España: La Ley del Aborto encara en el Senado su último examen

La izquierda y los nacionalistas rechazarán hoy los vetos del PP, Unió y UPN

Vanessa Pi – Madrid

El futuro de la Ley del Aborto se decide hoy en el Senado. De los 262 votos que se prevé se emitan en la Cámara Alta (un senador de lEntesa Catalana de Progrés ya ha anunciado su ausencia por enfermedad) dependerá que el texto que salió el pasado 17 de diciembre del Congreso se publique automáticamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), o bien tenga que volver a votarse en el Congreso (sería el próximo 11 de marzo).

 

El partido socialista confía en lograr los apoyos necesarios para que la Ley del Aborto pase directamente al BOE, aunque prevé un debate duro. Ayer, la portavoz del PSOE en el Senado, Carmen Silva, auguraba que el PP tratará de imponer su “alarmismo” e “intento de meter miedo” frente al “rigor y análisis” que vienen mostrando el resto de partidos políticos.

Los socialistas cuentan con los apoyos necesarios para tumbar los tres vetos a los que se someterá la ley el del PP, el de Unió y el de UPN que echarían atrás la norma. Ninguno de los tres grupos logrará la mayoría absoluta (132 votos) para imponer el veto.
Votos previsibles

Es previsible que los senadores voten en el mismo sentido que ya lo hicieron en la Comisión de Igualdad. Entonces, los cuatro representantes del PNV y el senador independiente Francisco Javier Tuñón, del Grupo Mixto, rechazaron los vetos, contribuyendo a la mayoría necesaria con el PSOE y lEntesa. La convergente Montserrat Candini también votó en contra de los vetos del PP y UPN, aunque se abstuvo en el de su compañero de Unió. Será decisivo el voto de los senadores que no están obligados a seguir la disciplina de su partido. En esta situación se encuentran los siete senadores de CiU y los dos de Coalición Canaria.

Lo que no está tan claro es si saldrá adelante alguna de las 88 enmiendas parciales que se debatirán tras el rechazo a los vetos. A última hora de anoche, el PSOE continuaba negociando para ganar apoyos y lograr la retirada de algunas de esas enmiendas, con el objetivo de lograr que la ley sea publicada tras el debate de hoy. Las peticiones de los grupos insisten en cuestiones que ya fueron debatidas en el Congreso, como la ampliación de 3 a 10 días del periodo obligatorio de reflexión antes de abortar (que solicita el PP) o la ampliación de 14 a 16 semanas del plazo para interrumpir libremente un embarazo (que defiende Convergència).
Recta final

La senadora y secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín, defenderá hoy la ley en el Senado. Los socialistas criticaron ayer que no sea la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien represente a su partido ante el Pleno, ya que fue ella quien encabezó el pasado octubre la manifestación que se celebró en Madrid contra la norma.

Tanto si la ley es ratificada hoy como si tiene que volver al Congreso, entrará en vigor cuatro meses después de su aprobación. Así lo determina la disposición final quinta de la norma. Esto es habitual en algunas leyes para asegurarse un cumplimiento efectivo, según explican varios juristas.

Fuente: http://www.publico.es

 

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Source: Febrero 2010

Niegan interrupción de embarazo a mujer con cáncer

México, DF, 23 feb. 10 (CIMAC).- Organizaciones de derechos humanos solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que exija al gobierno de Nicaragua medidas cautelares urgentes para proteger la vida de Amelia*, una nicaragüense de 27 años de edad que tiene 10 semanas de embarazo y necesita acceder a un aborto terapéutico porque tiene cáncer.

La organización internacional Women’s Link Worldwide informó que ante la prohibición del aborto terapéutico en Nicaragua, es urgente la atención para Amelia, quien requiere del tratamiento de quimioterapia y radioterapia para combatir el cáncer. Amelia permanece en el hospital desde el 29 de enero del presente año

 

Amelia, quien tiene una hija de 10 años, fue diagnosticada con una posible metástasis en cerebro, pulmón y mama, y a pesar de que los médicos confirmaron que su vida corre peligro porque no recibe atención médica para combatir el cáncer, se le niega la interrupción del embarazo, precisó la organización

De acuerdo con la legislación vigente en Nicaragua, las mujeres y niñas que necesitan un aborto terapéutico para proteger su vida o su salud son condenadas a la pena de muerte, por lo que las organizaciones esperan que en los próximos días la CIDH, se pronuncie para exigir al Estado nicaragüense que aplique las medidas solicitadas que permitan salvar la vida de Amelia.

ANTECEDENTES

Desde 1893 hasta 2006, el aborto terapéutico fue un derecho de las niñas y mujeres en Nicaragua cuando su vida o salud estaban en riesgo, el cual se establecía en el artículo 165; sin embargo, el 26 de octubre de 2006, la Asamblea Legislativa Nacional aprobó la Ley que penaliza esta práctica bajo cualquier circunstancia.

Desde entonces, la muerte materna a causa del aborto inseguro y por causas relacionadas con complicaciones antes y después del embarazo aumentaron notablemente. Tan sólo en 2009, el aborto inseguro era la segunda causa de mortalidad materna, según datos del gobierno

Cifras oficiales indican que dos de cada 10 muertes maternas fueron a causa del aborto inseguro, además de que más del 70 por ciento se da en zonas rurales y en mujeres de entre 20 y 34 años, reveló la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Al respecto, en Ginebra, Suiza, el 8 de febrero de 2010, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante el Examen Periódico Universal, hizo una serie de recomendaciones al Estado nicaragüense, entre ellas, revertir la reforma legal que desde 2006 penalizó el aborto terapéutico aún y en casos de violación e incesto, comunicó la agencia IPS noticias.

Ese mismo día, el Estado aceptó 68 de las recomendaciones que le hizo el Consejo y se comprometió a examinar otras 41 antes de fines de junio de este año, añadió la agencia.

No obstante, cuando el gobierno nicaragüense dio a conocer la situación de su país ante los 47 países que conforman el Consejo, descartó reponer el aborto terapéutico.

Ante ello, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a Nicaragua estudiar la posibilidad de establecer excepciones a la prohibición general del aborto en casos terapéuticos y en embarazos derivados de violación o incesto, abunda la agencia.

Entre los organismos internacionales que hicieron observaciones a Nicaragua para que modifique la legislación y proteja los derechos humanos de las niñas y mujeres, están el Comité de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas y  el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, así como de Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

* El nombre fue modificado para proteger la confidencialidad de la peticionaria, informó Katherine Romero, abogada de Women’s Link Worldwide.

10/LC/LR/LGL

Fuente: http://www.cimacnoticias.com

 

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Source: Febrero 2010

Africa: Alarmante cifra de mortalidad materna

A la hora de dar a luz, más de 250.000 mujeres mueren en los países del África Subsahariana, según un estudio que acaba de publicar la Universidad Rey Juan Carlos.

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Cada año, 250.000 mujeres fallecen en África Subsahariana durante el parto o como consecuencia del mismo, según refleja el estudio realizado por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), que se ha publicado en la revista BMC Public Health.

 

De los 20 países con el mayor índice de defunciones en el parto y como consecuencia del mismo recogidos en el informe, 19 se sitúan en el área del África Subsahariana.  En los 45 países de esta zona la tasa es de 885 mujeres fallecidas por cada 100.000 nacimientos, cifra que llega a 2.100 en Sierra Leona. Como contrapunto, sólo el 1% de las muertes maternas se producen en los países desarrollados.

Según datos del propio informe, por cada una de las mujeres que muere en el parto, otras 20 sufern algun tipo de secuela.  Esto pone de manifiesto, según datos del informe lo importante que es antender a las mujeres en el momento del parto, según afirma José Luis Álvarez, autor principal de la investigación.

Entre los factores que desencadenan los fallecimientos, la investigación enumera tres causas: hemorragias (34%), infecciones (10%) e hipertensión (9%), y agrega que podrían prevenirse “fácilmente”. También se destaca que las causas de la mortalidad materna no son exclusivamente s anitarias (como puede ser la atención prenatal o la atención médica durante el parto), sino que también engloban aspectos económicos y educacionales, que deberían ser tenidos en cuenta en las políticas preventivas, según se especifica en el informe.

Las Naciones Unidas fijó, entre los Objetivos Del Milenio (ODM) , reducir en tres cuartos esta tasa para el 2015, sin embargo, entre 1990 y 2005 los avances conseguidos son prácticamente nulos.

Fuente: http://www.rioja2.com

 

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Source: Febrero 2010

¿Donde está el gobierno solidario, cristiano y socialista?

Amalia es el nombre de una joven embarazada y con un cáncer avanzado de la que hablan los medios de comunicación en estos días.

Desde que era una niña de siete años, Amalia ha recorrido los servicios  de salud públicos más cercanos a las casas donde ha vivido durante los 27 años de su vida. Trabajadores de salud de gobiernos anteriores o no le diagnosticaron a tiempo su enfermedad o no se la trataron

adecuadamente o no le informaron de los cuidados y chequeos periódicos que tenía que hacerse.

Ahora, durante el actual gobierno, solidario, cristiano y socialista, Amalia recurre nuevamente a la salud pública, con su enfermedad avanzando y agravándose. Hoy cumple 20 días de estar hospitalizada en una unidad de segundo nivel de atención, un hospital departamental y docente,  pero todavía las autoridades de salud se declaran incompetentes para conocer con certeza la magnitud de la enfermedad y, en consecuencia, para decidir el tratamiento que Amalia necesita. No hacen nada porque afirman ser muy “responsables” y no pueden actuar precipitadamente.

¿Qué puede esperar Amalia, su pequeña  hija, su compañero y el resto de sus familiares de un gobierno que se define como solidario, cristiano y socialista? Debería esperar lo que, en teoría, significan estas palabras. Ser solidario es sentirnos unidos a nuestros semejantes con el objetivo de ayudarles y cooperar con ellos. Es sentir lo ajeno como propio.  Ser cristiano es casi lo mismo: es ser compasivo, es no juzgar, es cuidar la vida, es preferir siempre a los más pobres, es poner a las personas antes que a las leyes. Ser socialista es promover una nueva forma de organización de la sociedad que garantice la equidad política, económica y social de todas las personas.

Venciendo el temor, la pena y el dolor, los familiares de Amalia se vieron en la necesidad de denunciar ante el CENIDH, y en presencia de  los medios de comunicación, como última  y única alternativa, la negligencia médica, el grave retraso en la atención de Amalia y hasta los tratos crueles que estaba recibiendo su hermana.

El Ministro de Salud y las autoridades de este país deben saber que un médico del hospital le ha  dicho a Amalia en reiteradas ocasiones frases como éstas: “Ya sabés que te vas a morir, tu caso no tiene solución, aunque te pongan el tratamiento ahora el cáncer está demasiado regado, así que dale oportunidad al embarazo, que llegue al menos a los siete meses y te hacemos una cesárea, aunque no te garantizamos cómo nacerá tu hijo, es posible que viva sólo algunos días o meses o a lo mejor no, quién sabe”.

Hasta que hicimos esta situación del conocimiento público empezó a haber cambios en la mala atención a Amalia y a su familia. Desde que los medios hablaron se movilizaron cuadros especializados del Ministerio de Salud del más alto nivel para hacerle de nuevo pruebas, para tener un nuevo diagnóstico con el que decidir el tratamiento que hoy necesita Amalia para frenar un cáncer que tiene 20 años de habitar en su cuerpo.

Ante esta historia cabe preguntarnos cómo funciona el sistema de salud para el pueblo, qué es lo que esta normado cuando una unidad de salud no tiene la capacidad de atender una determinada enfermedad, cómo se garantiza la transferencia del paciente a un establecimiento que sí cuenta con recursos técnicos y profesionales para responder a esa enfermedad.

El director del hospital donde está Amalia fue informado de la situación de esta muchacha por un grupo de activistas feministas el 12 de febrero. Ese mismo día le entregaron un escrito donde Amalia y sus familiares pedían que se le aplicara el tratamiento contra el cáncer lo más pronto posible. Copia de esa solicitud fue entregada en el despacho del Ministro de Salud y en la Presidencia de la Republica. ¿Será  que la población tiene que aprender que la denuncia pública es el único mecanismo efectivo para tener acceso a gozar de derechos fundamentales, como el derecho a la salud y a la vida?

Las distintas instituciones de nuestro país tienen responsabilidad en este caso: promoviendo la reforma de leyes injustas, estableciendo mejores políticas públicas, ordenando normas y protocolos que respalden a los trabajadores de la salud en su trabajo y que acojan solidaria, cristiana y “socialistamente” a todas las Amalias de Nicaragua que enfrentan enfermedades agravadas por su embarazo. Todas ellas tienen derecho a decidir libremente la interrupción de su embarazo y a recibir el mejor tratamiento para salvar sus vidas.

Denunciando y reclamando un derecho con responsabilidad, Amalia y su familia le están dando a Nicaragua y al mundo -porque todo el mundo ya conoce de este caso- muestras de lo que es la solidaridad y el cristianismo, valores exaltados por el actual gobierno. Ojalá que atendamos el mensaje.

El Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico exhorta al gobierno del Presidente Daniel Ortega a darle a Amalia toda la información sobre su enfermedad, su diagnóstico y su pronóstico, las consecuencias derivadas de los distintos tratamientos posibles y las alternativas que tiene, para que así Amalia decida informada y libremente su futuro, conociendo los riesgos y las posibilidades. Quisiéramos que ella pueda seguir siendo la madre que su hija de diez años necesita.

Msc. Marta María Blandón
Psicologa Feminista

Source: Febrero 2010

Carta a Daniel Ortega, presidente de Nicaragua

Managua, 23 de Febrero del 2010

 

Sr. Daniel Ortega Saavedra
Presidente de la República

Señor Presidente:

En nuestro carácter de Representante ante la Asamblea Nacional hemos recibido información sobre el caso de una joven paciente del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales, Arguello (HEODRA) ubicado en la ciudad de León. Se le ha llamado “Amalia” (nombre con el que se protege la identidad).

 

A Amalia, como es de conocimiento público, le fue confirmado estado de embarazo en pruebas practicadas el 7 de Enero de este año, y desde el 15 de Febrero, estando hospitalizada en el Centro antes mencionado se le diagnosticó cáncer en los pulmones, cerebro y senos, siendo urgente la aplicación de la quimioterapia o radioterapia para que pueda tener alguna esperanza de vida.

Tenemos toda la documentación que demuestra que los médicos no le aplican el tratamiento indicado porque consideran que este afectaría el embarazo, los que constituiría un aborto terapéutico y en Nicaragua la interrupción del embarazo por razones terapéuticas quedo criminalizado desde la aprobación de la Ley 603 aprobado por la Asamblea Nacional en Octubre del 2006.

Tenemos en nuestro poder todos los documentos que fueron presentados por distintas personalidades de organismos de derechos Humanos de Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando Medidas Cautelares para que se requiera al Estado de Nicaragua la adopción de medidas urgentes para proteger de manera inmediata la vida e integridad física de la joven “”Amalia”, pero pensamos Sr. Presidente que usted puede tomar las medidas necesarias ordenándole a su Ministro de Salud a que cumpla el precepto constitucional que establece como unos de los derechos fundamentales individuales de las personas el derecho a la vida, el cual es inviolable e inherente a la persona humana.

Amalia tiene una hija de 10 años a la que quiere cuidar y atender, y no lo podrá hacer si muere debido a la falta de atención médica. Ella ya ha manifestado su deseo de que se le apliquen los tratamientos aunque esto signifique el aborto terapéutico porque quiere vivir. Eso debería ser suficiente para que se le aplique la quimioterapia de inmediato.

Nicaragua es suscriptora de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; De la Declaración Americana de Derechos del Hombre, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas y de la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Estos instrumentos obligan al Estado Nicaragüense y en todos ellos está considerada como un asunto primordial la defensa del derecho a la vida de sus conciudadanos.

Ud. como Presidente de la República y Responsable del Poder Ejecutivo debe ser el primero en cumplir con la obligación del Estado de salvaguardar el primer bien jurídicamente protegido en nuestra Constitución que es la vida, y en este caso concreto está totalmente en sus manos.

Como usted sabe hemos lamentado una y otra vez que el Partido Frente Sandinista que usted dirige haya promovido la aprobación de la Ley 603 y posteriormente la criminalización del Aborto Terapéutico en el Código Penal de Nicaragua. Denunciamos entonces que esta medida no se correspondía con los preceptos y valores que cobijaron siempre al sandinismo verdadero, el de Carlos Fonseca. Creemos urgente que se despenalice el aborto terapéutico, como un derecho fundamental para las mujeres nicaragüenses, pero en este momento ante todo, queremos salvar la vida de “Amalia”.

Esperando su atención le saluda

 

Mónica Baltodano
Diputada

C.c

 

Guillermo Gonzalez, Ministro de Salud

José Pallais: Presidente Comisión justicia de Asamblea Nacional
Edwin Castro: Jefe Bancada FSLN Asamblea Nacional
Maximino Rodriguez: Jefe bancada PLC y presidente de la comisión de derechos
Humanos
Ing. Ana Julia Balladares: Presidenta Comisión de la mujer
Dr. Manuel Martinez Presidente de la Corte Suprema de Justicia CSJ
Dra. Alba Luz Ramos: Magistrada
Dr. Francisco Rosales: Presidente sala constitucional CSJ

Source: Febrero 2010

Impiden aborto a joven que habría sido violada por su padrastro

Ocurrió en el juzgado de Chubut. El Consejo Nacional de la Mujer repudió el fallo. La chica, de 15 años, se encuentra en la semana 16 de gestación

Una adolescente de 15 años, que denunció haber sido violada por el esposo de su mamá, acudió a la Justicia para frenar el embarazo que habría sembrado como consecuencia del abuso sexual, pero la jueza rechazó el pedido.

 

El episodio ocurrió en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia. Según informa Clarín, la chica está de 16 semanas de gestación, y la Cámara de Apelaciones revisará el fallo.

La joven habría sido violada por su padrastro, según la denuncia presentada por la madre de la chica, ante los tribunales de Comodoro Rivadavia. La jueza de familia del Juzgado N° 3 de la ciudad, Verónica Robert, rechazó el pedido de aborto.

Para el vicepresidente de la Corporación de Abogados Católicos de la República Argentina, Eduardo Sambrizzi, el pedido de aborto “no tiene respaldo legal”. Explicó que “el derecho a la vida es preexistente a toda legislación y la situación de esta adolescente no se encuentra considerada en ningún artículo del Código Penal”.

No opinó lo mismo la titular del Consejo Nacional de la Mujer, Lidia Mondelo, quien cuestionó a la jueza y consideró que en este caso en particular la posibilidad de un aborto “está contemplada en la ley”.

“El organismo que presido, en tanto autoridad de aplicación de la ley contra la violencia contra las mujeres, considera inaceptable que uno de los poderes del Estado someta a una adolescente a una situación de violencia contra su libertad reproductiva”, afirmó Mondelo.

Y subrayó que pese a que la realización de un aborto no punible no es una cuestión judiciable, “la víctima y su madre pidieron autorización para interrumpir la gestación ante el Poder Judicial de la provincia de Chubut, lo que fue negado”.

Como órgano rector de las políticas de género, el Consejo Nacional de la Mujer “no duda en manifestar que la sentencia recaída en el proceso vulnera los derechos humanos de una justiciable”, sostuvo.

Fuente: http://www.infobae.com

 

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Source: Febrero 2010

España aprobó en forma definitiva su nueva ley del aborto

El Senado aceptó la interrupción libre del embarazo hasta la semana 14. Además, permite que menores 16 y 17 años accedan a esta práctica.

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El Senado español aprobó el miércoles la reforma de la ley del aborto, que autoriza la interrupción libre del embarazo hasta la semana 14 y que ha chocado con una oposición frontal de la Iglesia Católica y los partidos conservadores.

 

El texto ,aprobado primero en el Congreso y ahora en el Senado, eliminó la calificación de aborto como delito y lo convirtió en un derecho. Además, superó el trámite de la cámara alta sin una sola modificación, con lo que no deberá ser ratificado de nuevo por el Congreso. La normativa impulsada por el gobierno socialista entrará en vigor dentro de cuatro meses.

La nueva ley autoriza el aborto libre hasta la semana 14 y la interrupción voluntaria hasta la semana 22 en caso de que el médico diagnostique un riesgo serio para la vida del bebé o la madre. Uno de los puntos más controvertidos es el que permite abortar a las menores de 16 y 17 años sin consentimiento paterno.

La senadora y número tres de los socialistas, Leire Pajín, aseguró que España salda una vieja deuda que la sociedad había contraído con las mujeres. “Las mujeres que no compartan la norma no harán uso de ella, pero las que quieran hacerlo no podemos ni debemos impedírselo”, dijo Pajín durante su intervención.

Fuente: http://peru21.pe

 

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Source: Febrero 2010

Brasil – Grupo Curumim

Conhecer para transformar: qualificar a informação sobre o aborto seguro entre jovens dos movimentos sociais de Pernambuco

Source: Febrero 2010

Mi cuerpo es mío

La Justicia cordobesa reafirmó, ante una presentación que pretendía imponer la patria potestad de los padres, el derecho de los y las adolescentes a cuidar y disfrutar de su cuerpo. La sentencia es avalada por el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación y por la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil. Mientras que los y las adolescentes argentinos se

inician, en promedio, a los 14 años, el fallo apunta a no cerrar los ojos y a ampararlos frente a sus propias decisiones.

 

Por Luciana Peker

“Si hablo con mis viejos me van a decir que vengo de un repollo, pero no me van explican nada”, explica Hugo su desamparo, aunque parezca escudado por su cuerpo enorme y sea tan alto como un adulto, pero en realidad sea tan niño como en la etapa de los porqué y esté tan afuera de los estigmas sobre los jóvenes que se anima a escribir en el pizarrón su definición sobre el amor –“es un lobo viejo”– en una construcción mágica que se produce en una de las pocas clases de educación sexual que se dictó –por incentivo de la docente de Literatura María Victoria Arias, en el Liceo Nº 11 Cornelio de Saavedra– durante el año pasado, en la Ciudad de Buenos Aires.

Hugo parece grande. Pero porque su cuerpo lo parece. Y su cuerpo no sólo necesita parecer, también ser: libre y protegido. El es tan grande como para que su cuerpo pida roce. Pero es chico para saberlo todo (por eso va a la escuela). Y, al contrario de los prejuicios que dicen que si a los chicos no se les haba de sexo, ellos no tienen sexo; o que no es necesario hablarles porque ya lo saben todo, él pide deshojar el repollo y encontrar en su sexualidad placer, respeto, cuidado y futuro. Por eso, Hugo agradece poder ponerles palabras a sus dudas y sacar de su piel la incertidumbre de culpa y goce que –todavía– desata la pasión y que, todavía, le puede dar miedo o un hambre ciego como si –todavía– funcionara el cuento de Caperucita y el Lobo.

Sin embargo, hasta ahora, existen organizaciones que intentan entorpecer el libre acceso de los y las adolescentes a la búsqueda gratuita de preservativos y anticonceptivos en los centros de salud y hospitales públicos. ¿Puede invocarse la patria potestad como derecho superior a los derechos de las y los jóvenes menores de edad a decidir sobre su propio cuerpo, su sexualidad y las prácticas de cuidado y salud? La Justicia ya dio una respuesta: no. La sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba ratificó (el 29 de diciembre del 2009, mientras las Fiestas opacaban el brillo de ese fallo) la decisión de primera instancia en la causa “Nobile Rodolfo y otra c/ Estado Nacional y otro s/ Amparo”.

La historia comenzó cuando la pareja Nobile presentó un amparo contra el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR) con el argumento de que la educación sexual y la distribución de preservativos a menores de edad atentaba contra la vida, la salud y la patria potestad. El riesgo de que la batalla judicial paralizara la enseñanza de cuidar el cuerpo y el reparto de métodos para cuidarlo siempre es filoso. Sin embargo, la Justicia cordobesa confirmó la constitucionalidad de la ley 25.673, por la cual fue creado el PNSSyPR.

La Ley de Salud Sexual y Reproductiva –que costó más de diez años que el Congreso aprobara– intimó al Ministerio de Salud a ocuparse de alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia; disminuir la morbimortalidad materno-infantil; prevenir embarazos no deseados; promover la salud sexual de los y las adolescentes; contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, de VIH/Sida y patologías genitales y mamarias; garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable y potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable. Además, la ley 25.673 reconoce a las y los jóvenes como sujetos de derechos, en sintonía con la Declaración de los Derechos del Niño, que en la Argentina tiene estatus constitucional.

Pero la disputa judicial advierte acerca de la militancia de sectores conservadores para evitar avances que en materia de derechos sexuales. Paula Ferro, a cargo, del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación, avala la sentencia y pone una barrera a los que quieren impedir que los y las jóvenes lleguen caminando sin correas a ver cómo se cuidan y cómo disfrutan de su cuerpo: “El programa se basa en la Constitución nacional y en principios de derechos humanos, por eso este tipo de cuestionamientos (en relación a la patria potestad) frente a los que decidió la Justicia de Córdoba no podían ser admitidos”. Y cree que la Justicia marcó un paso adelante: “Esta sentencia es muy positiva, sobre todo, porque reconfirma que el deber del Estado es asegurar los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes, que constituyen uno de los grupos más vulnerables y expuestos en nuestra sociedad”.

La sentencia no sólo habla por sí misma. También es avalada por otros sectores científicos. La presidenta de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil, Miriam Salvo, respalda: “Nosotros manifestamos nuestro acuerdo con el fallo emitido por la Justicia cordobesa, ya que consideramos que se están refrendando de esa forma los objetivos del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de la Nación”. ¿Y por qué si parece tan obvio que una chica que tiene relaciones con su novio o un adolescente que busca sexo casual en el verano puedan acercarse a un hospital a pedir preservativos o anticonceptivos igual que los adultos sin una nota de autorización de su mamá y su papá, como si estuvieran en tercer grado y fueran de visita al zoológico? Porque, a pesar de que los jóvenes no piden permiso para tener sexo, todavía hay muchos sectores conservadores que creen que es más importante decirles que “eso no se hace” a protegerlos cuando sí lo hacen.

“Nos cuesta creer que todavía haya personas que no entiendan que los jóvenes comienzan su actividad sexual sin pedirles permiso a sus padres, muchas veces adquiriendo conductas riesgosas que ponen en peligro su salud sexual y reproductiva actual y futura”, subraya Salvo. Y defiende que en los hospitales públicos y los centros de salud los y las adolescentes sean bien recibidos y los preservativos o anticonceptivos sean insumos accesibles para que ellos no se asusten por los pasillos con camillas y médicos con estetoscopios. “La posibilidad de contar con un programa nacional donde se implemente la consejería y el suministro de preservativos y de anticonceptivos apunta a disminuir los embarazos no planificados, las infecciones de transmisión sexual y la morbimortalidad materna e infantil, y esto es apuntar a la salud, sin lugar a dudas”, subraya Salvo.

En la Capital Federal también respaldan la libertad de los y las adolescentes porteños/as. La ginecóloga Silvia Oizerovich, al frente del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Ciudad de Buenos Aires, resalta: “Nuestro programa atiende población adolescente, brindando consejería y los métodos necesarios para satisfacer las necesidades de este grupo trabajando junto al Programa de Adolescencia, Coordinación SIDA y el Ministerio de Educación de la Ciudad”.

Sofía Ganem es tucumana y todavía joven. No habla de los otros, sino de ella y sus nosotros/as. Pero además pertenece a una organización que no sólo habla de cuidarse, de no morirse, no embarazarse, no enfermarse. También de disfrutar. Y no es poco. Sofía es la coordinadora de Jóvenes por la Elección y el Placer, y desde ese lugar de reivindicar y defender su derecho al goce –a una caricia sin miedo, a una desnudez protegida, a un goce sin fondo y con risa– ella planta la bandera de una libertad apenas custodiada por el respeto y el motor del deseo. “Existe la creencia de que la educacion sexual integral implica y el reparto gratuito de anticonceptivos incentiva a los y las adolescentes a la promiscuidad. Pero es un mito. No podemos desconocer la realidad: los jóvenes mantienen relaciones sexuales cada vez a edades más precoces. Se estima que en nuestro país los y las adolescentes tienen una primera aproximación sexual a los 11 años y contacto sexual con penetración a los 14. Los/las adolescentes tienen derecho a gozar de una vida sexual plena y satisfactoria, sin riesgos de procrear, de elegir tener relaciones o no tenerlas, cuándo y con qué frecuencia. Por eso, la ley 25.673 ordena al Estado a garantizar insumos para prevenir embarazos no planificados e infecciones de transmisión sexual. Sin dudas, que la Justicia de Córdoba haya confirmado la constitucionalidad de la ley contribuye a su implementación y a que ya circule una información entre los médicos para que la entrega de preservativos sea a libre demanda, sin ningún tipo de pedido de identificación.”

Es más, el Ministerio de Salud recomienda: “Poner preservativos a disposición de la gente en lugares que sean visibles y accesibles a todos los usuarios del centro de salud, por ejemplo la sala de espera, en la farmacia, consultorio de ginecología, adolescencia. Se sugiere usar una canastita, caja o expendedor que esté disponible durante todo el horario de atención del centro y designar a una persona responsable de verificar que los lugares donde se encuentren preservativos cuenten siempre con existencia del insumo”.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar

Source: Febrero 2010