Argentina: Si un embarazo proviene de una violación, no es punible el aborto

Argentina: Si un embarazo proviene de una violación, no es punible el aborto

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) ratificó la doctrina que aplica una interpretación amplia del inciso segundo del artículo 86 del Código Penal. Confirmó que toda mujer que quedó embarazada tras sufrir un abuso sexual, puede solicitar a un médico diplomado la interrupción del embarazo, sin pedir la autorización judicial, con el debido consentimiento informado.

Después de varios meses de espera, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro dictó sentencia en el caso del aborto que el juez de Instrucción Martín Lozada autorizó a practicarle a una adolescente, de 17 años, que denunció haber sufrido violaciones reiteradas por parte de familiares directos desde los 11. La sentencia del STJ confirmó la doctrina que había impuesto el máximo tribunal de la provincia en junio de 2009, cuando intervinieron en un caso similar de una adolescente de Viedma.

En el fallo de la semana, el STJ ratificó que si el embarazo proviene de una violación, no es punible el aborto practicado por un médico diplomado, con el consentimiento informado de la víctima y sus padres, si es menor. Y destacaron que no requiere de autorización judicial.

Al ratificar la interpretación amplia del inciso segundo del artículo 86 del Código Penal extiende la no punibilidad al denominado “aborto sentimental o ético”.

En consecuencia, deja atrás la restricción que invoca un sector del Poder Judicial de Río Negro que sostiene que sólo se puede permitir la interrupción del embarazo a una mujer idiota o demente víctima de una violación.

Justamente, el inciso del artículo de la polémica, establece que “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”.

Antecedentes

La sentencia del STJ se conoció el viernes y revocó la resolución que a mediados de abril de 2010 dictó la Cámara Primera en lo Criminal de Bariloche que declaró la nulidad del fallo del juez de primera instancia, Martín Lozada, quien había autorizado el 5 de abril de ese año la interrupción del embarazo de la adolescente.

La sentencia de la Cámara fue posterior al aborto que se practicó en el hospital zonal de Bariloche. Uno de los camaristas, Alfonso Pavone, sostuvo que se pronunciaba sobre el caso para “evitar que en el futuro se produzcan situaciones semejantes”. Afirmó que “permitir que se instale la opinión del A-quo (por Lozada) sería ni más ni menos que legalizar encubiertamente el aborto”. Pavone se jubiló a finales del año pasado.

El caso generó el año pasado un fuerte debate que dividió las opiniones de la ciudadanía de Bariloche y trascendió al ámbito nacional.

La polémica siguió abierta luego de que se conociera meses después el resultado de ADN que constató que el bebé por nacer no era del padre de la adolescente, quien estaba imputado como presunto autor de abusos reiterados.

El Colegio de Abogados de Bariloche pidió que el Consejo de la Magistratura investigue el desempeño de Lozada y todos los jueces y funcionarios que participaron en el caso. El Consejo aún no resolvió sobre ese pedido porque esperaba la sentencia del STJ.

Exigencia

El juez Víctor Sodero Nievas afirmó en su voto que “la intervención del STJ es para lograr una doctrina legal, siendo esta una exigencia constitucional para los Estado parte que han suscripto los convenios internacionales sobre derechos humanos y hace a lo esencial de la función casatoria…”

Planteó que “en una interpretación de derecho sustantivo, comienzo por la opinión que vertí en la Sentencia 48/09 citada, en el sentido de que “… si el embarazo proviene de una violación, el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento informado de los padres de la niña embarazada no es punible…”, con lo que la figura del inciso 2º del artículo 86 del Código Penal hace extensiva la impunidad al denominado “aborto sentimental” o “ético”, sin distinción en que la violación cometida sea sobre mujer sana o sobre idiota o demente.

Observó que “en la decisión que se revisa, la Cámara Primera en lo Criminal de Bariloche afirma lo opuesto -esto es, que la interrupción no punible del embarazo es sólo si la mujer es idiota o demente”.

Sodero Nievas dijo que “la interpretación amplia es más adecuada a las recomendaciones de los diversos comités de derechos humanos en cuanto a la modificación de la legislación nacional o a considerar incluida en su texto la autorización del aborto en todos los casos de violación; de lo contrario, en el artículo 86, inciso 2º del Código Penal solo quedaría consagrado el aborto eugenésico, que es lo opuesto a dichas recomendaciones…”

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En la sentencia, el STJ hizo lugar esta semana al recurso de casación que promovió el defensor de Menores, Manuel Cafferata, contra la sentencia interlocutoria de la Cámara Criminal Primera.

El defensor advirtió “el perjuicio que sufre la menor ante la publicidad excesiva de lo ocurrido y advierte sobre algunas consideraciones del voto ponente en cuanto a que no se aplicó el derecho positivo vigente en relación con los constitucionales, puesto que la nulidad solo puede declararse cuando ello tiene relevancia jurídica”.

Citó como precedente la Sentencia 48/09 del STJ y alegó que la decisión de la Cámara en lo Criminal ocasionó “un grave perjuicio a su asistida, que sigue sufriendo las consecuencias de la judicialización y la publicidad de su caso, cuando las cuestiones contempladas por el artículo 86 del Código Penal no necesitan ser sometidas a decisión jurisdiccional”.

Ritualismo

El juez Alberto Balladini coincidió con Sodero Nievas. “Debe hacerse lugar al recurso de casación, pues -en efecto- la nulidad declarada por la Cámara en lo Criminal responde a un ritualismo inútil, toda vez que -en una evidente contradicción- primero advierte acerca del carácter abstracto del planteo. Por lo tanto, se trata de una nulidad por la nulidad misma o en el solo beneficio de la ley y se opone así a la doctrina legal de este Cuerpo acerca del principio de trascendencia que rige a todo eventual incumplimiento formal”, advirtió Balladini.

Señaló que “el tipo legal no exige una venia judicial para la interrupción del embarazo, por lo que se advierte una contradicción inicial en aquel magistrado (por Lozada) que así lo reconoce en la parte resolutiva de su decisión, no obstante lo cual realiza la instrucción de interrupción que se le había solicitado”.

Sostuvo que el expediente permite advertir que los intereses del bebé por nacer “se encontraron correctamente representados y que -por tanto- se le dio a su defensa la posibilidad de actuar de modo efectivo”.

El ADN

“La prueba producida en el incidente tenía suficiente fuerza representativa para determinar -con el mayor alcance exigible- que la menor padecía un abuso sexual crónico intrafamiliar, incluso de larga data, y que no había indicios de una denuncia falaz o mentirosa. También era razonado suponer que el embarazo provenía de tal abuso sexual reiterado en el tiempo”, afirmó Balladini.

Observó que “la prueba de ADN posterior no enerva lo actuado por el Juez de Instrucción” porque “era efectivamente posterior y la actividad del magistrado debe ser analizada según la prueba producida al momento de decidir, la que proporcionaba razón suficiente a la hipótesis de un abuso sexual crónico”.

Sodero Nievas apuntó que “aun cuando hubiese leyes que prohibieran o restringieran en sus alcances la interrupción del embarazo proveniente de una violación, estas serían injustas y contrarias al bloque de constitucionalidad, por ser opuestas a la dignidad humana y a los derechos que resultan de esa dignidad”.

“Nadie puede concebir válidamente sin consentimiento de la otra parte y el hijo por nacer tiene derecho a tener una familia, a conformarla, a tener un padre, que no podría ser uno que actuara por la fuerza”, afirmó el juez.

Fuente: http://www.elciudadanobche.com.ar

Source: Mayo 2011

México: Veracruz criminaliza a mujeres por abortar y violenta su propia ley: Las Libres

México: Veracruz criminaliza a mujeres por abortar y violenta su propia ley: Las Libres

El sector salud no tiene infraestructura necesaria para hacer valer la Ley que se aprobó para dar atención psicológica a mujeres por aborto, acusó la titular de la organización Las Libres de Guanajuato, Verónica Cruz

Xalapa, Veracruz,  (AVC).- El estado de Veracruz continua criminalizando a la mujer que decide interrumpir su embarazo y además carece de la infraestructura necesaria para hacer valer la Ley que se aprobó para dar atención psicológica a mujeres por aborto, denunció la directora de la organización Las Libres de Guanajuato, Verónica Cruz Sánchez.

Entrevistada en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario, la activista dijo que todavía hay en Veracruz dos mujeres encarceladas por aborto  a quienes se les sigue un proceso penal. Relató que se tiene el caso de una mujer veracruzana que fue denunciada por interrumpir su embarazo y a la cual se le aplicó la reciente reforma al código penal, que señala que ya no irá a la cárcel, sino a la “una terapia psicológica”, sin embargo se topó con la sorpresa de que no existe un centro u hospital a dónde acudir para recibir tratamiento y cumplir así la condena que le impone la Ley.

“Nadie le ha podido decir a donde va, quien le dará el servicio,  pero ya la están procesando, no hay entonces manera de que las mujeres accedan a la justicia, a la salud ni a sus derechos humanos”, dijo.

También acusó que continua siendo el propio sector salud quien denuncia a las mujeres que llegan a las clínicas con un proceso de aborto e incluso niega la pastilla del día después a niñas violadas por sus padres.

Denunció que en Veracruz había diez casos de mujeres condenadas por el delito de homicidio en grado de parentesco, de las cuales ocho fueron liberadas, pero aun hay dos mujeres a quienes se les sigue sentencia.

“Hay más mujeres denunciadas por este delito cada día, lo ahora estamos haciendo es documentado los casos para poder realizar una defensa”.

Criticó que la secretaría de salud siga siendo la que denuncia e incita a la persecución de mujeres por aborto, cuando debería garantizar la vida de la mujer, además se conocen casos de niñas y adolescentes quienes denuncian violación por parte de sus padres o parientes y se les niega la pastilla del día después   “Están del hospital a la cárcel y eso es muy grave en Veracruz”, lamentó.
La activista lanzó un exhorto al congreso local para despenalizar el aborto o dar una ampliación a las causales, y evitar entonces imponer figuras como “el tratamiento psicológico”, que no garantizan ninguna protección a la mujer y son acciones discriminatorias.  

Fuente: http://www.hoyveracruz.com.mx

Source: Mayo 2011

Una sanción por incumplir con la ley

Una sanción por incumplir con la ley

Condena al estado argentino por no garantizar un aborto permitido

El Comité de Derechos Humanos de la ONU condenó a la Argentina por el caso de L.M.R., una chica de Guernica con discapacidad y violada, a quien el sistema sanitario negó un aborto autorizado por el Código Penal. Ordenó que se tomen medidas para evitar casos similares.

El Estado argentino recibió una condena internacional del Comité de Derechos Humanos de la ONU por no haber garantizado el acceso a un aborto legal a una adolescente con discapacidad mental, embarazada en una violación, que solicitó la práctica en un hospital público bonaerense. El organismo consideró que la obstrucción del aborto permitido por el Código Penal constituyó una violación de los derechos humanos de la joven y ordenó al país a proporcionarle “medidas de reparación que incluyan una indemnización adecuada” y a “tomar medidas para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro”. El CDH le dio al país 180 días para cumplir con el dictamen. La condena se refiere al caso de L.M.R., una adolescente que tenía 19 años y una edad mental de 10 en 2006, cuando fue abusada sexualmente por un familiar y quedó embarazada. Su mamá, Vicenta, una mujer muy pobre y analfabeta de la localidad de Guernica –en el sur del conurbano–, reclamó un aborto no punible en el Hospital San Martín de La Plata. Pero una jueza de Menores intervino y prohibió la interrupción del embarazo. El pedido de la adolescente recorrió todas las instancias judiciales y llegó hasta la Suprema Corte bonaerense, que avaló con un fallo su reclamo y aclaró que no era necesaria la autorización judicial, dado que se trataba de un aborto no punible. Treinta y siete días demoró ese tortuoso camino legal, innecesario. Pero L.M.R. no consiguió, aun con la sentencia del máximo tribunal de la provincia, que le realizaran el aborto en un hospital público. Con el apoyo de organizaciones de mujeres, finalmente accedió a la intervención en una clínica privada. La gestación llevaba casi veinte semanas (ver aparte).

“El Estado argentino tiene que cumplir con las medidas que le ordenó el Comité y garantizar que efectivamente no se entorpezca el acceso a los abortos no punibles”, explicó ayer a Página/12 el vicepresidente del CDH, el abogado argentino Fabián Salvioli, que además es director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata y profesor titular de Derecho Internacional Público.

La demanda contra el Estado argentino fue promovida el 25 de mayo de 2007 por el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de Rosario (Insgenar), el Comité de América latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir, de Córdoba.

El CDH es el órgano de la ONU que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Políticos, un tratado con rango constitucional en la Argentina. El organismo acaba de notificar a la Cancillería de la declaración de responsabilidad internacional. “Recibimos con satisfacción este dictamen, que obliga al Estado argentino a reparar a L.M.R. por la violación a sus derechos y que expresamente establece, entre otras consideraciones, que los casos de aborto no punible son una cuestión que debe resolverse entre la paciente y su médico”, señaló a Página/12 la abogada Susana Chiarotti, del Insgenar.

Puntualmente, el CDH dictaminó que la judicialización del pedido del aborto no punible de L.M.R. constituyó “una injerencia arbitraria” del Estado (artículo 17, párrafo 1º del Pacto) y debe ser considerada una violación del derecho a la intimidad de la joven. También entendió que la obligación impuesta de continuar con el embarazo, a pesar de estar amparada por el artículo 86, inciso 2º del Código Penal –que considera no punible la interrupción de la gestación si es producto de una violación–, causó a la adolescente “un sufrimiento físico y moral contrario al artículo 7 del Pacto, tanto más grave cuanto que se trataba de una joven con discapacidad mental”. El artículo 7 dice que “nadie será sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”. En ese sentido, el CDH recordó que “el derecho protegido” en ese artículo “no sólo hace referencia al dolor físico sino también al sufrimiento moral”.

Chiarotti dijo a este diario que “como peticionarias estamos dispuestas a iniciar un diálogo con el Gobierno para dar seguimiento a este proceso y ver que no se demoren las medidas requeridas tanto para garantizar una justa reparación para L.M.R. y su familia, así como para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro”. Sobre estos puntos, el CDH no da más precisiones. En su presentación ante el organismo, las ONG habían reclamado, entre otras medidas, que se eleve a resolución ministerial la Guía Técnica para la Atención del Aborto no Punible, elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación, e impulsar su distribución y garantizar su cumplimiento en todo el país mediante acuerdos en el Consejo Federal de Salud, que integran los ministros de todas las provincias.

Ayer, Marta Alanis, de Católicas por el Derecho a Decidir, consideró “urgente y necesario” para garantizar el acceso al aborto seguro “avanzar con la sanción de una ley que despenalice y legalice el aborto en las primeras 12 semanas de gestación, y más allá de ese plazo en algunas circunstancias”, como prevé un proyecto que elaboró la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que tiene casi medio centenar de firmas de legisladores y legisladoras de un amplio arco político, y que está en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. “Así se aclararían todas las situaciones, se superaría la judicialización de los casos innecesarios y se garantizaría una práctica segura de interrupción voluntaria de embarazo a las 500 mil mujeres que cada año recurren a un aborto en la clandestinidad en la Argentina, poniendo muchas de ellas en riesgo sus vidas, y se contribuiría a reducir la mortalidad materna”, agregó Alanis (ver aparte).

“Este fallo es muy importante, no sólo porque le impone medidas al Estado argentino sino porque ayuda a construir la subjetividad. Las leyes no sólo sirven para sancionar o permitir, y para hacer políticas públicas, sino para cambiar la forma de pensar de la gente. Y este dictamen colabora en la lucha por un sentido diferente en la subjetividad de las mujeres. Sobre todo en un país, una región que es tan refractaria al derecho a decidir sobre sus cuerpos, en particular con relación a la despenalización y legalización del aborto”, opinó Cristina Zurutuza, de Cladem.

El vicepresidente del CDH recordó en diálogo con este diario que la condena al Estado argentino está en línea con las observaciones finales que el organismo le hizo al país en marzo de 2010, tras examinar el informe presentado por la Argentina, donde le expresó su “preocupación por la legislación restrictiva del aborto contenida en el artículo 86 del Código Penal, así como por la inconsistente interpretación por parte de los tribunales de las causales de no punibilidad contenidas en dicho artículo”. Y consideró que “el Estado Parte debe modificar su legislación de forma que la misma ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas. El Estado debe igualmente adoptar medidas para la capacitación de jueces y personal de salud sobre el alcance del artículo 86 del Código Penal”.

El artículo 86 contempla permisos para abortar: primero, cuando el embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la mujer y no puede evitarse por otros medios; y segundo, cuando es producto de un abuso sexual o una violación. Tanto profesionales de la salud como funcionarios de la Justicia hacen en algunos casos interpretaciones restrictivas. Esta situación se convirtió en los últimos años en un fuerte obstáculo para que las mujeres puedan acceder a los abortos no punibles, y generó que muchas de ellas deban recurrir hasta las más altas instancias judiciales para obtener un aval. Algunas provincias, como las de Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe y Chubut, cuentan con protocolos, pero aun así a veces persisten trabas. “El año pasado y éste tuvimos denuncias por el no cumplimiento del protocolo en la provincia de Buenos Aires. No vemos que haya una voluntad política de cumplirlo”, señaló a este diario Estela Díaz, de ADEM–Mujereando. Díaz fue quien acompañó a L.M.R. y a su mamá a realizar el aborto no punible en una clínica privada, luego de que en el hospital platense le negaran la práctica, incluso teniendo la orden judicial de la Suprema Corte de la provincia. Díaz contó que, en una instancia de diálogo que se llegó a abrir con el gobierno bonaerense en 2008 para empezar a resarcir a la joven y su familia, “lo único que llegaron a darle fue una beca escolar y un pago por única vez de 5 mil pesos; y por la sensibilidad de una funcionaria, se le consiguió un empleo como portera en una escuela a Vicenta, que estaba desocupada, pero no porque haya habido una decisión del Estado de reparar el daño producido por la situación que tuvieron que vivir”. Para Díaz sería necesario no sólo un resarcimiento económico para la joven sino también un pedido de disculpas público de parte del Gobierno.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar

Source: Mayo 2011

El cuerpo nuestro de cada día

El cuerpo nuestro de cada día

La IHQ y sus complicaciones en las mujeres 

México, DF, 17 may 11 (CIMAC).- Un tema importante relacionado con la maternidad es la morbilidad materna, la cual se refiere a las enfermedades y lesiones durante el embarazo y el parto.

Un tema que no es menor ya que, como bien informa el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), es la segunda causa –por orden de importancia después del VIH/Sida– de años perdidos de vida saludable entre las mujeres en edad de procrear, en los llamados países en desarrollo. Ello representa, dice UNFPA, casi 31 millones de “años de vida ajustados por la discapacidad (DALY)” que se pierden cada año.

Para este organismo, si bien en la actualidad aún no se comprenden cabalmente la incidencia y la prevalencia de la morbilidad materna, la estimación habitual es que 15 por ciento de las mujeres embarazadas experimentarán complicaciones durante la gestación o el parto “suficientemente graves” como para requerir atención obstétrica de emergencia en una institución de salud.

La morbilidad materna puede tener dos tipos de causas: directas o indirectas.

Las primeras son las complicaciones obstétricas durante el embarazo, el trabajo de parto o el puerperio, debido a intervenciones, omisiones o tratamientos incorrectos.

Las indirectas son trastornos o enfermedades preexistentes, agravados por el embarazo, un tipo de discapacidad que puede ocurrir en cualquier momento y perdurar a lo largo de la vida de las mujeres.

La infección de herida quirúrgica obstétrica es una causa directa importante no sólo de morbilidad materna sino también de mortalidad. Según el doctor Adolfo Carit Eva, del Hospital de las Mujeres en Costa Rica, la presentan alrededor de 10 por ciento de las mujeres después del parto.

La infección de la herida quirúrgica (IHQ) y las complicaciones que de ella se derivan han sido un hecho inseparable a la práctica quirúrgica desde sus comienzos hasta la actualidad.

Las primeras medidas activas para luchar contra las infecciones asociadas a la cirugía están relacionadas con la salud de las mujeres durante y después del parto, luego de que en 1846 Holmes y Semmelweis estudiaron la alta mortalidad de las mujeres hospitalizadas con fiebre puerperal en las maternidades de Viena.

De acuerdo con información publicada en la revista Clínica e Investigación en Ginecología y Obstetricia, aún con los adelantos actuales en la cirugía, las infecciones de herida quirúrgica en general continúan siendo un problema frecuente, grave y costoso.

Por ello, “la prevención, mediante el adecuado conocimiento de los factores de riesgo para la aparición de ésta, así como de las medidas que disminuyen su incidencia, es la medida más eficaz para su reducción”.

Entre los principales factores de riesgo identificados están el lavado quirúrgico, uso de antibióticos y, sobre todo, la utilización de una depurada técnica quirúrgica.

Con relación a la importancia del tema para las mujeres embarazadas retomo la opinión del doctor Hernando Taylor Saénz, de la Universidad de Cartagena, en Colombia.

“Las infecciones nosocomiales en Ginecología y Obstetricia son una amenaza potencialmente grave; corresponden en la mayoría de los casos a invasión y crecimiento polimicrobiano. La endometritis y la infección de la herida quirúrgica son los tipos más frecuentes”.

Por el gran impacto que representan, subraya, es de capital importancia desarrollar estrategias para su disminución.

Por ejemplo, mejorar la vigilancia epidemiológica, establecer programas adecuados de asepsia y antisepsia y contar con la cooperación de todo el personal de los servicios de atención a las pacientes, para prevenir e identificar precozmente los cuadros de infección en el hospital (nosocomial) e instaurar el tratamiento adecuado.

henavv@yahoo.com.mx 

* Periodista mexicana, narradora oral, facilitadora de grupos, terapeuta con Enfoque Centrado en la Persona y Gestalt e instructora asociada del Sistema Tao Curativo.

11/CV/RMB

Fuente: http://www.cimacnoticias.com/

Source: Mayo 2011

Mónica Roa: Los Derechos Humanos, por esencia son contra la mayoría

Mónica Roa: Los Derechos Humanos, por esencia son contra la mayoría

Aunque se ocupa de la defensa de la mujer, muchas feministas la cuestionan.

La abogada Mónica Roa, conocida por sacar adelante la sentencia de despenalización del aborto, habla de los retos y obstáculos de la última década de derechos de las mujeres.

Por trabajar con hombres, porhacer parte de una generación de abogadas que prefiere la estrategia y el derecho en lugar de la protesta. Mónica Roa y el grupo de abogadas de la organización internacional Women¿s Link Worldwide acaban de cumplir diez años de trabajo en este campo. Aunque es mucho lo logrado, ella sabe que aún falta mucho para que la sociedad desmonte el machismo y asuma sus consecuencias. ¿Cuál es el mayor logro en materia de derechos de la mujer en la última década?

La gente está empezando a preguntarse cómo se mueren las mujeres, y están viendo que no lo hacen en la guerra, sino a manos de sus parejas, por falta de acceso a la salud o por causa de un aborto inseguro. También está viendo que, cuando son víctimas de tortura, siempre reciben violencia sexual, que en la mayoría de los países tiene una pena menor que la de tortura. Por eso en tribunales penales internacionales (de la ex Yugoslavia y Ruanda) se dieron las primeras condenas de violación como tortura y como genocidio. En Argentina, las violaciones sucedidas en tiempos de dictadura fueron declaradas crímenes de lesa humanidad. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó una decisión sin antecedentes en el caso de los asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez, en México: que los jueces consideren el contexto en el que se dan los crímenes contra la mujer.

Uno de los Objetivos del Milenio de la ONU es reducir la mortalidad materna,

¿cuál es su balance?

No se ha cumplido, a pesar del avance. Pero el que se busque reducir es un indicador de que la mujer es un agente del desarrollo de una sociedad. Muchas de las mujeres que se mueren por un aborto clandestino dejan hijos huérfanos, por eso el Comité de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas apoya el aborto, porque tiene claro que el bienestar de los niños depende del de sus mamás.

¿En qué radica la necesidad de tener el control sobre el cuerpo de la mujer?

La mujer hoy puede votar, trabajar y participar en política, pero las reivindicaciones femeninas que menos se han logrado tienen que ver con quién toma las decisiones sobre su cuerpo. Por ejemplo en el genocidio maya, las mujeres eran violadas para que sus esposos y sus comunidades las rechazaran y en esta cultura era la mujer la encargada de transmitir la cultura. Era una de las estrategias para el genocidio de esta cultura. La mujer en tanto reproductora no solamente de la raza sino de la cultura, es un objetivo de guerra muy específico. No es casualidad que pase. En el contexto de Ruanda, con un conflicto entre dos etnias, la estrategia fue yo violo a la mujer de mi enemigo para que quede embarazada de mi raza y la raza de mi enemigo se acabe. En el caso de Argentina, durante la dictadura, a las mujeres que estaban embarazadas en los centros de detención les quitaron a sus hijos y los dieron en adopción para ‘reformarlos’ o ‘curarlos’. En el gobierno de Fujimori, en Perú, se hicieron esterilizaciones forzosas. En las redes de esclavitud sexual del mundo son los traficantes quienes deciden qué y cuánto hace la mujer. Y en los contextos de conflicto, su cuerpo se vuelve un territorio de guerra y hasta es usado estratégicamente. El poder reproductivo del cuerpo de la mujer hace que se convierta en un sitio poderoso que el enemigo siempre quiere atacar.

¿En qué han cambiado las estrategias del feminismo?

Una de las cosas que ha hecho el feminismo, en la época en que las leyes eran claramente discriminatorias hacerlo evidente. El movimiento feminista ha tratado de hacer que todas esas ganancias que se han hecho para la humanidad también se usen para la mujeres, que aunque parecería obvio, claramente no lo es. El movimiento feminista es responsable de que internacionalmente haya una Convención para Eliminar toda forma de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, o que en América Latina exista la Convención de Belem do Pará que es la única en el mundo sobre violencia doméstica, intrafamiliar. En todos los procesos de reformas sociales contemporáneas siempre se han incluido un par de artículos en la constitución donde se reconoce que hombres y mujeres tienen los mismos derechos. Una frase que fue revolucionaria en un momento como que el hombre nace con derechos y libertades en un momento se vuelve opresiva porque excluye a la mujer. Y se incluye. Y aunque eso ha sido una gran ganancia, lo que ha hecho es volver más difícil la denuncia de lo que pasa, porque en la medida que las normas reconozcan en el texto la igualdad de derechos, la pelea política se hace más difícil porque ¿contra qué estás peleando si ya la norma reconoce que hay igualdad? Era mucho más fácil ir a pelear cuando la constitución decía que las mujeres no podían votar. Hemos llegado al momento de entender que este no es un problema de hombres contra mujeres, que ellos son malos y ellas buenas, es un problema cultural social en donde ambos son reproductores de un sistema machista y víctimas. Hoy las estrategias tienen que ser más sofisticadas, como usar el derecho y el sistema legal como una herramienta que debe hacerse valer y que no es automática.

¿Cree que en estas luchas reivindicatorias de los derechos de las mujeres y de las minorías, la ley de cuotas funcionó?

No. Pienso que no ha funcionado. No se ha sabido ni manejar, ni entender que la ley de cuotas es una medida transitoria que busca simplemente asegurar que haya una participación de mujeres de tal manera que la gente empiece a darse cuenta que el hecho de que participen mujeres hace que el debate sea más rico y que ellas puedan probar que sí pueden y no simplemente que es por hacerles un favor porque no pueden. Todo lo contrario. Si se entiende de esta manera no logra el objetivo y es contraproducente.

En estos diez años, ¿qué logros ha tenido Women¿s Link Worldwide?

En Haití, ante la crisis de violencia sexual vivida después del terremoto, trabajamos con la Comisión Interamericana de DD.HH. para tomar medidas que protegieran a las víctimas de violación (como la anticoncepción de emergencia) y se evitaran más casos. En España buscamos mostrar que las mujeres no hacen parte de la red de trata, sino que son las víctimas y deben ser tratadas dentro de un contexto de derechos humanos. En Uganda y Kenia (África) nos invitaron a hacer un entrenamiento en derechos sexuales y reproductivos, en un continente donde el VIH es un gran problema. La Corte Suprema de México nos contrató para darles conferencias sobre género y justicia a los funcionarios de la rama judicial. En Marruecos quieren nuestra asesoría para hacer el primer observatorio de género y justicia en árabe; en Argentina hemos ayudado a médicos que quieren saber cómo informar sobre abortos seguro e inseguros, y en Guatemala trabajamos con los abogados que llevan el caso por el genocidio de este país para que incorporen lo sucedido con las mujeres.

Cristina Villarreal es vista en el mundo como una de las personas que más trabaja en reducir la mortalidad femenina, pero en Colombia algunos ven su fundación -Oriéntame-, como un ‘abortadero’. ¿Qué piensa?

Ella y su trabajo es una indicación de lo que está pasando con el tema del aborto en Colombia y en general con los derechos sexuales y reproductivos y es que por ejemplo todo el mundo cree que Profamilia es estatal y no, es una ONG que hace el trabajo que el Estado no ha hecho. Lo que en este país tenemos de atención en salud sexual y reproductiva es gracias a Profamilia. Internacionalmente, Colombia se convirtió en un referente obligado y líder en el tema del aborto, gracias al trabajo que han hecho Profamilia y Cristina Villarreal a través de Oriéntame (ver recuadro). Todos quieren saber qué fue lo que pasó aquí y cómo se están prestando los servicios con atención integral y respetuosa de la dignidad de la mujer donde hay un acompañamiento y la interrupción del embarazo deja de ser como ese demonio horrible  del que ninguna mujer se quiere acordar, en un sitio oscuro y tenebroso y empieza a ser una atención humana, informada, con toda la sensibilidad. Gente de todas partes del mundo quiere aprender a prestar ese tipo de servicios y abogados de todas partes se leen y se estudian la sentencia colombiana. Hace poco entrevistamos a un abogado en Malawi, en África y nos contó que había hecho su tesis doctoral sobre la sentencia de aborto en Colombia. Hay una separación gigante entre lo que pasa en Colombia y cómo eso se interpreta en Colombia y cómo eso se interpreta afuera, en el mundo.

¿Cuál es el balance de la sentencia que despenalizó el aborto en tres casos, cinco años después?

Hay unos obstáculos que uno podría anticipar en cualquier contexto similar: en una sociedad donde el aborto tradicionalmente no solo era un delito sino un pecado pasar de un día para otro a que se convierta en un derecho por lo menos en algunos casos, no era fácil. Los médicos si lo hacían un día eran delincuentes y si lo hacían al día siguiente era su obligación, esa transformación toma tiempo y es lógico y en la medida que se de información y se den herramientas para que los médicos que tienen la objeción de conciencia puedan apartarse sin que eso signifique que las mujeres se queden sin atención, en que haya protocolos médicos. Todas estas cosas de implementación es obvio que tomen su tiempo y que una sentencia no puede cambiar la realidad de un día para otro. Desde ese punto vista, los primeros años estaba avanzando. Pero que cuando llega el Procurador Ordoñez dejamos de hablar de obstáculos y empezamos a hablar de amenaza porque aquí desde el mismo Estado, desde una posición en la que se deben proteger los derechos y hacer cumplir las decisiones de la Corte Constitucional lo que encontramos es saboteo sin vergüenza. Y sin ningún tipo de control. Nosotras presentamos la queja disciplinaria ante la Corte Suprema de Justicia hace más de un año y no hemos recibido respuesta alguna.

¿Cómo interpreta que hoy se esté buscando desmontar la sentencia del aborto?

Ojalá no lleguemos a lo que vive hoy El Salvador, donde el aborto terapéutico que existía se eliminó con una reforma constitucional y las mujeres están siendo encarceladas. Pero ya se dieron cuenta de que esa no es la solución. Aquí no se discute si hay vida desde la concepción, o si el feto es vida humana. Sí lo es. Pero la pregunta es ¿cuál es la protección jurídica que le vamos a dar a un ser humano en estado embrionario o fetal, cuando los derechos de la mujer están en riesgo? Ahí es cuando el derecho puede ofrecer una respuesta. Existen figuras como la de la legítima defensa, en la que una persona tiene derecho a matar a otra para protegerse. En este caso sería una aplicación similar de ese concepto. A veces tengo derecho a hacer cosas que no haría en otro contexto, si no fuera porque debo protegerme.

¿Cuál sería el siguiente paso?

Mostrar cómo los derechos sexuales y reproductivos no son sinónimo de aborto, sino que es un concepto más amplio: usted puede usar un condón porque existen estos derechos, o puede pedirle a su EPS una pastilla anticonceptiva; el Viagra hace parte ellos y la atención prenatal también. Estar en su contra es abrirse al riesgo del sida, de infecciones y de muchos embarazos.

¿Qué define a quienes se oponen a los derechos sexuales y reproductivos?

Quienes se oponen tan fuertemente al aborto son las mismas personas que rechazan el uso de anticonceptivos y la educación sexual. Todos estamos de acuerdo en que ojalá el aborto no existiera, pero la manera para evitarlo es la prevención, y ésto se logra con educación sexual o con acceso a anticonceptivos. Pero si estamos en contra del condón y no queremos que se enseñe educación sexual en los colegios, pues no nos sorprendamos de que haya muchas niñas embarazadas que quieran abortar.

¿Y qué pasa con las demandas de la mayoría?

Es un muy mal entendimiento de lo que es la democracia. Ésta no es solo el gobierno de las mayorías, sino de aquellas que respetan los derechos de las minorías políticas. Los grupos minoritarios no pueden resignarse a que la mayoría pueda decidir. Eso pasó en la Alemania nazi, respaldada por la mayoría, y precisamente a partir de ahí se crea el concepto de derechos humanos, que por esencia es contramayoritario. Es ese mínimo de derechos individuales que se oponen a lo que la mayoría decide como ley que debe aplicarse a todos.

Ya identificados los problemas ¿cómo lograr los cambios?

Yo creo que lo más importante es lograr que la sociedad, hombres y mujeres, entiendan que el garantizarle los derechos a las mujeres es bueno para la sociedad. La mujer ha podido salir de la esfera privada a la pública y para que se complete el círculo los hombres deben reivindicar su rol en el espacio privado, tanto en sus beneficios como en sus responsabilidades. Lindo que cocinen, pero hay que lavar los platos, el bebé es tierno, pero hay que cambiarle los pañales. Solo allí habrá una mayor equidad de género.

¿Qué quisieran decir que lograron en los próximos diez años?

Nos gustaría poder decir que los jueces entendieron que para realmente administrar justicia tienen que preguntarse siempre qué es justicia para las mujeres. En Argentina trabajamos con los grupos que estaban promoviendo los juicios contra la dictadura para que también se incorporaran los crímenes de género e hicimos un entrenamiento para jueces y fiscales, de allí salió el mea culpa de un juez que dijo claramente ‘digámosnos la verdad no son las mujeres las que se sienten incómodas, somos los jueces los que nos sentimos incómodos de preguntar’. Si logramos que ellos empiecen a hacerse esa pregunta, independientemente de las posibles respuestas, se daría un paso muy grande, desde el punto de vista de justicia que es a lo que nosotras específicamente nos dedicamos. 

Fuente: http://www.eltiempo.com/

 

Source: Mayo 2011