Cambio generacional en hispanos EEUU respecto al aborto

Los Angeles (Reuters) – Algunas semanas posteriores a un romance de una noche y una fallida píldora del día después, Ana vio una sola opción: luego de dos días había terminado su embarazo en una clínica pública.

La estudiante universitaria de 28 años, que llegó a Estados Unidos desde Guatemala cuando era pequeña, calificó la decisión como una de las más fáciles y más claras de su vida. “Tener un hijo no está en mis planes en este momento”, expresó Ana en una entrevista desde la Ciudad de Nueva York.

Su madre, aunque la apoyó, le reclamó: “¿Por qué no me lo dijiste y yo hubiese cuidado de tu bebé?”.

Ana, quien pidió que no se use su verdadero nombre, no le ha contado lo sucedido a su padre, quien quedaría “destrozado”, según ella misma declaró.

Esta familia es una muestra del cambio de actitud en cuanto al aborto que se registra actualmente entre los hispanos estadounidenses, tradicionalmente un grupo anti-abortista influido por su predominante fe católica romana.

Un sondeo conjunto realizado en el 2007 por el reputado Foro Pew sobre Religión y Vida Pública y el Centro Hispánico Pew reveló que el 65 por ciento de los hispanos estadounidenses de primera generación cree que el aborto debería ser ilegal.

Pero entre los hispanos estadounidenses de segunda generación, como Ana, esa cifra cae al 43 por ciento.

El tema de los hispanos y el aborto resulta oportuno ahora que Sonia Sotomayor, la primera hispana nominada a la Corte Suprema de Estados Unidos, está en su proceso de confirmación en el Senado luego de cuatro días de audiencias.

Analistas han dicho que está garantizada su confirmación como miembro vitalicio de la Corte -que son los que fallan sobre temas como el aborto y la religión- por el apoyo de los demócratas, pese a que republicanos han presionado en las audiencias que se desarrollan desde la semana pasada.

La posición de Sotomayor respecto al aborto no está clara, incluso después de que grupos a favor y en contra examinasen sus antecedentes y contexto en busca de indicios.

Décadas después del histórico fallo de la Suprema Corte en 1973 en el caso Roe vs. Wade que legalizó el aborto, el tema todavía genera amargos enfrentamientos y está al frente de las batallas políticas.

Saber cómo los hispanos ven el aborto podría ser clave para obtener votos del grupo minoritario de mayor y más rápido crecimiento en Estados Unidos.

DERRUMBE DE TABUES

Una encuesta de Gallup de mayo reveló que el 51 por ciento de los estadounidenses se autodenominaba “pro vida”, o en contra del aborto. Pero el sondeo de Pew indica que un mayor porcentaje de hispanos se opone al aborto (el 57 por ciento), más que cualquier otro grupo.

La segunda generación de hispanos, sin embargo, está “mucho, mucho más cerca a los valores estadounidenses generales (…) lo que contrasta marcadamente con la primera generación que es mucho más conservadora en cuanto a este tema”, dijo Luis Lugo, director del Foro Pew.

Los números respaldan el cambio de opiniones. Los hispanos constituyen aproximadamente el 15 por ciento de la población estadounidense. De 1,2 millones de abortos realizados en el 2005, las mujeres hispanas representaron un 22 por ciento, según el instituto Guttmacher.

Existen muchas presunciones sobre cómo se sienten los latinos en cuanto al aborto, dijo Silvia Henríquez, directora ejecutiva del Instituto Nacional Latino de Salud Reproductiva. Las encuestas realizadas por su grupo revelan una mayor tolerancia al aborto.

“Es muy común escuchar: ‘Tal vez yo no tomaría esa decisión, pero no me corresponde interferir en la decisión de otra persona'”, dijo Henríquez.

El aborto era tabú cuando Ana era niña. Las jóvenes sobre las que se rumoraba que se habían realizado un aborto solían sentirse avergonzadas.

En la escuela primaria, Ana comenzó a pensar de otro modo y consolidó su defensa del derecho al aborto durante su educación secundaria católica. Al dejar la clínica de Nueva York, ella orgullosamente recordó a mujeres que conocía que habían tomado la misma decisión.

Un sondeo llevado a cabo este año en California también refleja este cambio generacional. El Instituto de Políticas Públicas de California reveló que los latinos inmigrantes y los nacidos en Estados Unidos expresan opiniones casi opuestas en cuanto al rol del Gobierno en materia de acceso al aborto.

Mientras que el 62 por ciento de los latinos inmigrantes está a favor de restricciones al aborto, el 65 por ciento de los latinos nacidos en Estados Unidos cree que el Gobierno no debería interferir.

“LO MALO DE LA ASIMILACION”

Un factor de esta diferencia es que los inmigrantes provienen de América latina, donde pocos países permiten el aborto, dijo Lugo. La asimilación también tiene un papel importante, añadió.

Para la Iglesia Católica, esto es lo “malo de la asimilación” y un síntoma del creciente individualismo en la cultura estadounidense, dijo el padre Allan Figueroa Deck, quien supervisa la diversidad cultural para la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.

“En la cultura latina, existe una tendencia a no actuar como individuos aislados que buscan sus propios fines”, dijo Deck. “Este es un valor para nosotros y lamentablemente este valor está desapareciendo en Estados Unidos”, agregó.

Los hispanos evangélicos protestantes son un grupo creciente e incluyen a muchos católicos conversos. Su conversión, sin embargo, no es para evitar las estrictas creencias acerca del aborto.

Este grupo es aún más conservador: el 77 por ciento considera que el aborto debe ser ilegal comparado con el 54 por ciento de los hispanos católicos, según indicó el Foro Pew.

Raimundo Rojas, director de acercamiento a la comunidad hispana de la organización anti-abortista National Right to Life (Derecho Nacional a la Vida), cree que la unidad familiar mantendrá a los hispanos en gran medida del lado de los detractores del aborto.

“La familia es muy importante para nosotros y los hispanos reconocen que un niño por nacer ya es un miembro de nuestra familia”, dijo Rojas.

Ese tal vez fue el motivo para que Inés (quien también pidió reserva de su nombre real) cambiara de decisión tras quedar embarazada de su quinto hijo. Su marido había perdido su trabajo y la familia se mudó a la sala de estar de un pariente.

La joven, quien llegó a Estados Unidos desde México en el 2000, visitó un centro de atención a embarazadas en Los Angeles creyendo que allí realizaban abortos. Pero, en cambio, le mostraron un video contra el aborto y ella cambió de parecer.

“Somos muy católicos y creemos que eso es un pecado”, dijo Inés. “Un hijo es una bendición de Dios”, agregó.

Inés espera tener a su hijo este mes, mientras Ana manifiesta su deseo de tener hijos más adelante y, con la inspiración de Sotomayor, espera convertirse en jueza.

(Editada en español por Ana Laura Mitidieri)

Fuente: lta.reuters.com

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Source: Julio 2009

Las pastillas para el aborto, proporcionan alivio para las mujeres

El junio pasado, todas las mujeres en Quito Ecuador, se fijaron en el status simbólico de la Virgen Maria en el Panecillo, que era visible desde todas las esquinas del Valle, para ver un aviso que colgaba de su falda y que llamaba mucho la atención. Decía; “Aborto Seguro”, seguido de un número de teléfono celular. Este servicio de ayuda telefónico, fue organizado por jóvenes activistas de la localidad, en colaboración con “Women on Waves” de Holanda, ofreciendo un recurso para aquellas mujeres que querían interrumpir un embarazo indeseado de manera segura, en un país donde el procedimiento esta fuera de la ley. En las primeras dos horas, este servicios telefónico recibió 79 llamadas.

Como en muchas ciudades del mundo en donde el aborto es ilegal el aborto, las mujeres ecuatorianas, buscaban una respuesta a las necesidades de abortos confiando en el uso de misoprostol sin etiqueta, disponible para el tratamiento de la úlcera gástrica. Ocasionalmente las mujeres pueden obtener recetas de doctores comprensivos, pero como los efectos abortivos de esta píldora, llegan a ser cada vez mas conocidas, las farmacias están supervisando con mas frecuencia las prescripciones y los médicos, con el fin de preservar sus licencias, se ven obligados a limitar su acceso, por temor de llamar la atención. Consecuentemente mas y mas mujeres se ven obligadas a confiar en el misoprostol comprado en el mercado negro, o a través de redes clandestinas de abastecedores.

La red clandestina que actualmente opera el servicio telefónico ecuatoriano, atiende aproximadamente 10 llamadas por día, una demanda que sus proveedores inconsistentes no pueden satisfacer. Sin embargo ante eso, ellos derivan a las mujeres a Women On Web, una comunidad global en línea mundial en donde las mujeres pueden acceder, ellas mismas, a información, soporte y a las píldoras.

Women on Web opera bajo premisa que una mujer tendrá un aborto si lo necesita, por los medios que sean necesaros, sin importar si las leyes son restrictivas. Como un servicio de telemedicina, ellas ofrecen consultas en línea que determinan si un embarazo se encuentra dentro de ciertos parámetros de la seguridad. Si es así, la mujer podría recibir misoprostol y mifepristone dondequiera que ella resida (dado que ella no tiene acceso al aborto legal), enviando por correo en un paquete discreto, con indicaciones amigables y una prueba de embarazo, a menudo, libre de costo. Entonces ella misma puede iniciar un aborto, en la privacidad de su hogar, sin la necesidad del permiso, y – si no esta cerca – sin la ayuda de un doctor.

Esta revelación de la autonomía reproductiva, en las prácticas de aborto plantea un enorme desafio para los sectores anti-aborto, y de hecho hace una pausa para quienes son de pensamiento mas liberal. A lo mejor, aunque, no se necesita ser tan alarmantemente radical, pues si uno hace seguimiento a la historia del aborto en la antigüedad, la experiencia ha sido históricamente personal, reservada, informada (sino ayudada siempre) por el conocimiento de la obstetricia – conocimiento que en ciertos periodos ha sido marginalizado. Pero aún cuando el poder hegemónico, ha condenado el aborto como brujería, la transmisión secreta del conocimiento de las mujeres eran atesoradas y pasadas de generación en generación. En este enfoque, el misoprostol es la última evolución de las pociones, situada en algún lugar después de la “Silphium”, “ruda”, y “cordón de la Reina Ana” El progreso médico ha hecho las pociones más confiables, y ésta está validada no sólo para el uso mundial, sino por inclusión en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud.

El verdadero regalo de la píldora del aborto, es su acceso – hecho exponencial cuando se utiliza conjuntamente con la telemedicina. Women On Web, incluyen en su sitio web mas de 1200 testimonios de mujeres de 60 países (apenas una fracción de las mujeres que han utilizado el servicio), quienes han compartido su experiencia del aborto. Cientos de mujeres usaron este medicamentos, y cientos de ellas sólo fueron capaces de usarla en total privacidad. Muchas citan la experiencia de soledad, y otras lo señalan como empoderamiento, pero todas han sobrevivido para contarlo. Este es un servicio para mujeres en las situaciones de emergencia donde se prohíben las condiciones médicas ideales por la ley y donde la alternativa es la violencia clandestina o dosis desmesuradas. Las condiciones de emergencia, por supuesto, están más cercanas a las casas de lo que mucha gente puede darse cuenta. Estudiantes de Medicina por el Derecho a Decidir, citan la falta de interés general que existe para formar proveedores de aborto – Los estudiantes de medicina más jóvenes no están aprendiendo el procedimiento, y el número de proveedores está disminuyendo. Por ejemplo, en todo el Estado de Kentucky, en donde técnicamente hay aborto legal, cuenta con sólo dos médicos que atienden abortos, solo dos días a la semana. En toda la parte del este del Estado, no hay acceso a proveedores de aborto.

¿Cómo el matrimonio entre la telemedicina y el aborto puede ser mas sostenible no sólo para las áreas lejanas de la ilegalidad, pero también como podría ayudar a las comunidades que no tienen una salida?

El aumento rápido de la telemedicina en otras áreas de la medicina, esta teniendo mas autononmía en lo individual; sensores remotos monitoreando signos vitales, presión sanguinea, y controles de peso a través de video conferencia. Un sitio web y una píldora nunca podrán superar la capacidad de la asistencia médica y la sensibilidad de tacto de un profesional médico, sin embargo, seguyirpá siendo así hasta que la ley y el contexto haga posible que estos proveedores de saludr estén a la mano de las mujeres que lo necesitan.

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Source: Julio 2009

La interrupción del embarazo

Parece inevitable reiterar lo obvio. La humanidad, y sobre todo las mujeres, lleva siglos tratando de desenchufar el placer sexual de la procreación. Recuerdo que un amigo de mi época adolescente me decía: “Yo creo que a ellas no les gusta”. “Sí les gusta, le contesté, pero tienen miedo de quedarse embarazadas”.

Hoy, en extensas zonas del mundo desarrollado, es posible que las mujeres gocen del placer sexual con la misma inhibición que los varones gracias a los anticonceptivos, cada día más accesibles y baratos, incluyendo la última fórmula, la píldora del día después. Pero para que ello sea así hacen falta unas condiciones, vigentes ya en la mayoría de los países europeos y que son fundamentalmente tres:

1.- Información sexual temprana. En cuanto las niñas tengan la primera menstruación, se las debe informar con claridad y sin ambages de esa función corporal y explicarles cómo se deben comportar con sus amiguitos que, pronto, a impulsos de la potente dosis de testosterona que se desarrolla en sus cuerpos varoniles, las requerirán de amores y escarceos.

2.- Anticonceptivos baratos y accesibles. Hay farmacéuticos de todos los pelajes y, algunos, no hace muchos años, se negaban a dispensar la píldora a las mujeres aunque llevaran receta y a vender condones a los hombres. Por eso en algunos países el sistema sanitario dispensa los anticonceptivos gratuitamente y sin condicionantes ideológicos ni comerciales.

3.- Funcionamiento eficaz y rápido de dicho sistema sanitario para que detecte y ponga pronto remedio a los embarazos no deseados con arreglo a la ley. Hay médicos objetores, algunos son sinvergüenzas que objetan en la sanidad pública y practican abortos en la privada, pero todos los trabajadores de la sanidad pública deben cumplir la ley o buscar trabajo en la sanidad privada.

La nueva ley española de plazos, que perfecciona la legislación anterior, introduce el sistema mayoritariamente europeo y contra ella truenan cuantos estaban callados en el largo tiempo en que ha estado funcionando la norma vigente bajo el Gobierno de la derecha

La sustancia de la protesta es la defensa de la sociedad patriarcal y machista, enemiga de los derechos de las mujeres. Éstas deben ser castas, subordinadas al varón y si juegan a los mismos juegos, se les debe amenazar con la maternidad, como castigo a su libertinaje. Son los mismos que están contra la información sexual temprana, contra los anticonceptivos y empiezan a estar asustados de que las mujeres, protegidas por los anticonceptivos, muestren su mayor potencia y capacidad de disfrute sexual. Porque como me decía un joven pariente: “Por cada orgasmo que tengo, ella tiene tres”.

La ley de plazos afronta un conflicto de intereses. A ninguna mujer se la puede obligar a ser madre y el “nasciturus” debe ser protegido desde un cierto momento. ¿Desde cuándo? Hay opiniones científicas, filosóficas y hasta metafísicas para todos los gustos, el doctor aquinatense decía que Dios infunde el alma a los tres meses de la concepción pero el mundo eclesiástico endurece su posición para tener la influencia política que socialmente ha perdido. En todo caso la sociedad debe legislar para clarificar, para proteger derechos y libertades. El aborto es una tragedia, que nadie desea. Cuantos más anticonceptivos menos abortos. Recientemente, un distrito sanitario holandés constató que no se había practicado ningún aborto en seis meses. En España por el contrario, la cifra de abortos es excesiva y creciente. A ello hay que poner remedio.

Y en cuanto a los patriarcalistas, sobre todo a la jerarquía eclesiástica, hay que respetarles su opinión pero nada más. Las leyes se hacen en el Parlamento y yo pienso que hasta que no haya mujeres curas, la jerarquía eclesiástica seguirá siendo patriarcal y machista. ¿Para cuándo una actitud eclesiástica igualmente agresiva contra los causantes de la muerte de los millones de niños, ya nacidos, que fallecen cada año por hambre y enfermedades fruto de la pobreza?

Alberto Moncada es presidente de Sociólogos sin Fronteras Internacional.

Fuente: elpais.com

 

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Source: Julio 2009

Los argumentos de los antiabortista

Acabo de dar una conferencia sobre el aborto en una universidad española. Al final de la misma no pude por menos que recordar el artículo publicado hace unas semanas en El País por el jusuita Masía en el que una frase sobresalía sobre las demás: “Sin tomar en serio la anticoncepción no es creíble oponerse al aborto”. Es una magnífica frase que me vino a la cabeza durante el debate que siguió a mi conferencia. Estaba entre el público un profesor de derecho muy respetado, antiabortista, al que se suele considerar moderado y dialogante en sus opiniones. El profesor tomó la palabra al terminar yo para decir, de

manera muy sosegada, que a pesar de no estar de acuerdo conmigo, proabortistas (partidarias/os del derecho a decidir de las mujeres) y antiabortistas (contrarios a ese derecho) tendríamos finalmente que encontrar un punto de acuerdo. Me pareció bien, un comienzo. Veamos, primer punto de acuerdo y fundamental: es mejor no abortar que abortar. Ahí los estábamos obviamente de acuerdo y parecía también un buen punto de partida; así pues nuestro trabajo común podría consistir en trabajar para reducir los abortos, como se ha hecho en Holanda, por ejemplo (donde con una legislación mucho más abierta respecto al aborto que la que se nos prepara aquí tienen un número de abortos mucho menor).

Si tenemos que reducir el número de abortos, si verdaderamente nos creemos que eso es lo importante, entonces, tendremos que tomarnos en serio la anticoncepción y, especialmente la de las jóvenes, que son las más susceptibles de quedarse embarazadas sin desearlo. Habrá que facilitar, y cuando digo facilitar, quiero decir facilitar de verdad, la anticoncepción. Es decir: educación sexual que incluya todo tipo de información sobre métodos anticon ceptivos; facilidad para acceder, de manera fácil, libre y gratuita a los medios anticonceptivos: máquinas expendedoras de preservativos (que ádemás protegen de las enfermedades de transmisión sexual, son sencillos de usar y baratos) en muchos lugares públicos, incluidos los institutos y lugares de ocio de los jóvenes; información sencilla y accesible sobre todo tipo de anticoncepción en los centros sanitarios y, finalmente, anticoncepción de emergencia en las farmacias por si falla todo lo anterior. Se abortará menos, mucho menos; he ahí un punto de encuentro en el que podemos converger partidarias del derecho de la mujer a decidir y personas contrarias al aborto en cualquier caso, como este profesor.

Pero no. El profesor en cuestión no aceptó ninguna de las propuestas anteriores. Nada de educación sexual en los colegios, eso es cuestión de los padres. Habrá que ver qué mundo es ese en el que los hijos/as aprenden de sexo hablando con sus padres. Nada tampoco de anticonceptivos fáciles de conseguir sino al contrario, difíciles, porque si se consiguen demasiado fácilmente eso provocará más embarazos y más abortos; mucho menos máquinas expendedoras cerca de los niños, eso es una incitación al sexo. Anticoncepción de emergencia nunca, eso es aborto (porque lo dicen ellos, contra todas las evidencias médicas)

Entonces ¿en qué nos podemos poner de acuerdo? ¿Sobre qué podemos discutir? Sobre nada en realidad porque lo cierto es que no es el aborto lo que les preocupa a la mayoría de los llamados antiabortistas, como no les preocupó durante el gobierno del PP cuando en España se ha abortado, la verdad, casi libremente. Lo que les preocupa es el sexo, a lo que se oponen es a las relaciones sexuales libres y despreocupadas; lo que les preocupa es la libertad sexual de las mujeres. Preferían (y prefieren) que las relaciones sexuales sigan llenas de culpa, sufrimiento y consecuencias terribles (por cierto que sólo para las mujeres) No pueden transigir con una sociedad en la que el sexo es sinónimo de placer y nada más. Y especialmente no soportan que eso pueda ser así para las mujeres, que de sobra sabemos que los hombres siempre se las han arreglado bien. No son antiabortistas son sexofóbicos.

Por eso me gustó mucho el artículo del jesuita Masiá, porque es el artículo de alguien verdaderamente preocupado por reducir el número de abortos y ahí sí podemos encontrarnos.

Beatriz Gimeno es escritora y ex presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales

Fuente: elplular.com

Source: Julio 2009

Perú: Madres adolescentes temen ir a revisiones por miedo a que detengan a su parejas

La fiscal Florencia Ambrosio está obligada a acudir al llamado de hospitales y de clínicas privadas. Aunque estas últimas casi nunca la llaman. Ella es la visita que nadie quiere recibir en los pabellones de maternidad adolescente.

“La mayoría de chicas tiene miedo. Algunas se hacen las dormidas para no hablar, otras dicen que se sienten mal o me dan nombres falsos para proteger la identidad de sus parejas”, relata Ambrosio, quien debe abrir una denuncia por abuso sexual por cada parto de una menor de 18 años reportado a su despacho.

No lo planificaron, pero Susan y Christopher ya son padres a sus 17 años. Se quieren pero no se cuidaron y nació María Fernanda. Todo eso lo escuchará la fiscal para evitar que el muchacho sea enviado a “Maranguita”, el centro de readaptación juvenil de menores de Lima.

Hasta marzo del 2006, antes de que el Parlamento legislara en favor de endurecer las penas contra los violadores de niños, solo se presumía ese delito en el caso de adolescentes en estado de gravidez menores de 14 años. Pero la Ley 28704, que rige desde el 5 de abril de ese año, cambió el panorama: modificó, entre otros, el artículo 173 del Código Penal, para ampliar la indemnidad sexual (incapacidad para decidir sobre su sexualidad) hasta los menores de 18 años.

De esta manera, se penalizaron las relaciones sexuales de los adolescentes aun cuando fueran consentidas. Si se tratara de un o una adolescente y un adulto, este último sería denunciado por violación sexual. Ivetsi Lozano, una joven que a los 19 años huyó con su enamorado de 16 para vivir su romance, fue detenida en Tacna y llevada a juicio en diciembre del año pasado.

CLIMA DE TEMOR
El Ministerio de Salud (Minsa), el Colegio de Obstetras del Perú y el Fondo de Población de las Naciones Unidas han advertido que una legislación más dura no ha contribuido a disminuir la tasa de embarazo adolescente ni detenido el inicio sexual temprano. Tampoco ha contribuido a que caiga la tasa de violaciones sexuales en el país (Ver cuadros). “Lo que se ha generado en los últimos tres años es un clima de temor en las adolescentes durante la atención de su embarazo y parto en los servicios de salud, por el riesgo de ser retenidas para investigaciones policiales y judiciales”, sostiene Lucy del Carpio, coordinadora de la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Minsa.

Al Instituto Nacional Materno Perinatal, la antigua Maternidad de Lima, llegan a dar a luz unas 3.000 adolescentes por año. La mayoría tiene partos de alto riesgo no solo porque aún les falta madurar biológica y psicológicamente, sino por descuido de sus controles prenatales.

Apenas el 10% de gestantes adolescentes en el país cumplió con todos sus controles entre el 2005 y 2008, según el Ministerio de Salud. “Cuando hay complicaciones que pudieron prevenirse es porque no hubo un control correcto”, dice Pedro Mascaro, director de la antigua Maternidad de Lima, quien reconoce que todas las madres adolescentes son retenidas hasta que una fiscal acuda a tomarles su declaración para conocer las circunstancias de sus embarazos.

Por cada mil nacidos vivos de madres adolescentes reportados en el Perú mueren 362 de ellas, de acuerdo con las cifras oficiales. “Este indicador no se reducirá en tanto no haya condiciones favorables para que acudan a sus controles prenatales y sus partos se atiendan en los servicios de salud”, señala Carmen Rosa Gamarra, decana del Colegio de Obstetras del Perú.

DELITO Y REALIDAD
La fiscal Ambrosio calcula que de cada diez casos de embarazos precoces que le reportan los hospitales públicos, nueve fueron resultados de relaciones consentidas. Pero todos, unos 300 por mes, deben denunciarse. “Hay que distinguir dos cosas: el sexo forzado siempre será delito de violación, pero el sexo consentido por adolescentes no tiene por qué ser un delito “, sostiene Mayda Ramos, adjunta para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo.

De ese análisis se ha encargado la Corte Suprema de Justicia y en un acuerdo de la sala plena, emitido en julio pasado, concluyó que resulta inaplicable la disposición del Código Penal que criminaliza las relaciones sexuales consentidas por los adolescentes, ya que viola sus derechos fundamentales al ejercicio de sus decisiones en materia de sexualidad. Algunos fiscales y jueces se basan en este acuerdo plenario para archivar las denuncias que no son verdaderos casos de abuso sexual, pero otros aplican un Código Penal que no siempre mira la realidad.

Grecia Rojas, directora general de la Mujer del Mimdes, sostiene que el pronunciamiento de la Corte Suprema ha servido para frenar el ingreso injustificado de adolescentes madres a los albergues del Estado, pues allí solo deberían llegar aquellas madres precoces víctimas de abuso sexual y en abandono.

EN PUNTOS
A partir de los 14, la ley les permite casarse y reconocer a hijos
El Código Civil permite que un adolescente de 14 años reconozca a un hijo, a los 16 pueda casarse y firmar otros contratos. Pero el Código Penal sanciona el ejercicio voluntario de su sexualidad.

La edad de inicio sexual de los adolescentes en Lima es entre los 16 y 19 años. En la sierra y la selva, la primera relación sexual suele ocurrir a los 12 años, según la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

En el 2007, la Comisión de Justicia del Parlamento aprobó un dictamen para restituir la edad de indemnidad sexual hasta los 14 años y no hasta los 18. Sin embargo, nunca llegó al pleno porque generó discrepancias entre diversos sectores y organizaciones que trabajan por los derechos de los niños.

La organización no gubernamental Acción por los Niños advirtió que “sincerar la realidad” en este tema no es tan sencillo porque facilitaría la impunidad para muchos violadores que se aprovechan de la vulnerabilidad de las menores.

El hogar Santa Rita del Ministerio de la Mujer ya no funciona para adolescentes madres. Ahora las chicas ingresan a los diferentes albergues de acuerdo a los espacios disponibles.

El embarazo adolescente es la segunda causa más importante de deserción escolar después de las condiciones económicas de la familia.

El 60% de tutores encuestados por el Ministerio de Educación se siente inseguro y poco capacitado para orientar en salud sexual y reproductiva a sus alumnos en clase. La mayoría reclama materiales didácticos.

Fuente: pucallpaaldia.blogspot.com

 

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Source: Julio 2009

El derecho a no morir

En todos los países de Latinoamérica, durante las últimas décadas se han impulsado acciones de política pública a favor de las mujeres.

Estas acciones han contemplado en buena medida su incorporación legislativa. Poco a poco ha ido entendiéndose que los derechos de las mujeres son también derechos humanos.

Detrás de ello hay mucho trabajo de mujeres, de organizaciones y de gobiernos que en diversos momentos han permitido que las mujeres obtengamos desde la ley la protección de nuestros derechos.

Sin duda mucho a favorecido los diversos compromisos que se suscriben en las reuniones convocadas por organismos internacionales para que los países desde sus gobiernos por sí, o solo por responder a estos, han impulsado acciones.

Si bien en este esfuerzo entre lo deseado y lo alcanzado todavía hay un trecho, y que como se ha comentado en muchos momentos los asuntos de las mujeres son de avances y retrocesos, hoy las mujeres mexicanas pasamos por uno muy delicado de retrocesos.

Al día de hoy ya en 14 estados de la república se han aprobado leyes que han anulado derechos adquiridos de las mujeres.

Conquistas que tienen que ver con uno de los temas que son eje para nuestro desarrollo, pero que sin duda inciden en la totalidad que nos rodea a las mujeres: la salud sexual y reproductiva.

Las mujeres estamos exigiendo nuestro derecho a no morir. Que las instituciones públicas respondan con programas que prevengan la muerte diaria de mujeres y niñas resultado de complicaciones ocurridas durante el embarazo, el parto y el puerperio.

Los programas de salud materna incluyen también la atención a un grave problema de salud pública que enfrentamos las mujeres: los abortos no punibles en los hospitales del país, cómo no tomar en cuenta que el aborto es la primera causa de mortalidad materna.

Las leyes planteaban excepciones en esta materia que las reformas constitucionales han anulado, lo que nos determina en prospectiva para nosotras las mujeres que el retroceso jurídico tendrá un resultado fatal.

Hace algunas semanas escribí sobre la petitoria presentada por mujeres y hombres del estado de Guanajuato ante el Instituto Nacional de las Mujeres, para declarar la alerta de violencia de género por Agravio Comparado contra estas reformas constitucionales que transgreden nuestros derechos humanos.

Hay normatividad federal vigente que lo fundamenta: la igualdad de la que habla el Artículo cuarto de la Constitución, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el reglamento de la misma, los Convenios Internacionales, los Compromisos suscritos por nuestro pais, son solo algunas.

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ha convocado a la reunión del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para resolver sobre esta petición de declaración de alerta de violencia de género por Agravio Comparado en los estados de la República donde Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia aún no ha sido armonizada y para los estados de la República que como Puebla ya la hemos homologado representa una esperanza en las acciones a conducir.

En esta reunión nacional que preside el Secretario de Gobernación federal, son parte, los Institutos Estatales de las Mujeres, sus votos serán fundamentales en el resultado de la Resolución.

Habrá que estar pendientes de cómo votan las titulares de los Institutos Estatales de las Mujeres en un tema que es eje de los programas que impulsan, lo que nos permitirá comprobar si verdaderamente cumplen con el fin para el cual fueron creados.

Espero que tomen en cuenta al momento de su voto que hoy las mujeres queremos gozar el derecho que tenemos a no morir y cumplir con uno de nuestros derechos fundamentales: el derecho a la libertad.

rociog@prodigy.net.mx

Tomado de: e-consulta.com

Source: Julio 2009

La justicia desautoriza a la Guardia Civil por la actuación contra Isadora

Dos años y cinco meses después de que se iniciara el caso contra la clínica de abortos Isadora, la justicia ha dado un fuerte varapalo a las actuaciones de la Guardia Civil y del juez de instrucción José Sierra Fernández. La Audiencia Provincial de Madrid afirma que el magistrado Sierra no era competente para instruir el procedimiento; que ha imputado a tres medicos del centro por abortos ilegales “sin concretar qué intervenciones son las sospechosas, ni cuál es el motivo de ilicitud ni, en fin, la intervención que cada uno de los imputados ha tenido en la interrupción ilícita de los embarazos”; y que los agentes del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) desobedecieron la resolución del primer magistrado que recibió una denuncia sobre el tema y buscaron uno más favorable a sus tesis.

“Lo que está en juego no es una mera cuestión de competencia entre órganos judiciales (…) sino el acatamiento y el respeto de las decisiones judiciales por las autoridades administrativas, la policía muy especialmente”, señala el auto, firmado por los magistrados de la sección cuarta. El caso Isadora debe volver ahora al Juzgado de Instrucción numero 6 de Madrid -como pedía el abogado de una de las partes, el fallecido Rafel Burgos- el mismo que el 16 de febrero de 2007 se negó a abrir un procedimiento penal a pesar de la petición de los agentes de la Guardia Civil. El auto de la Audiencia Provincial no se puede recurrir.

El tribunal ha rechazado también que puedan participar en el proceso dos grupos antiabortistas: la organización Unidos por la Familia y el partido católico y ultraderechista Alternativa Española. El juez Sierra había admitido como acusación popular a este último, pero su decisión ha sido ahora revocada por la Audiencia. Los magistrados dicen que, por un lado, no cabe la acusacion popular en un procedimiento en el que ni siquiera están claros los hechos delictivos y, por otro, que hay que garantizar el derecho a la intimidad de las mujeres que han abortado, lo que “ha obviado” el juez Sierra.

“Las informaciones que se contienen en este proceso afectan de un modo particularmente intenso a la vida privada de un grupo numeroso de mujeres”, señala la resolución, “quienes, sin ser sospechosas de haber cometido delito alguno han visto cómo datos relevantes de su vida íntima han quedado expuestos al conocimiento ajeno”.

Todo comenzó a las 10.30 del 16 de febrero de 2007. Dos agentes del Seprona se presentaron en Isadora para “realizar una inspección”, según consta en los atestados. Tras la visita a la clínica se consideró que se estaban gestionando mal los residuos y por eso inmovilizaron el contenedor que estaba a punto de ser recogido por una empresa especializada.

Los dos agentes fueron después a los juzgados de Plaza de Castilla. El caso cayó en manos del magistrado de guardia, el titular del número 6, Ramiro García de Dios Ferreiro. Las “irregularidades en la gestión de residuos” se habían convertido ya en indicios de “supuestos abortos ilegales” a pesar de que los agentes no habían visto el interior de los bidones. Pidieron al juez una “autorización para que el personal del Instituto Anatómico Forense” retirara los “supuestos restos humanos para su oportuno estudio”.

El magistrado no lo autorizó: “Procede de plano y mediante la presente resolución de obligado cumplimiento, denegar la autorización solicitada (…), debiendo abstenerse el sargento firmante del escrito de elucubrar sobre abortos ilegales cuando no existe el más mínimo indicio racional de que se hubiesen producido, sin que quepa elevar las elucubraciones a la categoría de indicios”. Los bidones con residuos sanitarios seguían inmovilizados en la calle. Los agentes no informaron a la clínica de la decisión judicial sino que mantuvieron la orden de no tocarlos. Querían llevar la investigación a la Consejería de Sanidad de Madrid.

Después de varias llamadas, el martes 20 de febrero les dijeron que el departamento se haría cargo “de los envases con residuos clínico-sanitarios”. El jefe técnico de la Unidad de Sanidad Mortuoriay dos agentes se llevaron los ocho bidones a un tanatorio de Alcobendas y los abrieron. En los atestados no consta si los agentes informaron en algún momento a Sanidad de la negativa del juez de permitir su inspección.

Encontraron nueve fetos y restos de liposucciones. Llamaron a la juez de guardia de Alcobendas, quien les dijo que la competencia era de Madrid. Así que volvieron a Plaza de Castilla, sin decir que habían estado allí cinco días antes. El entonces juzgado de guardia (número 31) autorizó el examen de los restos para determinar la edad gestacional y el asunto recayó después, por reparto, en el juzgado 47. El titular, José Sierra Fernández, abrió diligencias previas.

El día 23, la Comunidad de Madrid dictó una propuesta de cierre de la clínica que no fue notificada ni ejecutada. El Seprona siguió investigando. Los agentes identificaron a las mujeres cuyos nombres aparecían en los botes de formol y a otras pacientes de la clínica. Las llamaron como testigos y en algunos casos se presentaron en encia dice que los hechos “evidencian que, ante la negativa del juzgado de instrucción a acceder a la solicitud policial, los agentes del Seprona continuaron actuando por su propia iniciativa, interviniendo los restos cautelarmente, recabando la colaboración de las autoridades administrativas” y “silenciando” que había un antecedente judicial. El objetivo era conseguir un “nuevo magistrado que, esta vez sí, autorizó el estudio de los restos”.

El tribunal afirma que si los agentes consideraron que había hechos nuevos después de abrir los bidones, debieron informar al primer juez en lugar de buscar uno distinto: “Se trata, en suma, de una actuación encaminada a menoscabar la competencia del Juzgado de Instrucción número 6 (…) cuya decisión no fue respetada ni acatada”.
Historia de una persecución

– Diciembre de 2006. Ataque a la clínica Isadora, especializada en interrupciones de embarazos. Aparece pintada con la palabra “asesinos”. Es el 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes. Poco después, la asociación La Vida Importa interpone una denuncia contra varias clínicas madrileñas.

– Febrero de 2007. Guardias civiles del Seprona acuden a la clínica para, supuestamente, comprobar la gestión de residuos orgánicos. Los agentes acuden al Juzgado de Guardia de Madrid y solicitan autorización para abrir los contenedores. El juzgado de Instrucción número 6 de Madrid lo deniega ante la falta de indicios de delito. Los agentes abren los contenedores con la consejería de Sanidad de Madrid. Aparecen cinco fetos y cuatro restos que, según la Guardia Civil, pueden tener más de 22 semanas, el límite para practicar abortos en ese centro. El Seprona busca otro juez. El titular del juzgado de Instrucción número 47, José Sierra Fernández, abre diligencias previas.

– Marzo de 2007. La consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid acusa a la clínica de incumplir la normativa de gestión de residuos orgánicos. El juez Sierra pide a la Guardia Civil que identifique a las pacientes cuyos nombres aparecían en las etiquetas de los botes de formol con los restos fetales y a los trabajadores de la clínica. Los agentes se presentan en sus domicilios. El Anatómico Forense dice que de nueve casos, siete están por debajo de las 22 semanas. En dos no se puede determinar la edad gestacional. La clínica pide que el caso vuelva al juzgado 6.

– Enero de 2008. Alrededor de 25 mujeres que abortaron en 2007 son llamadas a declarar, como testigos, ante la Guardia Civil.

– Marzo de 2008. En su cruzada contra Isadora, el juez Sierra imputa a tres médicos: el responsable del centro, un médico y la psiquiatra.

– Abril de 2008. El Ministerio del Interior abre una investigación sobre las actuaciones de los agentes del Seprona. Los agentes ocultaron a dos magistrados que el juez de guardia había cerrado el caso. Las clínicas de interrupción del embarazo piden una reforma de la Ley del Aborto para lograr mayor seguridad jurídica tanto para las mujeres como para los médicos. El Gobierno ha elaborado un anteproyecto que se presentará en el Parlamento en otoño.

Tomado de: elpais.com

Source: Julio 2009

La lamentable paradoja social del "derecho a la vida"

El siguiente artículo, tiene como finalidad generar la reflexión y abrir la discusión respecto a la noticia, y polémica, generada por la Campaña nacional: “Aborto: Información Segura”; lanzada el pasado jueves 28 de Mayo en algunas ciudades de nuestro país – entre ellas Temuco -, por la Red Salud Mujeres Chile; red integrada por mujeres y Organizaciones Feministas que cuenta con el apoyo de Organizaciones Feministas Internacionales.

Esta campaña consiste en la habilitación de una línea telefónica destinada a entregar, en forma gratuita, información pública a mujeres acerca de la interrupción del embarazo de manera segura, usando un medicamento denominado Misoprostol.

Cabe señalar, que dicho fármaco (encontrado actualmente vía internet y bajo receta retenida en farmacias), fue creado originalmente para el tratamiento y prevención de la úlcera gástrica, y ha sido reconocido para uso ginecológico por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que a partir de sus investigaciones, añadió a su lista modelo de medicamentos esenciales el Misoprostol para el tratamiento de aborto incompleto, aborto espontáneo o aborto diferido (uso que es aprobado y utilizado en Chile en los servicios de salud), siendo comprobada su eficacia para este uso, y en otras complicaciones del embarazo. El Misoprostrol es utilizado además, por sí solo, o con otro medicamento denominado mifepristona – según protocolo de la OMS – para inducir el aborto como método de control de natalidad en países pobres.

Muchas apreciaciones y miradas pueden surgir al respecto. No obstante, considerando el panorama legal y sociopolítico en Chile, es necesario reconocer, en primera instancia, que una acción como esta, ha logrado abrir la discusión respecto a un tema que en Chile tenemos pendiente.

Esta campaña constituye un acto político, donde no sólo se habla del derecho al aborto, a la información, y a la autonomía del cuerpo (como se señala en algunos medios de prensa). Sino que se habla además – y fundamentalmente – de los derechos de la mujer, de derechos sexuales y derechos reproductivos, de derechos de no discriminación, de igualdad, de salud, de derechos civiles y políticos, entre otros.

En los medios de comunicación, hemos visto como, una vez más, la Iglesia Católica y las denominadas organizaciones “provida” intentan imponer sus “posturas”, proclamando que una acción como esta promueve un “crimen”, y constituye una “aberración” y una “vergüenza” para la sociedad, para “nuestros valores”, la “ética y la moral”. Según sus voceros se trataría de una acción que incitaría a cometer un “asesinato”, un atentado y una violación al “derecho a la vida”.

Pues bien, hablar del “derecho a la vida”, considerando la realidad social chilena, así como nuestro escenario político y legal, no deja de ser una gran “PARADOJA”. En primer lugar, habría que comenzar por aclarar algunos aspectos respecto a la ley de aborto que tenemos en Chile. Se trata de una de las leyes más restrictivas y punitivas del mundo referente a esta materia, donde el aborto es criminalizado en todas sus formas, inclusive el aborto terapéutico, donde se pone en riesgo la vida, la salud física y psicológica de la mujer. Cabe señalar, que el aborto terapéutico estuvo vigente en Chile entre 1931 a 1989, año en que se elimina su excepción, pasando a la categoría de homicidio simple, con penas de tres a cinco años de prisión. Constituyéndose así, en uno más de los legados que nos ha dejado la dictadura del “Señor” Pinochet. Con esta “medida”, se “toma” a la mujer como un mero “aparato” y objeto reproductor; resguardando la “vida” de un embrión o feto en gestación, bajo supuestos ideológicos -de carácter eminentemente religioso- por sobre la vida y los derechos de la mujer.

Lograr la legalización del aborto terapéutico, es hoy lo más urgente en nuestra legislación. No obstante, reflexionar y discutir sobre aborto a “secas”, debiera ser un compromiso político y social que concierne a toda la ciudadanía.

¿Por qué? Porque como sociedad, tenemos el derecho humano de contar con políticas públicas que nos otorguen el acceso a una salud sexual y reproductiva acordes a la libertad de conciencia y decisión de las chilenas y los chilenos. Así también, tenemos el derecho de contar con el diseño, implementación y gestión de calidad de planes y programas que nos proporcionen acceso a toda la información referente a esta materia, y, a los servicios de atención de salud integrales. Tenemos además el derecho de acceder a todos los métodos anticonceptivos seguros y eficaces de regulación de fertilidad y de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Promoviendo de esta manera, el ejercicio de una sexualidad libre, plena, segura y responsable. Porque, como mujeres, tenemos el derecho humano de disfrutar de nuestra sexualidad y de decidir en libertad y responsabilidad cuándo y cuántos/as hijo/as queremos tener, o no tener.

Estos derechos han sido reconocidos como derechos humanos esenciales por el Estado chileno – Estado constitucionalmente laico – en diferentes Tratados y Convenciones Internacionales. Instrumentos jurídicos a partir de los cuales Chile se ha comprometido a su promoción, protección y difusión, a través de la promulgación de leyes e implementación de políticas públicas que garanticen su efectivo ejercicio. Estos son: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de Derechos Humanos, La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención de los Derechos del Niño , la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación en la Esfera de la Enseñanza, entre otros. Dichos instrumentos se encuentran al amparo del derecho internacional y generan efectos vinculantes o de obligatoriedad de los compromisos estatales adquiridos, compromisos que el Estado de Chile NO respeta, siendo nuestros derechos cotidianamente violados y vulnerados.

Por tanto ¿Qué tenemos hoy en materia de salud sexual y reproductiva al alcance de todas/os las/os chilenas/os?: Políticas públicas y leyes de base naturalista y biológica. En otras palabras, la sexualidad y los cuerpos se restringen y remiten a la reproducción bajo cuestionamientos y disposiciones valóricas impuestas por el poder de la “norma y la moral” de quienes representan a un sector minoritario de la población. Estas disposiciones dejan fuera de la discusión y del reconocimiento, las prácticas, orientaciones sexuales y los valores de la gran mayoría, omitiendo además, las consecuencias y problemáticas que esto conlleva: ejercicio de una sexualidad no plena, irresponsable, propagación de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA, cáncer cérvico uterino provocado por el virus papiloma humano, embarazos en adolescentes, embarazos no deseados, y ABORTOS clandestinos, entre otros. Problemáticas, que por lo demás, son transversales a todos los estratos sociales -no así- el acceso a recursos y servicios de atención de salud de calidad, afectando, mayoritariamente a la mujer.

Lo anterior, se debe exclusivamente a la hegemonía y al poder que ejercen los grupos fácticos, la derecha conservadora y la Iglesia Católica ante el Estado chileno. El mismo poder avalado por la Constitución Política de 1980 y por nuestro sistema electoral binominal. Resguardando de esta manera, las “normas y valores” que nos dejó como legado la dictadura de Pinochet; valores que por lo demás, se sustentan desde nuestro proceso de construcción histórica-identitaria de dominación-subordinación.

¿En un Estado “democrático” como el nuestro, esto se puede sostener? Claramente sí. Pues al funcionar bajo una la lógica de mercado y contar con un sólido, “sostenible y sustentable” modelo económico neoliberal (patriarcal, imperialista, hegemónico y elitista), ha sido la opción más conveniente y viable para el resguardo de los intereses, del “bienestar social” y del “bien común”. Los mismos que sustentan, resguardan y benefician al sector minoritario, más rico y poderoso de “nuestro” país.

Ayuda memoria…

Recordemos la prohibición de la distribución de la “Píldora del Día Después”, en abril del 2008. Un método de anticoncepción de emergencia que era parte de nuestras políticas públicas de salud reproductiva, que se distribuía libre y gratuitamente desde el año 2006, en hospitales y consultorios, a mujeres desde los 14 años, como parte de la implementación de un programa de planificación familiar.

El argumento para su prohibición se sostiene en el “supuesto” de que al utilizar la píldora antes de las 72 horas de haber tenido una relación sexual sin protección (período en el cual se recomienda su uso), o con falla en la misma, estaríamos atentando contra una “vida”, es decir, cometiendo un “asesinato”. ¿Quien lo dice? Un grupo de 36 Parlamentarios, conformado por treinta y tres hombres y tres mujeres de derecha conservadora, y un fallo de nuestro elitista Tribunal Constitucional. En este caso, cinco “Jueces”, cuatro hombres y una mujer, y uno que no votó, de un total de diez, decidieron por una población de 16.934.219 habitantes*. ¿Qué generó esto?, grandes movilizaciones sociales, oídos sordos de los poderes del Estado, un fuerte y rotundo amén, y “caso cerrado”.

*Cifra extraída de datos Censo 2002.

Recordemos además, que desde abril del 2008, como un mecanismo alternativo (ojo, en un gobierno “democrático”) la distribución de la píldora en los servicios de salud pública quedó confinada a la “autonomía” de los municipios; la misma “administración autónoma” de los sistemas de educación “pública” y de salud primaria que nos deja como un regalo el Sr. Pinochet antes de dejar su “gobierno”, y que hoy los tiene en crisis.

¿No debería ser esto parte de una política pública de salud reproductiva, un derecho de todas/os las chilenas y chilenos? Pues no. En Chile quedó bajo la decisión y gestión del Edil y de su Concejo Municipal, sin seguimiento ni fiscalización alguna. Disposición de mecanismo alternativo de distribución que el reciente dictamen de Junio del 2008, de la Contraloría General de la Republica – por requerimiento de grupos provida -, también prohíbe (exceptuando en los casos de violación) Reflejando, con esto, un nuevo y aberrante ataque y retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos. No obstante, en ambas medidas, lo que se obtiene es la exacerbación de las inequidades sociales; puesto que sólo se otorga una real garantía del derecho al libre acceso a la anticoncepción de emergencia, a aquellas mujeres que cuentan con los recursos económicos para adquirir la píldora bajo receta médica en una farmacia. Es importante destacar además, que actualmente la P. A. E. se encuentra en ocasiones con dificultad incluso por este medio, ya que muchos dueños de la industria farmacéutica – debido a presiones económicas o convicciones ideológicas – han decidido no venderla o distribuirla, obviando que es un medicamento que se encuentra en el listado del Formulario Nacional.

Para qué recordar el escándalo y prohibición de las JOCCAS (Jornadas Comunitarias de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad); y así podríamos continuar con las campañas de prevención de VIH / Sida, y muchos otros.

Por otra parte, en la prensa oficial, se ha dado énfasis a lo “inseguro, aberrante y peligroso” que puede ser esta campaña denominada “Aborto: Información Segura”. Pues bien, como las cifras utilizadas por sus gestoras que arrojan 160 mil abortos al año en Chile, basadas en estadísticas del Ministerio de Salud , han sido tan cuestionadas por la dificultad de comprobar -en el marco de la clandestinidad – cuántos de estos casos han sido provocados y cuántos de ellos han sido espontáneos; propongamos el siguiente ejercicio:

Detengámonos y preguntémonos las mujeres de nuestro país: ¿Cuántas de nosotras hemos abortado y bajo qué condiciones? ¿Cuántas de nuestras hermanas, primas, tías, madres, amigas, vecinas lo han hecho? Preguntemos a médicos/as y matronas sobre sus experiencias y conocimientos sobre los riesgos sanitarios, de muerte y secuelas que involucran los abortos clandestinos.

Estas respuestas, sumadas a nuestras experiencias personales y a lo que cada una conoce del tema, nos llevan al siguiente planteamiento: El aborto clandestino en nuestro país es una realidad y uno de los métodos de “control de natalidad” más utilizados por mujeres. Realidad que como sociedad nos concierne, a mujeres y hombres; pero donde somos NOSOTRAS quienes directamente ponemos en riesgo nuestra vida, salud y libertad. ¿Quién se ha hecho cargo de esto? ¿El Gobierno, la Presidenta, el Estado, la Iglesia, los curas, los políticos, el colegio médico, el de abogados, el de matronas? Pues no. Es una problemática social y no podemos evadirla, y menos aún, silenciarla.

No podemos olvidar que una mujer que no cuenta con los recursos necesarios (aprox. el 80 % de nuestra población*), no puede cancelar al médico que se enriquece con la clandestinidad de un aborto “seguro” en las condiciones sanitarias adecuadas y en una clínica privada, una suma que se estima entre los 600 mil y el millón y medio de pesos (eso no está en los estudios obviamente, aunque es de conocimiento público.) Por tanto, en su desesperación, recurren a sondas, varas de plantas, palillos, raspaje con instrumentos no adecuados y/o oxidados, inyecciones, y otros métodos que significan un gran peligro para sus vidas y su salud. Entre estos métodos está el uso del Misoprostol, medicamento reconocido e investigado por la OMS para uso ginecológico, específicamente para el tratamiento del aborto; que de no ser utilizado según el protocolo definido por sus investigaciones, podría convertirse en un riesgo para la salud y la vida de la mujer.

* Cálculo aproximado, extraído de datos de Mideplan sobre segmentos socioeconómicos.

Entonces, lo que hace la Red Salud, compuesta por mujeres feministas de Chile, a través de esta campaña, no es promover el aborto, ni facilitar el fármaco. Sino que, entregar la información científica existente y de uso público, para que mujeres – que por distintas razones hayan decidido interrumpir sus embarazos – puedan hacer uso de este medicamento, contando con la información e instrucciones adecuadas; utilizándolo de la manera más efectiva y segura posible.

Considerando lo anterior: ¿Podemos abogar por la defensa del “derecho a la vida del que está por nacer”, y el “bienestar común”, cuando vivimos en un país donde ni siquiera se ha resguardado el derecho a la salud y a la educación? Un país donde nuestros derechos de igualdad, de libertad, de acceso a información, de no discriminación (derechos constitucionales) derechos sexuales y reproductivos, entre muchos otros – reconocidos todos como derechos humanos esenciales – son violados y vulnerados cotidianamente, no contando ni siquiera con un marco legal que permita resguardarlos.

Pues claro, sólo contamos con “esperanzadores” proyectos de ley que duermen en el Congreso y que son “recordados” por algunos políticos en períodos de elecciones con frases sueltas que semejan un falso baño de progresismo. Es el caso de los Proyectos: Ley Marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, de no Discriminación, Pacto de Unión Civil, Matrimonio entre Homosexuales, entre otros. Veamos qué sucede efectivamente una vez terminado el proceso.

Estas personas – en su mayoría hombres – que en sus discursos alzan sus voces imponiéndonos sus convicciones ideológicas, afirmando que la interrupción de un embarazo antes de las nueve semanas ginecológicas (como se informa en las fuentes que proporciona esta campaña), es una aberración y un crimen social. Por lo visto, o no tienen vida sexual, o simplemente tienen los recursos para tener muchos hijos e hijas, dejarlos al cuidado de la madre – esposa o “nana”, llevarlos a un buen colegio y pagarles una buena atención de salud. O bien – en caso de “emergencia” o decisión “culposa”- pagar a un “buen” médico para que realice un aborto “seguro” a sus hijas, pololas, o amantes, sin que nadie se entere, en una clínica privada, en el extranjero, y en adecuadas condiciones sanitarias. Todo ello, para que su embarazo no les destruya la “familia”.

A estas personas que bajo sus convicciones personales, sostienen e intentan imponer la idea de que la interrupción del embarazo como aquí se sostiene, es “atentar contra la vida de un ser humano”, apelando al derecho constitucional que vela por “la vida del que está por nacer” (art. 19. n° 1 y 2). Recordamos que este derecho no constituye un derecho humano esencial de la persona; razón por la cual, el Sr. Jaime Guzmán debió resguardarlo en la Constitución del 80. Recordemos también, que en nuestro Código Civil en su art. 55, se reconoce la calidad de sujeto de derecho, solo al momento de nacer.

No obstante a lo anterior, sería bueno tan sólo preguntarles a estas mismas personas si consideran dentro de sus argumentos, lo siguiente: ¿Qué sucede con la “vida” de una mujer al portar por meses en su cuerpo a un feto que al expulsarse o extraerse está diagnosticado a la muerte? ¿Qué pasa con la “vida” de una mujer y la de su hijo/a que al nacer con malformaciones y problemas congénitos, requiere toda su “vida “de recursos y atenciones de salud y otras, que este país NO nos otorga? ¿Que sucede con la “vida” de aquellas mujeres y del niño/a que nace producto de una violación? (derecho al aborto terapéutico) ¿Qué sucede con la “vida” de aquellas mujeres y sus hijos/as, que por no contar con una adecuada y efectiva educación sexual y salud reproductiva, se embarazan sin desearlo; o bien, traen al mundo a sus hijos/as sin contar con los recursos económicos y/o emocionales que le permitan tan sólo alimentarlos/as, protegerlos /as y velar por sus derechos básicos? ¿Qué sucede con la “vida” de las mujeres que no desean ser madres y se embarazan por fallas en sus métodos anticonceptivos? (Derecho al aborto) Las respuestas y reflexiones que surgen de estas preguntas… ¿Les permiten y otorgan el derecho de imponer un derecho?

Por último, considerando que el uso del Misoprostol y el lanzamiento de la Campaña “Aborto: Información Segura” ha sido tan cuestionada y criticada en los medios de prensa oficial por algunos parlamentarios, el sector salud y otros; hacemos un llamado a legisladores y profesionales a establecer un diálogo con el resto de la ciudadanía, para abrir la discusión y sostener una postura desde los distintos gremios, colegiaturas y sectores, respecto al aborto y las problemáticas relacionadas. Es necesario considerar y recoger las diversas miradas (científicas, sanitarias, legales, sociales, etc.) para informar adecuada y seriamente a las/os ciudadanas/os; otorgándoles la posibilidad de elegir y decidir, sin recurrir a discursos populistas. ¿No constituye esto una realidad y una demanda social que involucra el derecho a la salud y el derecho a la vida? Los mismos derechos que muchos sostienen en sus argumentos como un verdadero “crucifijo”.

No está demás recordar qué sucedió con el derecho a la “vida” en la dictadura de Pinochet, el mismo derecho que hoy la Iglesia, los sectores conservadores y quienes sostienen su ideología, cuestionan y criminalizan al hablar de la salud de la mujer y de aborto en el marco de una ley que nos deja como legado su “gobierno”.

Por todo lo anterior, el aborto clandestino, su aberrante y retrograda criminalización, las problemáticas que se desprenden de las políticas de educación sexual y salud reproductiva que tenemos, o más bien, no tenemos. Así como la violación y vulneración constante de los derechos humanos de la mujer en Chile, constituyen una realidad social presente en nuestra historia que no podemos olvidar, ni menos evadir y silenciar.

Entonces, en vez de poner en tela de juicio y pedir la hoguera para las mujeres que han iniciado esta campaña, debiéramos reflexionar sobre su acción. Apoyarlas por su convicción y valentía; porque como mujeres, ciudadanas y feministas, se hacen cargo de una realidad y una problemática que como sociedad se evade y/o desconoce. Asumiendo todos los coletazos y la persecución social, política y legal que claramente se viene.

Las reflexiones y conclusiones que desde aquí se generan, nos hacen reconocernos desde una identidad nacional construida y sostenida en la lógica del doble estándar y el doble discurso; la misma lógica patriarcal, hegemónica y de dominación que no nos permite abrir los ojos para ver “al otro” y “la otra”, y velar por el bienestar “común” de todos y todas los chilenos y chilenas.

Los argumentos que hemos visto desde el lanzamiento de esta campaña, sesgados y/o sostenidos en juicios de valor, constituyen – por decir al menos – UNA TREMENDA Y LAMENTABLE PARADOJA SOCIAL.

Esta campaña “Aborto: Información Segura”; una acción política impulsada por mujeres feministas, nos dice que ya es hora de quitarse las vendas, y que desde nuestras distintas posturas y miradas, nos hagamos parte y cargo de esta discusión. Asumiendo la práctica del aborto clandestino, las problemáticas relacionadas y su aberrante criminalización – en el marco del respeto y garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos – como una responsabilidad y una demanda social. En este sentido, las mujeres de la sociedad civil, tenemos mucho que decir y decidir.

Por todo lo anterior, el aborto clandestino, su aberrante y retrograda criminalización, las problemáticas que se desprenden de las políticas de educación sexual y salud reproductiva que tenemos, o más bien, no tenemos. Así como la violación y vulneración constante de los derechos humanos de la mujer en Chile, constituyen una realidad social presente en nuestra historia que no podemos olvidar, ni menos evadir y silenciar.

Fuentes: Proyecto de Ley Marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos. Junio, 2000.

Tomado de: mapuexpress.net

Source: Julio 2009

España: El Poder judicial aprueba que las chicas de 16 años son suficientemente maduras para decidir la decidir la interrupción del embarazo

El CGPJ respalda por tres votos a favor y dos en contra el dictamen que considera constitucional el anteproyecto de ley del aborto.- El texto recomienda que se reconozca el derecho de los padres a ser informados aunque su opinión no tendrá validez.

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Las jóvenes de entre 16 y 18 años de edad son suficientemente “maduras” como para gozar de plena autonomía para decidir la interrupción voluntaria del embarazo, según establece el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el Anteproyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que ha sido aprobado esta mañana por la comisión del CGPJ por tres votos a favor y dos en contra.

A pesar de reconocer la capacidad de las chicas para decidir si abortan o no, la comisión considera que se admita el derecho de los padres a ser informados de la solicitud para abortar de una menor, si bien la opinión de los progenitores no tendrá ninguna validez, según fuentes del Poder Judicial. En el caso de que el representante legal se opusiera a prestar el consentimiento, el CGPJ considera “adecuado” que se diseñe un procedimiento judicial con la finalidad de autorizar el aborto. De esta forma, reconoce que “se contribuye a conciliar el derecho a decidir de la mujer que es suficientemente madura, con las facultades de orientación y consejo que derivan de los padres.”

Otra novedad que introduce el informe, realizado por la vocal Margarita Uría, recomienda que a la joven que desee abortar le entreguen los médicos un “informe detallado” con todas las circunstancias que concurren el caso, “no un simple formulario rutinario y abstracto”, según las fuentes informantes.

El dictamen ha sido sometido esta misma mañana a votación en la Comisión de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial y ha sido aprobado, al obtener el voto favorable de tres de los vocales que lo integran. Margarita Robles, José Manuel Gómez Benítez y la ponente del informe, Margarita Uría son favorables, frente a la opinión de los vocales designados a propuesta del PP, (Concepción Espejel y Claro José Fernández). El texto resultante será discutido en última instancia en el Pleno que se celebrará el próximo día 23.

Descargar archivo

 

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Source: Julio 2009

Action Now: OP-ICESCR/ Actúe Ahora:/Agissez maintenant!/ PF-PIDESC

Estimad@s miembros:

La Coalición de ONG por un Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC) lanzó una acción en apoyo al Protocolo Facultativo, convocando a los Estados del mundo a asegurar que el acceso a la justicia y el derecho a una recurso efectivo se convierta en una realidad para todas las víctimas de violaciones de los derechos humanos, instándolos a firmar el PF-PIDESC cuando se abra a la firma el 24 de septiembre de 2009; a asegurar que el PF-PIDESC entre en vigor a la brevedad posible; y a tomar todas las medidas posibles para implementar plenamente el PF-PIDESC sin demoras. Asimismo, convocamos a aquellos países que aún no son parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a ratificar o acceder a este tratado de inmediato y también a firmar el Protocolo Facultativo el 24 de septiembre.

Les pedimos a todos ustedes como organizaciones e individuos comprometidos con los derechos económicos, sociales y culturales, que apoyen esta acción a través de estos 3 pasos:

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  1. Suscribiendo la Petición – pueden firmarla en nombre de su organización y/o en su carácter personal.
  2. Incluyendo información sobre esta acción en su sitio web, y un vínculo a ésta: www.protectallhumanrights.org/es.  Además, le rogamos compartir esta acción por correo electrónico a sus redes y contrapartes, pidiéndoles que hagan lo mismo.
  3. Juntar firmas en reuniones, encuentros y eventos de su comunidad, institución educativa, etc. Podrá encontrar una versión imprimible de la Petición aquí.

Para mayor información puede ingresar a nuestra página web o contactarnos escribiendo a op-coalition@escr-net.org .  

Plazo para la acción:   19 de agosto.  Tener su firma para esta fecha nos permitirá comunicarnos con los Estados, compartir con ellos los resultados de la acción y ejercer suficiente presión para que se comprometan a firmar.  

La Petición se encuentra actualmente disponible en español, ingles y francés. Si puede traducir a otros idiomas, le rogamos que lo haga y lo publique en su sitio. También le rogamos enviarlo a op-coalition@escr-net.org y nosotros la distribuiremos aquí.

Atentos saludos,

Consejo de la Coalición de ONG por un Protocolo Facultativo al PIDESC

Amnistía Internacional, Secretaría Internacional, RU; Community Law Centre, Sudáfrica; Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE), Suiza; Red Internacional para los Derechos ; Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC); EE.UU.;  Food First Information and Action Network (FIAN) Secretaría Internacional, Alemania; Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Suiza; International Federation for Human Rights (FIDH), Francia;  International Women’s Rights Action Watch Asia-Pacific (IWRAW Asia-Pacific) Malasia; Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo  (PIDHDD), Paraguay; Social Rights Advocacy Centre, (SRAC), Canadá

Para l@s miembros de la Red-DESC: Como ustedes saben, la Red-DESC está coordinando la Campaña por el PF-PIDESC. Considerando la importancia que este Protocolo Facultativo tiene para el campo de los DESC en general así como también la declaración presentada por los miembros de Red-DESC en apoyo al rol de la Red en la Campaña por el PF, quisiéramos considerar la Campaña por el Protocolo Facultativo como una Campaña de toda la Red.  Esto significa que los miembros de la Red-DESC recibirán toda la información sobre la Campaña, serán considerados miembros de la Coalición de ONG por un PF y, según la capacidad y los recursos de cada un@ de ustedes, se les pedirá que actúen y apoyen las actividades a favor del Protocolo Facultativo. Para los fines de esta Petición, quisiéramos agregar el nombre de todos los miembros de la Red. Le pedimos que siga los cuatro pasos consignados arriba y, si no desea que su nombre aparezca en el petitorio o en la lista de miembros de la Coalición, nos lo comunique antes del 17 de julio. 

Suad Elías Atala
Deputy Director
ESCR-Net/Red-DESC/ Réseau-DESC
selias@escr-net.org
Phone: +1(212) 681 12 36 Ext. 26
Fax: +1(212) 681 1241
211 East 43rd. St. Suite 906
New York, NY 10017. USA

www.escr-net.org
Working together to make Human Rights a  reality for all

 

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Source: Julio 2009