Ser madre: una opción en libertad

Promover políticas integrales para reducir la mortalidad y morbilidad de mujeres por razones de embarazo, parto y puerperio es una cuestión de derechos humanos, que el Estado Boliviano está en la obligación de garantizar, así lo establece la Constitución Política del Estado. Debe recordarse que la mortalidad materna en Bolivia es una de las más altas del Continente. Según algunos indicadores en las áreas rurales e indígenas de nuestro país la tasa de mortalidad materna alcanza al 887 por cada 100 mil nacidos vivos.

 

El decreto supremo Bono madre-niño o niña, emitido por el Presidente de la República que nace con el nombre de Juana Azurduy de Padilla, es una medida que busca prevenir entre las familias más pobres, las causas de la mortalidad materna, incentivando a que las mujeres embarazadas asistan rigurosamente a sus controles médicos durante la gestación. Consiste en un pago de 50 bolivianos por cada uno de los primeros cuatro controles prenatales y una Arial;”>ayuda de 120 bolivianos para el parto. Asimismo, establece un pago de 125 bolivianos cuando las mujeres acudan con sus niños a las consultas médicas (bimensuales) hasta que cumplan los dos años.

Hasta aquí nos queda claro que el objetivo de este decreto —¿por qué no Ley?— es fomentar, a través de un incentivo económico, la utilización de los servicios de salud durante el embarazo y prevenir la salud de los niños hasta cumplir sus dos años de vida.

Esta iniciativa que en principio saludamos porque apela a resguardar el derecho a la salud reproductiva de las mujeres —aunque sobre su sostenibilidad y calidad de los servicios no se haya dicho nada— no deja de alertarnos sobre su lado menos luminoso, es decir sobre sus efectos no deseados. ¿Podría interpretarse el pago de este bono como un incentivo para aumentar la fecundidad entre las familias más pobres? ¿Se convertirá en una razón esgrimida por los varones para fomentar una maternidad no deseada y una paternidad irresponsable? Sin duda este tema requiere de un análisis más profundo, que dé cuenta del derecho de las mujeres a elegir si quieren tener hijos, decidir el número de hijos y con qué frecuencia tenerlos, todo ello tiene que ver con el derecho de las mujeres a asumir de modo autónomo el control sobre su propia sexualidad y capacidades reproductivas.

Si bien ninguna mujer debería perder la vida al dar a luz, ninguna mujer debería tener embarazos no deseados. Todas las mujeres deberían tener hijos/as saludables y los niños deberían llegar a un mundo preparado para cuidarlos. Como muestran algunos estudios la mayoría de los embarazos adolescentes, no son planificados y se encuentran en esta categoría. Así lo ratifica un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas, presentado en Bolivia en conmemoración al Día Mundial de la Población 2008, cuando precisa que los casos de embarazos no deseados en mujeres adolescentes alcanza a un 70 por ciento. Una de las causas más importantes es la falta de información adecuada sobre la sexualidad y el cuidado del cuerpo y la dificultad en el acceso a métodos de prevención.

Este panorama se complejiza cuando la situación de embarazos precoces o producto de formas de violencia y abuso sexual se resuelven por la vía del aborto. La ilegalidad del aborto en nuestro país, fruto de posturas religiosas conservadoras que permean la voluntad del Estado, no tiene otro cauce que cientos de muertes maternas. Estimaciones realizadas para el año 1995 indican que en Bolivia se realizan alrededor de 115 abortos al día, se estima que hay 60 muertes por cada 10 mil abortos, según constata un estudio de la Cepal.

La despenalización del aborto contrariamente a lo que se asume contribuiría a disminuir los altos índices de mortalidad materna en Bolivia porque permitiría garantizar servicios de salud para atender abortos de forma segura, especialmente para aquellas mujeres de escasos recursos que quieren interrumpir un embarazo no deseado sin poner en riesgo sus vidas.

El Estado tiene la obligación de garantizar la implementación de políticas públicas de salud sexual y reproductiva que ayuden a prevenir los embarazos no deseados y los abortos en un marco de respeto a los derechos humanos, del mismo modo que es su obligación garantizar una maternidad segura a aquellas mujeres que desean tener hijas e hijos.

La autora es socióloga. Docente de la UMSS.

Fuente: lostiempos.com

Source: Mayo 2009