Peligran programas para la salud sexual y reproductiva de las mujeres

México DF, agosto 09 (CIMAC).- El recorte de 85 mil millones de pesos al gasto público, anunciado como “paliativo” ante la crisis económica, hará que disminuya 69.5 por ciento el subsidio directo al sector salud, lo que significa la reducción de recursos destinados a programas de atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y el riesgo que se contraiga, e incluso desaparezca, el presupuesto etiquetado de género.
Así lo dieron a conocer en conferencia de prensa especialistas en el tema de distribución de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y en salud sexual y reproductiva de la organización civil Fundar Centro de Análisis e Investigación, con base en datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

El ajuste al gasto de salud será de 2 mil millones 511 mil pesos y representará 5 por ciento del recorte al total de las dependencias.

Del recorte a este sector, 69.7 por ciento, que asciende a mil 745 millones de pesos, se realizará en subsidios que se otorgan a distintos segmentos de la sociedad con el propósito de fomentar su desarrollo, lo cual afectará de manera directa el programa de Atención a la salud reproductiva y la igualdad de género en salud, aseveró Daniela Díaz Echeverría, de Fundar.

De acuerdo con Díaz, el recorte al subsidio del sector salud disminuirá de forma alarmante la capacidad de cuatro acciones del ámbito federal para enfrentar la mortalidad materna: la estrategia 100 por 100 (que focaliza en los 125 municipios de más bajo índice de desarrollo humano); Embarazo Saludable, dependiente del Seguro Popular y que ofrece la afiliación inmediata a mujeres en estado de gravidez; Arranque Parejo en la Vida, y la Estrategia Integral para Acelerar la Reducción de la Mortalidad Materna en el país.

Ninguno de ellos cuenta con presupuesto etiquetado en el PEF, detalla Daniela Díaz, también integrante de la Coalición por la salud de las mujeres, agrupación conformada por doce organizaciones mexicanas feministas y de mujeres.

El gasto que ejercen estas estrategias y programas es destinado a la gestión del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud (SS), el cual recibió 552 mil millones 168 mil 858 pesos en 2009, 33.8 por ciento menos que en 2008. 

El recorte al gasto público disminuirá los recursos que percibe el Centro, los cuales son utilizados para “monitorear, sensibilizar y vigilar que se ejecuten las estrategias y programas dirigidos a la atención sexual y reproductiva de las mujeres”, señaló Díaz.

La importancia del Centro, calificado por Daniela Díaz como “un aliado que siempre involucra a la sociedad civil”, radica en que “realiza la gestión política para mantener el tema de salud sexual y reproductiva en la agenda estatal y federal, lo cual tiene que ver con que el tema de mortalidad materna se mantenga como prioritario en el Plan Nacional de Salud, inclusiva en el Plan Nacional de Desarrollo”.

HAY DE RECORTES A RECORTES

Al respecto, Jorge Romero, de Fundar aseveró que con el recorte al presupuesto se ven afectados programas que atienden principalmente a mujeres, porque uno de cada cuatro programas de la SS las impacta directamente por el problema de altas tasas de mortalidad materna en los estados con mayor marginación

“Hay una diferencia entre recortar subsidios a Luz y Fuerza del Centro y subsidios directos a salud, la diferencia está en que cuando se recortan subsidios a salud mujeres en Guerrero y en Oaxaca no tienen acceso a medicamentos o clínicas, incluso a clínicas móviles”, explicó.

En este sentido, recalcó que el documento Ajustes al gasto público federal en los términos del Artículo 21 fracción  III de la Ley de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria, que recién entregó la SHCP, “pone todo en una tabla desde una perspectiva de lo que parece más fácil recortar y descarta  lo que no es prioridad del gobierno recortar, como es el gasto en publicidad, del que sólo reducirán 0.3 por ciento”.

PRESUPUESTO ETIQUETADO

Sobre el daño al presupuesto etiquetado de género (que en 2009 fue de 8 millones 981 mil 600 pesos), Daniela Díaz advirtió que el ajuste al gasto público anunciado por SHCP como paliativo ante la crisis económica que hace más de 10 meses impacta al país, “pone el riesgo de que disminuya o incluso de que desaparezca”, al estar incluido sólo en un anexo del PEF.

Y detalló que el presupuesto etiquetado, el cual se destina a 29 dependencias federales, se ubica en una situación “vulnerable” al ser resultado de la unión de voluntades políticas que lograron colocarlo en el Anexo 9A del PEF, “no está ni siquiera en un artículo se encuentra en una posición fácil de recortar”, aseveró.

Por lo anterior, las y los diputados electos de la LXI Legislatura deberán pugnar para que se incremente el monto que se le asignará al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y al presupuesto etiquetado para 2010. O “al menos no se retroceda en lo que se le dio para este año”, concluyó la especialista de Fundar.

09/GCJ/GG
Por Guadalupe Cruz Jaimes
http://www.cimacnoticias.com

 

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Source: Agosto 2009

El aborto es ilegal en Venezuela pero no lo es dar información sobre él

Reducir la mortalidad materna implica disminuir las causas que la provocan. Causas como los abortos inseguros, practicados por personal no capacitado y en condiciones de insalubridad.

La Iglesia Católica se opone a cualquier revisión del tema y sostiene que “la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción”, tal como lo registra la Conferencia Episcopal Venezolana en su página web. Pero María Teresa Urbina, presidenta de la Asociación de Planificación Familiar, asevera que el aborto “es un problema de salud pública y no religioso. No podemos imponer nuestras creencias. Hay libertad de creencias en el país”.

La asociación desarrolla varios proyectos para la prevención de abortos inseguros.

Plafam y la Maternidad Concepción Palacios iniciaron un programa para suministrar información sobre métodos anticonceptivos a pacientes que se interrumpieron la gestación en entornos de riesgo. “Se quiere extender a mujeres que se embarazaron sin desearlo, y parieron”, señala Urbina. El mismo esquema se desarrolla en las clínicas de Plafam localizadas en el casco colonial de Petare y en Las Acacias, en Caracas.

La presidenta de Plafam reivindica la experiencia de Uruguay, “donde se está dando información sobre cómo realizar un aborto seguro a las pacientes que tiene embarazos no deseados”. En Uruguay, y ahora también en Venezuela, se parte de un principio: “el aborto es ilegal, pero no es ilegal dar información”.

Urbina, con base en su experiencia, pide que nadie juzgue a las mujeres que deciden poner punto final a una gestación. “Ya ellas están sufriendo con el problema que afrontan.

Queremos darles atención integral”.

Aun cuando la Asamblea Nacional no ha abierto el debate sobre el tema, Plafam apoya la despenalización del aborto, en cualquier situación. “Nadie aborta por gusto. La mujer que toma esa decisión, lo hace obligada por las circunstancias. Nadie puede decidir por ella. Se debe respetar su autonomía, no debemos imponer nuestras creencias, porque nosotros somos prestadores de servicios de salud”.

Tanto la Organización Mundial de la Salud como la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia impulsan proyectos para la prevención del aborto inseguro “como una estrategia para que las mujeres no se mueran al someterse a abortos con métodos clandestinos e inadecuados”.

Payasos aclararán dudas. El artículo 50 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente garantiza a los jóvenes el derecho de acceder a una consulta de salud sexual, sin sus padres, madres o representantes. El artículo dice textualmente: “El Estado, con la activa participación de la sociedad, debe garantizar servicios y programas de atención de salud sexual y reproductiva a todos los niños y adolescentes. Estos servicios y programas deben ser accesibles económicamente, confidenciales, resguardar el derecho a la vida privada de los niños y adolescentes y respetar su libre consentimiento, basado en una información oportuna y veraz. Los adolescentes mayores de 14 años de edad tienen derecho a solicitar por sí mismos y a recibir servicios”.

Según estadísticas del Centro Latinoamericano Salud y Mujer, de cada 10 adolescentes latinoamericanos, 6 conocen sobre métodos anticonceptivos pero no los utilizan.

“En Plafam queremos atacar las razones que tienen para no usarlos, tales como la invulnerabilidad (sienten que no les va a pasar nada), los mitos sobre la anticoncepción (los varones creen que al eyacular fuera de la vagina, las muchachas no quedarán embarazadas)”, puntualiza Urbina.

Como parte de un programa especial destinado a aclarar dudas a los jóvenes del área metropolitana de Caracas, Plafam recurrió a los actores y actrices de Doctor Yaso, agrupación que se dedica a alegrar a los niños hospitalizados en el país. A partir de septiembre, estudiantes de liceos y colegios podrán participar en las funciones que se realizarán (gratuitamente) en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, y en las cuales se hablará francamente acerca de las falsas creencias sobre las relaciones sexuales y el embarazo.

La educación sexual también es una materia pendiente en el país, pero en proceso de “reparación”: ya se instalaron las mesas técnicas para revisar los contenidos educativos; esto, con la participación del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Avesa, Plafam y otras organizaciones no gubernamentales.

Fuente: http://www.entornointeligente.com

 

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Source: Agosto 2009

El Aborto es un Derecho de toda Mujer

El derecho a elegir es solamente uno de los aspectos del tema mucho más amplio de los derechos reproductivos, es decir, el derecho de la mujer a controlar su cuerpo y su vida reproductiva. A pesar de que en las décadas recientes la batalla se ha centrado alrededor del derecho al aborto, los derechos reproductivos incluyen mucho más que el derecho a terminar un embarazo no deseado, involucrando también el derecho a tener hijos frente a los programas racistas de esterilización dirigidos a los afro americanos, nativos americanos y discapacitadas a lo largo de gran parte del siglo XX en los EE.UU.

Las latinas eran frecuentemente obligadas a firmar formularios de consentimiento en inglés en vez de en español, y fueron esterilizadas frecuentemente sin su conocimiento. Hacia 1968, un tercio de todas las mujeres en Puerto Rico–todavía una colonia de los EE.UU.–habían sido esterilizadas permanentemente. Hoy en día, los programas racistas de esterilización continúan dirigiéndose a hombres y mujeres de raza negra o mestiza de los países pobres de todo el mundo bajo el nombre de “control de la población.”

La libertad reproductiva implica también el derecho al aborto de las mujeres pobres. Incluso aunque el aborto sea ilegal, las mujeres de alto nivel socio económico tienen a su alcance, y siempre han tenido, el dinero y los médicos privados para hacerse abortos; mientras que las mujeres pobres deben enfrentar la decisión de llevar a término un embarazo no deseado o arriesgar sus vidas en un aborto inseguro e ilegal.

Muchas mujeres pobres y de la clase trabajadora mueren cuando el aborto es ilegal. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 78.000 mujeres mueren cada año en el mundo por abortos inseguros.

En los EE.UU. antes de que el aborto fuera legalizado en 1973, muchas mujeres morían por complicaciones en los abortos. En Nueva York, el 50% de estas mujeres que morían tras un aborto ilegal eran de raza negra, mientras que las puertorriqueñas representaban el 44%.

Desde los años 70, muchos de los mismos estados que se opusieron a que Medicaid se hiciera cargo de los costos de los abortos de mujeres pobres no han tenido ningún problema en esterilizarlas gratuitamente. Esta es la razón por la cual los derechos reproductivos, es decir el derecho a decidir si tener hijos o no, no es solamente un asunto de mujeres. Es también un asunto de clase, un asunto racial, un asunto de justicia global.

La cruzada de los reaccionarios

Las organizaciones de derecha con nombres como el de “Mayoría Moral” (Moral Majority) no son ni moralmente superiores ni representan nada cercano a la mayoría de la población. Representan sí a una minoría extremadamente bien financiada, con “amigos” en los lugares de poder como el Congreso y la Casa Blanca.

Por supuesto, estos derechistas -George W. Bush incluido-, sostienen su oposición al aborto con argumentos piadosos aduciendo “la santidad de la vida” y “la santidad del matrimonio.” Pero son unos hipócritas. Newt Gingrich por ejemplo–uno de los principales portavoces en favor de la “santidad del matrimonio”–va ya por el tercero.

Su cruzada es política, no moral. La moralidad es personal. Aquellos que se oponen al aborto deberían ser capaces de escuchar a su propia conciencia y, al mismo tiempo, permitir que otra gente escuche la propia.

Nadie en el movimiento “pro-elección” (pro-choice) ha sugerido que alguien que personalmente se oponga al aborto deba ser forzado a practicar uno. Sin embargo, el objetivo de la cruzada anti-aborto es imponer, por ley, un conjunto de valores morales muy conservadores al resto de la población.

El ascenso de la derecha cristiana

La Derecha Cristiana tiene sus orígenes en la Nueva Derecha de los años 80 que originalmente no pretendió de ninguna manera basarse en motivaciones religiosas. La observación del programa de la Nueva Derecha destruye el mito que sostiene que estos sectores creían en la santidad de la vida humana. Este programa incluía, por ejemplo, el apoyo a la pena de muerte, las armas nucleares y masivos recortes al gasto social.

El diputado derechista Bob Dornan (republicano por California) llegó incluso a apoyar la “Enmienda por la Vida Humana”, que habría prohibido el aborto bajo cualquier circunstancia, sin excepciones por violación, incesto o riesgo de muerte de la madre al dar a luz. Todo para respetar la vida humana.

La Nueva Derecha se formó para oponerse a todos los triunfos logrados por los movimientos sociales de los 60, no solamente los movimientos de mujeres, sino también el “Poder Negro” (Black Power) y los movimientos por la liberación de los homosexuales. La Nueva Derecha reunió en los años 80 a protestantes fundamentalistas y antiguos segregacionistas.

No es ninguna coincidencia que el 9 de Diciembre de 2002, en la fiesta de cumpleaños del ya fallecido Strom Thurmond, Trent Lott–quien pelea diariamente por imponer el programa de la Derecha Cristiana en el Congreso–declarara su admiración por la campaña presidencial de Thurmond en 1948 cuyo centro era la oposición a la integración. “Estamos orgullosos de ello” dijo Lott. “Y si el resto del país hubiera seguido nuestro camino, no tendríamos todos los problemas que hemos tenido durante estos últimos años.”

La oposición al aborto de la Nueva Derecha, y ahora también la de la Derecha Cristiana, se originó en este contexto. Estos derechistas se oponen a todos los aspectos relacionados con los derechos de la mujer y creen que el incremento del número de mujeres en la fuerza laboral, juntamente con el aborto, son los responsables de la destrucción de la familia nuclear “tradicional.”

Se podría argumentar que el ideal de “familia tradicional,” el del marido que gana el pan y la esposa que se queda en su casa, jamás ha existido realmente dado que muchas mujeres de la clase trabajadora han trabajado siempre fuera de su casa. Pero este ideal, de los programas de televisión “Ozzie y Harriet” y “Leave it to Beaver,” fue la base de la época reaccionaria de los 50. Y ésa es exactamente la época a la cual las fuerzas de la Derecha Cristiana quieren volver.

En los 80, la piedra fundamental de la Nueva Derecha era no solamente la oposición al aborto, sino también a la “Enmienda por la Igualdad de Derechos” (Equal Rights Amendment, ERA) que había establecido la igualdad constitucional de mujeres y hombres. La organización “Stop ERA” liderada por Phyllis Schlafly se opuso tan fervientemente a esta enmienda como la organización “Derecho Nacional a la Vida” (Nacional Right to Life) se opuso al aborto.

En los 90, la Derecha Cristiana apoyó la llamada “reforma” del estado de bienestar de Bill Clinton que empujó a millones de familias, mujeres y niños a una mayor pobreza, y trabajó a favor de programas que fomentaban la abstinencia entre los adolescentes. Hoy, la Derecha Cristiana no solamente está detrás del apoyo de Bush a la prohibición del casamiento entre homosexuales y sus ataques contra el aborto, sino también del programa, que costará mil quinientos millones de dólares, para promover el matrimonio en las áreas donde viven pobres de raza negra, donde se cree que la familia tradicional está más amenazada por el fenómeno de las madres solteras.

¿La familia de quién? ¿Los valores de quién?

Vale la pena preguntar por qué la Derecha Cristiana está tan apegada a ese ideal rígido de la familia tradicional cuando sólo el 9% de las familias de los EE.UU. cumple con este modelo. ¿Por qué su idea de los “valores familiares” no puede evolucionar para reflejar los cambios reales en las vidas de las personas?

Hoy en día la mayoría de las mujeres forma parte de la fuerza de trabajo, y la mitad de todos los matrimonios termina en divorcio. Y la demanda del matrimonio homosexual es el resultado de que parejas del mismo sexo estén eligiendo vivir juntas y criar una familia.

La Derecha Cristiana no puede adaptarse a estos cambios porque la clase dirigente se apoya en la familia nuclear heterosexual no como una institución “moral” sino como una unidad económica central para el capitalismo. Mientras políticos como Bush y Lott actúan como portavoces de la Derecha Cristiana, demócratas como Bill Clinton y John Kerry también hablan de “valores familiares.”

No fue un accidente que Bill Clinton firmara el “Acta de Defensa del Matrimonio” en 1996 y promoviera la abstinencia entre los adolescentes mientras fue presidente.

Estaba intentando apaciguar a la Derecha Cristiana. Tanto Republicanos como Demócratas representan intereses corporativos y sostienen a la familia nuclear como una institución que es central a la sociedad capitalista.

Preservar la institución de la familia nuclear, y, más importante, el trabajo no remunerado de la mujer dentro de ella, es un beneficio material para el sistema. Ya sea que trabajen fuera de la casa o no, dentro de la familia las mujeres se dedican al trabajo de la casa, a cocinar, lavar la ropa y cuidar a los hijos, trabajo que es gratis y por lo tanto invalorable para la existencia del sistema capitalista.

Electoralismo sin salida

El programa político de la Derecha Cristiana es volver el reloj atrás. Estados a todo lo largo de los EE.UU. han sancionado cientos de leyes que limitan el derecho de la mujer a elegir, imponiendo períodos de 24 horas, exigiendo que los adolescentes obtengan el consentimiento de sus padres incluso en familias abusivas, y rechazando la financiación estatal de abortos a mujeres pobres aún en los casos de que tengan cáncer o diabetes.

En noviembre, el ataque contra el aborto alcanzó el ámbito federal cuando el Congreso aprobó la prohibición de llevarlo a cabo mediante la dilatación del cuello uterino y extracción del feto intacto (intervención quirúrgica que la derecha tacha deliberadamente de “aborto por nacimiento parcial”) sin una cláusula para proteger la salud de la mujer embarazada. El Senado ha sancionado el 25 de marzo la “ley de Víctimas no natas de la violencia”, que tipifica como crimen el dañar el feto de una mujer embarazada.

Pero debemos hacer una pregunta: ¿Cómo ha podido la Derecha Cristiana cambiar el clima político con tanto éxito? La respuesta es simple. La cruzada anti-aborto ha estado basada en una estrategia que promueve la falsa impresión de que la mujer elige el aborto por razones frívolas, y “egoístamente” demora los abortos por su propia conveniencia.

Pero si la Derecha Cristiana ha estado continuamente haciendo campaña para erosionar el derecho a elegir–con miles de manifestantes protestando fuera de las clínicas de abortos–no puede decirse lo mismo del movimiento a favor del aborto legal. En lugar de montar una defensa del derecho de la mujer a controlar sus propios cuerpos, los líderes de este movimiento han gastado la mayor parte de su dinero y de su tiempo haciendo campaña por demócratas que apoyan este tipo de políticas.

Sin embargo, el noviembre pasado, 63 demócratas en la Cámara Baja y 11 en el Senado–muchos de ellos a favor del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo–votaron a favor de la mal llamada ley que prohíbe “el aborto por nacimiento parcial.” En marzo, 47 demócratas se unieron a los republicanos para votar a favor de la “ley de Víctimas no natas de la violencia”. Estos resultados demuestran el fracaso de la estrategia electoral del movimiento a favor del aborto legal.

También es necesario preguntar por qué este movimiento no forzó a Clinton a cumplir su promesa de campaña de sancionar la ley por la libertad de elección (Freedom of Choice Act), y por qué no reaccionó cuando dejó a las mujeres pobres fuera del sistema de protección. Clinton no expresó desaprobación alguna cuando los derechistas aprobaron leyes estatales en todo el país requiriendo el consentimiento de los padres o su notificación, y una gran cantidad de otras restricciones a los derechos de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.

Durante el primer mandato de Clinton como presidente, el Congreso tuvo el récord de votos anti-libre elección de la historia. La única vez que Clinton le prestó atención al tema del aborto fue en su segundo mandato, esta vez para promover la abstinencia sexual entre los adolescentes con el objetivo de disminuir la tasa de abortos del país.

La presidencia de Clinton demostró que no se puede confiar en los políticos para defender el derecho al aborto más allá de cuál sea su retórica de campaña.

¿Qué clase de movimiento?

Si la estrategia electoral ha sido un fracaso, ¿qué clase de movimiento se necesita para dar vuelta las cosas? El movimiento de base a favor del matrimonio homosexual está mostrando el camino.

En los últimos meses, miles de activistas alrededor del país en favor de los derechos de los homosexuales han resucitado estrategias del movimiento por los derechos civiles y han rechazado aceptar un No por respuesta al demandar la licencia para casarse. De repente, el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, que parecía imposible unos meses atrás, parece estar al alcance.

Esto demuestra cuán rápido el clima político puede cambiar cuando un movimiento de base empieza a presentar batalla. También podemos aprender una lección de los movimientos de mujeres de los 60 y 70–el movimiento que ganó el derecho a elegir en primer lugar.

En aquel momento, Richard Nixon, un derechista tan anti-aborto como George W. Bush, ocupaba la Casa Blanca, y la Corte Suprema estaba llena de jueces conservadores. Aún más, el primer estado en legalizar el aborto fue California en 1970, cuando era gobernador nada menos que Ronald Reagan.

Entre 1969 y 1973, decenas de miles de mujeres y hombres organizaron cientos de protestas a lo largo de los EE.UU., haciendo del derecho de la mujer a elegir la demanda central del movimiento por la liberación de la mujer, junto con exigencias de igual salario, guarderías para los niños, y el fin de la discriminación. Hoy necesitamos un activismo que construya un tipo de movimiento que pueda unir el derecho a elegir con los plenos derechos reproductivos de todas las mujeres. Esto se puede convertir en un movimiento que no aceptará nada que no sea la completa igualdad.

La gente real está viviendo vidas que son completamente diferentes a los llamados valores familiares de la Derecha Cristiana. Una de cada tres mujeres hoy ha tenido un aborto. La mayoría de las personas conocen hoy a alguien que ha necesitado uno.

Somos la mayoría, la Derecha Cristiana no lo es. El movimiento a favor del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo debe luchar contra todo lo que la Derecha Cristiana representa. Un movimiento como éste, que defiende el derecho al aborto sin excepción, encontrará millones de personas de su lado.

Por Sharon Smith

Traducido por Cora Fernández Anderson y revisado por Fernando Soler.

Fuente: http://terroristatercermundista.ticoblogger.com/

Source: Agosto 2009

“El gobierno tiene una posición cucufata e ignorante frente al aborto terapéutico”

Directora de la organización Promsex y una de las voceras del movimiento que promueve la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, Susana Chávez hace aquí un balance de la campaña desplegada para que se aplique el aborto terapéutico cuando la vida y la salud de una mujer gestante corren peligro. Sus esfuerzos, así como los obstáculos y prejuicios con los que han tropezado –buscando que en el Perú se cumpla lo que la ley ordena– son reseñados por ella en las siguientes líneas.

Por Mario Munive

Ustedes luchan por que se aplique la interrupción legal del embarazo cuando la vida de la madre está en riesgo. ¿Qué responden cuando les llaman “abortistas”?

–Nadie quiere el aborto. Para ninguna mujer es una alegría caminar hacia el aborto. Siempre el aborto es una situación de último recurso, una decisión difícil y conflictiva, así sea legal causa mucho conflicto interno.

–¿No se sienten pro abortistas?

–No somos para nada pro abortistas porque lo que más quisiéramos es que las mujeres no lleguen al aborto. Por eso peleamos a favor de una planificación familiar. Por eso hemos peleado tanto por la anticoncepción oral de emergencia. Por eso hemos insistido tanto en la educación sexual. Lo que quisiéramos es que las y los adolescentes tengan otras opciones de desarrollo para que inicien lo más tarde posible su vida sexual, es decir, queremos desarrollar una cultura de sexualidad sana y responsable. La joven que no quiere tener relaciones tiene que estar protegida, nadie la puede obligar, debe estar garantizada su derecho de decir no. Necesita tener información, necesita tener acceso a métodos anticonceptivos, porque la cultura sexual es parte de nuestra vida, no hay nadie que no tenga cultura sexual, pero esta debe ser una cultura sexual enriquecedora.

–¿Cuál es la posición del gobierno frente a todo lo que señalas?

–El gobierno tiene una posición restrictiva, cucufata y además ignorante en el tema. Restrictiva porque niega los derechos de sus propios ciudadanos, niega derechos que el Estado ha asumido. Tenemos, por ejemplo, una Ley General de Población que dice, los embarazos tienen que ser deseados, todos tienen derecho a elegir su fecundidad, todos tienen derecho a decidir qué método anticonceptivo usar, todos tienen derecho a tener una maternidad voluntaria, todo eso se dice, pero hay un Estado incapaz de cumplir esa norma. Es cucufato porque recurre a medidas que no tienen evidencia científica,  son fruto del prejuicio, de un moralismo absurdo y un irrespeto a las decisiones de las personas. Es ignorante, porque no usa la evidencia para la política pública, es lo más primitivo que puede haber.

–¿Cuánto se ha avanzado en difundir la necesidad del aborto terapéutico en el Perú?

–Lo que se ha avanzado es fruto del trabajo de los médicos y de las activistas por los derechos reproductivos, mas no por parte del Estado. Por allí estamos retrocediendo. Los proveedores de salud tienen temor de actuar. Conocemos, por ejemplo, de un nuevo caso: una niña de 13 años que llegó a Pucallpa víctima de la violación de un familiar. Esta niña se intentó suicidar con veneno, cuando lo hace tenía 9 semanas de embarazo. Los médicos tratan el envenenamiento y de manera increíble la mandan a su casa. Pero resulta que son ya 3 veces las que intenta suicidarse. No se dan cuenta de que esta niña tiene un grave desorden emocional y tiene 27 semanas de embarazo. Este es un típico caso de salud mental que no es atendido ni reconocido como un problema. Y esto ocurre por la indiferencia del Ministerio de Salud que no genera un soporte para que los médicos actúen como deberían actuar.

–¿Los médicos no se sienten respaldados por el ministerio?

–Quien señala la necesidad de un aborto terapéutico es el médico. Si voy a consulta con un embarazo –puede ser que sea una gestación deseada–, es el médico quien identifica que este embarazo tiene un alto riesgo para mi salud. Es el médico el que debe darme información. Pero no ocurre aquí: como el médico no está consciente que tiene la obligación de informar a la persona, se inhibe, no actúa. Dice ‘esto no es legal’, pero eso no es cierto, el aborto terapéutico es absolutamente legal. ¿Quién contribuye a este grado de desinformación? Es el propio Ministerio de Salud. El ministro no asume su responsabilidad.

–¿No ha dado ninguna señal sobre este tema?

–Ha dicho que antes de su salida va a dejar aprobado el protocolo de aborto terapéutico. Pero hacerlo antes de su salida significa dejar una medida con muy alta vulnerabilidad, es no darle ningún respaldo político. Quiere quedar lo mejor posible pero dejando en la orfandad una decisión que seguramente va a tener muchos ataques.

–Esperaba más del ministro Ugarte…

–Pensar en un salubrista es pensar en alguien que tiene una experiencia en salud muy cercana a los sectores pobres, alguien que ha trabajado en proyectos nacionales importantes, que conoce lo que ocurre en la realidad sanitaria. Por eso uno esperaría su comprensión del tema; porque cada vez que su sector desabastece de métodos anticonceptivos a las mujeres pobres de este país, las coloca a ellas en el tiro al blanco con un embarazo no deseado.

–¿Esta postura es una posición oficial de Apra como partido?

–Tiene que ver más con los acuerdos del gobierno con un sector de la Iglesia. No creo que el Partido Aprista tenga una posición sustentada sobre el aborto. Es más, he conversado con muchos dirigentes apristas y están de acuerdo con el aborto. Identifican que es un tema de dificultad de acceso a los servicios de salud. Una mujer no se embaraza porque se le da la gana. Y no se embaraza solita. Lo hace por un conjunto de circunstancias donde ese embarazo resulta no siendo deseado.

–¿Qué otros sectores presionan contra estos derechos?

–Mira por ejemplo a esos congresistas que se autodenominan Provida. Están tratando de influir sobre congresistas a nivel latinoamericano para frenar la anticoncepción oral de emergencia, el aborto terapéutico, la despenalización del aborto. No quieren que en sus países se avance en cuanto a la vigencia de estos derechos. En el Perú esos congresistas son muy activos. La congresista Fabiola Morales es muy activa.

–Pero la mayoría de la clase política es indiferente…

–Es cierto, son políticos que no tienen una agenda en contra de estos derechos, pero evitan tocarlos porque los consideran temas controversiales, difíciles de sostener. Creen que están interpretando la opinión de la gente, pero cuando uno mira las encuestas de los últimos cuatro años, a la pregunta: ¿en qué casos estaría de acuerdo con el aborto? Casi todos dicen: “cuando peligre la salud de la madre”, “cuando hay violación”, “cuando hay daños a la vida (eugenésicos)”. Pero ellos nos dicen: es muy difícil el tema, me pone contra la iglesia. No están en contra, tienen miedo. Creen que no les conviene. Y no hablamos de conveniencia política sino de salud pública.

–Quienes se oponen al aborto terapéutico los acusan de hacerlo todo a escondidas…

–Lo que nosotros hacemos es buscar incidencia pública, algo muy distinto al lobby. Nosotros no hacemos lobby, primero porque nos apegamos escrupulosamente a la ley y a la evidencia científica. Y a partir de allí tratamos de generar cambios, pero reclamando un estatus legal. Acá no hay nada soterrado. Ojalá el sistema abriera espacios para discutir este tema…

–Claro, lo ideal sería un debate público.

–¡No tenemos con quién debatir! Estas organizaciones son ONGs como las nuestras. Pero mientras nosotros tenemos registros, estamos supervisados por APCI, presentamos informes cada año, nuestros proyectos son públicos, nosotros no sabemos, por ejemplo, cómo se manejan instituciones como el Population Research Institute que no tiene registro nacional, pero canaliza fondos y no se sabe dónde los declara. Estos grupos conservadores tienen sus propias ONGs, la única diferencia es que no debaten abiertamente y tampoco rinden cuentas.

–¿En qué gobierno se avanzó más en el tema de los derechos reproductivos de la mujer?

–El doctor Eduardo Pretell fue ministro en el gobierno de Paniagua. Él sí reconoció la importancia de la prevención del embarazo y de la anticoncepción oral de emergencia. Pero a veces esa voluntad se estrella en el Poder Judicial, tenemos jueces probos, pero no han faltado los jueces que han dicho mi conciencia no me lo permite: es decir, no se aplica lo que dice la ley, sino su conciencia.  Ahora,  la población sí sabe lo que es anticoncepción oral de emergencia, la mayoría también sabe que es una injusticia llevar a una mujer a un embarazo sabiendo que su salud está en riesgo, hay una mayor sensibilidad. El problema es a nivel de los decisores. Ellos, desde el gobierno, tienen la obligación de cumplir la ley y no lo hacen.

Ejemplo de México

¿Cuánto se ha avanzado en este tema en otros países?

–México se parece mucho al Perú, país religioso con prácticas religiosas masivas y, sin embargo, se ha logrado mantener una postura democrática por la vigencia del Estado laico. Esto era impensable hace 10 años: hoy México tiene la no penalización del aborto hasta los tres meses de embarazo y hay servicios que ofrecen la interrupción legal del embarazo dentro del sistema público de salud. Desde el 2008 cuando se aprobó la ley,  por lo menos 15 mil mujeres han dejado de ir a lugares clandestinos –donde corren peligro de muerte– ahora acuden a servicios seguros del Estado, donde además les dan consejería, les ayudan a encontrar formas más seguras de controlar la fecundidad que recurrir al aborto.

Fuente: http://www.larepublica.pe

Source: Agosto 2009

De erradicar el aborto inseguro depende alcanzar la meta del milenio

Algo está muy claro para Luis Távara, presidente del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (Flagso): “Si no se ataca el aborto inseguro, será muy difícil alcanzar la Meta del Milenio de reducir las muertes maternas en tres cuartas partes”.

Esta afirmación tal vez cae mal a los sectores antiaborto, pero Távara, quien es médico con más de 30 años de experiencia en salud sexual y reproductiva, insiste en que el aborto “aún representa una causa importante de muertes maternas en el mundo y de gran cantidad de dolencias sobre la salud de las mujeres”.

Távara forma parte del equipo de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia que ejecuta proyectos para disminuir las muertes de mujeres relacionadas con la interrupción de la gestación.

“La Federación viene desarrollando una iniciativa importante en el mundo, que se llama Prevención del Aborto Inseguro, con el propósito de reducir en forma importante las muertes de las mujeres, así como las graves consecuencias sobre su salud”, señala.

–¿Cuál es la justificación de esos proyectos? –La justificación de este proyecto radica en que nadie quiere que haya más abortos.

Se trata de reducir a cero las muertes y eliminar, además, las posibilidades de que las mujeres pasen por la experiencia de un aborto.

El misoprostol es un medicamento utilizado por algunas mujeres para provocarse la interrupción del embarazo. Su uso, afirma Távara, “dependerá de la legislación de cada país.

De hecho, es un medicamento que tiene un efecto abortivo y ha reducido claramente en el mundo la necesidad de intervenciones quirúrgicas para un aborto. También ha reducido las complicaciones (sobre todo las infecciones) como consecuencia del aborto. El cómo se use dependerá de la decisión soberana de cada país”.

Ayudar a las mujeres –¿Está la Federación Internacional promoviendo el aborto? –La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia no promueve el aborto.

Muy por el contrario, se trata de evitarlo. Por ejemplo, con el fortalecimiento de los programas de educación sexual y los de anticoncepción, con la extensión y mejora de la atención humanizada a las mujeres que abortan; esto, mediante una atención rápida en los establecimientos de salud con consejería, oferta y entrega de anticonceptivos posaborto para evitar una recurrencia.

–Si el aborto es ilegal en Venezuela, ¿cómo se propone la Federación ayudar a las mujeres que se lo practican? –Hasta donde yo conozco, la legislación en Venezuela acepta el aborto provocado sólo cuando está en peligro la vida de las mujeres. Pero aparte de atender esta condición, a las mujeres se les debe ayudar anticipándose a la ocurrencia de un embarazo mediante los servicios de planificación familiar. Si la mujer ya abortó y asiste a un establecimiento de salud, se le debe atender en forma humanizada teniendo el cuidado de ofrecerle y entregarle anticonceptivos antes de que se vaya de alta.

–¿Cuáles son las determinantes de los embarazos no deseados en cuanto al acceso a los métodos anticonceptivos y la educación sexual? –Un embarazo no planeado o no deseado es aquel que ocurre sin la expresa voluntad de la mujer, o que la sorprende sin haberlo organizado. Ocurre porque las mujeres ya no quieren tener más hijos de los que ya tienen; porque han sido víctimas de abuso sexual, aún al interior de su propia relación conyugal; porque no pueden acceder a métodos anticonceptivos o porque fallaron los anticonceptivos que usaban.

–¿Cuál es el perfil de las mujeres que se practican abortos inseguros en el continente? –No existe ningún perfil para las mujeres que abortan en el continente. Cualquier mujer en el mundo corre el riesgo de que en algún momento de su vida pueda tener un embarazo que no desea o que representa una amenaza para su salud.

Esta mujer, en consecuencia, tiene el riesgo de presentar un aborto inseguro, cualquiera fuera su condición social, económica o de otro orden

Fuente: http://www.entornointeligente.com

Source: Agosto 2009

Minsa logra incrementar la atención del parto en zonas rurales al 58%

Lima, (Press Perú).- El Perú desde hace varios años ha focalizado su atención hacia la reducción de la mortalidad materna y perinatal, afirmó la Coordinadora de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud (Minsa), Dra. Lucy Del Carpio, tras informar que se ha logrado incrementar la atención del parto en zonas rurales y altoandinas al 58%, cuando antes alcanzaba el 24%.

“La atención del parto en zona rural en el 2000 era del 24%, ahora estamos en el 58%, entonces se ha registrado un buen incremento del parto y de la atención prenatal. Es decir, se está disminuyendo la muerte materna y perinatal. Pero es un proceso, que todavía se está alcanzado gradualmente, entendamos que nuestra realidad territorial y climatológica es muy diferente a otros países”, citó la experta.

En ese sentido, comentó que siendo el Perú un país con un contraste territorial y climatológico en la costa, sierra y selva, a diferencia de otros países planos como Canadá y Uruguay, las mujeres deben afrontar muchas barreras para acceder al establecimiento de salud más cercano, por lo que el Minsa ha elaborado el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Mortalidad Materna y Perinatal 2009-2015.

“Nosotros hemos creado inclusive una guía de atención en varias lenguas nativas peruanas, para que las mujeres se sientan identificadas en cada puesto, centro de salud u hospital. Además, se continúa en la atención del Parto Vertical, propio de las zonas altoandinas, y el funcionamiento de las Casas de Espera”, agregó.

Adicionalmente, explicó que gracias a una directiva del Sector Salud, se ha logrado identificar las necesidades de cada región, donde se mide cada capacidad de respuesta obstétrica y las brechas que deben superarse.

Tras informar que a nivel nacional el Minsa cuenta con siete mil establecimientos, destacó que gracias a la implementación del Plan de Aseguramiento Universal de Salud en diversas regiones del país, se van a equipar los servicios obstétricos y de planificación familiar, que mejorará la atención y tratamientos de mujeres en edad fértil y de las gestantes.

“Justamente con el Aseguramiento Universal de Salud, en este momento estamos terminando de armar la base de todas las necesidades de las regiones que van a intervenirse con este plan, como es Ayacucho, Andahuaylas, Huancavelica, las zonas del VRAE, como es Cusco, Junín, algunas zonas de San Martín, Piura, Lambayeque, y La Libertad, en todos ellos inmediatamente se les va a equipar los servicios relacionados a la Salud Sexual y Reproductiva”, señaló Del Carpio.

Finalmente, indicó que se está trabajando con la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), también del sector Salud, para el abastecimiento de medicamentos en dichas zonas, con quien se han creado paquetes para proveer en los establecimientos de salud los medicamentos necesarios para las emergencias obstétricas, como hemorragias, hipertensión e infección.

Fuente:  http://www.pressperu.com

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Source: Agosto 2009

El aborto inseguro le cobra la vida a una venezolana cada semana

Embarazada y aborté. Recién estaba perdiendo la virginidad. Yo era muy inexperta. Mi pareja y yo siempre nos cuidábamos con preservativo, pero esa vez no lo usamos. Creo que quedé embarazada por descuido de los dos. Después de tener relaciones sexuales, tomé la pastilla del día siguiente, como ocho horas después, pero no me funcionó.

Mucho de venezolana posee Fernanda Domínguez: Como ella, miles de mujeres del país no utilizan métodos anticonceptivos. De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, sólo 16 de cada 100 mujeres se cuidan de un embarazo no deseado.

Tres años después de acudir a un consultorio médico para abortar, Fernanda todavía traga grueso si le toca hablar del tema.

Cuando me entregaron los resultados de la prueba de laboratorio no podía creerlo. Claro, yo sospechaba que algo no estaba bien porque soy un reloj con las menstruaciones. Por si acaso, me repetí la prueba varias veces, en laboratorios distintos. En todos, el mismo resultado: positivo. Yo no estaba decidida a abortar, pero tampoco quería tener un hijo por accidente. Mi pareja tampoco quería que lo tuviera, y actuó de manera muy agresiva. Mi mamá me apoyó. Sin ella, no hubiera salido adelante. El aborto en Venezuela sigue siendo ilegal. “La única forma de interrumpir el embarazo es si la vida de la madre se encuentra en peligro”, acota Rogelio Pérez, integrante de la junta directiva de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. Para la Organización Mundial de la Salud, el aborto es inseguro cuando lo efectúa personal no entrenado y en condiciones no adecuadas.

Me he dado cuenta de que a muchas amigas mías también les pasó lo mismo. Muchas lo viven sin apoyo de nadie, indefensas. Las que no tienen recursos para ir a un consultorio, optan por una pastilla (misoprostol) o se meten en cualquier hueco y arriesgan su vida.

Tal como lo registra el Ministerio de Salud, una mujer fallece semanalmente en Venezuela por abortar en condiciones inseguras. En el año 2006 murieron 55 venezolanas por esta causa; más de la mitad (33) debido a infecciones y hemorragias.

“Las mujeres que tienen los medios, pagan y se hacen la interrupción con seguridad”, enfatiza Rogelio Pérez. Las otras, las que no poseen dinero para costear una consulta, “siguen pasando por muchas dificultades”.

Ganchos de ropa, sondas, ramas de perejil introducidas en el útero, lavados con jabón azul. Recursos desesperados que provocan, sí, la pérdida del feto, pero también infecciones generalizadas o ruptura de la matriz. Si la paciente se salva, puede sufrir obstrucción de las trompas de Falopio y esterilidad. La experiencia de la Maternidad Concepción Palacios indica que esto cada vez ocurre menos, porque las mujeres saben que pueden usar algunos productos farmacológicos para provocarse el aborto.

Estos son, afirma la OMS, algunos ejemplos de aborto inseguro: beber trementina, blanqueadores o té elaborado con estiércol de ganado; inserción en la vagina de preparados con hierbas; colocación de cuerpos extraños (como palos, ganchos de ropa o huesos de pollo) dentro del útero; saltar desde lo alto de una escalera o de un tejado.

Como ya había cometido un error al quedar embarazada, traté de que la interrupción fuese algo responsable. Amigas y conocidos me dijeron que había pastillas, misoprostol. Pero todo me daba miedo porque era muy inseguro. Por eso opté por un especialista, un médico ginecólogo y obstetra. Llegué a él gracias a una amiga a quien le había ocurrido lo mismo. El médico me inspiró confianza, me explicó todo con ayuda de libros. Me hicieron la interrupción por aspiración. No fue doloroso ni traumático. ¡Ni siquiera sangré! Me fui a mi casa inmediatamente, y trabajé al día siguiente. Tenía 3 semanas de embarazo.

Cuando me hicieron la interrupción sentí alivio, pero días después tuve una crisis depresiva. Leía cosas que me hacían sentir culpable. Sentía que le fallé a mi familia, que me fallé a mí misma. Sentí que maté a un ser humano inocente, me estuve torturando con eso. Tuve que ir a un psiquiatra y tomar antidepresivos. Las restricciones legales al aborto no reducen su incidencia, concluye la Organización Mundial de la Salud. Un documento advierte: “Donde el aborto es legal y permitido, es generalmente seguro, y donde es ilegal en muchas circunstancias, es usualmente inseguro”.

Cada año se realizan 4.000 curetajes en la Maternidad Concepción Palacios (datos oficiales del año 2003). En el trabajo Diagnóstico Situacional del Aborto en Venezuela, el ginecólogo y obstetra Manuel Arias alerta que la mayor parte de estas mujeres egresa del centro asistencial sin un método anticonceptivo y sin información al respecto, por lo que posiblemente volverán a practicarse un aborto.

A título personal, y con base en su experiencia como ginecólogo, Rogelio Pérez plantea modificar el Código Penal. “No hablamos de legalizar, pero sí, de flexibilizar el aborto. Es darle la opción a la mujer en casos de violación y malformaciones fetales incompatibles con la vida”. En opinión del médico, esto debe ser abordado como un problema de salud pública y no religioso: “No pretendemos meternos en las consideraciones religiosas de cada quien”.

Una propuesta similar quedó engavetada en la última revisión del Código Penal.

Han pasado tres años, y puedo decir que lo he superado poco a poco. Es lo mejor que he hecho en mi vida, aunque siempre es como una cicatriz. Yo no estaba preparada para tener un hijo así, sola, sin padre. La decisión de abortar fue muy difícil, pero defiendo el derecho a tomarla. Defiendo que se despenalice el aborto en ciertas condiciones; por ejemplo, en los primeros tres meses. La mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Esto debe ser una política de salud pública, y no un asunto religioso.

Fuente: entornointeligente.com

Source: Agosto 2009

"Más información, menos riesgo"

“Más información, menos riesgo”, es el lema de una reciente campaña que tiene como meta brindar información sobre la interrupción del embarazo con uso de medicamentos, iniciativa a cargo del colectivo Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto.

La campaña consiste en brindar información sobre el aborto con misoprostol y anticoncepción de emergencia, mediante una línea telefónica: (011) 15 66 64 70 70, la cual funcionará de lunes a jueves de 09:00 a 15:00 y viernes, sábados y domingos de 18:00 a 12:00 horas.

Esta iniciativa surge de la “necesidad de poner información segura en manos de las mujeres que no tienen acceso a ella por cuestiones de raza, clase, acceso a la educación o están alejadas de las ciudades”, sostiene a SEMlac Verónica Marzano, vocera de la campaña.

Aclara que se trata de datos públicos, emanados de organismos como la Organización Mundial de la Salud y la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG) y publicados en revistas científicas e Internet.

El misoprostol se utiliza para la protección gástrica de personas que toman antiinflamatorios por tiempo prolongado y —al menos en Argentina— su venta es bajo receta.

Según un estudio realizado por médicos de FLASOG en 2008, “el misoprostol se convirtió, en muchos países, aún sin estar aprobado para ese uso, en uno de los principales medicamentos utilizados para provocar un aborto, para la maduración del cuello uterino y la inducción del parto”.

“Recientemente —continúa el informe— se está usando también para el tratamiento del aborto incompleto y la prevención y tratamiento de la hemorragia post-parto”.

“El método es muy conocido. Se sabe que, en Argentina, de cada 10 cajas de misoprostol que se venden, seis son usadas para abortar. Es decir, que las mujeres conocen el método. Sólo que la información que circula es fragmentada o errónea y muchas desconocen cómo utilizarlo, por lo cual terminan optando por métodos inseguros que ponen en riesgo su vida y su salud”, relata Marzano a SEMlac.

Información es, quizás, la palabra cable de esta campaña. Las activistas dicen que las muertes causadas por abortos inseguros se podrían evitar con buena información. Y se sabe que siempre la desinformación emana de prejuicios, tabúes e intereses mezquinos.

En este sentido, Marzano asegura que el principal interés es seguir ocultando a las mujeres que se mueren por abortos clandestinos inseguros.

“No se quiere hablar de aborto. Tampoco se dice que por cada minuto hay una mujer que se realiza un aborto. Que los abortos son 500.000 al año y no se dice nada de la violencia que implica para ellas someterse a la clandestinidad”.

Según las cifras del Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina se realizan alrededor de 500.000 abortos por año, en su mayoría clandestinamente. Ingresan a los hospitales públicos 68.000 mujeres por complicaciones post aborto. De ellas, mueren alrededor de 100 anualmente.

Esta campaña es parte de un proyecto regional que ya está en marcha en Chile y Ecuador y es financiada por Women on Waves y XminusY.

En Argentina ya tiene más de 200 adhesiones; entre ellas de legisladoras, partidos políticos, organismos no gubernamentales, movimientos sociales y personalidades diversas.

Esta acción fue presentada con una declaración, en la que el colectivo de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto exigen al estado la libre circulación de información sobre misoprostol y el cumplimiento de las recomendaciones de la Guía para el Mejoramiento de la Atención Post-Aborto , aprobado en 2005.

También reclaman el cumplimiento del deber de confidencialidad del personal hospitalario en la atención pos aborto, la producción pública del mencionado medicamento y la despenalización y legalización de la interrupción del embarazo.

Buenos Aires, agosto (SEMlac)
Fuente: www.redsemlac.net

Fuente: alainet.org

Source: Agosto 2009

Argentina: Más información, menos riesgos

Una organización no gubernamental lanzó una línea telefónica que brinda información sobre el uso de un medicamento para interrumpir los embarazos no deseados. La Organización Mundial de la Salud avala el uso de métodos abortivos seguros como éste. El Estado argentino sigue ignorando el debate.
La organización Lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto, en el marco de un trabajo compartido con activistas de Ecuador y Chile, lanzó la línea telefónica Aborto, más información, menos riesgos, que tiene como objetivo democratizar la información sobre métodos abortivos seguros, como lo es el uso de misoprostol. Se trata de una línea gratuita para asesorarse sobre este procedimiento avalado por la Organización Mundial de la Salud.

En América Latina el aborto es ilegal y como se sabe la Argentina no es la excepción. Lo cierto es que la interrupción del embarazo se practica en forma clandestina y eso implica varios riesgos, entre ellos la muerte. Los datos son contundentes: según cifras del Ministerio de Salud de la Nación, el 60% de los embarazos no fueron buscados. Por este motivo, 500 mil mujeres al año realizan abortos, de las cuales 68 mil deben acudir a hospitales públicos por complicaciones, y por lo menos 100 mueren.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la prevención de la mortalidad a causa de prácticas abortivas en los países donde esas tasas son altas, constituye una medida de buena política de salud pública. Pero en la Argentina, el Estado no garantiza que las mujeres puedan realizarse abortos de manera segura. Sin embargo, medios para interrumpir embarazos de manera insegura están al alcance de la mano. En los últimos años se gestó un vasto mercado negro de un fármaco llamado Oxaprost 75, cuya composición contiene Diclofenac (un antiinflamatorio) y Misoprostol (un aislante gástrico que resulta abortivo). Según investigaciones, este mercado ilegal se formó gracias a las propiedades abortivas del remedio en cuestión.

El misoprostol es considerado por la OMS un método de aborto seguro, sin riesgos, y con un mínimo de control médico posterior. Además, según esta entidad, es un medicamento esencial, es decir, necesario para considerar que un servicio de salud alcanza el nivel básico de condiciones. En este sentido, se trata de un bien social que debería garantizar el Estado. Sin embargo en la Argentina se comercializa solo con Oxaprost.

Teniendo en cuenta que el misoprostol garantiza un procedimiento abortivo seguro, la organización Lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto lanzó la línea telefónica Aborto, más información, menos riesgos con el fin de brindar información al respecto. “La idea oscurantista acerca de que el conocimiento científico solo puede estar en manos de unos pocos, es muy propia de contextos como el nuestro. Nosotras consideramos que el conocimiento es un bien social que debe ser distribuido equitativamente y que las mujeres tenemos derecho a saber qué es un aborto, cómo sucede, qué podemos esperar y cómo no morir por abortos clandestinos”, explica Verónica Marzano, integrante de Lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto. El objetivo político del proyecto consiste en llegar a la legalización y de este modo disminuir la tasa de mortalidad de las mujeres que interrumpen sus embarazos.

-¿Creen que esto es un paso previo para la legalización del aborto?

Nosotras apoyamos el trabajo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y estamos por la legalización del aborto, esa es la meta de fondo. Las mujeres debemos poder acudir a un servicio de salud, público o privado, y recibir toda la información necesaria acerca de todas las opciones disponibles para tomar nuestras decisiones de manera informada. El aborto, quirúrgico o con medicamentos, es una práctica muy segura en los países donde es legal y no se necesita infraestructura especial. Debería ser legal y las mujeres tener acceso a él, así como a consejerías pre y post aborto en cualquier lugar donde se encuentren.

La legalización del aborto es una deuda del Estado con sus habitantes, y algo que Argentina ha tomado como compromiso como signataria de diversos acuerdos y declaraciones internacionales de derechos humanos. Ha sido recomendada por el comité de la CEDAW; también se refiere al tema el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su última resolución sobre mortalidad materna y la OMS reconoce que la prohibición del aborto causa los abortos inseguros que ponen en riesgo la salud y vida de las mujeres.

Sin dudas la legalización del aborto no sería completa si esta información que se brinda en la línea no fuera difundida ampliamente por el Estado, y sin que el misoprostol estuviera disponible para todas las mujeres sin discriminación y gratuitamente. Lo mismo vale para la mifepristona, que también es recomendada por la OMS para abortos tempranos sin riesgos: se usa combinada con el misoprostol en los países donde es legal (sumando a Italia, donde se aprobó hace pocos días, son 50, la mayoría países europeos y asiáticos. En América, sólo Estados Unidos y Guyana la tienen aprobada).

-Teniendo en cuenta que en la Argentina existe un mercado negro de oxaprost ¿consideran que es una hipocresía del Estado seguir manteniendo el aborto en la ilegalidad y la clandestinidad, cuando permiten que se venda esta pastilla?

La hipocresía es que sabiendo esto el misoprostol solo se comercialice en forma de Oxaprost, debiendo las mujeres tolerar los efectos secundarios del diclofenac con el que viene, que son superiores a los del misoprostol –y es la razón por la cual el diclofenac se recubre de misoprostol para uso gástrico. Asimismo, el Oxaprost tiene un elevado precio porque que solo lo comercializa un laboratorio para uso gástrico, a pesar de que el costo de producción de misoprostol es bajo.

Y por supuesto la mayor hipocresía es seguir manteniendo el aborto en la ilegalidad siendo que en Argentina se practica un aborto clandestino por minuto, según cifras oficiales.

La otra hipocresía consiste en aplicar la ley penal selectivamente: no hay mujeres blancas procesadas o presas por abortos clandestinos, no hay médicos/as procesados o condenados por aborto clandestino, no los hay tampoco por violar el secreto profesional, ni por maltratar a las mujeres que abortan. Esta aplicación selectiva de la ley penal perjudica a quienes son más pobres y vulnerables, que serán denunciadas, procesadas y eventualmente castigadas. La falta casi total de respeto a los derechos humanos de las mujeres que abortan atenta contra la posibilidad de que ante una señal de alarma, ya sea por un aborto espontáneo, inducido, legal o ilegal, las mujeres acudan a los hospitales y centros de salud sin demora, y que puedan identificar estas señales de alarma lo antes posible para garantizar la atención temprana. De todas maneras, sin dudas la mejor política es la legalización del aborto y la promoción de los derechos humanos de las mujeres, para que no se actúe a escondidas, ni se nos exponga a las reglas de los mercados ilegales de medicamentos y procedimientos quirúrgicos y tecnológicos médicos, y se eliminen así todos los riesgos asociados con la clandestinidad y la discriminación en el acceso a servicios y bienes públicos.

¿Algún representante del gobierno se acercó a ustedes para ofrecerles ayuda o, por el contrario, pedirles que frenen?

Nadie nos pidió ni sugirió que no lleváramos a delante el proyecto. Nosotras nos acercamos a la Defensoría General de la Nación, específicamente a su comisión sobre políticas de género, para poder trabajar en conjunto sobre la defensa legal de las mujeres que van a los hospitales requiriendo asistencia y los médicos las denuncian, violando el deber profesional de confidencialidad. También para brindar apoyo legal a las mujeres que necesitan un aborto no punible y les es negado por los prestadores de salud. Esperamos poder seguir trabajando en conjunto durante el proyecto y contribuir a mejorar los servicios legales que reciben las mujeres en diferentes situaciones relacionadas con abortos, en todo el país.

¿Cuál es el aporte de este proyecto?

Creemos que desde el proyecto de la línea telefónica hacemos al menos dos aportes centrales: por un lado, estamos contribuyendo a la reducción de la mortalidad materna, poniendo directamente en manos de las mujeres información pública a la que todas tenemos derecho, ya que el aborto con medicamentos realizado bajo los procedimientos que indica la OMS es uno de los procedimientos menos riesgosos para la salud de las mujeres, sobre todo en contextos de falta de acceso y pobreza. El otro aporte significativo es sumar al debate sobre la legalización del aborto nuevos argumentos, datos estadísticos e información confiable proveniente de la línea telefónica misma, sobre todo para lograr que se cumplan las obligaciones del estado en materia de derechos humanos, y se respeten los derechos a la información, integridad, dignidad, salud, autonomía, seguridad personal e intimidad de las mujeres, entre otros.

Línea Más información, menos riesgos: 011-15-66647070 (se puede llamar o mandar un mensaje de texto y en la línea contestan gratuitamente).

Fuente: argenpress.info

 

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Source: Agosto 2009

Sangrados uterinos son la principal causa de muerte materna en el país

TEGUCIGALPA.- Las autoridades sanitarias informaron ayer que las principales causas de muerte materna son derivadas de hemorragias postparto o antes del mismo, por lo que se ha generado una alerta en los hospitales materno infantiles.

Lo anterior fue dado a conocer por el coordinador del Programa de Mortalidad Materna de la Secretaría de Salud, Humberto Salomón, quien manifestó que en un registro en el presente año hasta el mes de junio, ya son 57 parturientas las fallecidas a nivel nacional.
“En lo que va del año hasta la semana epidemiológica número 25, que comprende hasta el mes de junio, hemos contabilizado 63 muertes maternas y de estas se han catalogado como no maternas, es decir que tenemos un total de 57 porque el resto ocurre por otras causas  durante el embarazo”, expresó Salomón.

El funcionario indicó que estos decesos los clasifican como directos e indirectos y están relacionados con la búsqueda de atención de forma oportuna por parte de las pacientes, “y de esta forma se complican tanto que al momento de llegar a los hospitales prácticamente sólo llegan a morir”.

“La principal causa de muerte es la hemorragia postparto, que ha sido la principal causa a través de los años y entre estas la que ha predominado es la tonía uterina que daña la cavidad del útero, más de lo normal después del parto, máxime cuando se trata de un embarazo gemelar”.

Para el caso, en el Hospital Escuela, en lo que va del año han fallecido unas 15 parturientas por diferentes causas, entre ellas sangrados vaginales, infecciones después de una cesárea y por causas externas, es decir, por accidentes en los que pierde la vida la madre y el fruto de su vientre.

Fuente: latribuna.hn

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Source: Agosto 2009