“Un gran avance que elimina las dudas”

Dirigentes feministas y especialistas celebran la Resolución Ministerial sobre abortos no punibles

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La decisión del ministro Juan Manzur de elevar a rango de resolución la Guía sobre abortos no punibles, que reveló Página/12, fue saludada desde diversos ámbitos ligados a la salud y el movimiento de mujeres. Lo que evita su aplicación.

 

Por Emilio Ruchansky

Para activistas, especialistas y médicos, la decisión del Ministerio de Salud nacional de convertir en resolución la Guía para la Atención de los casos de Abortos No Punibles –una medida revelada ayer por este diario–viene a saldar un vacío informativo en los hospitales y también en los tribunales. “Me parece excelente que se distribuya en todos los servicios de ginecología y obstetricia de los centros de salud públicos. Hay médicos que no saben qué hacer en estos casos y hay muchos que saben pero no quieren hacer que saben y judicializan a la paciente, negándole su derecho”, dijo anoche Miguel Cureoni, médico del servicio de Obstetricia del hospital más grande de Santiago del Estero, el Ramón Carrillo. “Es un gran avance porque termina con varios obstáculos”, opinó Edurne Cárdena, miembro del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem).

 

El escrito redactado durante la gestión de Ginés González García, ahora actualizado y convertido en resolución ministerial por el titular de la cartera de Salud nacional, Juan Manzur, dispone que no se deben judicializar los abortos no punibles y garantizar su práctica en cada hospital. Hay tres casos permitidos: cuando corre riesgo la salud de la mujer, cuando hay una violación (la paciente debe aportar la denuncia policial o hacer una declaración jurada) o cuando el embarazo “proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”. En este último caso hace falta el consentimiento de representante legal.

La misma resolución establece que una menor de 14 años en adelante no necesita autorización de sus padres para practicarse un aborto si está entre los dos primeros casos mencionados anteriormente. Vale aclarar que por “riesgo a la salud” se entiende tanto la salud física como el bienestar psicológico de la persona; es lo que ocurre, por ejemplo, cuando el feto nacerá muerto por algún tipo de problemas congénitos. En todos los casos, el aborto debe ser realizado dentro de los diez días desde su solicitud.

“El tema de objeción de conciencia es parecido a lo que dijo hoy un juez de paz de un Registro Civil de Concordia que se niega casar a personas del mismo sexo. Dijo que como la ley manda a realizar esos casamientos, él dispone de un suplente para esos casos, pero que si el reemplazante no puede, el juez lo hará de todas formas”, comentó Cureoni. En este punto, el médico santiagueño rescata que la resolución deje “bien clarito” que la institución médica siempre debe hacerse cargo de la práctica, más allá de las objeciones personales.

“Si el jefe de servicio se niega a realizar el aborto, tiene que buscar a alguien de su equipo para que lo haga, si todos se niegan, debe hacerlo él. Tiene que poner por delante, siempre, la vida y la salud de la paciente”, agregó el médico. El aborto mal realizado es la principal causa de la mortalidad materna en el noroeste y nordeste argentinos, informó Cureoni, quien ve en la Guía una primera estrategia para disminuir esta realidad. “Esta resolución también hace que se vuelva a hablar de los abortos no punibles y en un mejor contexto, no como suele pasar: que se menciona cuando muere una mujer”, dijo el médico, que ve en esta resolución un “escalón previo” para llegar a la despenalización del aborto.

Eleonor Faur, del Fondo de Población de la Naciones Unidas, recordó que la norma que permite estos abortos está por cumplir 90 años. “Me parece que el gran avance es que el Ministerio de Salud nacional establezca un piso, que resalte que no hace falta concurrir a la Justicia en estos casos porque entre médicos y médicas hay mucho desconocimiento”, dijo la especialista, que formó parte del consejo asesor que revisó la Guía. “Esta medida viene a llenar un vacío reglamentario”, aseguró.

Por desconocer estos derechos, Argentina fue demandada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, señaló Faur. “Ana María Acevedo, de Santa Fe, tenía 23 años cuando le descubrieron un cáncer. No podía hacer quimioterapia porque estaba embarazada, le negaron el aborto y al final fallecieron ella y su bebé también”, recordó la especialista. Luego concluyó: “Esto pudo haberse evitado si sólo se cumplía con lo que manda la ley. Acevedo tenía tres hijos”.

Otro caso que también podía haberse evitado es el de Romina Tejerina. La joven jujeña, quien denunció haber sido violada, mató su bebé a poco de que éste naciera. Ahora está presa. Sin embargo, de saberlo, le hubiera bastado firmar una declaración jurada, como indica la Guía, para que se le practicara un aborto. “Otro caso fue el M. R. L., la joven de La Plata violada por un familiar, a la que no se practicó el aborto”, señaló Edurne Cárdena, integrante de Cladem.

“La Guía es un trabajo increíble, de avanzada, bien hecho. Que tenga rango ministerial tiene un gran peso en todas las provincias, establece una base y pautas claras, muy claras, para que no vuelvan a pasar todos estos casos. No deja lugar a dudas ni a los médicos ni a los jueces –dijo la activista–, tal vez lo ideal hubiera sido que se hiciera lo mismo mediante una legislación, para que tuviera más fuerza todavía. Pero el rango ministerial ya era un reclamo nuestro. Con esto el ministerio le da un mensaje a su público, al personal hospitalario, pero también a la Justicia, para que sea más efectiva y defienda siempre los derechos de las mujeres.”

Fuente: http://www.pagina12.com.ar

Source: Julio 2010

Van 30 mujeres denunciadas por aborto en Guanajuato en 2010

La directora de la asociación civil de apoyo a la mujer “Las Libres”, Verónica Cruz, denunció que existen 160 mujeres que enfrentan un proceso penal por haber sufrido un aborto espontáneo.

León.- Unas 160 mujeres de Guanajuato enfrentan un proceso penal por haber sufrido un aborto espontáneo y al menos 4 ya fueron sentenciadas con hasta 29 años de cárcel y otras 9 enfrenta la justicia bajo libertad condicional.

 

La directora de la asociación civil de apoyo a la mujer “Las Libres”, Verónica Cruz Sánchez, documentó los casos y alertó que las denuncias por aborto aumentaron, pues de enero a la fecha se han reportado 30 nuevos casos.

En Guanajuato, el delito de aborto se castiga con 3 años de cárcel y con la posibilidad de la libertad provisional, pero para castigarlas con la pena máxima, las autoridades conservadoras del estado les han configurado el delito de homicidio en razón de parentesco.

“Las Libres” denunció que las mujeres enjuiciadas también enfrentan “hostigamiento judicial” debido a que los agentes del Ministerio Público las persiguen puerta por puerta para descubrir si parieron o abortaron, pero además, las abusan sexualmente.

“Las acusan de infidelidad, las tocan de sus partes, las exhiben y hacen con ellas como en los tiempo de la Santa Inquisición”, lamentó Cruz Sánchez en conferencia de prensa con medios nacionales.

Los 4 casos de mujeres sentenciadas por homicidio en razón de parentesco sufrieron violencia sexual; no tenían acceso a los Servicios de Salud Pública e ingresaron a la cárcel entre los 18 y 19 años de edad.

Alfonso Machuca/Milenio León

Fuente: http://www.milenio.com/

 

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Source: Julio 2010

España: El teléfono de información del aborto está estropeado

El teléfono al que las mujeres deben llamar para que la interrupción voluntaria de su embarazo (IVE) la pague la sanidad pública no funciona. Y no lo ha hecho al menos desde el lunes, cuando entró en vigor la nueva ley de salud sexual. El protocolo de actuación que la Consejería de Sanidad ha difundido entre sus profesionales da instrucciones a los trabajadores sociales para que informen a las mujeres del teléfono en el que conseguir cita con la Unidad de IVE, la que tramita la prestación con cargo al servicio madrileño de salud. Es el 91 338 77 38 y es el único que se facilita.

 

Un portavoz de la Consejería de Sanidad explicó ayer que se trata de “un problema puntual con la compañía de teléfono” y que la avería ha afectado a todo el edificio donde se encuentra esta oficina, en el número 6 de la calle de Sagasta, que alberga otros departamentos de la Consejería. “Se está solucionando lo más rápido posible”, añadió.

 

Según el protocolo de Sanidad, la mujer que solicite una IVE con cargo a los presupuestos públicos debe acudir primero a su médico de familia, que la derivará al trabajador social. Este informa sobre técnicas de interrupción del embarazo y facilita la lista de las siete clínicas privadas a las que acudir -no ofrece la posibilidad de acudir a un centro público-. La mujer debe pedir cita en el teléfono de la Unidad de IVE para que la intervención sea gratuita.

E. G. SEVILLANO – Madrid

Tomado de: http://www.elpais.com

Source: Julio 2010

Mayorías a favor del debate sobre aborto terapéutico

En la región, Chile y Nicaragua lo penalizan.

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La opinión mayoritaria recogida en el estudio indica que se deben revisar las restrictivas legislaciones sobre aborto, principalmente en los casos en que está en riesgo la salud de la madre, y que esos cambios deben hacerse a través de consultas populares, antes que discutirlo en los parlamentos.

 

Daniela Estrada-IPS

La mayoría de encuestados en Brasil, Chile, México y Nicaragua están de acuerdo con despenalizar el aborto terapéutico, pero rechazan liberar esa práctica en todas sus formas, según una investigación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

 

“Hay una opinión compartida en los cuatro países respecto de que el aborto es un problema grave, de salud pública y de equidad”, dijo a IPS Claudia Dides, directora del Programa de Género y Equidad de Flacso-Chile, a cargo del estudio.

La opinión mayoritaria recogida en el estudio indica que se deben revisar las restrictivas legislaciones sobre aborto, principalmente en los casos en que está en riesgo la salud de la madre, y que esos cambios deben hacerse a través de consultas populares, antes que discutirlo en los parlamentos.

No obstante, 69 por ciento de las y los brasileños consultados se manifestaron en contra de la despenalización total del aborto, al igual que 64,5 por ciento de los chilenos, 61,4 por ciento de los mexicanos y 81,4 por ciento de los nicaragüenses.

Para Dides, la brecha existente entre la percepción del aborto como un problema de salud pública y equidad y la negativa a despenalizarlo en todas sus formas “tiene que ver con una serie de variables”.

Entre ellas destacó el poco conocimiento de la población sobre este tema, la ausencia de tratamientos humanizados en centros de salud a mujeres con complicaciones derivadas de abortos inducidos y “la influencia de actores políticos, como la jerarquía de la Iglesia Católica”.

Otro nudo crítico es el espacio y el tratamiento que los medios de comunicación dan a esta realidad, explicó.

Los primeros análisis descriptivos del Estudio de Opinión Pública sobre Aborto en Brasil, Chile, México y Nicaragua fueron presentados este martes en Santiago, siguiendo los lanzamientos ya realizados en la capital mexicana y Managua.

Penalización en Chile y Nicaragua

Los países elegidos por Flacso ofrecen varias particularidades. En Chile y Nicaragua, el aborto está penalizado sin excepciones desde 1989 y 2006, respectivamente, mientras que en Brasil se aceptan causales como riesgo de vida de la madre y violación.

En México se aprobó la despenalización de la interrupción de la gestación por cualquier motivo sólo en la capital, pero en la mayoría de los estados está prohibida, dijo Dides.

Algunos medios de comunicación católicos de México inclusive se refirieron al trabajo de Flacso como una encuesta “auspiciada por un instituto de investigación con tendencias pro abortistas”.

El sondeo constó de más de 1.200 entrevistas cara a cara a hombres y mujeres mayores de 18 años de zonas urbanas y rurales de cada uno de los países para conocer sus “opiniones, actitudes y conocimientos” sobre el aborto.

Un significativo porcentaje de las personas consultadas coincidieron en que la interrupción voluntaria de la gestación “es una decisión de las mujeres” más que de “otros actores que siempre están opinando”, subrayó Dides.

En Nicaragua, 30,3 por ciento de los encuestados señalaron que el aborto es un “derecho humano de la mujer” y 32,1 por ciento en Brasil. Este porcentaje subió a 38,7 en el caso de Chile y a 43,5 por ciento en México.

El estudio también mostró que “hay expectativas de que se cambien las legislaciones en los cuatro países. La gente no quiere que sigan como están”, aseguró Dides.

En el caso de Chile, 95 por ciento de los entrevistados señalaron que se deberían revisar las leyes sobre el aborto, así como 87,8 de los brasileños, 82,8 por ciento de los mexicanos y 94,2 por ciento de los nicaragüenses.

“Como feminista, el estudio reafirma percepciones que nosotras teníamos del aborto en torno a que las razones involucradas en la interrupción terapéutica están plenamente afianzadas como posibilidad de legalización dentro de la población”, dijo a IPS Gloria Maira, integrante de la Articulación Feminista de Chile.

“El estudio nos aporta mucho en términos de las estrategias que como movimiento de mujeres y feministas podemos plantearnos a futuro para lograr la despenalización del aborto en Chile. Habla de la necesidad de tener campañas sostenidas y de debate informado de la población”, agregó.

A juicio de la activista, el estudio también demuestra que desde que el dictador Augusto Pinochet (1973-1990), fallecido en 2006, penalizó el aborto terapéutico vigente hasta 1989, las autoridades no han respondido a los intereses de la población.

“Siempre nos han hablado de los costos políticos de apoyar los proyectos de ley (a favor de la interrupción del embarazo) y lo que evidencia el estudio es que esa es una percepción errónea y que lo que ha primado son consideraciones de otro tipo, no las necesidades de las mujeres y las percepciones de la población”, enfatizó Maira.

Flacso pretende ir entregando paulatinamente los resultados de la encuesta hasta lanzar, dentro de dos meses, un libro que incluirá el estado del arte de la investigación y la producción científica en los cuatro países sobre el aborto, un análisis comparativo de la legislación, estudios de casos y un análisis de prensa en los últimos 10 años.

Tomado de: http://www.confidencial.com.ni

Source: Julio 2010

Mortalidad materna en Angola constituye desafío

Luanda – La gobernadora de la provincia de Luanda, Francisca do Espírito Santo, afirmó el martes, que la mortalidad materna en Angola constituye aun un desafío social y de salud pública que necesita ser mejor conocido y dimensionado.
 
La gobernante hizo este pronunciamiento durante la ceremonia de apertura del “2º Encuentro de Balance del Comité de Prevención de

Muertes Maternas y Perinatales”,  donde acrecentó que la falta de información, de educación de las comunidades, el limitado acceso a las estructuras de salud,  así como el atraso en el auxilio a las pacientes concurren para el aumento de la mortalidad materna en el país.
 
Francisca do Espírito Santo dijo que otras determinantes concurren para el efecto, nominalmente las barreras culturales, la débil autonomía de la mujer en la decisión de su salud asociado a la falta de interés del cónyuge en su bienestar son igualmente causas que contribuyen para esta situación.

 Durante su alocución, la gobernadora de Luanda afirmó que la “tragedia” de la mortalidad materna reside en el hecho de que casi todas sus causas podrían ser evitadas, en caso se asegurase el bienestar de las mujeres grávidas en lo tocante al acceso a la asistencia calificada durante el período de gestación,  así como el post parto.

Con todo, la escasez, en lo tocante a los recursos humanos calificados, la ausencia de infraestructuras y equipos a nivel periférico,  así como la poca participación comunitaria en la solución de los problemas de salud, continúan retardando los resultados de este proceso, según esclarecimientos de la gobernadora.

De acuerdo con la gobernadora,  el Comité Provincial de Prevención de Muertes Maternas  y Perinatales han reducido sustancialmente el nivel de muertes desde el grupo social, cumpliendo de este modo con los objetivos trazados cuando su creación en 2005.

Durante el discurso, la gobernante afirmó que la necesidad de reducir la mortalidad materna y del recién nacido es una responsabilidad de su ejecutivo,  pero también de las administraciones municipales y de toda la sociedad.

Tomado de: http://www.portalangop.co.ao

Source: Julio 2010

Aborto en España: cuestiones abiertas

Sarah Babiker (Artemisa).

 

Boicoteada por los conservadores y criticada por las feministas, la ley de Salud Sexual y Reproductiva entró en vigor el pasado 5 de julio.

Después de meses de elaboración, discusión, y debate, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo,

más conocida como Ley de Aborto, entró en vigor el pasado lunes. La polémica, que ha acompañado a todo el proceso desde que la subcomisión parlamentaria de igualdad encargada de discutir y elaborar la reforma arrancara en septiembre del 2008, no toca su fin con la puesta en práctica de la ley, que no fue aprobada hasta febrero de este año.

 

Oponiéndose a la creación de la subcomisión, al borrador, y condenando a los diputados y senadores (muchos de ellos confesamente católicos) que permitieron la aprobación de la reforma en ambas cámaras, los sectores de la sociedad que se han opuesto durante todo este tiempo a una ley de plazos están usando todas las vías posibles para bloquear la nueva normativa. El marco jurídico al que profesionales y mujeres pueden acogerse desde esta semana incluye el derecho al aborto libre y gratuito hasta la semana 14. El plazo se ampliará hasta la semana 22 en el caso de riesgo para la salud física o psíquica de la madre y también por enfermedad grave o malformaciones del feto. Una vez extinguido este período, un comité médico evaluaría la pertinencia de realizar una interrupción ante anomalías incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable del feto.

El mismo lunes, Bibiana Aído, Ministra de Igualdad y principal impulsora de la ley volvió a defender la necesidad de la reforma aduciendo que ésta es una ‘ley más segura que ofrece más garantías jurídicas tanto a mujeres como a profesionales, más ajustada a la realidad de la sociedad española.’ Una realidad donde se declararon más de 900.000 interrupciones voluntarias del embarazo, casi todas en clínicas privadas entre 1998 y 2008 según datos del Ministerio de Sanidad.

Resistencias

Como demuestran los datos señalados más arriba, si bien la ley constituye un novedoso marco legal, no supone una ruptura en la realidad de la práctica del IVE en España. La anterior legislación, que data de 1985, despenalizaba el aborto en tres supuestos: violación, riesgo de salud física y psíquica de la madre, y malformación del feto. Interpretada de manera amplia, sentaba en la práctica las bases para interrumpir un embarazo, siempre que se abonara el coste de servicio en la correspondiente clínica privada y se firmase un papel aduciendo problemas psíquicos derivados de la situación, supuesto al que se recurría mayoritariamente. Sin embargo, con la reforma, las voces de aquellos que se autodenominan grupos pro vida, resuenan más alto que nunca.

La Conferencia Episcopal, que puntualmente clama contra las medidas aprobadas en el parlamento pero desaprobadas por su doctrina, no ha tardado en alertar contra lo que considera: ‘una ley objetivamente incompatible con la recta conciencia moral.’ La inclusión de la educación sexual obligatoria en las escuelas, figura también entre sus preocupaciones, pues según declaró el lunes a través de un comunicado de prensa: ‘impone en el sistema educativo obligatorio la ideología abortista y ‘de género”.

Organizaciones afines, como la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), Ginecólogos por el Derecho a Vivir o el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro, han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

No han sido los únicos en adoptar esta vía. El conservador Partido Popular, principal abanderado en la lucha contra la nueva ley entre los partidos políticos, y tras votar en contra de ella en ambas cámaras, optó por presentar un recurso contra la reforma ante el Tribunal Constitucional.

Junto al PP, acudió ante los tribunales el pasado 1 de junio la Comunidad de Navarra, feudo católico donde no se practican interrupciones de embarazo ni siquiera en las clínicas privadas. La principal acusación ataca el carácter libre de la interrupción hasta la semana 14, lo que según los demandantes infringiría el artículo 15 de la Constitución que garantiza el derecho a la vida.

La posibilidad de las menores de abortar sin el consentimiento de los padres, o la inclusión de la educación sexual en las escuelas son otros de los apartados que según los conservadores chocan con la Carta Magna. Los demandantes aspiraban a la suspensión cautelar de los artículos impugnados. El Tribunal Constitucional, de fama conservadora, admitió a trámite los recursos el pasado 30 de junio, concediendo tres días a ambas Cámaras para presentar sus alegaciones. El plazo concluyó ayer.

Se dice que es improbable que el Constitucional acuerde la suspensión de una ley aprobada por el Congreso y el Senado. Sin embargo, de momento, el recurso ha alentado a líderes regionales conservadores a declararse en rebeldía desde el mismo lunes. Es el caso del presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, primer protagonista de una semana polémica cuando anunció que en su Comunidad, precisamente la que cuenta con la mayor tasa de aborto, no se aplicará la ley mientras no haya una sentencia firme por parte del alto tribunal. Ayer la situación llegaba a un extremo contradictorio: la suspensión de todas las interrupciones voluntarias en todo el territorio murciano, incluso en los casos previstos en la anterior ley. Con esta situación las mujeres murcianas que decidan interrumpir su embarazo deberán acudir a las comunidades vecinas.

Navarra, baluarte del antiabortismo, aplica históricamente el mismo principio. El consejero portavoz del Ejecutivo navarro, Alberto Catalán, afirmó en este sentido que la práctica de abortos en Navarra ‘va a seguir siendo la misma’ es decir, las navarras seguirán teniendo que salir de su comunidad para abortar. Otras comunidades han optado por maneras más sutiles de resistencia: desde la Comunidad de Madrid se alienta a los médicos a declararse objetores de conciencia, dando continuidad a las interrupciones exclusivamente en centros privados. Lo mismo sucederá en Castilla la Mancha, gobernada por los socialistas, pero donde casi todos los médicos de la sanidad pública se han declarado objetores de conciencia. Ante el déficit que presentan las comunidades, se prevé con preocupación que se gastarán grandes sumas sufragando las intervenciones en el sector privado.

Decepciones

Conseguir la aprobación de la Ley exigió ampliar el consenso incorporando a diputados católicos de los partidos nacionalistas, lo que suavizó el contenido del texto e introdujo algunos cambios respecto al proyecto original que defraudaron a feministas y partidos que reclamaban una ley más valiente. La reglamentación de la ley ha sido criticada por parte de algunas organizaciones.

Para empezar, uno de los puntos que más polémica causaba, el permitir a las jóvenes de 16 y 17 años tomar autónomamente la decisión de interrumpir un embarazo, se ha dejado atrás, obligando a la menor a acudir al centro donde se le realice la interrupción acompañada de un tutor o tutora, como denunció el martes el presidente de la Asociación de Clínicas Acreditaras para la Interrupción del Embarazo, Santiago Barambio. Ni la objeción de conciencia del personal sanitario ni la parte referente a Educación Sexual han sido aún reglamentadas.

Por último, muchas de las mujeres que acudieron el lunes a las clínicas quedaron desagradablemente sorprendidas por una novedad: La polémica introducción de tres días de reflexión obligatorios entre la primera consulta y la intervención. Las mujeres recibirán un sobre cerrado en cuyo interior habrá documentación elaborada por el Ministerio de Igualdad proporcionando información sobre facilidades y ayudas para la maternidad, junto a otros contenidos aportados por las Comunidades Autónomas. Se teme que las Comunidades opuestas al aborto ideologicen su parte del sobre. Además este sistema infringiría la igualdad territorial que se pretendía alcanzar.

Pero la principal crítica a la Ley es que no saca el aborto del Código Penal, reivindicación de base para las organizaciones que impusieron la reforma en la agenda, con sus movilizaciones y presión. Así, la ley que entró en vigor el lunes, excesiva para algunos e insuficiente para otros, enfrenta con dificultad sus primeros días.

Tomado de: http://www.argenpress.info

Source: Julio 2010

Una cuestión de salud pública y de protección para las mujeres

Comenzó a regir en España la nueva ley que permite la interrupción del embarazo, con fuertes críticas de los sectores antiabortistas, y de la Iglesia Católica. En Argentina, 33 diputados nacionales presentaron un proyecto similar que podría ser debatido este año.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

El lunes 5 el Parlamento español aprobó una ley que permite la interrupción del embarazo, por voluntad de la mujer, hasta la semana 14 de gestación. Ese plazo se amplía hasta 22 semanas en caso de “riesgos para la salud” de la madre o “graves anomalías del feto”.

 

En el primer caso, la mujer tendrá derecho a tomar una decisión libre e informada sobre el aborto en ese período (14 primeras semanas del embarazo); en el segundo, es necesario el informe de dos médicos que certifiquen los riesgos o anomalías. La ley española también prevé que luego de las 22 semanas, sólo se podrá interrumpir el embarazo “cuando se diagnostiquen en el feto anomalías incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable”, en cuyo caso se requerirá la autorización de un comité médico multidisciplinario.

Para poder abortar la mujer debe hacerlo con un médico especialista en un centro público o privado, y deberá dar su consentimiento por escrito. La ley establece que deberá ofrecerse a la mujer que requiera un aborto, una información completa sobre las ayudas públicas a la maternidad. La norma que entró en vigencia el lunes 5, había sido aprobada hace cuatro meses, por 132 votos contra 126 y una abstención.

Los grupos antiabortistas, junto con la oposición de derecha y la Iglesia Católica recolectaron un millón de firmas para oponerse a la nueva ley, mientras que el Partido Popular (PP) presentó a principios de junio un recurso ante el Tribunal Constitucional, por considerar que la ley es contraria al artículo 15 de la Constitución española, que reconoce que “todos tienen derecho a la vida”.

Haciendo un parangón con la Argentina, se podría decir que los grupos “pro-vida” están promoviendo que la Justicia dictamine sobre una ley aprobada por el Parlamento, al igual que aquí se intentó frenar la aplicación, a través de fallos de diversos tribunales, de la Ley de Servicios Audiovisuales. Como bien afirmara el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Ricardo Lorenzetti, “no se puede recurrir a la Justicia y pretender que ésta apruebe lo que se ha perdido en el Parlamento”.

Proyecto en Argentina.

La aprobación en España, país de fuertes tradiciones católicas, de una ley que despenaliza el aborto, da mayor ímpetu para que otros países también avancen en legislaciones similares.

En Argentina, en el mes de marzo se presentó un proyecto de ley con la firma de 33 diputados nacionales, que permite la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación y todo parece indicar que es probable que el mismo tenga tratamiento en el presente año. Esta iniciativa tiene el respaldo de más de 250 organizaciones que componen la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Otros legisladores se han sumado al proyecto, que ya tiene 47 firmas de adhesión. También hay otro proyecto de ley que presentó el partido Nuevo Encuentro, que lidera el diputado nacional y ex intendente de Morón, Martín Sabbatella. Sin embargo, los diputados de este espacio, también han respaldado el proyecto de la Campaña por el Aborto.
Además del Nuevo Encuentro, otras fuerzas políticas con representación parlamentaria están promoviendo el debate sobre estos proyectos, con una posición favorable a la despenalización del aborto, como el GEN de Margarita Stolbizer y el Partido Socialista, y los diputados de Proyecto Sur, Libres del Sur y Solidaridad e Igualdad-SI.

Aunque parezca mentira, también hay una diputada nacional del PRO, Laura Alonso, quien se expresó públicamente a favor de la despenalización y legalización del aborto, siendo la única de esa fuerza política que orienta Mauricio Macri. Para Alonso, hay “desinformación” y el tema del aborto “tiene que ver con la pobreza, la inequidad, la falta de información y también es un problema de salud pública, de derechos y de justicia social”.

Por su parte, tanto en el radicalismo como en el Frente para la Victoria, existen diferencias pero algunos dirigentes de esas fuerzas, como Juliana Di Tullio (FPV), y los radicales Ricardo Gil Lavedra y María Luisa Storani, promueven la aprobación de esta iniciativa que, a no dudarlo, será fruto de una discusión mucho más dura que la que se vio en 1985, cuando durante el gobierno de Raúl Alfonsín, se aprobó la ley de divorcio vincular.

En aquel momento e igual que ahora, los sectores de la derecha conservadora y la cúpula de la Iglesia Católica, vaticinaron la “destrucción de la familia”, y otras calamidades por el estilo. A 25 años de aquella aprobación, podemos afirmar que lo que realmente atentó contra la familia fueron los planes económicos de ajuste que generaron desocupación, marginalidad, desnutrición infantil, etc.

La ley que permitió el divorcio y la recuperación de la aptitud nupcial, en primer lugar sirvió para formalizar las uniones de hecho que ya existían. En segundo lugar, no han aumentado ostensiblemente los divorcios, sencillamente porque hoy los jóvenes prefieren la convivencia “sin papeles” y recién después de varios años, incluso luego de la llegada de algunos hijos, optan por el matrimonio civil. Así, es frecuente ver en la actualidad fiestas de casamiento con los hijos de una u otra pareja (o de ambos) presentes.

Más grave.

En el caso de aprobarse una ley que permitiera la interrupción del embarazo, si bien la discusión es similar en cuanto a que son los mismos sectores los que se oponen, con una buen cuota de hipocresía, la situación es más grave, porque no estamos hablando de la legalización de uniones de hecho o de la posibilidad de divorciarse y volver a formar otra familia.

Estamos hablando de una realidad que nos dice que, por los abortos clandestinos que se practican en nuestro país (entre 500 mil y 750 mil anuales, según estadísticas no seguras, pues estamos hablando de una práctica considerada delito por la legislación vigente), mueren más de 500 mujeres todos los años, siendo la primera causa de muerte materna tanto en Argentina como en América Latina.

El debate hace años que está en la opinión pública y las encuestas muestran que ha ido aumentando, paulatinamente, el número de ciudadanos que, aún no siendo favorables al aborto, piensan que debe despenalizarse y permitir que la mujer que se ve obligada a recurrir a dicha intervención, pueda hacerlo en condiciones seguras para su salud y su vida.

No es el fin del mundo ni se multiplicarán los abortos, como predican los grupos que se oponen a esta ley, al contrario, las prácticas que ya se realizan en la clandestinidad, con medios totalmente inseguros, se harán ahora en hospitales públicos o clínicas privadas, siempre atendidas por profesionales idóneos. Si además la ley se inscribe dentro de un plan nacional de salud sexual y reproductiva, que existe pero que no se aplica con firmeza en todo el país, y así evitar los embarazos no deseados, causa primigenia de los abortos, podemos afirmar que habrá menos abortos que los que hoy se practican, provocando la muerte de tantas mujeres, la mayoría de ellas pobres.

Tomado de: http://www.laarena.com.ar

Source: Julio 2010

Las deudas con las mujeres

Organismos de derechos humanos y de mujeres cuestionan la falta de un plan contra la violencia machista y la mortalidad materna por abortos inseguros. Lo hicieron al presentar su informe alternativo al oficial ante la Cedaw.

 

Por Mariana Carbajal

 

La ausencia de un plan nacional para enfrentar la problemática de la violencia machista, la persistente desjerarquización del Consejo Nacional de las Mujeres y la “poca efectividad” que han tenido las políticas vigentes para brindar soluciones a fenómenos como el embarazo en la adolescencia, la mortalidad materna –particularmente aquella por abortos inseguros– y la reiterada criminalización de los interrupciones de embarazo permitidas por la ley, son algunos de los cuestionamientos al gobierno nacional en materia de derechos humanos de las mujeres, incluidos en un informe elaborado por una decena de ONG, entre ellas el CELS, FEIM, Cedes y Católicas por el Derecho a Decidir. El documento fue presentado ante el Comité de Seguimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (conocido como Cedaw, por sus siglas en inglés), donde el Estado argentino deberá rendir cuentas el próximo 12 de julio, en Nueva York.

 

“La salud sexual y reproductiva es uno de los temas en los que todavía hay puntos pendientes. Más allá de destacar la implementación de la ley de Salud Sexual y Reproductiva y la sanción de las leyes de Educación Sexual y de Anticoncepción Quirúrgica, tenemos un grave atraso en los derechos de las mujeres a la interrupción del embarazo”, señaló la médica epidemióloga Mabel Bianco, presidenta de la Fundación de Estudios e Investigación de la Mujer (FEIM), durante la conferencia de prensa realizada ayer en la sede del CELS, en la que se dio a conocer el documento “Derechos Humanos de las Mujeres: asignaturas pendientes del Estado argentino”. “Para hacer este informe nos basamos en información oficial y ésa es una de las principales falencias: falta información confiable integral y desagregada por sexo para poder evaluar las políticas destinadas a garantizar los derechos humanos de las mujeres”, puntualizó Andrea Pochak, directora ejecutiva adjunta del CELS. Al mismo tiempo, Pochak destacó como un avance la sanción del Protocolo Facultativo de la Cedaw, que fue fuertemente resistido por la jerarquía católica y que posibilita que las mujeres víctimas de violación de los derechos humanos puedan realizar denuncias internacionales.

Laureana Malacalza, de la Comisión Provincial de la Memoria, se refirió a la situación de las mujeres en las cárceles bonaerenses, y Susana Pastor, de Feministas en Acción, al problema de la trata de mujeres para explotación sexual, otras dos temáticas en las que se hace hincapié en el informe “sombra”.

La Cedaw es el tratado internacional más importante sobre derechos de las mujeres. Fue aprobado por la ONU en 1979, ratificado por la Argentina en 1985 y desde 1994 tiene jerarquía constitucional. Las expertas internacionales que integran el comité que se encarga de evaluar el cumplimiento de la Convención tendrán en cuenta el informe oficial y los “alternativos” elaborados por ONG para realizar observaciones y recomendaciones al Estado argentino.

El informe de las ONG cuestiona la escasa jerarquía del Consejo Nacional de las Mujeres y su bajo presupuesto, de apenas 5,5 millones de pesos, cuando se trata del órgano del Gobierno encargado de lograr la institucionalización de las políticas de género y su transversalidad. Además, desde 2009, con la aprobación de la ley 26.485 –de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres–, también es su órgano ejecutor, lo que implica una ampliación de sus responsabilidades.

El diagnóstico destaca como positiva la implementación de diversos programas de transferencia de ingresos destinados a reducir la pobreza y la indigencia, particularmente la Asignación Universal por Hijo.

Las ONG reclaman la adopción de iniciativas y programas específicos para reducir “los elevados índices de mortalidad materna como consecuencia de abortos inseguros”. Eso implica trabajar en tomar las medidas necesarias para garantizar que los casos de aborto no punible sean realizados dentro del sistema de salud público, y “propiciar el marco jurídico nacional respecto del aborto en general, en tanto criminaliza a las mujeres que interrumpen un embarazo no deseado o forzado, y/o las lleva a someterse a abortos clandestinos que ponen en serio riesgo su vida y salud integral”.

Tomado de: http://www.pagina12.com.ar

Source: Julio 2010