“El gobierno tiene una posición cucufata e ignorante frente al aborto terapéutico”

Directora de la organización Promsex y una de las voceras del movimiento que promueve la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, Susana Chávez hace aquí un balance de la campaña desplegada para que se aplique el aborto terapéutico cuando la vida y la salud de una mujer gestante corren peligro. Sus esfuerzos, así como los obstáculos y prejuicios con los que han tropezado –buscando que en el Perú se cumpla lo que la ley ordena– son reseñados por ella en las siguientes líneas.

Por Mario Munive

Ustedes luchan por que se aplique la interrupción legal del embarazo cuando la vida de la madre está en riesgo. ¿Qué responden cuando les llaman “abortistas”?

–Nadie quiere el aborto. Para ninguna mujer es una alegría caminar hacia el aborto. Siempre el aborto es una situación de último recurso, una decisión difícil y conflictiva, así sea legal causa mucho conflicto interno.

–¿No se sienten pro abortistas?

–No somos para nada pro abortistas porque lo que más quisiéramos es que las mujeres no lleguen al aborto. Por eso peleamos a favor de una planificación familiar. Por eso hemos peleado tanto por la anticoncepción oral de emergencia. Por eso hemos insistido tanto en la educación sexual. Lo que quisiéramos es que las y los adolescentes tengan otras opciones de desarrollo para que inicien lo más tarde posible su vida sexual, es decir, queremos desarrollar una cultura de sexualidad sana y responsable. La joven que no quiere tener relaciones tiene que estar protegida, nadie la puede obligar, debe estar garantizada su derecho de decir no. Necesita tener información, necesita tener acceso a métodos anticonceptivos, porque la cultura sexual es parte de nuestra vida, no hay nadie que no tenga cultura sexual, pero esta debe ser una cultura sexual enriquecedora.

–¿Cuál es la posición del gobierno frente a todo lo que señalas?

–El gobierno tiene una posición restrictiva, cucufata y además ignorante en el tema. Restrictiva porque niega los derechos de sus propios ciudadanos, niega derechos que el Estado ha asumido. Tenemos, por ejemplo, una Ley General de Población que dice, los embarazos tienen que ser deseados, todos tienen derecho a elegir su fecundidad, todos tienen derecho a decidir qué método anticonceptivo usar, todos tienen derecho a tener una maternidad voluntaria, todo eso se dice, pero hay un Estado incapaz de cumplir esa norma. Es cucufato porque recurre a medidas que no tienen evidencia científica,  son fruto del prejuicio, de un moralismo absurdo y un irrespeto a las decisiones de las personas. Es ignorante, porque no usa la evidencia para la política pública, es lo más primitivo que puede haber.

–¿Cuánto se ha avanzado en difundir la necesidad del aborto terapéutico en el Perú?

–Lo que se ha avanzado es fruto del trabajo de los médicos y de las activistas por los derechos reproductivos, mas no por parte del Estado. Por allí estamos retrocediendo. Los proveedores de salud tienen temor de actuar. Conocemos, por ejemplo, de un nuevo caso: una niña de 13 años que llegó a Pucallpa víctima de la violación de un familiar. Esta niña se intentó suicidar con veneno, cuando lo hace tenía 9 semanas de embarazo. Los médicos tratan el envenenamiento y de manera increíble la mandan a su casa. Pero resulta que son ya 3 veces las que intenta suicidarse. No se dan cuenta de que esta niña tiene un grave desorden emocional y tiene 27 semanas de embarazo. Este es un típico caso de salud mental que no es atendido ni reconocido como un problema. Y esto ocurre por la indiferencia del Ministerio de Salud que no genera un soporte para que los médicos actúen como deberían actuar.

–¿Los médicos no se sienten respaldados por el ministerio?

–Quien señala la necesidad de un aborto terapéutico es el médico. Si voy a consulta con un embarazo –puede ser que sea una gestación deseada–, es el médico quien identifica que este embarazo tiene un alto riesgo para mi salud. Es el médico el que debe darme información. Pero no ocurre aquí: como el médico no está consciente que tiene la obligación de informar a la persona, se inhibe, no actúa. Dice ‘esto no es legal’, pero eso no es cierto, el aborto terapéutico es absolutamente legal. ¿Quién contribuye a este grado de desinformación? Es el propio Ministerio de Salud. El ministro no asume su responsabilidad.

–¿No ha dado ninguna señal sobre este tema?

–Ha dicho que antes de su salida va a dejar aprobado el protocolo de aborto terapéutico. Pero hacerlo antes de su salida significa dejar una medida con muy alta vulnerabilidad, es no darle ningún respaldo político. Quiere quedar lo mejor posible pero dejando en la orfandad una decisión que seguramente va a tener muchos ataques.

–Esperaba más del ministro Ugarte…

–Pensar en un salubrista es pensar en alguien que tiene una experiencia en salud muy cercana a los sectores pobres, alguien que ha trabajado en proyectos nacionales importantes, que conoce lo que ocurre en la realidad sanitaria. Por eso uno esperaría su comprensión del tema; porque cada vez que su sector desabastece de métodos anticonceptivos a las mujeres pobres de este país, las coloca a ellas en el tiro al blanco con un embarazo no deseado.

–¿Esta postura es una posición oficial de Apra como partido?

–Tiene que ver más con los acuerdos del gobierno con un sector de la Iglesia. No creo que el Partido Aprista tenga una posición sustentada sobre el aborto. Es más, he conversado con muchos dirigentes apristas y están de acuerdo con el aborto. Identifican que es un tema de dificultad de acceso a los servicios de salud. Una mujer no se embaraza porque se le da la gana. Y no se embaraza solita. Lo hace por un conjunto de circunstancias donde ese embarazo resulta no siendo deseado.

–¿Qué otros sectores presionan contra estos derechos?

–Mira por ejemplo a esos congresistas que se autodenominan Provida. Están tratando de influir sobre congresistas a nivel latinoamericano para frenar la anticoncepción oral de emergencia, el aborto terapéutico, la despenalización del aborto. No quieren que en sus países se avance en cuanto a la vigencia de estos derechos. En el Perú esos congresistas son muy activos. La congresista Fabiola Morales es muy activa.

–Pero la mayoría de la clase política es indiferente…

–Es cierto, son políticos que no tienen una agenda en contra de estos derechos, pero evitan tocarlos porque los consideran temas controversiales, difíciles de sostener. Creen que están interpretando la opinión de la gente, pero cuando uno mira las encuestas de los últimos cuatro años, a la pregunta: ¿en qué casos estaría de acuerdo con el aborto? Casi todos dicen: “cuando peligre la salud de la madre”, “cuando hay violación”, “cuando hay daños a la vida (eugenésicos)”. Pero ellos nos dicen: es muy difícil el tema, me pone contra la iglesia. No están en contra, tienen miedo. Creen que no les conviene. Y no hablamos de conveniencia política sino de salud pública.

–Quienes se oponen al aborto terapéutico los acusan de hacerlo todo a escondidas…

–Lo que nosotros hacemos es buscar incidencia pública, algo muy distinto al lobby. Nosotros no hacemos lobby, primero porque nos apegamos escrupulosamente a la ley y a la evidencia científica. Y a partir de allí tratamos de generar cambios, pero reclamando un estatus legal. Acá no hay nada soterrado. Ojalá el sistema abriera espacios para discutir este tema…

–Claro, lo ideal sería un debate público.

–¡No tenemos con quién debatir! Estas organizaciones son ONGs como las nuestras. Pero mientras nosotros tenemos registros, estamos supervisados por APCI, presentamos informes cada año, nuestros proyectos son públicos, nosotros no sabemos, por ejemplo, cómo se manejan instituciones como el Population Research Institute que no tiene registro nacional, pero canaliza fondos y no se sabe dónde los declara. Estos grupos conservadores tienen sus propias ONGs, la única diferencia es que no debaten abiertamente y tampoco rinden cuentas.

–¿En qué gobierno se avanzó más en el tema de los derechos reproductivos de la mujer?

–El doctor Eduardo Pretell fue ministro en el gobierno de Paniagua. Él sí reconoció la importancia de la prevención del embarazo y de la anticoncepción oral de emergencia. Pero a veces esa voluntad se estrella en el Poder Judicial, tenemos jueces probos, pero no han faltado los jueces que han dicho mi conciencia no me lo permite: es decir, no se aplica lo que dice la ley, sino su conciencia.  Ahora,  la población sí sabe lo que es anticoncepción oral de emergencia, la mayoría también sabe que es una injusticia llevar a una mujer a un embarazo sabiendo que su salud está en riesgo, hay una mayor sensibilidad. El problema es a nivel de los decisores. Ellos, desde el gobierno, tienen la obligación de cumplir la ley y no lo hacen.

Ejemplo de México

¿Cuánto se ha avanzado en este tema en otros países?

–México se parece mucho al Perú, país religioso con prácticas religiosas masivas y, sin embargo, se ha logrado mantener una postura democrática por la vigencia del Estado laico. Esto era impensable hace 10 años: hoy México tiene la no penalización del aborto hasta los tres meses de embarazo y hay servicios que ofrecen la interrupción legal del embarazo dentro del sistema público de salud. Desde el 2008 cuando se aprobó la ley,  por lo menos 15 mil mujeres han dejado de ir a lugares clandestinos –donde corren peligro de muerte– ahora acuden a servicios seguros del Estado, donde además les dan consejería, les ayudan a encontrar formas más seguras de controlar la fecundidad que recurrir al aborto.

Fuente: http://www.larepublica.pe

Source: Agosto 2009