Legislador católico advierte más muerte materna si criminalizan aborto

México, DF, agosto 09 (CIMAC).- Cuando República Dominicana se prepara para discutir el Artículo 30 de la Constitución que criminalizaría la interrupción del embarazo, Víctor Terrero, presidente de la Comisión de Salud de Salud de la Cámara de Diputados, médico ginecólogo-obstetra y católico, advirtió que ayer que ese texto no debe aprobarse, porque “podría aumentar la morbilidad y mortalidad maternas, dadas las restricciones que su interpretación o práctica pondrían al sector médico”.
El contenido de la nueva Constitución, presentado a discusión y análisis por Leonel Fernández, presidente de la República, consigna conquistas relacionadas con igualdad de géneros y a la necesidad de que el Estado garantice la participación de las mujeres en todos los escenarios, pero su Artículo 30, refiere el diputado Víctor Terrero, viola una serie de derechos, como el de las mujeres a la protección de su salud y a una maternidad sin riesgos.

El médico –quien se pronuncia como católico en contra del aborto, pero reconoce que “cientos de veces ha tenido que recurrir a este procedimiento para salvar la vida de la madre”—se sumó a otros legisladores y a médicos para proponer que el Artículo 30 debe decir: “El derecho a la vida es inviolable. No podrá establecerse, pronunciarse, ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte”, informó la prensa local.

Es necesario, dijo ayer el gineco-obstetra José Figueroa Méndez, de la Coordinadora Regional del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos, excluir de su redacción la frase “desde el momento de la concepción”.  

El sentir de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (Flasog) es que si se aprueba en segunda lectura el artículo con esa frase incluida, el país continuará exhibiendo altas tasas de morbilidad y mortalidad materna y el ejercicio médico se verá afectado al momento de que el galeno decida entre salvar la vida de una mujer o exponerse a ser sometido judicialmente por salvarla”, indicó Méndez.

La Flasog destaca que la República Dominicana es uno de los 5 países del mundo donde la práctica del aborto está penalizada en todas sus formas, aunque esto implique salvar la vida de una mujer.

Nosotros, dice el doctor Víctor Terrero, reconocemos el valor moral del feto y su derecho a la vida, pero si el texto es tan restrictivo como se propone, habría que dejar morir a la mujer y a su embrión o feto cuando no hay otra manera de salvarla que no sea interrumpiendo el embarazo. “Quien vote por el Artículo 30, esta votando en contra  de la mujer”.

Además, la práctica de la obstetricia en el país se vería seriamente afectada y muchos profesionales deberán abandonarla o comenzar a hacer intervenciones en la clandestinidad que hoy se consideran rutinarias, como los casos del tratamiento de embarazos ectópicos, de inducir un parto prematuro de presentarse preeclampsia, cardiopatía severa, rotura prematura de membrana con productos inmaduros, cáncer, enfermedad sistémicas, por mencionar sólo algunos casos.

En este contexto, abunda, los médicos estaríamos entre la obligación ética de salvar la vida y la obligación legal de dejar morir a la mujer que afrontará alguno de estos problemas médicos.

Hoy, modificar el Artículo 30 tiene como intención limitar el derecho a una salud sexual reproductiva sana de miles de mujeres, en especial las más pobres de nuestro país, consideró.

Su aprobación, agregó Terrero, prohibiría en el país la Fertilización  In Vitro, método que ha permitido ser familias a numerosas familias, que ha logrado procrear gracias a este método de concepción, así como las  pastillas anticonceptivas, entre otras medidas.

La discusión del Artículo 30, junto con otros que causaron polémica, se realizará el próximo 25 de agosto, para concluir la reforma constitucional el próximo 15 de septiembre.

09/LG/GG

Fuente: http://www.cimacnoticias.com

 

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Source: Agosto 2010

Castigan más el aborto que ser un narco

El gobernador Juan Manuel Oliva, en atención a las recomendaciones de la ONU, propuso reducir la pena por homicidio en grado de parentesco

 

León, Gto

 

La directora de la asociación civil ‘Las Libres’, Verónica Cruz Sánchez, denunció que la Procuraduría de Justicia del Estado abrió dos averiguaciones previas para investigar y perseguir a mujeres que presuntamente abortaron recientemente.

De acuerdo con la activista, el primero de los casos se inició con la indagatoria, tras el hallazgo de un feto en el relleno sanitario, del municipio de Apaseo El Alto, Guanajuato.

El segundo expediente es el relativo al caso de una mujer a quien se le acusa de un aborto inducido con medicamentos, en el municipio de San José Iturbide.

“Estas prácticas no han cedido, y siguen persiguiendo a mujeres hay toda una persecución muy fuerte hacia las que toman estas decisiones o que por cuestiones de un accidente sufren un aborto. Es una criminalización de las mujeres”, denunció.

En Guanajuato, el aborto es un delito.

En el que caso de que las mujeres se practiquen la interrupción del embarazo, la condena será de uno a tres años de prisión, según establece el Código Penal del Estado de Guanajuato.

Este viernes, se presentó la iniciativa por parte del gobernador Juan Manuel Oliva, para que se reduzcan a 3 y 8 años las penas por este delito, -cuando en la actualidad alcanzan entre 25 y 35 años-, y con estas modificaciones las siete mujeres presas por homicidio en razón de parentesco, podrán salir libres.

Pero la directora de ‘Las Libres’ denunció que a las que están en prisión deben de salir en calidad de inocentes, y no como criminales.

“Lo que ellos pretenden es que se le dé el crédito por ser como buenas personas, por haber propuesto la reducción de las penas por homicidio en razón de parentesco, cuando en realidad fueron ellos y su partido el PAN, el que aprobó estos cambios a la ley, para elevar las penas tan altas”, señaló Cruz Sánchez.

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado concluyó una investigación de las siete mujeres encarceladas por homicidio en razón de parentesco, y determinó que las penas que se imponen actualmente son muy altas.

Pero además informó en un comunicado la PDHEG, que en las cárceles de Guanajuato no hay mujeres encarceladas, ni procesadas ni sentenciadas por el delito de aborto.

Además detalló que se garantizaron sus derechos y que no hubo criminalización en contra de estas mujeres.

Fuente: http://www.milenio.com

Source: Agosto 2010

Argentina: Sí al aborto no punible

Los legisladores que integran la comisión de Salud en el Parlamento porteño firmaron un despacho de mayoría para ser tratado en el recinto a favor del aborto no punible. Dicha iniciativa se ampara en el Código Penal y prevé mecanismos y procedimientos ante tal situación.

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En la habitual reunión de la Comisión de Salud de la Legislatura porteña, se trató este martes el proyecto de Ley Nº 86 cuya autoría pertenece a los legisladores Diana Maffia, Gabriela Alegre y Juan Cabandié. Éste propone la reglamentación del aborto no punible en la Ciudad, que con despacho de mayoría será girado a las Comisiones de Mujer, Infacia, Adolescencia y Juventud y a la de Justicia, para luego ser tratado en el recinto.

 

 

La iniciativa, producto de un largo proceso de debate legislativo que comenzó en 2008, establece “procedimientos en los cuatro casos que el Código Penal señala como abortos legales y prevé los mecanismos por los cuales los objetores de conciencia deben comunicar fehacientemente su situación y ser eventualmente sustituidos para esta práctica”, es decir que “la objeción de conciencia puede ser manifestada individualmente pero no puede ser institucional”.

El despacho por su parte, fue firmado por los legisladores Fernando Sánchez, Jorge Selser, Mateo Romeo, Maffía y Alegre; rechazado por las diputadas Carmen Polledo, Diana Martínez Barrios, Raquel Herrero y Lidia Saya, quienes firmaron un dictamen de minoría para archivar el proyecto; y Mónica Lubertino, quien firmó otro dictamen de minoría para archivo.

Maffía, a su turno sostuvo que “quienes presentan este proyecto están a favor de la vida y desearían que ninguna mujer se viera en la situación de abortar”. Y agregó que “aún cuando eludieran los casos más frecuentes de no punibilidad, hay muchos otros motivos por los que las mujeres llegan a esas situaciones: problemas socioeconómicos, embarazos no deseados por violencia familiar, violaciones, etc.”

Posteriormente, Selser dijo que “es un hito histórico que se reconozca la necesidad de amparar a quienes están contemplados en el artículo 86 del Código Penal”.

“La salud no es sólo ausencia de enfermedad sino una definición más integral que abarca el bienestar físico, psíquico y moral”, concluyó.

Fuente: http://www.noticiasurbanas.com.ar

 

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Source: Agosto 2010

México: Confronta a jóvenes temas como el aborto en Guanajuato

Responsabilizan a gobierno federal, local y al Imjuve

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León, Gto. 24 ago 10 (CIMAC).- Aunque uno de los objetivos de la Conferencia Mundial de la Juventud 2010, es favorecer el diálogo entre organizaciones de la sociedad civil, y los gobiernos sobre políticas de juventud y desarrollo, las confrontaciones por temas como el aborto han perdurado y hoy se hicieron más profundas.

 

Organizaciones de la sociedad civil que participan en este encuentro, que vincula  los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) y la juventud, han denunciado públicamente que esta Conferencia no esta cumpliendo las expectativas. Hay  organizaciones conocidas como  “progresistas” y  “conservadoras” que lejos de debatir se están confrontando.

Durante el mediodía de hoy, la Coalición de Jóvenes por la Salud Sexual y la Educación, se manifestó a favor del derecho a decidir de las mujeres. De forma pacífica, se dirigieron al Foro de Organizaciones de la Sociedad Civil para consensuar una declaración que integre los derechos de las mujeres.

Cabe mencionar que de este Foro, saldrá una declaración final que será retomada por Naciones Unidas, de ahí la importancia de integrar temas a favor de la juventud. 

La Coalición pidió a los delegados, encargados de redactar el documento final, que incluyan el  derecho al aborto seguro, pues consideran que este encuentro ha estado lleno de anomalías y sin procesos adecuados.

Oriana López, integrante de este movimiento dijo a Cimacnoticias que este tema  refleja que las y los jóvenes no tienen el suficiente reconocimiento de su autonomía y de su ciudadanía.  Además recordó que 2.5 millones de abortos inseguros ocurren entre mujeres menores de 20 años en países en vías de desarrollo.

En respuesta a este acto, por la tarde un grupo de delegados “humanistas” dio una conferencia de prensa en la que denunciaron que no tienen la misma participación que otras organizaciones, además expresaron su inconformidad porque el tema de “la vida, la familia, la dignidad de la persona humana” no se está tomando en cuenta.

Señalaron que no todo es “es aborto, género o uniones entre personas del mismo sexo”.
 
Por su parte la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) responsabilizó al gobierno federal, al de Guanajuato y al Instituto Mexicano de la Juventud de las agresiones que hasta ahora se han suscitado.

Ddeser, quien se sumó a los trabajos de la Conferencia para  fomentar la participación de las y los jóvenes en temas de derechos sexuales y reproductivos, denunció que de sus stands se sustrajo material informativo y que durante este día algunos jóvenes que abordan los temas de Derechos Sexuales y Reproductivos intentaron provocar violencia.

10/AGM/LR/LGL

Fuente: http://www.cimacnoticias.com/

 

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Source: Agosto 2010

Entregan premio a guatemaltecos que velan por la salud materno

El Congreso y el Observatorio de Salud Reproductiva entregaron este lunes el premio “Salvando Vidas” que busca reconocer las experiencias exitosas en el cuidado de la Salud Materno neonatal.

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Los esfuerzos de la Cooperativa “El Recuerdo”, en experiencias de Atención Materno Neonatal y de Elena Cruz Caal, del programa de madres monitoras de la Asociación ICOS de Alta Verapaz, fueron premiados, por los “excelentes resultados alcanzados en los programas de salud materno neonatal en los que participan”.

 

La diputada Zury Ríos, promotora del premio aseguró que “el tema de la mortalidad materna en Guatemala es muy serio, por lo que se hace necesario trabajar en estrategias para salvar vidas”.

Además, señalo: “Más que dar este reconocimiento a hombres y mujeres que en las comunidades lejanas del país, lo que buscamos es multiplicar esfuerzos por salvar vidas en estos lugares donde la salud no llega”.

Solo en 2010, un total de 200 mujeres han muerto por malos cuidados y descuidos en su salud neonatal.

Fuente: http://www.prensalibre.com

 

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Source: Agosto 2010

“Con la criminalización no se evita el aborto”

Entrevista con el médico Anibal Faundes, defensor de la despenalización de la interrupción del embarazo

Nacido en Chile y reconocido por su trabajo en salud sexual y reproductiva, especialmente en Brasil, Faúndes sostiene que la penalización es “ineficiente, causa graves problemas para la salud y es injusta”.

Comenzó a involucrarse con la problemática del aborto unos cincuenta años atrás, cuando era estudiante de Medicina en Chile y a las mujeres que llegaban a un hospital con signos de haber interrumpido un embarazo se las atendía sin anestesia para que sufrieran dolor, a propósito, a modo de castigo.

“Con el tiempo, fui escuchando sus historias y entendiendo que, en realidad, no había ninguna razón para castigarlas, sino por el contrario, eran mucho más víctimas de las circunstancias que culpables de nada”, dice el médico Aníbal Faúndes, nacido en Chile y reconocido internacionalmente por su extenso trabajo en salud sexual y reproductiva en distintos países latinoamericanos, especialmente en Brasil, donde vive hace muchos años. Defensor de la despenalización y legalización del aborto, Faúndes dará hoy a las 15 una conferencia en el Salón Auditorio de la Cámara de Diputados, invitado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. En una entrevista con Página/12, fundamentó su posición, respondió a los argumentos que suelen esgrimir los sectores conservadores que se oponen a una ley más liberal y contó cómo se logró en Brasil que se realicen en el sector público, sin judicializaciones, las interrupciones legales de embarazo. La criminalización del aborto “es ineficiente, causa graves problemas para la salud y es injusta”, afirmó. Y aclaró que “tan importante como cambiar la ley que lo penaliza es hacer cumplir la que ya está vigente, que prevé los abortos legales”.

Faúndes es una de las personas que más han trabajado en ese país para que se garantice el acceso a los abortos no punibles. Se graduó como médico en la Universidad de Chile, donde llegó a ser profesor titular de Obstetricia y coordinador del programa de Salud de la Mujer. Su trabajo trascendió las fronteras latinoamericanas: entre otros cargos, presidió el Comité de Recursos para la Investigación del Programa de Reproducción Humana de la OMS. A los 79 años, es un referente en la región y encabeza el grupo de trabajo para la Prevención del Aborto Inseguro de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO).
–¿Por qué se involucró con la problemática del aborto? Muchos médicos prefieren no meterse con el tema.

–Comencé a sensibilizarme con el tema del aborto cuando todavía era estudiante de Medicina, tenía que hacer mi práctica de urgencia, y en el área donde estaba había muchos abortos en esa época. Como el jefe de turno sabía que me interesaba por la ginecología, lo más práctico que encontró fue que cada vez que llegaba a mi turno a las 18.30 me mandaba a la sala de raspado. Y yo me quedaba haciendo curetajes hasta las 9 de la noche, en que terminaba el turno. En esa época, era el año 1954, se juzgaba que la mujer que tenía un aborto era provocado, que era una criminal que había matado a su hijo, sin ningún justificativo, y que por lo tanto había que castigarla haciendo que le doliera mucho y entonces se hacía el curetaje sin anestesia. Si la mujer se quejaba, la auxiliar de enfermería se encargaba de decirle: “¿No te gustó? Ahora págalo”. Con el tiempo yo fui escuchando las historias de las mujeres y fui entendiendo que, en realidad, no había ninguna razón para castigarlas, sino que por el contrario eran mucho más víctimas de las circunstancias que culpables de nada.

–¿Pudo cambiar la forma de atenderlas?

–No pude cambiar las normas del lugar: seguí haciendo raspajes de la misma forma, pero me quedó en la cabeza que no podía permanecer indiferente a eso, que algo tenía que hacer para que menos mujeres tuvieran que pasar por todo ese proceso. Ahí también aprendí que muchas veces las mujeres se embarazaban porque los hombres les imponían el sexo contra su voluntad, que no tenían cómo prevenirse de un embarazo y que abortaban la mayor parte de las veces para proteger a los hijos que ya tenían o por otras razones que estaban muy lejos de ser egoístas y que no tenían por qué estar pagando por eso. Al principio creí que la planificación familiar era la respuesta a eso. Y por muchos años trabajé mucho en ese sentido. Con el tiempo me di cuenta de que la planificación familiar no era suficiente, de que nunca va a resolver el problema, porque un método puede fallar, porque hay relaciones forzadas, porque la anticoncepción no llega a todas las mujeres. Por mucho tiempo pensé que legalizar el aborto se justificaba solamente después de que ya se hubiera hecho todo lo posible por que todas las mujeres tuvieran acceso a planificación familiar.

–¿Por qué cambió de opinión?

–Con el tiempo me di cuenta de que en el fondo descriminalizar el aborto significaba que el aborto que en ese momento era inseguro pasara a ser seguro.
–Pasaron más de cincuenta años desde su primera aproximación al tema y no ha cambiado mucho en muchos países de la región en relación con el abordaje en los hospitales hacia las mujeres que abortan…

–En Chile ha cambiado bastante: ahora es mucho peor.

–¿Por qué hay resistencia?

–Hay una gran influencia religiosa. Y también es culpa de personas como yo, que no hemos trabajado tanto en aborto como lo hicimos en planificación familiar. Las cosas han cambiado en algunos países y no han cambiado en otros. En Brasil, por ejemplo, hemos conseguido a lo largo de los años que los médicos estén muy de acuerdo en que la ley tiene que ser mucho más permisiva de lo que es.

–¿En qué circunstancias está despenalizado en Brasil?

–Si hay riesgo en la vida de la mujer y en casos de violación.

–¿Se cumple la ley?

–En este momento casi en la mitad del país se está cumpliendo con la ley. En 2006 había más de 800 hospitales que decían que hacían interrupción legal de embarazo. Y creo que esa cifra se puede haber multiplicado por diez. El gobierno brasileño está empeñado en hacer accesible el aborto legal. Para eso, el Ministerio de Salud normatizó el aborto por violación.

–¿Cómo lo hizo?

–A través de la Norma para la Atención Integral de la Mujer o la Adolescente que sufre Violencia Sexual. Incluye la atención inmediata después de la violencia y la interrupción del embarazo en caso de que se embarace y no quiera continuar con la gestación. La primera norma fue del año 1998 y establecía que la mujer tenía que hacer la denuncia en el cuartel de policía. Después se modificó en 2003, diciendo que bastaba con que la mujer lo declarara en el hospital y quedara registrado con su firma en la historia clínica.

–¿Esa disposición no generó la reacción de los médicos planteando que quedaban desprotegidos ante la eventualidad de que la mujer pudiera mentir sobre la violación?

–La norma justamente es la que da seguridad.

–¿Qué status tiene la norma?

–Es una resolución del Ministerio de Salud.

–¿Con la norma se allanó el camino para garantizar el acceso a los abortos no punibles?

–Con la norma y con un trabajo de hormiga. Una norma no basta, es necesario trabajar hospital por hospital. Y no se trata sólo de trabajar con el director, sino con todo el personal, discutir el problema, mostrar por qué se tiene que cumplir con la norma, qué es lo que cambia y qué no cambia, sensibilizarlo, hasta que se consiga finalmente que empiecen a realizar interrupciones del embarazo de acuerdo con la ley.

–¿Cuáles son sus fundamentos para defender la despenalización y legalización del aborto?

–Desde el punto de vista de la salud, es muy claro que si se quiere reducir todos los daños de la mortalidad por aborto, la medida más efectiva es descriminalizarlo. Está perfectamente demostrado. En realidad, tengo tres razones. El argumento más importante tiene que ver con que criminalizar el aborto es muy eficiente para aumentar los sufrimientos, las muertes, las complicaciones, la enfermedad, el costo para la salud, para la familia y para el país. El segundo argumento es que es ineficiente: por una ley que prohíbe el aborto las mujeres no dejan de abortar. Todos los datos muestran que criminalización o no criminalización no es lo que determina que la mujer aborte o no lo haga. Y el tercer elemento tiene que ver con la justicia social. Es la típica ley que se aplica a las personas más pobres y más vulnerables. Esa ley no funciona para los que tienen poder. Para mí no funciona. Yo no tengo ningún problema si una nieta mía se embaraza de acceder a un aborto seguro. Estoy completamente convencido de que no se puede continuar con las características de la legislación actual en América latina. Pero tan importante como cambiar la ley es hacer cumplir la que ya está vigente y prevé abortos no punibles.

–Hace dos semanas, el Consejo Superior de la UBA aprobó una resolución por la que expresó su apoyo a la despenalización del aborto y reclamó un inmediato debate en el Congreso. Sólo se abstuvo el decano de Medicina y votó en contra un representante del claustro docente, que es médico. Plantearon que se habían formado para defender la vida. A usted, que también es médico, ¿no le genera una controversia?

–Claro que genera una controversia. Hasta entiendo a esos dos colegas. Pero también entiendo que ellos no comprenden que la solución para ese problema, de querer defender la vida, no está en criminalizar a la mujer que se quiere hacer un aborto. Si ellos realmente están en contra del aborto, tienen que luchar por la educación en sexualidad responsable desde la educación primaria y para que ninguna mujer tenga dificultades de acceso a los métodos anticonceptivos más eficaces, porque ésas son las medidas que van a permitir que ese aborto no ocurra.

–¿Existe, como sostienen grupos antiderechos, el llamado trauma post aborto?

–Durante su gobierno, (el ex presidente George) Bush (hijo) le encargó al ministro de Salud de los Estados Unidos que reuniera evidencias de que existía ese trauma post aborto. La conclusión del cirujano general fue que no existía. Eso no significa que ninguna mujer que se provoca un aborto no tenga después trastornos psicológicos, depresión, pero no hay diferencia en cuanto a la frecuencia con que ocurre ese tipo de situaciones después de un aborto o después de un parto de un embarazo no deseado. Pero ese efecto negativo se presenta sobre todo con dos circunstancias: cuando no es la mujer la que decide el aborto, sino que lo hace presionada por otras fuerzas sociales alrededor de ella y cuando el ambiente es condenatorio. No por el aborto en sí mismo.

–El mensaje culpabilizador de la jerarquía católica contribuye a que puedan sentirse mal…

–Muchas mujeres lo solucionan diciendo: “Yo sé que Dios me entiende, a pesar de que el cura me está diciendo eso y sabe por qué yo quedé embarazada y sabe por qué lo interrumpí”.

–En su libro El drama del aborto plantea la necesidad de alcanzar un consenso social en torno del tema. ¿Cree que es posible?

–No creo que sea posible que todo el mundo esté de acuerdo en todo, pero sí que las personas se concienticen en determinadas posiciones. Por ejemplo, creo que nunca nos vamos a poner de acuerdo con la edad gestacional límite en que debería permitirse el aborto. Pero cada vez se está entendiendo que criminalizar a la mujer que aborta no es el camino para combatir los abortos.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar

 

Source: Agosto 2010

“Tomarse en serio los derechos de las mujeres implica debatir el aborto”

Matrimonio gay, prostitución, violencia familiar y derechos reproductivos son temas de una agenda que recién se empieza a discutir y en la que deben integrarse decisiones políticas y cambios culturales.

 Sobre un trasfondo de severa desigualdad económica y cultural, las políticas igualitarias en materia de género han presentado avances legales

evidentes, aunque se sigue postergando el imprescindible debate sobre el aborto. Por otra parte, como señala Paola Bergallo, una de las mayores juristas sobre temas de género que tiene la Argentina, la construcción de la igualdad no depende sólo de normas legales; de ahí que resulte simultáneamente necesario remover un cúmulo de prejuicios y obstáculos materiales e ideológicos.

¿El reconocimiento del matrimonio gay es una sorpresa o el resultado de una pauta de igualdad que está cobrando robustez política y moral en nuestra sociedad? La reciente experiencia de deliberación y reforma legislativa de la regulación civil de la familia representa un avance importante hacia la igualdad. Pero sería prematuro leer allí una tendencia consistente de transformación social y moral.

¿Por qué? Las normas son hitos en los procesos de cambio social, pero el desafío es hacerlas cumplir, lograr que inspiren políticas públicas e intervenciones culturales que erradiquen la discriminación. La continuidad de la deliberación, la política y la movilización social son claves. Por otro lado, no podemos perder de vista cuán inequitativos son muchos de los vínculos familiares, incluyendo los matrimoniales formalizados o no. La construcción de relaciones familiares igualitarias, cualquiera sean las opciones e identidades sexuales de sus integrantes, no depende sólo de un cambio legal. Para hablar de una pauta, las reformas deberían además derramarse en otras causas del ideario igualitario. Por eso es incongruente afirmar que nuestra sociedad es más igualitaria que ayer y restringir otros debates como el del aborto.

En el caso de la adopción gay, ¿no es previsible que los jueces discriminen a las familias homosexuales?La discriminación por orientación e identidad sexual es todavía una práctica común entre nosotros y el Poder Judicial ha copiado, a veces, las actitudes que debía combatir. Pero nuestra Constitución y los compromisos asumidos en materia de derechos humanos proveen el fundamento para que los jueces garanticen la igualdad en la organización de la vida familiar, entre las parejas con o sin hijos/as y cualquiera sea la orientación o identidad sexual de sus integrantes.

¿Estas nuevas filiaciones pueden traer cambios culturales en barrios o escuelas, por ejemplo? Los cambios culturales están en marcha hace años en barrios y escuelas donde ya viven familias como las que recibieron reconocimiento jurídico con la reforma. Es posible que las nuevas normas contribuyan a asentar esos cambios, a expandir el goce de derechos de quienes temían la discriminación y postergaban constituir vínculos a los que injustamente se les negaba ciertos efectos legales. Pero hará falta más que normas para desarmar prejuicios.

También se reglamentó la ley contra la violencia de género, después de 16 meses de sancionada. ¿Qué se necesita para que la cultura patriarcal comience a declinar? No hay recetas sencillas para desestabilizar el patriarcado ni la heteronormatividad. Las reflexiones feministas hace años han propuesto herramientas diversas y el movimiento por la diversidad sexual ha aportado otro tanto. La nueva ley de violencia se construye sobre parte de estas propuestas y aprendizajes comparados. Ahora bien, como mínimo, combatir la violencia en una cultura arraigadamente sexista y homo/lesbofóbica como la nuestra requiere, primero, reconocer que la violencia de género es un problema serio y extendido. La ley y su reglamentación son nuevas señales en ese sentido. Pero no son el primer intento de abordaje del tema. Si no queremos repetir fracasos, lo próximo será dotar a las instituciones responsables de la ejecución de esas normas a nivel nacional y provincial de capacidades, recursos materiales y humanos para poner en marcha políticas de calidad como las que demanda la ley.

En materia de prostitución, ¿habría que penalizar la oferta o la demanda de sexo? ¿O acaso sería más razonable una despenalización con recaudos sanitarios y espaciales? Desconfío a priori de la penalización de conductas como herramienta para el cambio social. Pienso que la oferta de sexo debe ser despenalizada. De otro lado, si bien hay argumentos interesantes a favor de penalizar a los clientes, esa propuesta no puede obviar un análisis realista de cómo opera nuestro sistema penal y nuestra policía. Debería discutirse junto a herramientas que constituyan opciones reales para quienes desean dejar la prostitución. La explotación sexual es un tema de la agenda igualitaria en la que hay avances, pero insuficientes.

¿El cambio de identidad en el DNI debería ser el resultado de una elección autónoma o, como algunos proyectos legislativos lo fijan, debería recurrirse al análisis de expertos? Dado que el cambio de identidad es una acción autorreferente, que no afecta a los demás, sujetar esa decisión a terceros constituye una restricción injustificada sobre la autonomía. Ella y la prohibición de discriminación son los valores que deben primar en la regulación de estas decisiones.

¿Qué deficiencias legislativas se presentan en materia de derechos reproductivos? ¿Qué cambios habría que implementar para garantizar la autonomía de las mujeres? Salvo en el caso de la penalización del aborto y la subregulación de la objeción de conciencia, no creo que los problemas de derechos reproductivos deriven de deficiencias legislativas. En cuanto depende de las instituciones estatales, si persisten las injusticias en el plano de la reproducción, es más bien por la falta de voluntad política para remontar barreras, ideológicas, entre otras, y por la ausencia de capacidad estatal para políticas públicas de calidad.

¿Nuestra sociedad se debe ahora un debate sobre el aborto? Tomarse en serio los derechos de las mujeres implica debatir el aborto. Es otra deuda de nuestra sociedad y nuestra dirigencia. Los afectados por el silencio y la desidia en el tema somos todos. Una sociedad que calla las muertes evitables de sus ciudadanas, que está dispuesta a forzar a algunas a la maternidad y que permite que miles de mujeres se enfrenten por año al aborto inseguro poniendo en riesgo su salud, su vida o su dignidad, es una sociedad injusta. Y vivir en la injusticia nos perjudica a todos. En otro nivel, las mujeres nos perjudicamos por la ciudadanía de segunda que nos impone una comunidad dispuesta a sacrificar nuestros derechos sin hacer explícitas sus razones. Por supuesto, se perjudican más las mujeres que abortan en condiciones más inseguras, que suelen ser las más pobres, las más jóvenes y, con frecuencia, ya madres. Pero las más perjudicadas de todas -sin duda- son las 2578 mujeres que según las estadísticas murieron desde 1983 hasta 2008 por aborto. La mayoría habría salvado su vida de haber nacido en algunos de los países donde se ha enfrentado el tema.

La norma del Código Penal sobre aborto no punible, ¿cómo podría tener una clarificación interpretativa? ¿Sería suficiente una resolución administrativa, dirigida a los hospitales? Algunas aclaraciones previas. El Código Penal argentino establece un modelo de permisos para abortar en ciertas circunstancias. Sin embargo, el acceso a servicios de aborto en esos casos ha estado hasta hace muy poco totalmente restringido, dejando la norma del Código en un limbo. Ante esa situación y la extensión del aborto inseguro, la primera opción es -y debió de haberse hecha hace años- ajustar el Código a los mandatos del acuerdo constitucional de 1994 que demanda el abandono de la penalización en el embarazo temprano. Ese debate no se dio y, mientras se siga postergando, las mujeres seguirán solicitando los abortos permitidos desde 1921. Como sabemos por casos que alcanzaron resonancia mediática, ante esos pedidos, los jueces autorizaron los abortos y aclararon, casi siempre, que no deberían haberse llevado a los tribunales. ¿Qué debían hacer las autoridades sanitarias que reconocen su responsabilidad frente al tema? ¿Esperar 90 años más? ¿Qué hicieron? Frente a las múltiples barreras y la improcedencia de la judicialización, las autoridades sanitarias de Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe, la Ciudad de Buenos Aires y la gestión de Ginés González García en la Nación ejercieron sus competencias. Fijaron pautas para facilitar el acceso a servicios de salud cuando el aborto está permitido. También las legislaturas locales de La Pampa, la Ciudad de Buenos Aires y Chubut intentaron clarificar el tema, y sólo esta última sancionó una ley. Pero las iniciativas regulatorias sufren aún importantes déficits en su cumplimiento.

Todavía no se han puesto en marcha en todos los centros de salud donde deberían aplicarse …

Exacto. Para que esos intentos de respuesta sean una reacción seria, las guías, con o sin resolución administrativa, requieren un trabajo fino en los distintos niveles del sistema sanitario y con los profesionales de la salud. Exigen con urgencia, además, reglas y una política sobre la objeción de conciencia, ya que ésta es la herramienta con la que -donde existen guías- algunos obstruyen la prestación de servicios de aborto legal. Sin esas intervenciones, las guías o las leyes no serán más que hitos ineficaces.

Señas particulares:

Nacionalidad: argentina
Actividad: profesora de derecho de la universidad de san andres. investigadora (CEDES).

Abogada (UBA), con posgrados en las universidades de Stanford y Columbia. Investiga cuestiones de salud sexual y reproductiva.

La distribución de las cargas domésticas

Para Paola Bergallo, “la desigualdad en la distribución de las cargas domésticas y, entre ellas, las responsabilidades de cuidado de bebés, constituye un rasgo estructural de nuestra vida en comunidad. Las reglas que tratan diferenciadamente a los varones en la tenencia o las licencias están construidas sobre ese modelo injusto de distribución de tareas. Es obvio que deberían ser revisadas desde una visión sustantiva de la igualdad. Esa visión exige erradicar la subordinación en los arreglos familiares. Demanda también revisar la tercerización de las responsabilidades de cuidado que algunos hogares montan en relaciones de explotación de mujeres pobres, muchas veces inmigrantes. Lo mismo diría de la discriminación en la vida pública que sufren las personas con responsabilidades de cuidado y las madres, en especial. Entre las situaciones que perpetúan estas inequidades se cuenta la falta de políticas sociales. Para crear esas políticas no hacen falta leyes, hace falta voluntad política. Esas políticas deberían concebirse como un deber frente a las familias, la comunidad en general, y no como una deuda sólo hacia las mujeres, las principales perjudicadas hoy, claro.”

Copyright Clarín, 2010.

Fuente: http://www.clarin.com/

Source: Agosto 2010

Lanzan campaña en apoyo a mujeres presas por aborto en Guanajuato

De acuerdo con reportes de la prensa local, en Guanajuato, 166 mujeres han sido denunciadas por integrantes de los servicios médicos locales por abortar, 30 de ellas han sido consignadas, nueve tienen una sentencia en su contra y 14 están en medio de un proceso penal.
 
Ante este panorama, las organizaciones civiles Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia en conjunto con la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (ddeser), lanzaron una campaña para firmar una carta dirigida al gobernador del estado, Juan Manuel Oliva Ramírez; al procurador de justicia estatal, Carlos Zamarripa Aguirre; la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad, Raquel Barajas Monjarás; y al titular de la Comisión de Derechos Humanos local, Gustavo Rodríguez Junquera.

 

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La misiva, disponible para su firma en el sitio web www.tupuedessalvartuvida.org condena “la persecución y criminalización de las que son objeto las mujeres en esa entidad.
 
El texto reprueba la actitud de las autoridades involucradas en estos casos debido a que se ha negado la existencia de los expedientes de las convictas y se les ha obligado a firmar un documento para que no sean entrevistadas por la prensa.
 
Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia y ddser, repudian las declaraciones del gobernador, quien señaló a medios de comunicación locales que “estas mujeres estaban presas por el delito de infanticidio”.
 
De esta manera, el texto hace un llamado para que el ombudsman local elabore una recomendación al respecto, se investiguen las sentencias “amañadas” de los jueces, se ordene la liberación inmediata de las mujeres y se reconozca su inocencia.
 
Cabe recordar que las mujeres remitidas ante las autoridades guanajuatenses, sufrieron un aborto espontáneo por lo que fueron condenadas a penas de hasta 30 años.
 
Seis de ellas fueron sentenciadas por “homicidio en razón de parentesco”. Todas tuvieron abortos espontáneos y son originarias de zonas marginadas de la entidad.

Tomado de: http://www.notiese.org/

 

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Source: Agosto 2010

Respaldan desde la ONU la polémica guía del aborto

Argentina.- Luego del traspié oficial, reclamaron que se aplique. Representantes del organismo se reunieron el viernes pasado con funcionarios de Salud. Y plantearon su preocupación por la alta mortalidad materna en Argentina, que atribuyeron a abortos inseguros.

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Representantes de tres agencias de Naciones Unidas en Argentina le manifestaron al Gobierno supreocupación por la tasa de mortalidad materna y la implementación de la guía para atender los casos de abortos legales, que el Ministro de Salud, Juan Manzur, se negó a avalar a través de una resolución.

 

La reunión fue el viernes pasado, y uno de los participantes fue el titular de la representación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el país, Antonio Pagés. Los otros funcionarios de la ONU pertenecen al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y al Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

 

“Tuvimos una reunión para tratar el cumplimiento de los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre otros temas”, contó ayer Pagés a Clarín . “Una de las preocupaciones es la tasa alta de mortalidad materna , que se debe a las complicaciones por abortos inseguros ”, agregó. El planteo se suma al que hizo la semana pasada la organización Human Rights Watch, que acusó al Ejecutivo de tener una actitud “errática” en torno de la salud reproductiva.
La guía de atención para los abortos legales es una herramienta elaborada por el Ministerio de Salud en la gestión de Ginés González García y consensuada por la mayoría de las sociedades médicas en 2007. Se hizo para facilitar el acceso al aborto no punible y reducir una de las causas evitables de la mortalidad materna. En junio pasado fue actualizada: pasó a autorizar el aborto en casos de violación con la sola exigencia de una declaración jurada o denuncia policial de la mujer. Y se convirtió en el eje de un papelón que el actual ministro, Juan Manzur, enfrentó el 20 de agosto, ya que días previos, el 13 de julio, una delegación del mismo Gobierno había anunciado ante la ONU que la Argentina había aprobado esa guía a través de la resolución 1184 . Pero Manzur sacó luego un comunicado en el que negó haberla firmado.

Varias ONG que trabajan en la problemática de derechos humanos y mujeres denunciaron a Manzur a través de una carta dirigida a dos comisiones de la ONU. Las ONG, como el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, advirtieron que el Gobierno estaba “actuando en contradicción con sus mismos compromisos ”.

Ahora, en la reunión del viernes pasado, los representantes de las agencias de la ONU en Buenos Aires volvieron a hablar del tema. “Le manifestamos al Gobierno que, como agencia de la salud de la ONU, podemos darle capacitación a las provincias que lo requieran para que los médicos estén en condiciones de atender los abortos no punibles. Generalmente son las mujeres más pobres las que no pueden acceder a los abortos seguros ”, afirmó Pagés. Desde el Ministerio de Salud se negaron a responder consultas de Clarín .

Argentina se había comprometido a cumplir con los Objetivos del Milenio, que incluyen la reducción de la mortalidad materna en tres cuartas partes entre 1990 y 2015. Pero hoy sigue siendo un drama: el 20% de las muertes por emergencias obstétricas son por abortos en condiciones inseguras.
En junio, el comité de los derechos del Niño de la ONU le había recomendado al Gobierno que adoptara medidas urgentes. En setiembre, Argentina deberá dar cuenta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. “Si sigue la tendencia –opinó Pagés– Argentina no alcanzará la meta”.

El Código Penal

El inciso 2° del artículo 86 se presta a distintas interpretaciones.

Dice que el aborto será legal si “el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”.

La guía del Ministerio divide el inciso en dos figuras distintas.

2007. En el capítulo 6.3.2, la guía sostiene que ante una violación se debe solicitar a la mujer constancia de la denuncia judicial o policial del hecho.

2010. En el mismo capítulo, sostiene que ante una violación se debe solicitar constancia de la denuncia, si se hubiera interpuesto, o la declaración jurada de la mujer.

Tomado de: http://www.clarin.com

Source: Agosto 2010

Postergaron la regulación de abortos

En la Legislatura analizaron el tema pero no pudo emitirse dictamen a instancias del oficialismo.

Argentina.- El bloque de diputados porteños del PRO frenó la firma del dictamen de un proyecto para regular el procedimiento para la atención integral de los abortos no punibles en el sistema público contemplados en los incisos 1 y 2 del artículo 86 del Código Penal.

 

La iniciativa iba a avanzar en el seno de la Comisión de Salud de la Cámara baja y es impulsada por las diputadas Diana Maffía y Gabriela Alegre, más los diputados Juan Cabandié y Pablo Failde (MC).

 

El proyecto contempla el procedimiento para los casos en que esté en peligro la vida o la salud integral de la mujer y en las situaciones en violación, y si bien fue tratado este martes, no salió el dictamen porque los representantes del macrismo pidieron extender a la semana próxima el tratamiento.

La próxima semana se recibirá la visita de Jorge Girardi, de la Asociación de Médicos Municipales, quien expondrá su posición frente al tema.

“Es claro que el PRO trata de dilatar la cuestión para que el debate no llegue al recinto”, aseguró Alegre, quien dijo que “hubo tiempo suficiente” para que cada bloque pueda tomar una postura frente al dictamen.

“Hemos trabajado arduamente en este proyecto durante los últimos dos años, y es hora de que la Legislatura de la Ciudad garantice los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas, cuya vida y salud corre riesgo en situaciones de aborto no punible o cuya integridad ha sido vulnerada por un delito. El objetivo de este proyecto es dar seguridad a las y los profesionales de la salud que intervienen en estos casos”, aseveró Maffía.

Tomado de: http://www.parlamentario.com

Source: Agosto 2010