Encuesta en Estados Unidos: La violencia de género aumenta el riesgo de embarazo no deseado

Madrid.- Coerción sexual. No todas las mujeres han logrado superar siglos de cosificación. Muchas se enfrentan aún a cuestiones tan básicas como el control de su propia salud reproductiva. Un estudio señala que una de cada cinco jóvenes en Estados Unidos recibe presiones de su pareja para quedarse embarazada y el 15% ha sufrido sabotajes en sus métodos anticonceptivos. Una situación que, según aclara este informe, está íntimamente relacionada con la violencia de género.

“Cada vez es más evidente que la falta de control de las mujeres sobre su propia salud reproductiva es un factor crítico del elevado riesgo que tienen aquellas que sufren abusos de sufrir un embarazo no deseado”, señalan los autores en las páginas de la revista ‘Contraception’.

 

Aunque se trata de una encuesta pequeña, con 1.300 participantes, parece confirmar esta triple asociación. Las chicas, de 16 a 29 años, respondieron a una serie de preguntas sobre violencia y coerción reproductiva, además de informar sobre su historial de embarazos. Más de dos de cada cinco (40,9%) había tenido uno no deseado.

La mitad de las participantes (53,4%) reconoció haber sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja alguna vez. Cifra que confirma que las a dolescentes y las jóvenes están en especial riesgo de vivir una experiencia traumática de este tipo. Según las estadísticas, en EEUU, una de cada cuatro mujeres sufrirá abusos en el hogar en algún momento de su vida.

Las más jóvenes también se enfrentan a este problema

Aproximadamente, un tercio de aquellas que habían sido víctimas de la violencia de género informaron también de presiones acerca del embarazo y de problemas con los anticonceptivos.

En cuanto a la coerción reproductiva, el 20% de las encuestadas señaló que alguno de sus novios la había ejercido sobre ellas. El sabotaje de los métodos anticonceptivos (pinchar preservativos, despegar parches, deshacerse de la píldora…) no era mucho menos frecuente ya que un 15% de las chicas había pasado por ello.

Entre las más jóvenes, las que tenían entre 16 y 20 años, las cifras también eran alarmantes. Más de la mitad ya sabían lo que era la violencia en la pareja, el 18% fue presionado para quedarse embarazada y el 12% se enfrentó a disputas por los anticonceptivos.

La coerción de las parejas para lograr un embarazo y la interferencia en la anticoncepción explicarían la asociación entre violencia de género y embarazo no deseado, descrita en estudios previos. “Algunos hombres emplean demandas verbales, amenazas y violencia física para presionar a sus parejas para que se queden embarazadas”, subraya el estudio.

Según un informe del Instituto Guttmacher, la tasa de embarazos adolescentes en Estados Unidos subió en el 2006 por primera vez en más de una década. Un 7% de las chicas entre 15 y 19 años se quedaron embarazadas en ese año, un 3% más que el anterior.

Fuente: http://www.elmundo.es

 

.

Source: Enero 2010

Unas 63 mil embarazadas peligran en Haití

 

Unas 63 mil mujeres embarazadas, que sobrevivieron al terremoto en Haití, corren el riesgo de no recibir atención médica adecuada, dijo una fuente diplomática.

La directora regional para Latinoamérica y el Caribe del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), Marcela Suazo, dijo en declaraciones captadas hoy en México que las mujeres “que están dando a luz, trayendo una vida, son las que en general están desatendidas” a pesar de aumentar su vulnerabilidad a causa de la catástrofe.

Expuso que en febrero, Puerto Príncipe espera 7 mil alumbramientos con 80% de su infraestructura reducida a escombros y con la tasa de mortalidad materna más alta de las Américas: 630 madres fallecen por cada 100 mil nacidos vivos.

Fuente: http://www.publimetro.cl

Source: Enero 2010

El índice de muerte materna sigue siendo alto en países pobres

La OMS recomienda generar programas de maternidad segura

La muerte materna en un país revela vulneraciones a los derechos de las mujeres como el ejercicio de su autonomía sexual y reproductiva, el acceso a servicios de calidad y a la información, por ello para erradicarla es necesario implementar políticas públicas que permitan una gestación, parto y aborto seguro.

Esto manifiesta el número 5 de la revista especializada Reproductive Health Matter, donde se afirma que la mortalidad materna evitable es uno de los indicadores más sensibles de la injusticia social y de género en el mundo, por lo cual menciona que para erradicarla, es necesario invertir en políticas públicas.

 

El año 2005 en todo el mundo, mas de medio millón de mujeres murieron por complicaciones en la gestación, parto o por haberse practicado un aborto inseguro.

Esta cifra representa una disminución de 7 por ciento en el número estimado de muertes maternas respecto a 1990 -que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue de 576 mil fallecidas, de las cuales el 99 por ciento se registraron en países en desarrollo – sin embargo la publicación señala que el índice sigue siendo alto.

En México, entre 2000 y 2006, cada día murieron de 3 a 4 mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, informó el Centro de Análisis e Investigación Fundar.

Por ello en el editorial de la publicación especializada en temas de salud reproductiva se hace un recuento de los obstáculos que se tienen que enfrentar para reducir la tasa de mortalidad materna.

La Iniciativa por una Maternidad Segura de la OMS, lanzada en Nairobi en 1987, obliga a pensar en la generación de una base de conocimientos para los programas de maternidad segura en el futuro.

Abortos inseguros: un grave peligro

La mortalidad producida por un aborto inseguro parece estar disminuyendo lentamente, pero se estima que debido a que existen regiones con restricciones legales para el aborto, cinco millones de mujeres son admitidas a los hospitales cada año por complicaciones derivadas de abortos inseguros.

En contraste, en los países desarrollados las complicaciones y hospitalización por aborto son poco frecuentes. Esta situación crea serios dilemas y vulnerabilidades tanto para las mujeres como para las y los profesionales médicos.

Sin embargo, señala que es probable que la incidencia del aborto haya disminuido desde 1990, debido al incremento en el uso de anticonceptivos y la disminución en la tasa de fertilidad en la mayor parte del mundo.

México la tasa de aborto inducido en México se incrementó en un 64 por ciento en los últimos 16 años, al pasar de 25 a 33 abortos por cada mil mujeres, tasa superior a la de países en desarrollo y a la latinoamericana (de 29 y 31 por cada mil respectivamente) señala el estudio “Estimaciones del aborto inducido en México: ¿qué tanto ha cambiado entre 1990 y 2006?”, realizado por El Colegio de México, el Instituto Alan Guttmacher y Population Council.

El problema es la financiación

Entre los problemas a enfrentar en la búsqueda de la disminución de la muerte materna se encuentra la carencia de financiamiento, pues la mayoría de países de bajos recursos destinan a la salud un monto mucho menor al 10 por ciento de su presupuesto nacional y pueden, o no, tener la voluntad de actuar, señala la publicación.

El costo económico que implica para las familias pobres pagar por el tratamiento de complicaciones obstétricas graves puede ser catastrófico, no obstante, el funcionamiento de muchos servicios de salud en países en desarrollo depende del pago de las usuarias.

La revista indica que es imposible reemplazar estos pagos de la noche a la mañana, por lo que en algunos países la atención materna se ha convertido en una excepción, en un esfuerzo por lograr que más mujeres sean atendidas por personal calificado y accedan a servicios de emergencia antes que sea muy tarde.

Por otro lado, en general las políticas nacionales no logran incorporar una educación y un entrenamiento clínico integrales para las y los profesionales de la salud que trabajan en los servicios de maternidad, incluyendo al llamado personal calificado.

Aunado a ello, la falta de recursos humanos, costes y equipo constituyen un problema para detener la mortalidad y morbilidad materna.

Fuente obtenida en: www.amecopress.net

 

.

Source: Enero 2010

Uruguay: Advierten por subregistro de abortos legales en salud pública

El Observador da cuenta que las solicitudes para concretar abortos por indicación médico legal –alegando causa económica o de honor- aumentaron en el año pasado a 69 es decir que fueron 27 más que en el 2008, de acuerdo a  las cifras oficiales de la Comisión Asesora sobre la Interrupción de la gestación del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Similar to all international drugs the name, packaging and search with the drug will be different from your US product and you can be assured that this benefits may be the just like your usual medication canadian pharmacy. drugs to help remedy blood pressure or a prostate disorder, such as alfuzosin Uroxatral, doxazosin Cardura, prazosin Minipress, terazosin Hytrin, tamsulosin Flomax cheap cialis In clinical pharmacology studies, tadalafil to   mg was shown to potentiate the hypotensive effect of nitrates buy cialis cheap.

Sin embargo, desde la cartera de Salud se advierte que existe un “subregistro importante” de esos casos si se tiene en cuenta que “solo en el Hospital Pereira Rossell existe un promedio mensual de 15 abortos terapéuticos”.

Así lo indicó Fabián Rodríguez, presidente de la Comisión Nacional para el monitoreo y reducción  de las muertes de mujeres por causas de embarazo, parto, cesárea, puerperio y aborto del MSP, quien sostuvo que el subregistro existente “está vinculado principalmente a un cúmulo de confusiones con respecto a la función que tiene la Comisión Asesora sobre la Interrupción de la Gestación”.

 

En los hechos, esa comisión funciona como organismo evaluador que puede aprobar o no la realización de la práctica medica. Consultado el profesor e integrante de dicha comisión Alejandro Bozzolo indicó que el año pasado “se negaron al menos tres solicitudes (de abortos terapéuticos) de casos que no se justificaban”.

Si bien la comunicación de ese tipo de aborto es obligatoria, y debe informarse al MSP antes de cumplida las 48 horas de su realización (sin revelar el nombre de la paciente), en los hechos no se cumple a cabalidad.

“No hay un estimativo de las cifras que se puedan utilizarse con fines estadísticos” ya que “directamente no se informa muchos casos”, indicó Rodríguez.

Pese a que la ley Nº 9.763 de 1938 –que fijó como delito de aborto- estableció diferentes causales bajo las cuales el aborto no es delito, “el manejo práctico de las situaciones clínicas en las que existen indicación de interrupción del embarazo no está bien incorporado a la practica médica corriente”, se sostiene en el artículo Aborto por indicación médico-legal: pautas para la práctica institucional en Uruguay (2009), publicado en la edición de diciembre de la Revista Médica del Uruguay.

“Esta situación se traduce en trabas a la realización institucional de estos abortos que, de hecho determinan que las mujeres terminen recurriendo al circuito clandestino y al aborto inseguro aún en los casos contemplados por la ley”, sostienen los autores del documento. (El Observador)

Fuente: http://www.ired.gub.uy

 

.

Source: Enero 2010

México: Convergencia ofrece apoyo a mujeres para abortar en el DF

El partido financia el traslado y un día de estancia tras la operación.

Debido a que en Tamaulipas el Congreso local decidió posponer la discusión sobre el aborto, el partido Convergencia decidió apoyar a las mujeres de la entidad que deseen abortar en el Distrito Federal.

Para ello, la institución política fijó un techo financiero que permite enviar cada mes a 12 mujeres a la Ciudad de México a que se practiquen un legrado en los hospitales administrados por el Gobierno del Distrito Federal.

 

La propuesta presentada en diciembre ante el pleno por la diputada del PRI, Magdalena Pereza, propone sustituir la cárcel por tratamiento médico integral para la mujer que aborte en Tamaulipas.

Al respecto, Miguel Sotelo, dirigente de Convergencia en Tampico, dijo que lo que más insultó a su partido es que pretenden enviar a las mujeres que abortan a recibir tratamiento psicológico, “como si estuvieran locas”.

Explicó que van a trabajar con la Red María, la cual coordinará la atención médica, pues aseguró que Convergencia y algunos representantes de la sociedad civil se harán cargo de los gastos, que estima serán de 2 mil 500 por paciente.

Las mujeres que tengan menos de 12 semanas de gestación y que busquen interrumpir su embarazo recibirán dinero para realizar un viaje redondo de Tamaulipas al Distrito Federal, así como un día de estancia en la Ciudad de México, para recibir atención postoperatoria.

Miguel Sotelo aseguró que Convergencia firmó un convenio con la Secretaría de Salud del Distrito Federal para que se recibieran a las mujeres de Tamaulipas.

Campaña de información

El próximo jueves Convergencia iniciará un proceso de divulgación entre la comunidad e iniciará el registro de las mujeres que se interesen en el apoyo.

Por el momento, se habilitó una línea telefónica local y garantiza que el registro será confidencial, en respeto a las garantías individuales de las mujeres.

Para tener acceso al apoyo deben ser mujeres mayores de 18 años o menores con la autorización de sus padres.

La medida ha provocado diversas reacciones en la entidad: PRI y PAN aseguran que es con fines electorales, pues este año en Tamaulipas se elige gobernador, 43 alcaldes y se renovará el Congreso del estado.

“La medida es electorera, con el fin de atraer mayores adeptos e incrementar la presencia del partido en las próximas elecciones. La respetamos, pero no la compartimos”, declaró el presidente del Partido Revolucionario Institucional en Altamira, Gorgonio Carreón Salais.

Mientras tanto, el PRD en voz del legislador Cuitláhuac Ortega Maldonado, pidió una consulta ciudadana para saber cómo legislar el aborto en Tamaulipas, y aseguró que la propuesta de Convergencia es buena, pero no resuelve el problema de forma definitiva.

Otra corriente del partido, representado por la diputada Diana Chavira, dice sí al aborto, pero sólo en caso de que se registre abuso sexual.

La coordinación estatal de la Red de Mujeres periodistas, representada por Rosa María Rodríguez, apoyó la propuesta de Convergencia, con el argumento de que en Tamaulipas, de acuerdo con el Consejo Estatal de Población, es nulo el acceso que tienen las mujeres a los métodos anticonceptivos, incluyendo la pastilla del siguiente día.

Sin receta

En la mayor parte de las farmacias de Tampico se pueden adquirir, sin receta, pastillas abortivas, con el pretexto de que el medicamento es utilizado para atender padecimientos de la gastritis.

El problema es que el medicamento es abortivo y, de acuerdo a las autoridades de Salud, la situación se ha traducido en que, al mes, 10 jovencitas ingresen al Hospital Carlos Canseco con abortos mal realizados.
Tamaulipas/Anahy Meza

Fuente: http://www.milenio.com

 

.

Source: Enero 2010

ICMA NEWS – Boletín No 1 Diciembre 2009

El Consorcio Internacional para el Aborto con Medicamentos – ICMA y las cuatro redes regionales afiliadas, están dedicadas a mejorar el acceso de las mujeres al aborto seguro a nivel mundial. El aborto con medicamentos es actualmente uno de los medios más promisorios para mejorar el acceso de las mujeres al aborto seguro.
Este boletín busca compartir nuestros puntos de vista y actividades con una amplia
comunidad de personas y organizaciones comprometidas al mejoramiento de la salud de las mujeres y a garantizar el cumplimiento de sus derechos reproductivos.

Source: Enero 2010

Mujeres nicaragüenses exigen restitución de aborto terapéutico en legislación

Decenas de mujeres nicaragüenses se plantaron hoy frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para demandar la restitución en la legislación nacional del aborto terapéutico, prohibido en el Código Penal desde 2006.

Durante el plantón, convocado por el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico, las mujeres exigieron a los magistrados pronunciarse sobre el recurso de inconstitucionalidad que interpusieron hace tres años, tras la reforma del Código Penal para prohibir el aborto terapéutico.

“Porque la vida de cada mujer cuenta, exigimos sentencia favorable ya”, gritaban las féminas, que se apostaron pacíficamente en las afueras del edificio judicial.

 

Durante la manifestación, que interrumpió el tránsito en la zona por breve tiempo, las mujeres exhibieron pancartas alusivas al derecho a la vida de la mujer y además portaron cuadros con cheques pintados con el monto salarial que han ganado los magistrados en los últimos tres años.

Las féminas denunciaron que debido a la penalización del aborto terapéutico al menos dos mujeres no pudieron salvar sus vidas en el 2009.

El Parlamento nicaragüense, en el contexto de la campaña por las elecciones presidenciales de 2006, escuchó las peticiones de las iglesias católica y evangélica para prohibir el aborto terapéutico, solo en caso de peligro para la madre, que figuraba en el Código Penal del país desde hacía más de un siglo.

La legislación facultaba a practicar este tipo de interrupción del embarazo si era “determinado científicamente, con la intervención de tres facultativos por lo menos, y el consentimiento del cónyuge o pariente más c ercano a la mujer”.

Esa decisión ha sido criticada por la asociación de médicos de Nicaragua, grupos de mujeres, la organización Human Rights Watch, la ONU y la Unión Europea, que han demandado una mayor discusión sobre el tema.

Un grupo de mujeres interpuso un recurso de inconstitucional contra esta prohibición en enero de 2007 ante la Corte Suprema de Justicia, que aún no se ha pronunciado.

Fuente: http://www.diariolasamericas.com

 

 

.

Source: Enero 2010

México: Alistan iniciativa antiaborto en Tabasco

México DF, enero 18 de 2010.
El Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del estado prepara una iniciativa para penalizar el aborto, y sumarse así a la lista de estados en los que se viola el derecho de las mexicanas a decidir sobre su cuerpo.
Aunque el coordinador de la fracción panista en la entidad, Juan Francisco Cáceres, dijo que la agenda legislativa de su partido incluye reformas “para la protección de los derechos de las mujeres”, esa fracción anunció en conferencia de prensa, que optarán por “el establecimiento legal del derecho a la vida desde la concepción”, con lo que se viola el derecho de las mujeres firmado por México establecido en tratados internacionales como el del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), incluirá en su agenda la creación de la Ley Estatal de Adultos Mayores, Madres Solteras y Discapacitados.

Mientras que la del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pretende trabajar en un sistema jurídico penal “para dar paso definitivo de un modelo inquisitivo a uno acusatorio” con el propósito de penalizar “con mayor rigor los delitos sexuales contra menores, la violencia familiar y contra las mujeres”.

El diputado Andrés Cevallos Ávalos, del Partido del Trabajo, dijo que ese instituto político impulsará una iniciativa de ley, para que los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) apliquen un programa educativo-asistencial para los hijos de las madres trabajadoras que no cuenten con ese servicio para las etapas de lactancia, maternal y preescolar.

Ninguna de las fracciones legislativas incluye en sus agendas, reformas a los códigos civil y penal, así como de procedimientos civil y penal del estado, para adecuarlos a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LEAMVLV), cuyo plazo vence a finales de este mes.

La Red Estatal municipalista, una de las organizaciones civiles de la entidad que le ha dado seguimiento a la LEAMVLV, urgió a los legisladores para que reformen los códigos, ante la cercanía del vencimiento del plazo.

La socióloga María del Carmen Hernández, integrante de esa red en declaraciones a la prensa local, solicitó también a la LX Legislatura aprobar un punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo estatal y al Instituto Estatal de las Mujeres que emita el reglamento de la LEAMVLV, porque sin éste y las reformas mencionadas esa Ley es “letra muerta”.

Cabe mencionar que en la presente legislatura, de nuevo la fracción del PRI es mayoría con 20 de los 35 diputados que integran la actual Cámara de Diputados de Tabasco.

El PRD logró diez escaños pero uno de ellos, antes de que el trabajo legislativo iniciara de manera formal, decidió formar parte de la fracción del PRI.

Las diputadas sólo representan 17 por ciento, cinco del PRI, y dos del PRD, las demás fracciones están conformadas sólo por varones, lo cual seguramente dificultará la aprobación de reformas o leyes que permitan avanzar en los derechos de las mujeres o retroceder en algunos.

Lorena Méndez Denis del PRD, fue designada presidenta de la Comisión de Equidad y Género y su compañera de bancada Claudia Bojorquez Javier, y tres legisladoras priístas son parte de esta comisión.

Fuente: http://www.notiese.org

 

.

Source: Enero 2010

La ciencia mexicana ante el aborto

Apenas iniciado el nuevo año, la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) hizo público un pronunciamiento en el que se refiere explícitamente a la decisión de los congresos de 18 entidades federativas del país por la que se penaliza el aborto. No se trata de un asunto menor. La principal organización científica del país fija su postura, y llama a los organismos políticos y jurídicos con competencia en este caso, así como a la sociedad en su conjunto, a reflexionar sobre las consecuencias de estos hechos “… y a detenerlos a tiempo, antes de que lleven al país a etapas de confrontación que a todos dañarían”.

Esta postura es de la mayor importancia, pues en las decisiones adoptadas en los 18 estados, cuyos legisladores han estado guiados por la Iglesia católica, se ha argumentado que, desde un punto de vista científico, la persona es tal desde el momento de la concepción o la fecundación. Es decir, es esta Iglesia la que habla en nombre de la ciencia, pero no son los propios científicos los que piensan de esta manera. Se trata claramente de una usurpación.

 

El comunicado señala que, desde el punto de vista científico, la definición de la vida y de la persona que ha estado presente en las reformas de los estados, con el apoyo expreso de líderes religiosos, es “simplista, arbitraria y poco informada”. El documento señala: “El efecto inmediato de dichas reformas consiste en penalizar el aborto, convirtiendo, contra toda lógica, en delincuentes a las mujeres que toman tal decisión por razones respetables y, en último caso, en uso de su legítimo derecho a decidir sobre cuestiones que atañen a su propio cuerpo y a su dignidad personal”.

Es importante observar que quienes firman el comunicado de la AMC son y han sido representantes indiscutibles de la comunidad científica del país. Además de su actual presidenta, la doctora Rosaura Ruiz, suscriben estos planteamientos 16 ex presidentes de ese organismo: Francisco G. Bolívar Zapata, José Antonio de la Peña, René Drucker Colín, Jorge Flores Valdés, Mauricio Fortes Besprosvani, Carlos Gual Castro, Ismael Herrera Revilla, Juan Pedro Laclette San Román, Adolfo Martínez Palomo, Raúl Ondarza Vidaurreta, Octavio Paredes López, Antonio Peña Díaz, Daniel Reséndiz Núñez, Pablo Rudomín Zevnovaty, José Sarukhán Kermez y Guillermo Soberón Acevedo.

Todos ellos son grandes científicos mexicanos. Entre los firmantes se encuentran dos galardonados con el Premio Príncipe de Asturias: Bolívar Zapata y Rudomín; dos ex rectores de la UNAM: Sarukhán y Soberón, el último además, ex secretario de Salud; Martínez Palomo, quien preside nada menos que el Comité de Bioética de la UNESCO y actualmente encabeza el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República; Laclette, actual coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, y Reséndiz, ex director del Consejo Nacional de Ciencia y tecnología. Cinco de los firmantes son miembros de El Colegio Nacional, y más de la mitad han recibido el Premio Nacional de Ciencias.

El pronunciamiento es apabullante. Yo no sé en qué agujero se van a meter los representantes de la Iglesia católica que en México hablan en nombre de la ciencia. Los herederos de quienes en la Edad Media y el Renacimiento llevaron a la hoguera a los protocientíficos y obligaron a Galileo a retractarse de sus descubrimientos. Los que se apoyan ahora en la autoridad de médicos conservadores y en algunas maestras de embriología, a quienes no les queda ya más remedio que dar la cara abiertamente y reconocer que obedecen los lineamientos, no de la ciencia, sino de una potencia extranjera: el Vaticano.

La manifestación de la AMC es muy oportuna, pues además se produce en el momento en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide si ejerce su capacidad de atracción sobre los recursos de amparo que han sido interpuestos por mujeres en algunos estados de la República en los que esta aberración se ha producido, como en el caso de Jalisco. Habrá que ver cómo reacciona la Corte, pues después de su histórica decisión en la que declaró constitucionales las reformas en el Distrito Federal que despenalizan el aborto, ha sufrido cambios en su composición.

Como sea, el pronunciamiento de los representantes de la comunidad científica de México constituye una pieza de enorme valor que difícilmente puede ser ignorada, pues deja en claro, de una vez por todas, cuál es la postura de la ciencia mexicana en torno a este debate.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx

 

.

Source: Enero 2010

Leyes y aborto en América Latina

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe reconoció los vínculos entre la mortalidad materna y el aborto inseguro.

Por Isabel Soto Mayedo*
Diario DigitalRD.Com

La impedimenta contra el aborto inducido -aún cuando el sostenimiento de la concepción arriesgue la vida de la madre o el feto presente malformaciones- rige en Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Ecuador, Chile, Saint Martin (Antillas Holandesas), Paraguay y República Dominicana.

La Habana (PL). Múltiples son las causas que motivan cada día a 29 de cada mil mujeres a someterse a un aborto en distintas partes del mundo, donde gran parte de ellas tienen que hacer magia para procurarse una vida decorosa.

 

Esta cifra asciende a 31 en América Latina, donde mueren cada año unas 10 mil por abortos mal practicados, casi siempre de forma clandestina y en condiciones de riesgo, por las restricciones impuestas contra el ejercicio de ese derecho.

Leyes aprobadas en contubernio con las jerarquías católicas, en distintas épocas y contextos marcados por intereses electorales, prohibieron las interrupciones de embarazos en varios países del área y, en casi una treintena de ellos, las condicionaron a extremos.

La impedimenta contra el aborto inducido -aún cuando el sostenimiento de la concepción arriesgue la vida de la madre o el feto presente malformaciones- rige en Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Ecuador, Chile, Saint Martin (Antillas Holandesas), Paraguay y República Dom inicana.

Grupos conservadores de los dos últimos países impidieron sacar adelante proyectos legislativos orientados a la despenalización de las interrupciones, en tanto las salvadoreñas enfrentan una de las leyes más prohibitivas acerca del tema hace más de una década.

La aplicación de la disposición vigente en el “pulgarcito centroamericano” derivó en cientos de muertes de mujeres desde 1996, según el Centro de Derechos Reproductivos y el Instituto de Estudios para la Mujer.

Modificaciones realizadas entonces a la disposición sobre el tema criminalizaron el aborto, al catalogarlo de delito, prohibir su realización y aumentar las condenas a quienes apelaran a él hasta 12 años de cárcel.

Un año y medio después, 69 salvadoreñas -mayoritariamente pobres y jóvenes- habían enfrentado procesos judiciales por abortos ilegales, en correspondencia con datos de la Policía Nacional Civil.

Las involucradas habían apelado al uso de altas dosis de píldoras anticonceptivas, antiácidos, ganchos para ropas, líquidos cáusticos y otras sustancias a fin de evitar la evolución del embarazo y los retos de la maternidad, ante la falta de oportunidades para ellas.

Muchas de las que recurrieron a esos métodos buscaron atención médica tras sufrir abortos incompletos y 23 fueron denunciadas por personal hospitalario.

Cabe recordar que las transformaciones legislativas sobre el particular resultaron de la estrategia aplicada por la Alianza Republicana Nacionalista (derecha) con tal de ganar el favor de la Iglesia Católica en la campaña previa a las elecciones de 1997.

Mientras la iniciativa era debatida en la Asamblea Legislativa, la jerarquía eclesiástica reforzó la defensa de la vida desde la etapa fetal y organizaciones confesionales recogieron firmas a favor de la prohibición del aborto.

“El ser humano que está engendrado es una persona inocente que no agrede a nadie, tan respetable es su vida como la de cualquier otro ciudadano”, esgrimió el arzobispo de San Salvador Fernando Sáenz Lacalle.

Datos del Banco Mundial señalan que el aborto practicado en condiciones de riesgo constituye la segunda causa de mortalidad materna en El Salvador.

La figura del aborto terapéutico -el que responde a la existencia de un peligro para la vida de la mujer- llegó a ser aprobada en 2006, en Nicaragua, pero fue derogada al año siguiente a raíz de la presentación de 290 mil firmas de católicos y evangélicos.

El Código Penal de Perú contempla solo esta figura limitada y carece de un protocolo para su implementación, lo cual dificulta el acceso y la información para la práctica. Mientras, en Argentina, la ley favorece apenas a las embarazadas en riesgo de muerte o a las discapacitadas violadas.

Estadísticas acopiadas por especialistas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y de la Universidad de Buenos Aires aseguran que, sin embargo, cada año ocurren de 460 mil a y 600 mil abortos, es decir, casi uno por cada nacimiento.

En Brasil igual continúan postergadas las soluciones a la problemática, pese a la defensa de proyectos de ley que contemplan la despenalización total del aborto inducido, sólo legal en casos de embarazo por violación y riesgo de vida para la madre.

Autoridades sanitarias del gigante suramericano calculan cerca de un millón 40 mil intervenciones clandestinas al año, equivalentes a una interrupción intencional cada cuatro embarazos.

Opciones más favorables lograron las mujeres en Cuba, Puerto Rico, Barbados y las Antillas Francesas, únicos países latinoamericanos y caribeños donde la interrupción es permitida por la ley.

Cuba fue el primero de estos en eliminar la restricción del aborto y establecer como período máximo para realizarlo la décima semana de embarazo, a menos que otras razones de salud lo justificasen.

La legislación, vigente en la nación caribeña desde 1965, sólo penaliza las interrupciones fuera de las instituciones del sistema sanitario estatal.

Esta y otras disposiciones favorables a las féminas incidieron en la profesionalización del sector y en su mayor inserción en el mundo laboral, razones que sumadas a otras asociadas a la crisis económica de los años 90, impulsaron a muchas a postergar la maternidad.

En Cuba son constantes las campañas destinadas a frenar los embarazos no deseados y a alertar sobre las consecuencias del mal ejercicio del derecho del aborto, al cual vale recurrir sólo en casos extremos, para evitar patologías ginecológicas que puedan derivarse de él, particularmente la infertilidad.

Puerto Rico es otro de los que clasifica entre los primeros en despenalizar el aborto inducido. La normativa al respecto fue aprobada en 1973 y benefició hasta a las menores de edad, sin importar el mes de embarazo en el que estuvieran.

La única condicionante establecida inicialmente era consultar con un médico, pero frente a la presión de varias organizaciones confesionales, legisladores y entes judiciales de Estados Unidos, las autoridades del “Estado Libre Asociado” modificaron la avanzada disposición.

Progresos en cuanto al tema se alcanzaron en años recientes en Colombia y en la capital de México. En el primer caso, la Corte Constitucional avaló el aborto terapéutico en mayo de 2006, en situaciones límites para las embarazadas, por violaciones o malformaciones en el feto.

En la capital mexicana, una de las mayores y más pobladas ciudades del mundo, las interrupciones fueron despenalizadas parcialmente un año después.

Especialistas de El Colegio de México constataron que los abortos inducidos ilegalmente suman en todo el país alrededor de 33 por mil mujeres en edad reproductiva, por encima de la media mundial y de la latinoamericana.

No obstante a los perjuicios causados por esta irregularidad, las fuerzas eclesiásticas, los intereses de determinados sectores políticos, y tabúes arrastrados, atentan todavía contra el ejercicio del derecho conquistado para las mujeres.

En medio de la polémica nacional alrededor del asunto, nuevos obstáculos aparecieron para quienes llevaban más de dos décadas de luchas por el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.

Durante 2008, 16 Estados reformaron sus constituciones para proteger la vida desde el momento de la concepción/fecundación, sumándose a la tendencia iniciada por Chihuahua (1994).

Similares debates en Chile frenaron los cambios a favor de las mujeres, pues apenas se logró refrendar por decreto el suministro de la píldora anticonceptiva “del día después”, bajo el gobierno Michelle Bachelet, en 2007.

Para los involucrados en estas lides, el aborto legal y seguro es un derecho reproductivo, cuyo ejercicio debe estar amparado por el Estado, en un ámbito de justicia social e igualdad de género. Expertos de la ONU coinciden en que el acceso a éste es punto central en el cumplimiento de los derechos de las mujeres.

El reconocimiento de la problemática a escala mundial partió del Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, reunido en Egipto, en 1994, y de la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (China, 1995).

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe reconoció luego los vínculos entre la mortalidad materna y el aborto inseguro, a tono con lo cual recomendó a los gobiernos atender la cuestión. Mas, las leyes relacionadas con el asunto en la región reflejan en parte la herencia colonial y la ideología conservadora predominante.

Los cambios legislativos, alentados a partir de los 70, primero abordaron de forma parcial la igualdad entre ambos sexos, el derecho de las féminas a decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos, y el acceso a servicios públicos de planificación familiar.

Esto poco implicó en relación con el aborto en América Latina y de ello dan cuenta los crecientes debates alrededor del asunto, y las denuncias formuladas por agrupaciones feministas y humanitarias.

*Especialista en temas de América Latina y el Caribe.

arb/ism

FUente: http://www.diariodigital.com.do

 

.

Source: Enero 2010