, el último viernes se lanzó en la ciudad de Vilavila una campaña de inmunización y otra de distribución de ropa de abrigo denominada “Abríganos con amor y evita la neumonía”.

A ello se suma una campaña de difusión, a través de los medios de comunicación, sobre los cuidados que deben tener los padres de familia para evitar este tipo de enfermedades.

Fuente: http://www.andina.com.pe

Source: Junio 2012