Una cuestión de salud pública y de protección para las mujeres

Comenzó a regir en España la nueva ley que permite la interrupción del embarazo, con fuertes críticas de los sectores antiabortistas, y de la Iglesia Católica. En Argentina, 33 diputados nacionales presentaron un proyecto similar que podría ser debatido este año.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

El lunes 5 el Parlamento español aprobó una ley que permite la interrupción del embarazo, por voluntad de la mujer, hasta la semana 14 de gestación. Ese plazo se amplía hasta 22 semanas en caso de “riesgos para la salud” de la madre o “graves anomalías del feto”.

 

En el primer caso, la mujer tendrá derecho a tomar una decisión libre e informada sobre el aborto en ese período (14 primeras semanas del embarazo); en el segundo, es necesario el informe de dos médicos que certifiquen los riesgos o anomalías. La ley española también prevé que luego de las 22 semanas, sólo se podrá interrumpir el embarazo “cuando se diagnostiquen en el feto anomalías incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable”, en cuyo caso se requerirá la autorización de un comité médico multidisciplinario.

Para poder abortar la mujer debe hacerlo con un médico especialista en un centro público o privado, y deberá dar su consentimiento por escrito. La ley establece que deberá ofrecerse a la mujer que requiera un aborto, una información completa sobre las ayudas públicas a la maternidad. La norma que entró en vigencia el lunes 5, había sido aprobada hace cuatro meses, por 132 votos contra 126 y una abstención.

Los grupos antiabortistas, junto con la oposición de derecha y la Iglesia Católica recolectaron un millón de firmas para oponerse a la nueva ley, mientras que el Partido Popular (PP) presentó a principios de junio un recurso ante el Tribunal Constitucional, por considerar que la ley es contraria al artículo 15 de la Constitución española, que reconoce que “todos tienen derecho a la vida”.

Haciendo un parangón con la Argentina, se podría decir que los grupos “pro-vida” están promoviendo que la Justicia dictamine sobre una ley aprobada por el Parlamento, al igual que aquí se intentó frenar la aplicación, a través de fallos de diversos tribunales, de la Ley de Servicios Audiovisuales. Como bien afirmara el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Ricardo Lorenzetti, “no se puede recurrir a la Justicia y pretender que ésta apruebe lo que se ha perdido en el Parlamento”.

Proyecto en Argentina.

La aprobación en España, país de fuertes tradiciones católicas, de una ley que despenaliza el aborto, da mayor ímpetu para que otros países también avancen en legislaciones similares.

En Argentina, en el mes de marzo se presentó un proyecto de ley con la firma de 33 diputados nacionales, que permite la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación y todo parece indicar que es probable que el mismo tenga tratamiento en el presente año. Esta iniciativa tiene el respaldo de más de 250 organizaciones que componen la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Otros legisladores se han sumado al proyecto, que ya tiene 47 firmas de adhesión. También hay otro proyecto de ley que presentó el partido Nuevo Encuentro, que lidera el diputado nacional y ex intendente de Morón, Martín Sabbatella. Sin embargo, los diputados de este espacio, también han respaldado el proyecto de la Campaña por el Aborto.
Además del Nuevo Encuentro, otras fuerzas políticas con representación parlamentaria están promoviendo el debate sobre estos proyectos, con una posición favorable a la despenalización del aborto, como el GEN de Margarita Stolbizer y el Partido Socialista, y los diputados de Proyecto Sur, Libres del Sur y Solidaridad e Igualdad-SI.

Aunque parezca mentira, también hay una diputada nacional del PRO, Laura Alonso, quien se expresó públicamente a favor de la despenalización y legalización del aborto, siendo la única de esa fuerza política que orienta Mauricio Macri. Para Alonso, hay “desinformación” y el tema del aborto “tiene que ver con la pobreza, la inequidad, la falta de información y también es un problema de salud pública, de derechos y de justicia social”.

Por su parte, tanto en el radicalismo como en el Frente para la Victoria, existen diferencias pero algunos dirigentes de esas fuerzas, como Juliana Di Tullio (FPV), y los radicales Ricardo Gil Lavedra y María Luisa Storani, promueven la aprobación de esta iniciativa que, a no dudarlo, será fruto de una discusión mucho más dura que la que se vio en 1985, cuando durante el gobierno de Raúl Alfonsín, se aprobó la ley de divorcio vincular.

En aquel momento e igual que ahora, los sectores de la derecha conservadora y la cúpula de la Iglesia Católica, vaticinaron la “destrucción de la familia”, y otras calamidades por el estilo. A 25 años de aquella aprobación, podemos afirmar que lo que realmente atentó contra la familia fueron los planes económicos de ajuste que generaron desocupación, marginalidad, desnutrición infantil, etc.

La ley que permitió el divorcio y la recuperación de la aptitud nupcial, en primer lugar sirvió para formalizar las uniones de hecho que ya existían. En segundo lugar, no han aumentado ostensiblemente los divorcios, sencillamente porque hoy los jóvenes prefieren la convivencia “sin papeles” y recién después de varios años, incluso luego de la llegada de algunos hijos, optan por el matrimonio civil. Así, es frecuente ver en la actualidad fiestas de casamiento con los hijos de una u otra pareja (o de ambos) presentes.

Más grave.

En el caso de aprobarse una ley que permitiera la interrupción del embarazo, si bien la discusión es similar en cuanto a que son los mismos sectores los que se oponen, con una buen cuota de hipocresía, la situación es más grave, porque no estamos hablando de la legalización de uniones de hecho o de la posibilidad de divorciarse y volver a formar otra familia.

Estamos hablando de una realidad que nos dice que, por los abortos clandestinos que se practican en nuestro país (entre 500 mil y 750 mil anuales, según estadísticas no seguras, pues estamos hablando de una práctica considerada delito por la legislación vigente), mueren más de 500 mujeres todos los años, siendo la primera causa de muerte materna tanto en Argentina como en América Latina.

El debate hace años que está en la opinión pública y las encuestas muestran que ha ido aumentando, paulatinamente, el número de ciudadanos que, aún no siendo favorables al aborto, piensan que debe despenalizarse y permitir que la mujer que se ve obligada a recurrir a dicha intervención, pueda hacerlo en condiciones seguras para su salud y su vida.

No es el fin del mundo ni se multiplicarán los abortos, como predican los grupos que se oponen a esta ley, al contrario, las prácticas que ya se realizan en la clandestinidad, con medios totalmente inseguros, se harán ahora en hospitales públicos o clínicas privadas, siempre atendidas por profesionales idóneos. Si además la ley se inscribe dentro de un plan nacional de salud sexual y reproductiva, que existe pero que no se aplica con firmeza en todo el país, y así evitar los embarazos no deseados, causa primigenia de los abortos, podemos afirmar que habrá menos abortos que los que hoy se practican, provocando la muerte de tantas mujeres, la mayoría de ellas pobres.

Tomado de: http://www.laarena.com.ar

Source: Julio 2010