Aborto en España: cuestiones abiertas

Sarah Babiker (Artemisa).

 

Boicoteada por los conservadores y criticada por las feministas, la ley de Salud Sexual y Reproductiva entró en vigor el pasado 5 de julio.

Después de meses de elaboración, discusión, y debate, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo,

más conocida como Ley de Aborto, entró en vigor el pasado lunes. La polémica, que ha acompañado a todo el proceso desde que la subcomisión parlamentaria de igualdad encargada de discutir y elaborar la reforma arrancara en septiembre del 2008, no toca su fin con la puesta en práctica de la ley, que no fue aprobada hasta febrero de este año.

 

Oponiéndose a la creación de la subcomisión, al borrador, y condenando a los diputados y senadores (muchos de ellos confesamente católicos) que permitieron la aprobación de la reforma en ambas cámaras, los sectores de la sociedad que se han opuesto durante todo este tiempo a una ley de plazos están usando todas las vías posibles para bloquear la nueva normativa. El marco jurídico al que profesionales y mujeres pueden acogerse desde esta semana incluye el derecho al aborto libre y gratuito hasta la semana 14. El plazo se ampliará hasta la semana 22 en el caso de riesgo para la salud física o psíquica de la madre y también por enfermedad grave o malformaciones del feto. Una vez extinguido este período, un comité médico evaluaría la pertinencia de realizar una interrupción ante anomalías incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable del feto.

El mismo lunes, Bibiana Aído, Ministra de Igualdad y principal impulsora de la ley volvió a defender la necesidad de la reforma aduciendo que ésta es una ‘ley más segura que ofrece más garantías jurídicas tanto a mujeres como a profesionales, más ajustada a la realidad de la sociedad española.’ Una realidad donde se declararon más de 900.000 interrupciones voluntarias del embarazo, casi todas en clínicas privadas entre 1998 y 2008 según datos del Ministerio de Sanidad.

Resistencias

Como demuestran los datos señalados más arriba, si bien la ley constituye un novedoso marco legal, no supone una ruptura en la realidad de la práctica del IVE en España. La anterior legislación, que data de 1985, despenalizaba el aborto en tres supuestos: violación, riesgo de salud física y psíquica de la madre, y malformación del feto. Interpretada de manera amplia, sentaba en la práctica las bases para interrumpir un embarazo, siempre que se abonara el coste de servicio en la correspondiente clínica privada y se firmase un papel aduciendo problemas psíquicos derivados de la situación, supuesto al que se recurría mayoritariamente. Sin embargo, con la reforma, las voces de aquellos que se autodenominan grupos pro vida, resuenan más alto que nunca.

La Conferencia Episcopal, que puntualmente clama contra las medidas aprobadas en el parlamento pero desaprobadas por su doctrina, no ha tardado en alertar contra lo que considera: ‘una ley objetivamente incompatible con la recta conciencia moral.’ La inclusión de la educación sexual obligatoria en las escuelas, figura también entre sus preocupaciones, pues según declaró el lunes a través de un comunicado de prensa: ‘impone en el sistema educativo obligatorio la ideología abortista y ‘de género”.

Organizaciones afines, como la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), Ginecólogos por el Derecho a Vivir o el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro, han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

No han sido los únicos en adoptar esta vía. El conservador Partido Popular, principal abanderado en la lucha contra la nueva ley entre los partidos políticos, y tras votar en contra de ella en ambas cámaras, optó por presentar un recurso contra la reforma ante el Tribunal Constitucional.

Junto al PP, acudió ante los tribunales el pasado 1 de junio la Comunidad de Navarra, feudo católico donde no se practican interrupciones de embarazo ni siquiera en las clínicas privadas. La principal acusación ataca el carácter libre de la interrupción hasta la semana 14, lo que según los demandantes infringiría el artículo 15 de la Constitución que garantiza el derecho a la vida.

La posibilidad de las menores de abortar sin el consentimiento de los padres, o la inclusión de la educación sexual en las escuelas son otros de los apartados que según los conservadores chocan con la Carta Magna. Los demandantes aspiraban a la suspensión cautelar de los artículos impugnados. El Tribunal Constitucional, de fama conservadora, admitió a trámite los recursos el pasado 30 de junio, concediendo tres días a ambas Cámaras para presentar sus alegaciones. El plazo concluyó ayer.

Se dice que es improbable que el Constitucional acuerde la suspensión de una ley aprobada por el Congreso y el Senado. Sin embargo, de momento, el recurso ha alentado a líderes regionales conservadores a declararse en rebeldía desde el mismo lunes. Es el caso del presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, primer protagonista de una semana polémica cuando anunció que en su Comunidad, precisamente la que cuenta con la mayor tasa de aborto, no se aplicará la ley mientras no haya una sentencia firme por parte del alto tribunal. Ayer la situación llegaba a un extremo contradictorio: la suspensión de todas las interrupciones voluntarias en todo el territorio murciano, incluso en los casos previstos en la anterior ley. Con esta situación las mujeres murcianas que decidan interrumpir su embarazo deberán acudir a las comunidades vecinas.

Navarra, baluarte del antiabortismo, aplica históricamente el mismo principio. El consejero portavoz del Ejecutivo navarro, Alberto Catalán, afirmó en este sentido que la práctica de abortos en Navarra ‘va a seguir siendo la misma’ es decir, las navarras seguirán teniendo que salir de su comunidad para abortar. Otras comunidades han optado por maneras más sutiles de resistencia: desde la Comunidad de Madrid se alienta a los médicos a declararse objetores de conciencia, dando continuidad a las interrupciones exclusivamente en centros privados. Lo mismo sucederá en Castilla la Mancha, gobernada por los socialistas, pero donde casi todos los médicos de la sanidad pública se han declarado objetores de conciencia. Ante el déficit que presentan las comunidades, se prevé con preocupación que se gastarán grandes sumas sufragando las intervenciones en el sector privado.

Decepciones

Conseguir la aprobación de la Ley exigió ampliar el consenso incorporando a diputados católicos de los partidos nacionalistas, lo que suavizó el contenido del texto e introdujo algunos cambios respecto al proyecto original que defraudaron a feministas y partidos que reclamaban una ley más valiente. La reglamentación de la ley ha sido criticada por parte de algunas organizaciones.

Para empezar, uno de los puntos que más polémica causaba, el permitir a las jóvenes de 16 y 17 años tomar autónomamente la decisión de interrumpir un embarazo, se ha dejado atrás, obligando a la menor a acudir al centro donde se le realice la interrupción acompañada de un tutor o tutora, como denunció el martes el presidente de la Asociación de Clínicas Acreditaras para la Interrupción del Embarazo, Santiago Barambio. Ni la objeción de conciencia del personal sanitario ni la parte referente a Educación Sexual han sido aún reglamentadas.

Por último, muchas de las mujeres que acudieron el lunes a las clínicas quedaron desagradablemente sorprendidas por una novedad: La polémica introducción de tres días de reflexión obligatorios entre la primera consulta y la intervención. Las mujeres recibirán un sobre cerrado en cuyo interior habrá documentación elaborada por el Ministerio de Igualdad proporcionando información sobre facilidades y ayudas para la maternidad, junto a otros contenidos aportados por las Comunidades Autónomas. Se teme que las Comunidades opuestas al aborto ideologicen su parte del sobre. Además este sistema infringiría la igualdad territorial que se pretendía alcanzar.

Pero la principal crítica a la Ley es que no saca el aborto del Código Penal, reivindicación de base para las organizaciones que impusieron la reforma en la agenda, con sus movilizaciones y presión. Así, la ley que entró en vigor el lunes, excesiva para algunos e insuficiente para otros, enfrenta con dificultad sus primeros días.

Tomado de: http://www.argenpress.info

Source: Julio 2010