Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe: 66 mil mujeres mueren al año por abortos inseguros

CERIGUA

Millones de mujeres en el mundo continúan sufriendo lesiones severas y traumas a causa de abortos inseguros y más de 66 mil mueren cada año por la misma razón, mientras que otras son criminalizadas y encarceladas.

De acuerdo con la información de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC), en el marco del Día por la despenalización del aborto, la región es escenario de importantes cambios en la esfera de los derechos humanos de las mujeres, pero también se reportan graves retrocesos.

 

Según la publicación, en los últimos años se han producido iniciativas de reformas legales para cambiar las legislaciones nacionales, incorporando nuevas causales o plazos para permitir el aborto no punibles y en muchos lugares se ha penalizado esta práctica.

A decir de la entidad, hay muchas razones por las que las mujeres deciden abortar, pues muchas de ellas han sido violadas sexualmente y otras peligran su vida, por lo que tienen el derecho de decidir qué hacer al respecto.

La Red femenina hizo un llamado a la acción para que se exija que la separación de decisiones de Estado de toda influencia religiosa sea efectiva, pues la mayoría de las naciones han sido declaradas como laicas.

La publicación enfatiza que para eliminar todo tipo de discriminaciones es urgente el respeto y la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, además de promover el acceso universal a los servicios de salud integral y a métodos anticonceptivos.

Finalmente, se debe reconocer a los adolescentes y jóvenes como sujetos y sujetas de derechos, para que tengan oportunidades que les permitan tomar decisiones libres, responsables e informadas.

Fuente: http://www.argenpress.info

Source: Septiembre 2009

Perú: Aborto terapeútico carece de protocolo

Sin reglas. Está normada pero no se aplica en los hospitales. Diversas ONGs pidieron al ministro de Salud, Oscar Ugarte, que apruebe el protocolo.

En 1924  el Estado peruano permitió que en los hospitales del país se realizara el aborto terapéutico con el único fin de preservar la vida las  mujeres con embarazos de riesgo. Sin embargo, desde ese año hasta la fecha, el Ministerio de Salud (Minsa)  se resiste a aprobar un protocolo para establecer cómo, dónde y en que circunstancias una madre podría interrumpir su embarazo.

 

Ayer, este pedido se dejó escuchar durante una protesta que varias ONGs como Flora Tristán, DEMUS  y Manuela Ramos realizaron frente al Minsa.

“Muchas muertes maternas se evitarán si peruanas con gestación de riesgo tuvieran una atención adecuada de aborto terapéutico, pero lamentablemente ha pasado 85 años y ningún gobierno lo ha incluido  dentro de los servicios públicos de salud”, señaló  una de las activistas participantes, Jeannette Lloja.

Fuente: http://www.larepublica.pe

Source: Septiembre 2009

México: Marcha en Día internacional de la despenalización del aborto

* En México se estima que al año más de un millón 600 mil embarazos terminan en abortos espontáneos o abortos inducidos, realizados en la clandestinidad

Patricia Chandomí l  En México se estima que anualmente más de un millón 600 mil embarazos terminan en abortos espontáneos o abortos inducidos, realizados muchos de ellos en la clandestinidad, en condiciones insalubres, mediante procedimientos rudimentarios (agujas de tejer, tóxicos…) muchos de los cuales significan la muerte de la embarazada.

En nuestro país, tan sólo en el 2006, 149 mil 700 mujeres recibieron tratamiento en hospitales públicos producto de complicaciones de un aborto clandestino y por tanto inseguro, según datos de la Secretaría de Salud.

 

En el marco del día internacional por la despenalización del aborto, que se celebrará este 28 de septiembre, organizaciones feministas de todo el país convocan a participar en la marcha por el derecho a decidir, este evento saldrá del Monumento a la Madre al Hemiciclo de la madre, en la Ciudad de México.

En un clima donde legislaturas locales, han tenido retrasos que criminalizan la decisión de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, las organizaciones feministas consideran decisiva y urgente la participación de un mayor número de mujeres en la marcha para mostrar el rechazo a la imposición de valores varoniles en las decisiones de mujeres.

Estos cambios legislativos representan un grave retroceso para el ejercicio de nuestros derechos, porque a nivel constitucional se pretende anular la interrupción legal del embarazo y porque en materia de política pública se intenta orientar un ejercicio de la sexualidad sin educación, sin protección y sin prevención. El lenguaje y el contenido de todas estas reformas están dirigidos a desconocer los derechos de las mujeres por una supuesta primacía del derecho a la vida del óvulo fertilizado. Estas reformas impactarán las políticas públicas”, consideraron las organizaciones convocantes.

Entre las organizaciones participantes y convocantes se encuentran la Academia Mexicana de Derechos Humanos; Aquesex; Católicas por el Derecho a Decidir; Colectiva Ciudad y Género; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia; Grupo de Información en Reproducción Elegida-GIRE; IPAS-México; Programa Universitario de Estudios de Género-UNAM; Programa de Salud Sexual y Reproductiva- CIDE; Salud Integral para la Mujer, entre otras.

Fuente: http://www.expresochiapas.com

 

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Source: Septiembre 2009

Argentina: El debate del derecho al aborto es una deuda de la democracia con las mujeres

Buenos Aires, martes, 29 de septiembre de 2009 (ALC) – “Espero que este año sin más dilaciones el parlamento nacional asuma este debate que es una deuda de la democracia con las mujeres, fundamentalmente discriminadas por situación de pobreza. Se debe garantizar nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos”, afirmó la presidenta del INADI, Instituto Nacional Contra La Discriminación la Xenofobia y El Racismo, María José Lubertino, en el Día Latinoamericano por el Derecho al Aborto que se recuerda el 28 de setiembre.

El INADI elaboró en el año 2007 una Recomendación General en materia de Discriminación en la Atención Sanitaria de Casos de Abortos Legales y Tratamiento Post Aborto. En el documento recomienda a los profesionales de la salud y los servicios médicos que atiendan de manera inmediata los casos de abortos contemplados por la ley, sin dar intervención a ningún otro organismo y que apliquen en forma adecuada el Protocolo de Atención Postaborto emitido por el Ministerio de Salud de la Nación al que deberían adherir, según la recomendación, los Ministerios y/o Secretarías de Salud de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

“Es imprescindible que los estados provinciales asuman el derecho vigente y garanticen la igualdad ante la ley de las mujeres en los casos de aborto legal cuando hay riesgo para la vida y la salud de las mujeres, esto incluye obviamente las situaciones de violación. Se debe proveer de los servicios adecuados para no seguir discriminando a las mujeres más pobres”, expresó Lubertino.

El 28 de septiembre fue declarado Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y del Caribe, en el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado en noviembre de 1990 en San Bernardo (Argentina) con la participación de feministas procedentes de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay y Perú.

Hace alrededor de 25 años las consecuencias de abortos inseguros son la principal causa de mortalidad materna en el país.

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Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación (ALC)

 

 

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Source: Septiembre 2009

Perú: Comisión de Salud prosigue debate sobre Ley de Salud Sexual y Reproductiva

Lima, (PressPerú).- Este miércoles continuará el debate de la Ley de Salud Sexual y Salud Reproductiva, prioritaria para nuestro país que supera el promedio mundial de embarazos en adolescentes (25.3%) y la mortalidad materna alcanza el 38%, según  las encuestas ENAHO y ENDES, informó la congresista Hilda Guevara Gómez, presidenta de la Comisión de Salud, Población, Familia y Personas con Discapacidad.

 

El Predictamen, cuyo primer capítulo se aprobó el miércoles 16, plantea principios y criterios para el desarrollo de las políticas, programas y actividades a cargo del Estado (MINSA), con el fin de  revertir los altos índices de mortalidad materna, embarazos  en adolescentes, y embarazos no deseados .

Asimismo, Busca que en el marco de la Ley de aseguramiento universal se amplíen los servicios de salud y de orientación sexual y reproductiva, que involucran actividades  no sólo de salud, sino también de  educación.

Se sabe que el Perú  cuenta con 4 mil 660 adolescentes de entre 10 a 19 años  y el 34 % de esta población declara no saber cómo evitar la transmisión  del VIH-Sida, y un 44% no usa ningún método  anticonceptivo, de allí que los especialistas sostienen que la falta de información sería un factor preponderante para que  63 de cada mil adolescentes se conviertan en madres en el Perú.

En tal sentido, la legisladora aprista Hilda Guevara indicó que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva es muy necesaria frente a esta realidad, por lo cual la Comisión de Salud la considera prioritaria. p>

Fuente: http://www.pressperu.com

 

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Source: Septiembre 2009

El Consejo de Estado avala por unanimidad la ley del aborto

– El órgano consultivo cree que el sistema de plazos encaja en la Constitución – Recomienda que los padres de las menores de 16 y 17 años sean oídos

Mónica Ceberio Belaza – Madrid

Después del informe desfavorable del Consejo Fiscal y del “no informe” del Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros no consiguieron llegar a un acuerdo, el último que quedaba por hablar, el Consejo de Estado, ha avalado por unanimidad la constitucionalidad del anteproyecto de ley del aborto que prepara el Gobierno. El texto recoge, por primera vez en España, un sistema de plazos para regular esta práctica: las mujeres podrán decidir libremente interrumpir su embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación. El Consejo de Estado, según fuentes cercanas a este órgano consultivo del Gobierno, sostiene en el dictamen aprobado ayer -que no es vinculante- que la ley de plazos es plenamente compatible con la Constitución.

 

El anteproyecto ha sido estudiado por la sección tercera del Consejo, que dirige el consejero permanente -y padre de la Constitución- Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, y fue votado en la comisión permanente del órgano, presidido por el ex presidente del Tribunal Constitucional Francisco Rubio Llorente.

– Menores de 16 y 17 años. Sobre la cuestión de si deben o no poder decidir por sí mismas si desean abortar, el Consejo de Estado confirma que ellas deben tener la última palabra, pero recomienda que los padres “sean oídos”. En cuanto a las chicas de 12 a 15 años, que sí necesitan el consentimiento paterno para interrumpir su embarazo, el órgano señala que deben ser escuchadas.

– Consentimiento informado.El Consejo precisa también cómo debe ser la información que se otorga a las mujeres que se están planteando abortar. El dictamen señala, según fuentes del órgano, que no debe tener carácter de consejo y que tiene que estar al margen de consideraciones religiosas y morales. Debe respetarse al máximo la libertad de las mujeres, pero, al mismo tiempo, hay que proporcionarles una información amplia y extensa y no sólo sobre las ayudas a la maternidad, sino también sobre las circunstancias que concurren en cada caso. Debe ser una información individualizada, no estándar para todas, que tenga en cuenta las necesidades y características de cada paciente.

– Penas. El dictamen habla sobre las penas previstas para los incumplimientos de lo dispuesto en la ley. Propone que se agraven algunas conductas de médicos y profesionales que participan en los abortos. Con respecto a las mujeres, para las que el Gobierno ha eliminado las penas de prisión y sólo las castiga con multas, el Consejo entiende que no tiene sentido castigarlas con cárcel ni con multa. Señalan los consejeros que esta sanción, en este caso, no cumple ninguna función social por lo que recomiendan al Gobierno que piense en otro tipo de pena.

– Comités médicos. Otro punto de debate es el de los comités clínicos que tendrán que decidir si autorizar los abortos posteriores a la semana 22 en caso de que “se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico”. El anteproyecto del Gobierno señala que “no podrán formar parte del comité quienes se hayan manifestado contrarios a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo”. Sobre este aspecto de la ley, el Consejo también avala la legalidad de esta medida y defiende que una persona en estas condiciones no debe formar parte del comité médico. Sería similar a un juez incurso en causa de recusación.

El dictamen, parecido al redactado por Margarita Uría en el seno del Consejo General del Poder Judicial y que no logró ser aprobado, permite al Gobierno remitir ya al Parlamento su texto para que comience el trámite parlamentario. El Ministerio de Igualdad prevé llevarlo la próxima semana si es posible al Consejo de Ministros.
Informe que no aprobó el CGPJ

Por primera vez en la historia del órgano, el Consejo General del Poder Judicial no llegó a un acuerdo y no emitió ningún informe sobre este anteproyecto de ley. El texto que había sido aprobado por la Comisión de Estudios, redactado por Margarita Uría (vocal propuesta por el PNV) incluía estos puntos:

– Constitucionalidad. Se considera que la ley de plazos es conforme a la Constitución y coincide con la de casi todos los países de la UE.

– Menores. Se admite la capacidad de las mujeres de 16 y 17 años para decidir, pero se recomienda que se comunique a los padres.

– Penas. Se pide una mayor proporcionalidad en las penas por abortos fuera de los supuestos y plazos establecidos.

– Información. Propone una mejora en la información que se da a las mujeres que pretendan abortar.
Informe del Consejo Fiscal

La mayoría del Consejo Fiscal votó a favor de la inconstitucionalidad de la ley, pero apenas por seis votos frente a cinco. Los cinco miembros progresistas emitieron un informe alternativo que también fue enviado al Gobierno. Estos son los puntos clave del texto aprobado por la mayoría conservadora:

– Constitucionalidad. El anteproyecto del Gobierno se considera inconstitucional por la “desprotección del nasciturus”. Dicen que no puede hablarse de un derecho al aborto.

– Menores. Los padres tienen derecho a conocer el embarazo de su hija menor de edad.

– Supuestos. Se pide que se concreten los límites de los abortos posteriores a la semana 22 de gestación.

– Comité clínico. Deben poder estar presentes en estos comités también los médicos que se hayan manifestado contrarios al aborto.

Fuente: http://www.elpais.com

 

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Source: Septiembre 2009

El aborto es ya inconstitucional en República Dominicana

De la redacción

México, DF, 18 sep. 09 (CIMAC).- Con las enmiendas al artículo 30, el aborto es ya inconstitucional en República Dominicana, lo que generó polémica en el país y propició que organizaciones como Amnistía Internacional (AI) advirtieran sobre las graves  consecuencias de esta medida.

De acuerdo con agencias internacionales, las reformas aprobadas ayer -con 128 votos a favor y 34 en contra- a la Constitución de la República Dominicana prohíben el aborto, lo que pone en peligro la vida de las mujeres y niñas en edad reproductiva  e incrementa potencialmente las muertes maternas en el país, advirtió AI la víspera de que el Congreso local se pronunciara  por modificar el artículo 30 e incorporar en éste el concepto de la inviolabilidad de la vida.

 

El organismo internacional pidió al Congreso dominicano rechazar la parte del artículo 30 que dice: desde “la concepción hasta la muerte”,  y lo instó  a tomar las medidas necesarias para garantizar la existencia de servicios de aborto seguros, legales, accesibles y de buena calidad para todas las mujeres que los necesiten en todos los casos en que el embarazo sea consecuencia de violación o incesto y cuando constituya un peligro para la vida o la salud de la madre.

El polémico artículo 30, que ahora pasará a ser el 38 de la reformada Constitución, ya había sido aprobado en una primera lectura, en abril pasado y, de hecho,  el  aborto ya era ilegal, según el Código Penal dominicano de 1948, que establece que la mujer no está habilitada a interrumpir su embarazo, ni siquiera cuando esté en peligro su salud y/o pueda ocasionarle la muerte.

El Código sanciona con penas de dos a cinco años a toda mujer que se provoque un aborto, con o sin asistencia, en tanto que impone penas de entre cinco y 20 años al personal médico que interviene en su realización.

“Tal como está formulado actualmente, el cambio propuesto en la Constitución tendría un efecto devastador sobre el acceso de mujeres y niñas a una atención efectiva de la salud reproductiva”, manifestó  días antes de conocerse la aprobación Susan Lee, directora del Programa para América de AI.

Si el artículo se aprueba conforme a lo propuesto, añadió, limitaría gravemente el acceso a abortos seguros, incluso en los casos en que una mujer sufre complicaciones que ponen en peligro su vida o necesita un tratamiento que puede salvar su vida pero es incompatible con el embarazo, como  en casos  en que  se está en tratamiento contra la malaria, el cáncer o el VIH/sida.

“Cuando se prohíbe por completo el aborto, los índices de mortalidad materna aumentan, ya que los médicos no pueden –o temen– proporcionar tratamiento fundamental pero contraindicado con el embarazo, incluso cuando es la única forma de salvar a la paciente”,  agregó .

Amnistía Internacional publicó recientemente un informe donde examina las repercusiones de la prohibición total de todas las formas de aborto en Nicaragua, y  concluyó que la prohibición incide en el aumento de la mortalidad materna en todo el país, donde 33 mujeres y niñas fallecieron a consecuencia del embarazo en lo que va de 2009, frente a las 20 que murieron en el mismo periodo del año pasado. Dado que la recopilación de datos relativos a la salud materna en el país es deficiente, se cree que estas cifras oficiales representan sólo un mínimo.

Por su parte, la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología  advirtió sobre las repercusiones “catastróficas” que el artículo 30 puede tener en la mortalidad materna. Si se adopta con su formulación actual –como se hizo–,  pondría en peligro la capacidad de los médicos de proporcionar tratamiento oportuno y efectivo a las mujeres y niñas que sufren complicaciones durante el embarazo.

POLÉMICA

Organizaciones feministas, la coalición de organizaciones no gubernamentales y algunos legisladores rechazaban esta modificación a la Constitución pues, con base en una investigación del Centro de Estudios Sociales y Demográficos dominicano, aseguran que el país tiene una de las tasas más altas de aborto en la región: 82, 000  por año, de los cuales casi la décima parte se practican en adolescentes de entre 10 y 15 años de edad.

“Realmente éste ha sido un retroceso. Este Congreso no representa a la población, que en un 73 por ciento, según la encuesta Gallup-Hoy, dijo que ése no era un tema constitucional”, expresó la doctora Lillian Fondeur, quien aseguró que tras esta aprobación se incrementarán la mortalidad, los embarazos no deseados y los abortos.

Varias organizaciones sociales realizaron el jueves pasado protestas por la modificación del artículo, pues afirman que viola el derecho de la mujer a decidir sobre su embarazo en caso de que éste se hubiera dado tras un incesto o una violación.

La medida es defendida por la Iglesia Católica y los principales partidos políticos. El sacerdote Luis Rosario, coordinador de la Pastoral Juvenil, aseguró –según consignó el diario dominicano Hoy– que con la reforma  ganó el principal de los derechos, que es el relativo a la vida.

Listín Diario, en tanto retomó lo dicho por la jerarquía eclesiástica cuando  señala que “el señor hizo el milagro” y  que el país eligió su propio camino y no “el desorden internacional”.

09/LG

Fuente: http://www.cimacnoticias.com

 

 

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Source: Septiembre 2009

Amnistía Internacional opuesto a modificación articulo 30 de Constitución de RD

Londres.- Amnistía Internacional (AI) advirtió hoy de que los cambios propuestos en la Constitución de la República Dominicana “pondrán en peligro a mujeres y niñas” y pueden “provocar un aumento de la mortalidad materna” en el país caribeño. En un comunicado, AI señaló que la formulación propuesta para el artículo 30 podría introducir la inviolabilidad de la vida desde “la concepción” hasta “la muerte”, lo que traerá consigo cambios en el Código Penal que, en opinión de esta ONG, “pueden conducir a una prohibición del aborto en todas las circunstancias”.

“Si el artículo se aprueba conforme a lo propuesto, limitaría gravemente el acceso a abortos seguros, incluso en los casos en los que una mujer sufre complicaciones que ponen en peligro su vida o necesita un tratamiento que puede salvar su vida pero es incompatible con el embarazo, como por ejemplo los tratamientos contra la malaria, el cáncer o el VIH/sida”, señaló AI.
Además, añadió la ONG, “el acceso a un aborto seguro para las mujeres y niñas que han quedado embarazadas a consecuencia de violación o incesto se limitaría aún más”.

 

Tal como está formulado ahora mismo, “el cambio propuesto en la Constitución tendría un efecto devastador sobre el acceso de mujeres y niñas a una atención efectiva de la salud reproductiva en la República Dominicana”, manifestó Susan Lee, directora del Programa para América de Amnistía Internacional.
AI recordó que la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología ha señalado las repercusiones “catastróficas” que el artículo 30 puede tener en la mortalidad materna.

“Si se adopta con su formulación actual, este artículo pondría en peligro la capacidad de los médicos de proporcionar tratamiento oportuno y efectivo a las mujeres y niñas que sufren complicaciones durante el embarazo”, insistió Amnistía Internacional.

Lee argumentó que “cuando se prohíbe el aborto, los índices de mortalidad materna aumentan, ya que los médicos no pueden -o temen- proporcionar tratamiento fundamental pero contraindicado con el embarazo, incluso cuando es la única forma de salvar a la paciente”.

Amnistía Internacional publicó recientemente un informe que examinaba las repercusiones de la prohibición total de todas las formas de aborto en Nicaragua, concluyendo que la prohibición contribuye a un aumento de la mortalidad materna en todo el país.

Lee indicó que Nicaragua es uno de “los poquísimos países que prohíben por completo el aborto”, lo que deriva en que “muchos médicos, ante el temor a ser procesados, retrasan la prestación de tratamiento médico o consideran justificado no proporcionarlo, aunque con ello la mujer embarazada pueda morir o sufrir daños a largo plazo”.

“Cuatro órganos de vigilancia de los tratados de la ONU han criticado enérgicamente la prohibición absoluta del aborto en Nicaragua ante el riesgo que entraña para la vida y la salud de mujeres y niñas”, recordó Lee, quien advirtió de que “la República Dominicana no debe seguir los pasos de Nicaragua”.

 

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Source: Septiembre 2009

República Dominicana: protestan para despenalizar aborto

Santo Domingo – Casi un millar de personas se manifestó el martes frente al Congreso dominicano en protesta porque una modificación a la Constitución que está en marcha, prohibirá el aborto sin ninguna excepción.

La Asamblea Revisora de la Constitución aprobó hace un mes en primera lectura el artículo que no deja ninguna posibilidad para interrumpir el embarazo, con lo que daría rango constitucional a una prohibición que actualmente está contenida en el código penal.

La comisión coordinadora de la asamblea programó para el jueves 17 de septiembre la segunda lectura del artículo, que marcaría su aprobación definitiva.

 

Representantes de más de 100 organizaciones sociales marcharon desde la estatal Universidad Autónoma de Santo Domingo hasta el Congreso con pancartas y proclamas a favor del aborto. Los manifestantes vestían camisetas amarillas o negras, gritaban la consigna “No al artículo 30” y en el Congreso entregaron un documento con su postura.

Javier Cabreja, presidente de Participación Ciudadana, una de las organizaciones participantes, manifestó que de ser aprobado como ha sido conocido en la primera lectura el artículo “puede traer consecuencias muy graves” para las mujeres.

“Hay que darle la oportunidad al país de que se haga un debate profundo” sobre la materia, agregó Cabreja.

Grupos feministas, la Coalición de Organizaciones no Gubernamentales y algunos legisladores piden despenalizar el aborto, especialmente en los casos en que esté en peligro la vida de la madre o cuando el embarazo es resultado de una violación.

En el actual código penal se establece que toda mujer está obligada a llevar a término un embarazo, aunque ponga en peligro su salud y pueda causarle la muerte.

No obstante, en la nación caribeña se registran cada año 82.000 abortos y casi la décima parte ocurren en mujeres de entre 10 y 15 años, según una investigación del Centro de Estudios Sociales y Demográficos.

Fuente: http://www.zwire.com

 

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Source: Septiembre 2009

Uruguay: Campaña por los Derechos Sexuales y Reproductivos

A casi dos meses de las elecciones nacionales, la campaña electoral está instalada y los/as candidatos/as de los partidos políticos en contienda plantean sus propuestas políticas. Sin embargo, hay temas que parecen no existir para aquellos que hoy les toca proponer soluciones a los problemas de la sociedad uruguaya.

LA CAMPAÑA “Las decisiones sobre tu cuerpo, tu salud y tu vida te pertenecen. Son tus derechos, hacelos valer” tiene como objetivo impulsar la reflexión sobre la agenda de la salud y los derechos sexuales y los derechos reproductivos y el impacto que genera en la vida cotidiana de las personas y desde allí, promover el posicionamiento de los partidos políticos en torno a cómo garantizar, respetar y proteger estos derechos para que todas las personas los puedan ejercer y defender, sin discriminaciones de ningún tipo.

 

La salud y derechos sexuales y los derechos reproductivos en tanto derechos humanos universales e interdependientes de otros derechos, es uno de los asuntos invisibilizados por el sistema político que parece no comprender el impacto que genera sobre la vida de las personas la falta de condiciones para su pleno ejercicio.

Para ejercer estos derechos cada persona debe tener la capacidad y el poder para tomar decisiones libres, informadas y responsables sobre su sexualidad y su vida reproductiva. También debe poder acceder a los recursos necesarios para llevar a la práctica las decisiones tomadas, de manera segura, efectiva y sin sufrir discriminación alguna. Los derechos sexuales y los reproductivos son, por lo tanto, uno de los ejes de construcción de ciudadanía y de profundización de la convivencia democrática.

  • Por esto, quienes vamos a votar nos preguntamos:
    ¿El Estado Uruguayo brinda las garantías para poder decidir libremente sobre nuestra sexualidad y vida reproductiva?
    Son muchas las deudas y los pendientes del Estado uruguayo en este sentido:
  • El aborto voluntario es una práctica ilegal que transcurre en la clandestinidad con altos riesgos para la salud, la integridad emocional, la integridad física y la vida de las mujeres. Según las estimaciones disponibles, cada 20 minutos sucede un aborto en el Uruguay.
  • Si bien el acceso a la anticoncepción como estrategia para prevenir embarazos no planificados y no deseados está incorporada en los servicios públicos, no sucede lo mismo con los servicios privados. En la medida que el Sistema Nacional Integrado de Salud no incorpore el acceso a una amplia gama de métodos anticonceptivos seguros y de calidad (incluidos métodos reversibles y no reversibles), muchas mujeres (y sus parejas) verán limitadas sus posibilidades de controlar la capacidad reproductiva.
  • Aunque se registran avances en materia de atención del embarazo, parto y puerperio, es necesario mejorar la calidad de la atención, el número de controles, la captación temprana, la reducción de la alta tasa de cesáreas evitables, así como la sífilis congénita y el VIH sida.
  • El VIH- Sida en el Uruguay es un tipo de epidemia concentrada en grupos en situación de vulnerabilidad: trabajadores/as sexuales, personas trans, personas privadas de libertad, usuarios/as drogas inyectables, HSH). Sin embargo, su transmisión crece principalmente entre personas jóvenes y en mujeres. Las personas con VIH incluidos los niños y niñas tienen dificultades de acceso a tratamiento antirretroviral y a los estudios clínicos, así como continúan siendo objeto de discriminación y estigma en distintos ámbitos sociales, laborales, educativos, familiares.
  • La atención a mujeres en situación de violencia doméstica y sexual, en tanto problema de salud pública y de violación de derechos humanos, ha sido insuficiente hasta el momento y si bien existe un mayor involucramiento del sector salud, la respuesta institucional es débil y debe mejorarse notablemente.
  • Las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y travestis hacen frente al prejuicio, la discriminación y los mensajes violentos cotidianamente, lo que afecta negativamente el desarrollo pleno de su persona y ciudadanía. Sin embargo, no es visualizado como un problema para el conjunto de la sociedad.

Por todo esto y por mucho más, es que entendemos necesario contribuir al debate social y político sobre estos asuntos, también en tiempos electorales, cuando los partidos políticos presentan sus agendas de gobierno.

Impulsar una Campaña por la promoción del respeto y las garantías para el pleno ejercicio de la salud y los derechos sexuales y los derechos reproductivos, es una demanda ciudadana de larga data ante la cual el sistema político tiene la obligación de brindar respuestas para solucionar problemas vigentes que afectan la calidad de vida de uruguayos y uruguayas.

Este año nos proponemos impulsar una campaña diferente, participativa y descentralizada, en donde los voceros y voceras principales sean los mismos adherentes. Hoy existen las herramientas necesarias para lograr que quienes adhieran a la propuesta puedan crear sus propios comités de campaña y pasar a ser sujetos activos y ya no meros receptores del mensaje. Nuestra idea es que los contenidos puedan ser replicados, editados, distribuidos y debatidos en los lugares de trabajo, barrios, centros de estudios o en la web.

Para esto nos vamos a valer de todos los recursos que hoy existen para trabajar colaborativamente. Las redes sociales de internet, los mensajes a celular y los boletines electrónicos son solo algunas de las herramientas que proponemos utilizar. Nuestro objetivo es que puedas involucrarte de la manera que lo desees y a la vez nutrirnos de tus propuestas.

SUMATE A ESTA CAMPAÑA
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Source: Septiembre 2009