La lamentable paradoja social del "derecho a la vida"

El siguiente artículo, tiene como finalidad generar la reflexión y abrir la discusión respecto a la noticia, y polémica, generada por la Campaña nacional: “Aborto: Información Segura”; lanzada el pasado jueves 28 de Mayo en algunas ciudades de nuestro país – entre ellas Temuco -, por la Red Salud Mujeres Chile; red integrada por mujeres y Organizaciones Feministas que cuenta con el apoyo de Organizaciones Feministas Internacionales.

Esta campaña consiste en la habilitación de una línea telefónica destinada a entregar, en forma gratuita, información pública a mujeres acerca de la interrupción del embarazo de manera segura, usando un medicamento denominado Misoprostol.

Cabe señalar, que dicho fármaco (encontrado actualmente vía internet y bajo receta retenida en farmacias), fue creado originalmente para el tratamiento y prevención de la úlcera gástrica, y ha sido reconocido para uso ginecológico por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que a partir de sus investigaciones, añadió a su lista modelo de medicamentos esenciales el Misoprostol para el tratamiento de aborto incompleto, aborto espontáneo o aborto diferido (uso que es aprobado y utilizado en Chile en los servicios de salud), siendo comprobada su eficacia para este uso, y en otras complicaciones del embarazo. El Misoprostrol es utilizado además, por sí solo, o con otro medicamento denominado mifepristona – según protocolo de la OMS – para inducir el aborto como método de control de natalidad en países pobres.

Muchas apreciaciones y miradas pueden surgir al respecto. No obstante, considerando el panorama legal y sociopolítico en Chile, es necesario reconocer, en primera instancia, que una acción como esta, ha logrado abrir la discusión respecto a un tema que en Chile tenemos pendiente.

Esta campaña constituye un acto político, donde no sólo se habla del derecho al aborto, a la información, y a la autonomía del cuerpo (como se señala en algunos medios de prensa). Sino que se habla además – y fundamentalmente – de los derechos de la mujer, de derechos sexuales y derechos reproductivos, de derechos de no discriminación, de igualdad, de salud, de derechos civiles y políticos, entre otros.

En los medios de comunicación, hemos visto como, una vez más, la Iglesia Católica y las denominadas organizaciones “provida” intentan imponer sus “posturas”, proclamando que una acción como esta promueve un “crimen”, y constituye una “aberración” y una “vergüenza” para la sociedad, para “nuestros valores”, la “ética y la moral”. Según sus voceros se trataría de una acción que incitaría a cometer un “asesinato”, un atentado y una violación al “derecho a la vida”.

Pues bien, hablar del “derecho a la vida”, considerando la realidad social chilena, así como nuestro escenario político y legal, no deja de ser una gran “PARADOJA”. En primer lugar, habría que comenzar por aclarar algunos aspectos respecto a la ley de aborto que tenemos en Chile. Se trata de una de las leyes más restrictivas y punitivas del mundo referente a esta materia, donde el aborto es criminalizado en todas sus formas, inclusive el aborto terapéutico, donde se pone en riesgo la vida, la salud física y psicológica de la mujer. Cabe señalar, que el aborto terapéutico estuvo vigente en Chile entre 1931 a 1989, año en que se elimina su excepción, pasando a la categoría de homicidio simple, con penas de tres a cinco años de prisión. Constituyéndose así, en uno más de los legados que nos ha dejado la dictadura del “Señor” Pinochet. Con esta “medida”, se “toma” a la mujer como un mero “aparato” y objeto reproductor; resguardando la “vida” de un embrión o feto en gestación, bajo supuestos ideológicos -de carácter eminentemente religioso- por sobre la vida y los derechos de la mujer.

Lograr la legalización del aborto terapéutico, es hoy lo más urgente en nuestra legislación. No obstante, reflexionar y discutir sobre aborto a “secas”, debiera ser un compromiso político y social que concierne a toda la ciudadanía.

¿Por qué? Porque como sociedad, tenemos el derecho humano de contar con políticas públicas que nos otorguen el acceso a una salud sexual y reproductiva acordes a la libertad de conciencia y decisión de las chilenas y los chilenos. Así también, tenemos el derecho de contar con el diseño, implementación y gestión de calidad de planes y programas que nos proporcionen acceso a toda la información referente a esta materia, y, a los servicios de atención de salud integrales. Tenemos además el derecho de acceder a todos los métodos anticonceptivos seguros y eficaces de regulación de fertilidad y de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Promoviendo de esta manera, el ejercicio de una sexualidad libre, plena, segura y responsable. Porque, como mujeres, tenemos el derecho humano de disfrutar de nuestra sexualidad y de decidir en libertad y responsabilidad cuándo y cuántos/as hijo/as queremos tener, o no tener.

Estos derechos han sido reconocidos como derechos humanos esenciales por el Estado chileno – Estado constitucionalmente laico – en diferentes Tratados y Convenciones Internacionales. Instrumentos jurídicos a partir de los cuales Chile se ha comprometido a su promoción, protección y difusión, a través de la promulgación de leyes e implementación de políticas públicas que garanticen su efectivo ejercicio. Estos son: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de Derechos Humanos, La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención de los Derechos del Niño , la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación en la Esfera de la Enseñanza, entre otros. Dichos instrumentos se encuentran al amparo del derecho internacional y generan efectos vinculantes o de obligatoriedad de los compromisos estatales adquiridos, compromisos que el Estado de Chile NO respeta, siendo nuestros derechos cotidianamente violados y vulnerados.

Por tanto ¿Qué tenemos hoy en materia de salud sexual y reproductiva al alcance de todas/os las/os chilenas/os?: Políticas públicas y leyes de base naturalista y biológica. En otras palabras, la sexualidad y los cuerpos se restringen y remiten a la reproducción bajo cuestionamientos y disposiciones valóricas impuestas por el poder de la “norma y la moral” de quienes representan a un sector minoritario de la población. Estas disposiciones dejan fuera de la discusión y del reconocimiento, las prácticas, orientaciones sexuales y los valores de la gran mayoría, omitiendo además, las consecuencias y problemáticas que esto conlleva: ejercicio de una sexualidad no plena, irresponsable, propagación de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA, cáncer cérvico uterino provocado por el virus papiloma humano, embarazos en adolescentes, embarazos no deseados, y ABORTOS clandestinos, entre otros. Problemáticas, que por lo demás, son transversales a todos los estratos sociales -no así- el acceso a recursos y servicios de atención de salud de calidad, afectando, mayoritariamente a la mujer.

Lo anterior, se debe exclusivamente a la hegemonía y al poder que ejercen los grupos fácticos, la derecha conservadora y la Iglesia Católica ante el Estado chileno. El mismo poder avalado por la Constitución Política de 1980 y por nuestro sistema electoral binominal. Resguardando de esta manera, las “normas y valores” que nos dejó como legado la dictadura de Pinochet; valores que por lo demás, se sustentan desde nuestro proceso de construcción histórica-identitaria de dominación-subordinación.

¿En un Estado “democrático” como el nuestro, esto se puede sostener? Claramente sí. Pues al funcionar bajo una la lógica de mercado y contar con un sólido, “sostenible y sustentable” modelo económico neoliberal (patriarcal, imperialista, hegemónico y elitista), ha sido la opción más conveniente y viable para el resguardo de los intereses, del “bienestar social” y del “bien común”. Los mismos que sustentan, resguardan y benefician al sector minoritario, más rico y poderoso de “nuestro” país.

Ayuda memoria…

Recordemos la prohibición de la distribución de la “Píldora del Día Después”, en abril del 2008. Un método de anticoncepción de emergencia que era parte de nuestras políticas públicas de salud reproductiva, que se distribuía libre y gratuitamente desde el año 2006, en hospitales y consultorios, a mujeres desde los 14 años, como parte de la implementación de un programa de planificación familiar.

El argumento para su prohibición se sostiene en el “supuesto” de que al utilizar la píldora antes de las 72 horas de haber tenido una relación sexual sin protección (período en el cual se recomienda su uso), o con falla en la misma, estaríamos atentando contra una “vida”, es decir, cometiendo un “asesinato”. ¿Quien lo dice? Un grupo de 36 Parlamentarios, conformado por treinta y tres hombres y tres mujeres de derecha conservadora, y un fallo de nuestro elitista Tribunal Constitucional. En este caso, cinco “Jueces”, cuatro hombres y una mujer, y uno que no votó, de un total de diez, decidieron por una población de 16.934.219 habitantes*. ¿Qué generó esto?, grandes movilizaciones sociales, oídos sordos de los poderes del Estado, un fuerte y rotundo amén, y “caso cerrado”.

*Cifra extraída de datos Censo 2002.

Recordemos además, que desde abril del 2008, como un mecanismo alternativo (ojo, en un gobierno “democrático”) la distribución de la píldora en los servicios de salud pública quedó confinada a la “autonomía” de los municipios; la misma “administración autónoma” de los sistemas de educación “pública” y de salud primaria que nos deja como un regalo el Sr. Pinochet antes de dejar su “gobierno”, y que hoy los tiene en crisis.

¿No debería ser esto parte de una política pública de salud reproductiva, un derecho de todas/os las chilenas y chilenos? Pues no. En Chile quedó bajo la decisión y gestión del Edil y de su Concejo Municipal, sin seguimiento ni fiscalización alguna. Disposición de mecanismo alternativo de distribución que el reciente dictamen de Junio del 2008, de la Contraloría General de la Republica – por requerimiento de grupos provida -, también prohíbe (exceptuando en los casos de violación) Reflejando, con esto, un nuevo y aberrante ataque y retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos. No obstante, en ambas medidas, lo que se obtiene es la exacerbación de las inequidades sociales; puesto que sólo se otorga una real garantía del derecho al libre acceso a la anticoncepción de emergencia, a aquellas mujeres que cuentan con los recursos económicos para adquirir la píldora bajo receta médica en una farmacia. Es importante destacar además, que actualmente la P. A. E. se encuentra en ocasiones con dificultad incluso por este medio, ya que muchos dueños de la industria farmacéutica – debido a presiones económicas o convicciones ideológicas – han decidido no venderla o distribuirla, obviando que es un medicamento que se encuentra en el listado del Formulario Nacional.

Para qué recordar el escándalo y prohibición de las JOCCAS (Jornadas Comunitarias de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad); y así podríamos continuar con las campañas de prevención de VIH / Sida, y muchos otros.

Por otra parte, en la prensa oficial, se ha dado énfasis a lo “inseguro, aberrante y peligroso” que puede ser esta campaña denominada “Aborto: Información Segura”. Pues bien, como las cifras utilizadas por sus gestoras que arrojan 160 mil abortos al año en Chile, basadas en estadísticas del Ministerio de Salud , han sido tan cuestionadas por la dificultad de comprobar -en el marco de la clandestinidad – cuántos de estos casos han sido provocados y cuántos de ellos han sido espontáneos; propongamos el siguiente ejercicio:

Detengámonos y preguntémonos las mujeres de nuestro país: ¿Cuántas de nosotras hemos abortado y bajo qué condiciones? ¿Cuántas de nuestras hermanas, primas, tías, madres, amigas, vecinas lo han hecho? Preguntemos a médicos/as y matronas sobre sus experiencias y conocimientos sobre los riesgos sanitarios, de muerte y secuelas que involucran los abortos clandestinos.

Estas respuestas, sumadas a nuestras experiencias personales y a lo que cada una conoce del tema, nos llevan al siguiente planteamiento: El aborto clandestino en nuestro país es una realidad y uno de los métodos de “control de natalidad” más utilizados por mujeres. Realidad que como sociedad nos concierne, a mujeres y hombres; pero donde somos NOSOTRAS quienes directamente ponemos en riesgo nuestra vida, salud y libertad. ¿Quién se ha hecho cargo de esto? ¿El Gobierno, la Presidenta, el Estado, la Iglesia, los curas, los políticos, el colegio médico, el de abogados, el de matronas? Pues no. Es una problemática social y no podemos evadirla, y menos aún, silenciarla.

No podemos olvidar que una mujer que no cuenta con los recursos necesarios (aprox. el 80 % de nuestra población*), no puede cancelar al médico que se enriquece con la clandestinidad de un aborto “seguro” en las condiciones sanitarias adecuadas y en una clínica privada, una suma que se estima entre los 600 mil y el millón y medio de pesos (eso no está en los estudios obviamente, aunque es de conocimiento público.) Por tanto, en su desesperación, recurren a sondas, varas de plantas, palillos, raspaje con instrumentos no adecuados y/o oxidados, inyecciones, y otros métodos que significan un gran peligro para sus vidas y su salud. Entre estos métodos está el uso del Misoprostol, medicamento reconocido e investigado por la OMS para uso ginecológico, específicamente para el tratamiento del aborto; que de no ser utilizado según el protocolo definido por sus investigaciones, podría convertirse en un riesgo para la salud y la vida de la mujer.

* Cálculo aproximado, extraído de datos de Mideplan sobre segmentos socioeconómicos.

Entonces, lo que hace la Red Salud, compuesta por mujeres feministas de Chile, a través de esta campaña, no es promover el aborto, ni facilitar el fármaco. Sino que, entregar la información científica existente y de uso público, para que mujeres – que por distintas razones hayan decidido interrumpir sus embarazos – puedan hacer uso de este medicamento, contando con la información e instrucciones adecuadas; utilizándolo de la manera más efectiva y segura posible.

Considerando lo anterior: ¿Podemos abogar por la defensa del “derecho a la vida del que está por nacer”, y el “bienestar común”, cuando vivimos en un país donde ni siquiera se ha resguardado el derecho a la salud y a la educación? Un país donde nuestros derechos de igualdad, de libertad, de acceso a información, de no discriminación (derechos constitucionales) derechos sexuales y reproductivos, entre muchos otros – reconocidos todos como derechos humanos esenciales – son violados y vulnerados cotidianamente, no contando ni siquiera con un marco legal que permita resguardarlos.

Pues claro, sólo contamos con “esperanzadores” proyectos de ley que duermen en el Congreso y que son “recordados” por algunos políticos en períodos de elecciones con frases sueltas que semejan un falso baño de progresismo. Es el caso de los Proyectos: Ley Marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, de no Discriminación, Pacto de Unión Civil, Matrimonio entre Homosexuales, entre otros. Veamos qué sucede efectivamente una vez terminado el proceso.

Estas personas – en su mayoría hombres – que en sus discursos alzan sus voces imponiéndonos sus convicciones ideológicas, afirmando que la interrupción de un embarazo antes de las nueve semanas ginecológicas (como se informa en las fuentes que proporciona esta campaña), es una aberración y un crimen social. Por lo visto, o no tienen vida sexual, o simplemente tienen los recursos para tener muchos hijos e hijas, dejarlos al cuidado de la madre – esposa o “nana”, llevarlos a un buen colegio y pagarles una buena atención de salud. O bien – en caso de “emergencia” o decisión “culposa”- pagar a un “buen” médico para que realice un aborto “seguro” a sus hijas, pololas, o amantes, sin que nadie se entere, en una clínica privada, en el extranjero, y en adecuadas condiciones sanitarias. Todo ello, para que su embarazo no les destruya la “familia”.

A estas personas que bajo sus convicciones personales, sostienen e intentan imponer la idea de que la interrupción del embarazo como aquí se sostiene, es “atentar contra la vida de un ser humano”, apelando al derecho constitucional que vela por “la vida del que está por nacer” (art. 19. n° 1 y 2). Recordamos que este derecho no constituye un derecho humano esencial de la persona; razón por la cual, el Sr. Jaime Guzmán debió resguardarlo en la Constitución del 80. Recordemos también, que en nuestro Código Civil en su art. 55, se reconoce la calidad de sujeto de derecho, solo al momento de nacer.

No obstante a lo anterior, sería bueno tan sólo preguntarles a estas mismas personas si consideran dentro de sus argumentos, lo siguiente: ¿Qué sucede con la “vida” de una mujer al portar por meses en su cuerpo a un feto que al expulsarse o extraerse está diagnosticado a la muerte? ¿Qué pasa con la “vida” de una mujer y la de su hijo/a que al nacer con malformaciones y problemas congénitos, requiere toda su “vida “de recursos y atenciones de salud y otras, que este país NO nos otorga? ¿Que sucede con la “vida” de aquellas mujeres y del niño/a que nace producto de una violación? (derecho al aborto terapéutico) ¿Qué sucede con la “vida” de aquellas mujeres y sus hijos/as, que por no contar con una adecuada y efectiva educación sexual y salud reproductiva, se embarazan sin desearlo; o bien, traen al mundo a sus hijos/as sin contar con los recursos económicos y/o emocionales que le permitan tan sólo alimentarlos/as, protegerlos /as y velar por sus derechos básicos? ¿Qué sucede con la “vida” de las mujeres que no desean ser madres y se embarazan por fallas en sus métodos anticonceptivos? (Derecho al aborto) Las respuestas y reflexiones que surgen de estas preguntas… ¿Les permiten y otorgan el derecho de imponer un derecho?

Por último, considerando que el uso del Misoprostol y el lanzamiento de la Campaña “Aborto: Información Segura” ha sido tan cuestionada y criticada en los medios de prensa oficial por algunos parlamentarios, el sector salud y otros; hacemos un llamado a legisladores y profesionales a establecer un diálogo con el resto de la ciudadanía, para abrir la discusión y sostener una postura desde los distintos gremios, colegiaturas y sectores, respecto al aborto y las problemáticas relacionadas. Es necesario considerar y recoger las diversas miradas (científicas, sanitarias, legales, sociales, etc.) para informar adecuada y seriamente a las/os ciudadanas/os; otorgándoles la posibilidad de elegir y decidir, sin recurrir a discursos populistas. ¿No constituye esto una realidad y una demanda social que involucra el derecho a la salud y el derecho a la vida? Los mismos derechos que muchos sostienen en sus argumentos como un verdadero “crucifijo”.

No está demás recordar qué sucedió con el derecho a la “vida” en la dictadura de Pinochet, el mismo derecho que hoy la Iglesia, los sectores conservadores y quienes sostienen su ideología, cuestionan y criminalizan al hablar de la salud de la mujer y de aborto en el marco de una ley que nos deja como legado su “gobierno”.

Por todo lo anterior, el aborto clandestino, su aberrante y retrograda criminalización, las problemáticas que se desprenden de las políticas de educación sexual y salud reproductiva que tenemos, o más bien, no tenemos. Así como la violación y vulneración constante de los derechos humanos de la mujer en Chile, constituyen una realidad social presente en nuestra historia que no podemos olvidar, ni menos evadir y silenciar.

Entonces, en vez de poner en tela de juicio y pedir la hoguera para las mujeres que han iniciado esta campaña, debiéramos reflexionar sobre su acción. Apoyarlas por su convicción y valentía; porque como mujeres, ciudadanas y feministas, se hacen cargo de una realidad y una problemática que como sociedad se evade y/o desconoce. Asumiendo todos los coletazos y la persecución social, política y legal que claramente se viene.

Las reflexiones y conclusiones que desde aquí se generan, nos hacen reconocernos desde una identidad nacional construida y sostenida en la lógica del doble estándar y el doble discurso; la misma lógica patriarcal, hegemónica y de dominación que no nos permite abrir los ojos para ver “al otro” y “la otra”, y velar por el bienestar “común” de todos y todas los chilenos y chilenas.

Los argumentos que hemos visto desde el lanzamiento de esta campaña, sesgados y/o sostenidos en juicios de valor, constituyen – por decir al menos – UNA TREMENDA Y LAMENTABLE PARADOJA SOCIAL.

Esta campaña “Aborto: Información Segura”; una acción política impulsada por mujeres feministas, nos dice que ya es hora de quitarse las vendas, y que desde nuestras distintas posturas y miradas, nos hagamos parte y cargo de esta discusión. Asumiendo la práctica del aborto clandestino, las problemáticas relacionadas y su aberrante criminalización – en el marco del respeto y garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos – como una responsabilidad y una demanda social. En este sentido, las mujeres de la sociedad civil, tenemos mucho que decir y decidir.

Por todo lo anterior, el aborto clandestino, su aberrante y retrograda criminalización, las problemáticas que se desprenden de las políticas de educación sexual y salud reproductiva que tenemos, o más bien, no tenemos. Así como la violación y vulneración constante de los derechos humanos de la mujer en Chile, constituyen una realidad social presente en nuestra historia que no podemos olvidar, ni menos evadir y silenciar.

Fuentes: Proyecto de Ley Marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos. Junio, 2000.

Tomado de: mapuexpress.net

Source: Julio 2009