“Son dogmas más que ciencia”

Los grupos antiderechos pretenden prohibir los anticonceptivos y particularmente la distribución de la anticoncepción hormonal de emergencia y apelan a argumentos pseudocientíficos –como ya informó este diario– para sostener que su acción es abortiva. Como en Chile y ahora Perú, encuentran jueces que les dan la razón. En los países se da la contradicción de que el método se puede comprar en las farmacias: la medida perjudica a los sectores más vulnerables que ya no podrán acceder a la pastilla gratuitamente en hospitales. En la década menemista, la Corte Suprema también pretendió prohibirla en el país –a partir de un recurso de amparo presentado por la ONG ultracatólica cordobesa–, pero la sentencia no tuvo efecto porque se refería a una versión comercial de la AHE que ya no estaba en el mercado.

 

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“Quienes toman este tipo de decisiones lo hacen basados en dogmas más que en evidencia científica: no existe ninguna evidencia científica que demuestre que sea abortiva”, señaló ayer a Página/12 el médico e investigador independiente del Conicet Carlos Nagle, uno de los científicos argentinos que más ha investigado el tema. “La información ya es definitiva y de carácter universal. En varios países se ha demostrado por distintas vías que el tratamiento con levonorgestrel actúa sobre la ovulación y no afecta la implantación: si hay un embrión, se implanta y la mujer se embaraza. Además, actúa de la misma forma que la progesterona, que es un conocido agente protector del embarazo”, detalló Nagle, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Reproducción Humana (Alirh), y director del Centro de Investigación en Reproducción Humana y Experimental (Cirhe) del Instituto Universitario Cemic, que colaboran con la OMS en investigación y desarrollo en salud reproductiva.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar

 

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Source: Octubre 2009

Perú, en debate sobre el aborto…

El debate sobre el aborto se despertó en Perú. El puntapié que abrió la discusión pública lo dio la Comisión Especial del Congreso Revisora del Código Penal que recomendó a comienzos del mes la despenalización en casos de violación y malformaciones congénitas en el feto. El Ministerio de Justicia pidió al cuerpo que reconsiderada su dictamen, pero el planteo fue rechazado la semana pasada. Llamativamente, en momentos en que grupos católicos y evangélicos reclaman que se archive el proyecto que ampliaría el acceso al aborto, el jueves el Tribunal Constitucional dio a conocer un fallo que prohíbe al gobierno de Alan García la distribución gratuita de la anticoncepción hormonal de emergencia, conocida como píldora del día después, por considerar –erróneamente– que no hay evidencias científicas para descartar que sea abortiva. La sentencia responde a un recurso de amparo presentado en 2004 por una ONG religiosa.

 

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En abril de 2008, el Tribunal Constitucional de Chile tomó la misma decisión en un controvertido fallo. Ambos fallos no son aislados: grupos “antiderechos” están litigando en la Justicia en distintos países de América latina, incluida la Argentina, para obstruir el acceso a los derechos sexuales y reproductivos.

La inesperada sentencia del Tribunal Constitucional de Perú se coló en medio del debate abierto a partir de la propuesta de la Comisión Revisora del Código Penal de despenalizar el aborto en casos de violación y de malformaciones fetales congénitas, que se anunció el 7 de octubre. “En virtud a lo que dicen ambas posiciones, no hemos llegado al convencimiento de que sea o no abortiva (…) pero ante la duda está el derecho a la vida”, alegó el presidente del TC, Juan Vergara Gotelli, para justificar la resolución.

 

El fallo dividió al gabinete presidencial. Los ministros de Salud, Oscar Ugarte, y de Mujer y Desarrollo Social, Nidia Vílchez, cuestionan la decisión suprema y consideran que es injusta con las mujeres más pobres. Sin embargo, el ministro de Defensa, Rafael Rey, y el cardenal de Lima, Luis Cipriani, ambas connotadas figuras del Opus Dei en Perú, celebraron el fallo. Apenas un puñado de países en el mundo prohíbe la distribución de la píldora (AHE).

“Para frenar el aborto en el Perú en caso de violación o de embarazos no deseados se necesita la píldora del día siguiente”, dijo el ministro de Salud, y señaló que impedir la distribución contribuye al aborto ilegal. Pese a ello, indicó que se acatará el fallo.

En las farmacias la píldora se puede adquirir bajo prescripción médica al precio de 25 soles (ocho dólares), una alternativa lejos del bolsillo de las mujeres pobres, denunciaron a su turno ONG feministas.

“Estamos entrando a una especie de régimen semiteocrático. Nunca más deberíamos criticar o asombrarnos de los musulmanes cuando nos llegan noticias de que el velo se volvió obligatorio, que lapidaron a una mujer por adúltera”, editorializó el diario limeño Correo. “¡Bienvenidos a Perustán!”, acotó el diario, cuya posición anticlerical es conocida y que además es uno de los que apoyan la despenalización del aborto en casos especiales.

En el Perú, el aborto está penalizado desde 1863, cuando fue aprobado el primer Código Penal. Varias décadas más tarde, el Código Penal de 1924 estableció como única figura no punible el aborto terapéutico, y el actual, promulgado en 2004, penaliza con pena privativa de la libertad no mayor de dos años o prestación de servicio comunitario todas las formas de aborto con excepción del terapéutico, e incluye como atenuantes el aborto eugenésico y el ético o sentimental.

Numerosas evidencias, sin embargo, dan cuenta de que, en Perú –como ocurre en la Argentina y en otros países– un marco legal restrictivo no resulta disuasivo para que las mujeres recurran al aborto. Una investigación reciente los estimó en 376 mil por año. Las consecuencias de los abortos inseguros causan el 7 por ciento de la mortalidad materna y producen más de 60.000 hospitalizaciones al año. El aborto ocupa el cuarto lugar como causa de muerte de mujeres en gestación, según el Ministerio de Salud. En la Ley de Salud existe una norma legal que obliga al personal médico a denunciar los casos en que existan indicios de aborto, lo que quiebra el principio de confidencialidad médico-paciente. Este cuadro contribuye a que el aborto constituya en Perú un grave problema y de salud pública y de justicia social, al que el Estado debe enfrentar con la eliminación de la normatividad punitiva, con políticas adecuadas y los recursos correspondientes, señaló la ONG Flora Tristán, que trabaja en la defensa de los derechos de las mujeres.

La Comisión Especial Revisora del Código Penal está integrada por representantes de distintos ámbitos: a favor de la propuesta de despenalizar parcialmente el aborto votaron Rosa Mavila, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima (CAL); Víctor Prado, representante del Poder Judicial; Luis Bramont, de la Asamblea Nacional de Rectores, y Ricardo Váscones, del Ministerio de Justicia. En casos de malformaciones congénitas, argumentaron que a una mujer no se le puede imponer la carga de tener un hijo “que se va a morir”.

En contra de la propuesta votaron Arsenio Oré, miembro del CAL, y Fernanda Ayasta, representante del Ministerio de Justicia, que argumentaron que debía protegerse la vida del por nacer, independientemente de las circunstancias.

Las conclusiones de esta comisión serán remitidas a la presidencia del Congreso, que determinará, finalmente, si se eleva a debate entre los 120 legisladores que lo conforman. En el marco del debate, la organización con base en Estados Unidos Human Rights Watch consideró que el Congreso “debe apoyar” la despenalización parcial del aborto como una “cuestión de derechos humanos”.

Publicado por Género con Clase

Fuente: http://generoconclase.blogspot.com

 

 

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Source: Octubre 2009

Perú: Fortalecen a obstetrices en salud sexual y reproductiva

En curso taller organizado por CPS-Desarrollo y GESALL

Para fortalecer la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud y mejorar la atención de las emergencias obstétricas en La Libertad, el Centro de Promoción Social y Desarrollo del Norte (CPS-Desarrollo) y la Gerencia Regional de Salud (GESALL), vienen desarrollando el curso taller en “Salud Sexual y Reproductiva, Emergencias Obstétricas y Neonatales según Funciones Obstétricas Neonatales y Atención de Salud con Enfoque Intercultural”, que se realiza los fines de semana de octubre, hasta noviembre, financiado por la fundación española ANESVAD.

 

La capacitación, que está dirigida a médicos, enfermeras, obstetras, técnicos en enfermería, integrantes del Servicio Rural y Urbano Marginal del Servicio de Salud (SERUM) y otros profesionales del referido sector, se cumple en el marco de la segunda fase del proyecto: “Mejorando el Acceso a la Atención de Salud de las Familias Andinas en Extrema Pobreza de los Distritos de Sinsicap y Paranday, Provincia de Otuzco, Región La Libertad”.

La temática incluye: situación actual materna neonatal, deberes y derechos en salud sexual y reproductiva, cuidados generales de la gestante, situación actual de las infecciones de transmisión sexual, interculturalidad, atención del parto vertical con adecuación cultural, paternidad responsable, planificación familiar, habilidades y destrezas de las emergencias obstétricas y neonatales, Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) y Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del menor de un año.

El curso taller es dictado por profesionales de los hospitales Regional y Belén, de la microrred y red de Trujillo, así como personal invitado de la GESALL. “Esperamos que, al final del curso taller, el personal haya fortalecido sus capacidades y, de esta forma, se pueda atender a todas las urgencias en los centros de salud, sobre todo, en Sinsicap, San Ignacio y Paranday, y reducir el riesgo de muertes maternas y perinatales”, indicó la coordinadora del área de salud de CPS-Desarrollo, magíster Rosa María Aguilar Aldana.

Con exposiciones y talleres, que incluyen lecturas cortas, discusiones en grupo, sesiones plenarias, el fin de semana último, se trató los contenidos de emergencias obstétricas de hemorragias (a primera mitad del embarazo, a segunda mitad, en intraparto y postparto), enfermedades hipertensivas (preclampsia, eclampsia, síndrome hellp) y complicaciones obstétricas (hiperémesis gravídica, infecciones de vías urinarias, anemia en gestantes y sepsis purperal).

Fuente: http://www.noticiastrujillo.com

 

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Source: Octubre 2009

Flacso Chile y la "píldora del día después": Vamos a llegar a buen puerto

La directora del Programa “Genero y Equidad”, Claudia Dides, valoró el proyecto visado en el Senado.

Además dio a conocer cifras “brutales” de embarazo adolescente.

La directora del Programa “Género y Equidad” de Flacso Chile (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), Claudia Dides, valoró la  aprobación por parte del Senado del proyecto de ley en general sobre derechos reproductivos, que incluye la distribución pública de la “píldora del día después”.

 

Dides afirmó que pese a que esta aprobación no garantiza la distribución del fármaco, pero cree que es un paso adelante para un acceso universal.

“(La aprobación) no garantiza (su distribución), pero hace parte de un proceso que llevamos por lo menos hace 10 años de trabajo. Yo creo que vamos a llegar a buen puerto porque cada día se cuestiona menos la base científica que presentamos  hace 10 años” afirmó.

La profesional de Flacso comentó un estudio sobre salud sexual y reproductiva, VIH sida, y enfermedades de transmisiones sexual en el país realizado por la institución, que muestra un aumento en los embarazos adolescentes y diferencias “brutales” en las tasas entre las comunas más ricas y pobres.

Como ejemplo mencionó la comuna de La Pintana, que presenta una tasa de 21 por ciento de madres adolescentes, mientras que ese índice en Vitacura alcanzó sólo un 1,6 por ciento.

“Esto tiene que ver con la falta de educación sexual y la falta de acceso a  la anticoncepción de emergencia”, señaló Dides, quien agregó que la inexistencia de una política continua en educación sexual en los últimos 20 años es parte del problema.

Fuente: http://www.cooperativa.cl

 

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Source: Octubre 2009

México incumple compromisos internacionales sobre muerte materna

México DF, 27 oct 09 (CIMAC).- Ayer se llevó a cabo la Reunión de Alto Nivel sobre Salud Materna-Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) 5, convocada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), en la cual se evidenció el incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por México para abatir la mortalidad materna (MM), problemática por la que fallecen entre tres y cuatro mujeres al día en el país.

Desde Etiopía, donde se celebró el encuentro con la presencia de representantes de más de cien naciones, Enoé Uranga, diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), señaló en entrevista telefónica que ante los “serios rezagos” en MM es precisó colocar el tema en “el lugar más prominente” de la agenda nacional, así como “intensificar” el compromiso político y financiero en salud materna.

 

De 2000 a 2006, cuando se impulsó “Arranque Parejo en la Vida” –programa de acción que carecen de reglas de operación y, por lo tanto, no tienen presupuesto fijo– murieron entre tres y cuatro mujeres por día por MM. Esto significa que de 2000 a 2005 fallecieron 8 mil 022 mujeres por esta causa, según información de Fundar, Centro de Investigación y Análisis.

Así, mientras que en 1990 murieron 2 mil 209 mujeres, en 2008 la cifra descendió a mil 047. A decir de Daniela Díaz, encargada del proyecto de salud materna de Fundar, la disminución es “magra”  si se considera que en 19 años se han realizado numerosas estrategias y acciones para reducirla.

Al respecto, la diputada del PRD indicó que ayer tuvo oportunidad de explicar la situación en México, la cual se caracteriza por la falta de resultados positivos de los programas y las políticas públicas instrumentadas para alcanzar los ODM.

Frente a esta problemática, la legisladora, quien lamentó la ausencia de José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud, en la reunión de Alto Nivel donde México era uno de los 15 expositores centrales, refirió la necesidad “imperante” de que las financiadoras inviertan en el desarrollo del país.

“Se requiere que las financiadoras miren a México de forma focalizada, pues aunque en términos generales el país tiene un crecimiento medio, éste es desigual en comunidades marginadas”, dijo.

Esta ayuda, añadió, “debe avanzar a la par de los compromisos del gobierno mexicano en materia de transparencia y rendición de cuentas a fin de que compruebe que efectúa las acciones que se requieren para alcanzar los ODM”.

Cabe mencionar las legisladoras mexicanas Enoé Uranga y Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), discutirán el tema con representantes de 110 países, hoy y mañana, en la Conferencia Internacional de Parlamentarios que también se llevará a cabo en Etiopía.

En la Conferencia, Enoé Uranga abordará la experiencia mexicana en la aplicación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) para el cumplimiento de los ODM; en particular, en lo relativo a los derechos reproductivos, la salud sexual y el VIH/Sida.

La legisladora refirió, finalmente, que de esta conferencia surgirá una declaración con compromisos de las diferentes naciones para poder cumplir los ODM en 2015.

09/GCJ/YT

Fuente: http://www.cimacnoticias.com

 

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Source: Octubre 2009

Católicas por el Derecho a Decidir: Un Estado democrático debe garantizar el derecho a decidir de las mujeres

La Comisión Revisora del Código Penal peruano aprobó mantener su decisión  de despenalizar el aborto por violación sexual y aborto eugenésico (fetos con malformaciones graves incompatibles con la vida extrauterina). Dicha propuesta deberá ser remitida para su debate y aprobación en el Pleno del Congreso.

Católicas por el Derecho a Decidir – Perú saluda esta decisión de la Comisión al considerar que la despenalización del aborto es un asunto de salud pública, justicia social y derechos  humanos de las mujeres. Un Estado democrático y no confesional debe garantizar el derecho a decidir y eliminar toda forma de discriminación y tortura hacia las mujeres.

 

Católicas por el Derecho a Decidir – Perú rechaza la injerencia de la jerarquía católica en las políticas públicas en perjuicio de los derechos de las mujeres, en especial de las mujeres más pobres del país. Ellas son las más perjudicadas con la penalización del aborto, ya que muchas de ellas se ven obligadas a llevar adelante un embarazo consecuencia de una violación o  interrumpirlo en condiciones poco salubres, clandestinas, poniendo en riesgo sus propias vidas. Esta situación genera vulneración y abuso a los derechos de las mujeres.

Como católicas y mujeres de fe creemos en un Dios justo, comprensivo y liberador, y tenemos presente que un principio católico es promover la justicia, la equidad y el respeto a la libertad de conciencia. Reconocemos a la maternidad como un acto voluntario y de amor, por lo que no se puede aceptar una maternidad impuesta, producto de una violación sexual y del abuso de poder.

Exhortamos y exigimos a nuestros congresistas a debatir el tema con argumentos técnicos y alejados de creencias religiosas, en el marco de  un Estado democrático y laico que respeta la libertad de conciencia y el derecho a decidir de las mujeres. Es importante también que en el debate se tenga en cuenta los acuerdos internacionales suscritos por el Estado peruano que garantizan los derechos humanos, los que incluyen una vida digna para las mujeres.

Agradecemos su difusión.

Lima, 21 de octubre de 2009

 

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Source: Octubre 2009

Amnistía Internacional ve con satisfacción los esfuerzos para despenalizar el aborto en Perú

Amnistía Internacional ve con satisfacción los pasos que se están dando hacia la despenalización del aborto en Perú y hace un llamado a las autoridades correspondientes para que estos esfuerzos sean pronto concretados en las normas penales. Las propuestas presentadas el pasado martes por la Comisión del Congreso encargada de revisar el Código Penal buscan despenalizar el aborto en determinadas circunstancias, incluyendo por ejemplo, cuando una mujer o niña queda en estado de embarazo como resultado de una violación sexual.

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Para poner fin a los abortos inseguros y a otras violaciones de los derechos humanos de las mujeres, deben derogarse todas aquellas normas que prevean penas de prisión u otras sanciones contra las mujeres y niñas por el simple hecho de haber buscado u obtenido un aborto. Los Estados deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar la

disponibilidad de servicios de aborto seguros y legales; que sean accesibles, aceptables y de buena calidad para todas las mujeres que los soliciten en caso de embarazo no deseado como consecuencia de una violación sexual o incesto, o cuando el embarazo ponga en peligro la vida de la mujer o conlleve un riesgo grave para su salud.

Una mujer o una niña que ha quedado en estado de embarazo tras sufrir una violación, asalto sexual o incesto, no debe ser sometida a riesgos o violaciones adicionales a sus derechos humanos al buscar un aborto en esta situación; por ejemplo, al buscar tratamientos clandestinos e inseguros que traen resultados inciertos y que llevan consigo una asistencia inapropiada y la posibilidad de ser encarceladas.

Amnistía Internacional pide a las autoridades peruanas eliminar la criminalización del aborto, dicha criminalización pone a las mujeres y a las niñas en una situación de vulnerabilidad y las expone a más abusos contra sus derechos humanos. Amnistía Internacional también insta a las autoridades peruanas a promover un ambiente en el que las mujeres sean escuchadas y puedan tomar decisiones informadas sobre su salud y su vida; el acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva y a los servicios de salud debe ser libre y sin restricciones.

Eliminar estas sanciones penales, contribuirá a prevenir e impedir violaciones adicionales a los derechos humanos de mujeres y niñas, y a que sufran riesgos adicionales para su salud y su vida.  Amnistía Internacional seguirá con atención el debate y espera que la propuesta final de la Comisión Revisora este acorde con los estándares internacionales de derechos internacionales y que ésta se materialice en las normas penales de Perú.

Si desean más información o concertar entrevistas con representantes de Amnistía Internacional, contáctense con:
Núria Frigola Torrent ( comunicacion@amnistia.org.pe / 241 56 25 / 989 180 327)

 

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Source: Octubre 2009

Perú: Comisión Especial Revisora del Código Penal no reconsidera su decisión sobre despenalización del aborto en casos de violación y graves malformaciones

En la sesión de hoy, desarrollada en el Hemiciclo del Congreso de La República, la Comisión Especial Revisora del Código Penal no aprobó la reconsideración para votar una propuesta distinta de la que adoptaron el martes 6 de octubre pasado, fecha en que, por cuatro votos a favor y dos abstenciones, se aprobó la propuesta de modificar el artículo 119º del Código Penal de modo que fueran despenalizado, junto con el aborto terapéutico, los abortos realizados por un/a médico/a, con consentimiento de la mujer gestante, en los casos de violación y graves malformaciones en el feto. Para la reconsideración se necesitaban 8 votos a favor (la mitad + 1 del total de integrantes titulares de la Comisión)

Votaron en contra de la reconsideración de la votación Robinson Gonzales Campos (representante titular del Poder Judicial), Victor Prado Saldarriaga (representante titular del Poder Judicial), Rosa Mávila León (representante titular de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú),

Juan Ramos Suyo (representante titular de la Asamblea Nacional de Rectores), Cayo Galindo Sandoval (miembro titular del Congreso de la República), y José Vargas Fernandez (miembro alterno del Congreso de la República). Votaron a favor de la reconsideración Pablo Sanchez Velarde (representante titular del Ministerio Público), Carmen Rivera Santander (representante titular del Ministerio de Justicia), Fernanda Ayasta Nassif (representante titular del Ministerio de Justicia), Arsenio Oré Guardia (representante titular de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú) y Carlos Torres Caro (miembro titular del Congreso de la República y Presidente de la Comisión).

La representante de la Defensoría del Pueblo, Gisella Vignolo Huamaní, se abstuvo de votar la reconsideración y recalcó la necesidad de que este debate se mantenga y que se examine las situaciones propuestas bajo el test de ponderación de los derechos fundamentales ya explorado en la experiencia jurídica comparada. Esta invocación es oportuna pues la propuesta aprobada por la Comisión pasará con los demás artículos del Código Penal a ser debatida por el Pleno del Congreso para su aprobación cuando la Comisión Especial Revisora haya terminado su función. La invocación a un diálogo desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Comparado hecha por la representante de la Defensoría del Pueblo traza la ruta de la agenda de los meses siguientes.

 

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Source: Octubre 2009

Abortos en malas condiciones matan a 70.000 mujeres al año

“Las restricciones legales no impiden el aborto, sólo hacen que el procedimiento sea peligroso. Demasiadas mujeres están mutiladas o mueren al año porque carecen de un acceso legal al aborto”.

Pese a un acceso más sencillo al aborto ya que se han relajado las restricciones en muchos países, el número de abortos cayó desde una cifra estimada de 45,5 millones en 1995 a 41,6 millones en 2003, según un informe del Instituto Guttmacher, con sede en Estados Unidos.

Pero el estudio halló un inflexible alto número -casi 20 millones – de abortos en malas condiciones, la mayoría en países pobres y a menudo practicados por las propias mujeres con fármacos inapropiados o pociones de hierbas, o por curanderos tradicionales sin formación.

Es significativo y trágico que mientras que la tasa global de aborto está en declive, los abortos inseguros no se han reducido.

Las cifras no mienten,  este tipo de prácticas se dan sobre todo en Latinoamérica y África, dos zonas geográficas en las que la ley es especialmente dura en este sentido y que, en algunos casos, no permite el aborto ni siquiera para salvar la vida de la madre.

Este es el caso de El Salvador y Nicaragua, dos de los tres únicos países del mundo que durante los últimos 15 años han endurecido la legislación sobre el aborto hasta prohibirlo bajo cualquier circunstancia.

El tercer país en cuestión es Polonia, que en 1997 reforzó la ley del aborto y permite la interrupción del embarazo con condiciones (malformación del feto, violación y riesgo para la madre), un recurso muy extendido en los países desarrollados, a medio camino entre la prohibición absoluta y su total liberalizaci ón.

Por todo esto, legisladores, servicios sociales y sanitarios, empresas farmacéuticas y educadores deben poner su grano de arena en un delicado asunto que amenaza la vida y la libertad sexual de millones de mujeres cada año.

Fuente: http://deanfredy.blogspot.com

 

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Source: Octubre 2009

Jóvenes piden respeto a su libertad de conciencia

México DF, 6 oct 09 (CIMAC).- Organizaciones de jóvenes de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, la Coalición de Jóvenes por la Ciudadanía Sexual, Gente Joven- Mexfam y Católicas por el Derecho a Decidir, entre otras, se manifestaron el pasado fin de semana contra las reformas aprobadas en 15 entidades federativas que protegen la vida desde el momento de la concepción-fecundación.

En un comunicado de prensa las organizaciones consideraron que las reformas aprobadas en Baja California, Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán “significan un retroceso en materia de aborto”.

Otro estado que podría aprobar reformas en el mismo sentido es Michoacán, mismas que se espera sean aprobadas el martes de la próxima semana, con lo que sumarían 16 entidades federativas con propuestas en el mismo sentido.

 

Chihuahua cuenta con una legislación que protege la vida desde el momento de la concepción desde 1994, por lo que no entra en el conteo de entidades que aprobaron en cascada las modificaciones a sus legislaciones en el periodo 2008-2009.

Las y los jóvenes exigieron a los legisladores que se opongan a las leyes que representen un riesgo la vida y la salud de las mujeres y gritaron“¡basta!” a los partidos políticos que han promovido y apoyado estas reformas porque “violentan el Estado laico” y “criminalizan el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad y sobre su cuerpo”.

Exigieron al Estado Mexicano y las legislaturas estatales que detengan las acciones legislativas que condenan a las mujeres a una maternidad obligatoria y forzada y a no permitir que los mensajes “conservadores” sobre la interrupción legal del embarazo influyan en el diseño y ejecución de las políticas públicas.

“La maternidad es un derecho, un acto voluntario que implica deseo y amor y no una imposición” y reclamaron que se haga válido su derecho a la libertad de conciencia.

En el comunicado es clara la posición en contra de la criminalización de los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes quienes hicieron un llamado a las mujeres para manifestarse en cada uno de los estados de la república donde han sido aprobadas estas reformas.

En México, dicen las organizaciones, los embarazos no deseados obedecen en gran medida, a la falta de cobertura de métodos anticonceptivos en el sector salud y de educación en sexualidad, lo que contribuye a que las mujeres se practiquen abortos en condiciones que ponen en riesgo su vida.

NUMERALIA

En México, el 55 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años se encuentra en edad reproductiva.

La demanda insatisfecha de anticonceptivos (el número de mujeres expuestas a un embarazo que no usan métodos anticonceptivos pese a su deseo de espaciar o limitar su descendencia) es del 36 por ciento en adolescentes de 15 a 19 años y del 24 por ciento para jóvenes entre 20 y 24 años.

En las entidades donde se han aprobado las reformas, las complicaciones por aborto inseguro representan la cuarta y quinta causa de muerte materna.

En Quintana Roo, las mujeres en edad reproductiva representan el 58 por ciento de la población, en Baja California, Campeche, Colima y Querétaro el 56 por ciento y en Yucatán el 55 por ciento.

En Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Jalisco y Sonora las mujeres en edad reproductiva  representan el 54 por ciento.

En Nayarit, Puebla, Durango y San Luis Potosí, 53 por ciento de las mujeres están en edad reproductiva.

09/PRA/LGL

Fuente: http://www.cimacnoticias.com

 

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Source: Octubre 2009