Un tema tabú

Hace poco más de un mes el Vaticano vetó a Caroline Kennedy, la hija del ex presidente John F. Kennedy, como embajadora de EEUU ante la Santa Sede. Según el diario conservador Il Giornale, la razón habría sido su postura favorable hacia el aborto. Este mismo diario informa, además, que el Vaticano también vetó a otros dos candidatos entre los cuales destaca Douglas Kmiec, profesor de derecho constitucional de afiliación republicana, por el hecho de decir que los católicos no necesitan permiso de su sacerdote para votar por Obama, aunque apoye el aborto.

 

A este asunto se suma la reacción airada por parte de grupos antiabortistas por la invitación de la Universidad Católica de Notre Dame a Obama. Según el diario Madrid Digital, el cardenal Francis George, presidente de la conferencia episcopal de los EEUU, afirmó que este hecho representa que dicha universidad “no entiende lo que significa ser católico cuando envía esta invitación”. Al Vaticano tampoco le gusta que Obama haya levantando la prohibición de investigar con células madre.

Estos hechos, así como la absurda e irresponsable condena del Papa al uso del condón en África, la región más azotada en el mundo por el sida, son, acaso, la punta de un iceberg que está mostrando no solo un endurecimiento de la Santa Sede sobre estas y otras materias sino también una estrategia mundial que busca frenar el avance de posturas progresistas que apoyan, entre otros temas, el matrimonio entre homosexuales, el aborto y el uso de anticonceptivos como la píldora del día siguiente o Anticonceptivo Oral de Emergencia (AEO). Se sabe, además, que el Vaticano viene realizando grandes presiones ante diversos organismos internacionales y países para, justamente, frenar estos avances. En la Nicaragua “sandinista” (¿?), el gobierno de Daniel Ortega, interesado más en una alianza con la conservadora jerarquía católica, ha prohibido totalmente el aborto, lo mismo ha sucedido en República Dominicana.

Y si bien en el Perú no se ha llegado todavía a esos extremos, lo cierto es que hay una  abierta campaña para prohibir tanto el aborto terapéutico, que está despenalizado desde 1924, como la píldora del día siguiente. La cabeza visible de ello es el cardenal y miembro del Opus Dei Juan Luis Cipriani, quien calificó de “traidores” a todos aquellos que apoyan el aborto.

En julio del año pasado, durante el tedeum, afirmó que hay “grupos ideológicos” que “usando campañas millonarias, buscan nuevas formas de aborto bajo el pretexto de la salud reproductiva”. En este caso se refería a la AEO que, como sabe, es de uso legal en el país.

Sin embargo, lo más peligroso en esta escalada conservadora es el intento por modificar la actual regulación del aborto terapéutico y eugenésico. El 25 de noviembre del año pasado, el grupo parlamentario aprista a través del congresista Edgar Núñez, “paladín” de las peores causas, ha presentado un proyecto de ley (02878/2008-CR) que busca limitar, por no decir imposibilitar, ambos tipos de aborto. Según diversas instituciones, dicho proyecto de ley “modifica el tipo penal de aborto terapéutico, restringiendo su aplicación a casos en los que exista un peligro inminente a la salud de la mujer gestante (concepto más restrictivo que el riesgo de un mal grave y permanente recogido en el Código Penal vigente), y cuando se den las 17 entidades clínicas mencionadas  expresamente en el proyecto de ley”.

La preocupación de estos grupos vinculados a la defensa de los derechos de la mujer –y tienen toda la razón– es que estas restricciones se trasladen al nuevo Código Penal que hoy está en revisión, con lo cual se limitaría al máximo, por no decir se prohibiría, el aborto terapéutico y el eugenésico.

Se calcula que cerca de 300 mil mujeres abortan al año en el país y que un promedio de 100 mujeres mueren al año ante la falta de servicios de aborto terapéutico. Se sabe, además, que los hospitales no brindan este servicio, ni cuentan con normas de atención. Una de las razones es que hasta ahora el Estado –gracias a los lobbies conservadores en la PCM, y en los ministerios de Salud y Justicia– se niega a promulgar el protocolo de aborto terapéutico, pese a que hace un par de años fue aprobado por la Maternidad de Lima.

Si bien el aborto es un tema siempre polémico, el aborto terapéutico no puede serlo, más aún cuando está en juego la vida de cientos de mujeres y cuando es un derecho reconocido de la mujer. La ofensiva conservadora continúa, como lo demuestra también el nuevo reglamento disciplinario de la policía que es un monumento a la homofobia y a la intolerancia.  Por eso y por otras razones soy un convencido de la necesidad de un Estado laico y, por lo tanto, contrario al teocrático que hoy nos quieren imponer los conservadores en nuestro país.

(*) www.albertoadrianzen.org

Fuente: larepublica.pe

Source: Mayo 2009