El embarazo no deseado y la pobreza

Ocho mujeres egresan por día de centros de salud públicos después de haber sido hospitalizadas por abortos realizados en condiciones inseguras. Muchas son niñas o adolescentes.

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A tres meses de las muertes evitables de Carina, de 30 años, y Perla, de 24, que se produjeron el 20 y 21 de febrero en el hospital provincial de Rosario por complicaciones de abortos realizados en condiciones inseguras, el colectivo Mujeres Autoconvocadas Rosario (MAR) elaboró un informe donde consigna que 8 mujeres egresan cada día de centros de salud públicos después de haber sido hospitalizadas por esta causa. El dato más alarmante indica que el 21,5 por ciento de las hospitalizaciones corresponden a niñas y adolescentes de 10 a 19 años. Santa Fe es la segunda provincia en Argentina con este porcentaje de abortos considerados de “alto riesgo” por la edad de las gestantes, sólo superada por Chaco. MAR traza un diagnóstico: “El aborto inseguro es un problema de justicia social que discrimina a las mujeres pobres, dado que no tienen posibilidad de lograr una atención segura, exenta de riesgos para su salud y su vida”.

Este trabajo fue entregado a los 19 senadores provinciales y a la vicegobernadora Griselda Tessio, ya que la Cámara alta provincial debe tratar el proyecto de la diputada del SI Alicia Gutiérrez para convertir en ley la Guía para el Mejoramiento de la Atención Post Aborto.

En 2007, fueron 2.766 las mujeres hospitalizadas por complicaciones de abortos en la provincia de Santa Fe. De ellas, 42 tenían entre 10 y 14 años, y 552 de 15 a 19. En este sentido, el documento elaborado por MAR advierte que “los subregistros y la ausencia de consulta por temor a la consulta, son algunos elementos que conforman la llamada ‘cifra negra’ que no figura en los registros oficiales”. Es decir que ese número es indicativo para dar cuenta de la magnitud de esta situación. Otro dato para dar cuenta del problema de salud pública es que los centros de salud públicos tienen 18 hospitalizaciones postaborto por cada 100 partos.

Tras la muerte de Carina y Perla, a las que el 10 de marzo pasado se sumó Ana, en el hospital regional de Reconquista, el ministerio de Salud provincial manifestó la voluntad de poner en práctica la guía elaborada por un grupo de expertos y expertas cuando Ginés González García era ministro de Salud de la Nación. Gutiérrez había presentado en 2006 un proyecto de ley para que esa guía sea adoptada por la provincia. Se trata de un completo indicativo para una atención humanizada y asesoría a mujeres que recurren al hospital público. La iniciativa original perdió estado parlamentario sin ser tratada, pero el año pasado Gutiérrez insistió, y logró su aprobación en Diputados en septiembre.

“Quisimos hacer un documento estadístico, que elabora y refiere los datos oficiales, para dar cuenta de la importancia de este problema de salud pública. Y recurrimos a esta ley estancada en la comisión de salud del Senado, por eso nos fuimos presentando en distintas instancias. Llegamos a la comisión de Salud de Senadores, donde tuvimos muy buena recepción”, indicó Marité Yanos, de MAR, quien junto a Silvina Boschetti se ocupó de sensibilizar a los senadores. El proyecto obtuvo dictamen favorable de la comisión de Salud de Senadores la semana anterior, y tenía preferencia para ser tratado el jueves pasado, pero por “cuestiones técnicas” se pospuso para la próxima semana. Sin ocultar su decepción, Yanos confió en “la palabra dada por los senadores”. Para la activista de MAR, “es importante que este proyecto se convierta en ley”, ya que de ese modo, “ser profesional de la salud pública implicará estar en concordancia con la normativa vigente”. Es decir que los profesionales de la salud tendrán la obligación de brindar una atención humanizada a las mujeres. Se acabarán los “¿Qué te hiciste? Mirá que te denuncio” que son habituales en los servicios de salud.

Además de recurrir al poder legislativo, las militantes de MAR pidieron audiencias con las autoridades de Salud. La secretaria del área, Débora Ferrandini, les manifestó la voluntad política del gobierno provincial. Sin embargo, desde MAR aspiran a conseguir la ley. “Para nosotras es fundamental, implica que hay una voluntad del ministerio de implementar una resolución, pero una ley le da el valor que establece la Legislatura, se indica que debe ser aplicada e implementada en todos los efectores de salud. En la provincia tenemos 700 efectores públicos”, indicó Yanos. Además, la ley genera una continuidad, más allá de la voluntad política del gobierno de turno.

La guía establece tres protocolos, de orientación, de diagnóstico y tratamiento de la emergencia postaborto y otro para la anticoncepción postaborto. “Está indicando que debe darse una consejería y brindar a las pacientes externadas alternativas anticonceptivas, además de derivarlas al Programa de Salud Sexual y Reproductiva. Se completa con un anexo que es un compendio administrativo sobre derechos sexuales y reproductivos”, indicó Yanos, quien subrayó que la guía establece “cómo deben recibir a la paciente en el centro de salud, cómo diagnosticarla, cómo informar, como orientar y cuáles son los procedimientos, estamos hablando del trato humanizado y la debida contención que debe brindar cada profesional a la mujer. Se enmarca en el respeto de los derechos reproductivos”.

Si la semana próxima el Senado aprueba la guía, Santa Fe será la primera provincia del país que tenga esta herramienta con carácter de ley. Para Yanos, “la guía y las expresiones del ministro (de Salud, Miguel Angel Cappiello) para que ningún profesional deba denunciar a las mujeres son alentadores”. En la Argentina, el aborto está penalizado con 1 a 4 años de prisión, y el temor a ser denunciadas es muchas veces letal para las mujeres pobres que debieron recurrir a precarios métodos anticonceptivos. Por eso MAR integra también la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.

Por Sonia Tessa
Fuente: pagina12.com.ar

Source: Mayo 2009

Un tema tabú

Hace poco más de un mes el Vaticano vetó a Caroline Kennedy, la hija del ex presidente John F. Kennedy, como embajadora de EEUU ante la Santa Sede. Según el diario conservador Il Giornale, la razón habría sido su postura favorable hacia el aborto. Este mismo diario informa, además, que el Vaticano también vetó a otros dos candidatos entre los cuales destaca Douglas Kmiec, profesor de derecho constitucional de afiliación republicana, por el hecho de decir que los católicos no necesitan permiso de su sacerdote para votar por Obama, aunque apoye el aborto.

 

A este asunto se suma la reacción airada por parte de grupos antiabortistas por la invitación de la Universidad Católica de Notre Dame a Obama. Según el diario Madrid Digital, el cardenal Francis George, presidente de la conferencia episcopal de los EEUU, afirmó que este hecho representa que dicha universidad “no entiende lo que significa ser católico cuando envía esta invitación”. Al Vaticano tampoco le gusta que Obama haya levantando la prohibición de investigar con células madre.

Estos hechos, así como la absurda e irresponsable condena del Papa al uso del condón en África, la región más azotada en el mundo por el sida, son, acaso, la punta de un iceberg que está mostrando no solo un endurecimiento de la Santa Sede sobre estas y otras materias sino también una estrategia mundial que busca frenar el avance de posturas progresistas que apoyan, entre otros temas, el matrimonio entre homosexuales, el aborto y el uso de anticonceptivos como la píldora del día siguiente o Anticonceptivo Oral de Emergencia (AEO). Se sabe, además, que el Vaticano viene realizando grandes presiones ante diversos organismos internacionales y países para, justamente, frenar estos avances. En la Nicaragua “sandinista” (¿?), el gobierno de Daniel Ortega, interesado más en una alianza con la conservadora jerarquía católica, ha prohibido totalmente el aborto, lo mismo ha sucedido en República Dominicana.

Y si bien en el Perú no se ha llegado todavía a esos extremos, lo cierto es que hay una  abierta campaña para prohibir tanto el aborto terapéutico, que está despenalizado desde 1924, como la píldora del día siguiente. La cabeza visible de ello es el cardenal y miembro del Opus Dei Juan Luis Cipriani, quien calificó de “traidores” a todos aquellos que apoyan el aborto.

En julio del año pasado, durante el tedeum, afirmó que hay “grupos ideológicos” que “usando campañas millonarias, buscan nuevas formas de aborto bajo el pretexto de la salud reproductiva”. En este caso se refería a la AEO que, como sabe, es de uso legal en el país.

Sin embargo, lo más peligroso en esta escalada conservadora es el intento por modificar la actual regulación del aborto terapéutico y eugenésico. El 25 de noviembre del año pasado, el grupo parlamentario aprista a través del congresista Edgar Núñez, “paladín” de las peores causas, ha presentado un proyecto de ley (02878/2008-CR) que busca limitar, por no decir imposibilitar, ambos tipos de aborto. Según diversas instituciones, dicho proyecto de ley “modifica el tipo penal de aborto terapéutico, restringiendo su aplicación a casos en los que exista un peligro inminente a la salud de la mujer gestante (concepto más restrictivo que el riesgo de un mal grave y permanente recogido en el Código Penal vigente), y cuando se den las 17 entidades clínicas mencionadas  expresamente en el proyecto de ley”.

La preocupación de estos grupos vinculados a la defensa de los derechos de la mujer –y tienen toda la razón– es que estas restricciones se trasladen al nuevo Código Penal que hoy está en revisión, con lo cual se limitaría al máximo, por no decir se prohibiría, el aborto terapéutico y el eugenésico.

Se calcula que cerca de 300 mil mujeres abortan al año en el país y que un promedio de 100 mujeres mueren al año ante la falta de servicios de aborto terapéutico. Se sabe, además, que los hospitales no brindan este servicio, ni cuentan con normas de atención. Una de las razones es que hasta ahora el Estado –gracias a los lobbies conservadores en la PCM, y en los ministerios de Salud y Justicia– se niega a promulgar el protocolo de aborto terapéutico, pese a que hace un par de años fue aprobado por la Maternidad de Lima.

Si bien el aborto es un tema siempre polémico, el aborto terapéutico no puede serlo, más aún cuando está en juego la vida de cientos de mujeres y cuando es un derecho reconocido de la mujer. La ofensiva conservadora continúa, como lo demuestra también el nuevo reglamento disciplinario de la policía que es un monumento a la homofobia y a la intolerancia.  Por eso y por otras razones soy un convencido de la necesidad de un Estado laico y, por lo tanto, contrario al teocrático que hoy nos quieren imponer los conservadores en nuestro país.

(*) www.albertoadrianzen.org

Fuente: larepublica.pe

Source: Mayo 2009

Salud sexual y reproductiva, un derecho de todos/as

La violación a los derechos sexuales y reproductivos implica la muerte evitable de muchas personas, principalmente mujeres, así califican la activista feminista Rosa Posa, del movimiento Aireana, y la abogada feminista Mirta Moragas, del ,movimiento juvenil Las Ramonas.

–¿Por qué una Convención de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos?
Mirta Moragas: –Porque cada vez más personas –hombres, mujeres,
jóvenes y personas transexuales, de todas las edades, razas y colores– piensan que la libertad y la equidad en estos campos de la vida humana deben ser garantizadas para todos, sin ningún tipo de discriminación. Porque cada vez más personas comprenden que no pueden vivir su sexualidad y sus decisiones en el campo de la reproducción, de la forma como ellos/as quieren.

–Pero existe una resistencia al conocimiento.
M.M.: –Percibimos que estas dimensiones de nuestras vidas están
llenas de restricciones e injusticias y que existe mucha discriminación para la mayoría. La violación a los derechos sexuales y a los derechos reproductivos está implicando hoy la muerte evitable de muchas personas, a causa de la mortalidad materna, homofobia, prácticas discriminatorias inaceptables y la privación de los derechos básicos. Por ello, hemos comenzado a hablar en voz alta sobre estas situaciones y hemos comenzado a afirmarlas como derechos, como un asunto de derechos humanos.

–¿Cuál es la propuesta que están llevando adelante?
Rosa Posa: –El valor de esta propuesta es que se está
construyendo desde la gente. Ya hemos lanzado la iniciativa “Escribe tus derechos”, como una manera de lograr que la mayor cantidad de personas participemos, expresando qué nos parece más importante al hablar de derechos sexuales y derechos reproductivos. Hemos preparado distintas publicaciones –como las SeriAs para el Debate– con la finalidad de fomentar el diálogo y discusión sobre temas complejos y desafiantes.

–¿Una mejor organización para captar más gente que apoye estas inquietudes?
R.P.: –Estamos haciendo una revisión crítica de nuestro
Manifiesto, con la idea de presentar un nuevo texto que exprese nuestras posiciones enriquecidas gracias al diálogo con muchos y muchas de las ciudadanas y ciudadanos. Nos estamos organizando cada vez mejor, tanto en los planos locales como en el nivel regional, difundiendo la idea, coordinando con otras organizaciones y personas, armando grupos para la discusión, eventos públicos para la información y el debate, concertando alianzas. Cuando hayamos logrado suficiente acuerdos, entonces estaremos en condiciones de preparar la propuesta de ley internacional para presentarla a la Organización de Estados Americanos.

–¿Quiénes integran la campaña en Paraguay?
M.M.: –La Articulación Nacional está integrada por: Aireana
Grupo por los Derechos de las Lesbianas, Amnistía Internacional Paraguay, Comité para América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM-Py), Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP), Centro de Documentación y Estudios (CDE), Comisión Internacional de los Derechos Humanos para Gays y Lesbianas (IGLHRC), Las Ramonas Organización de Feministas Jóvenes, Paragay, Sociedad Paraguaya de Estudios sobre Sexualidad Humana (SPESH), María de Jesús Caballero (miembra a título individual).

–¿Mantendrán una reunión en Cancillería?
R.P.: –Sí, mañana nos reuniremos con el director de DD.HH. de la
Cancillería, ministro Oscar Llanes, a fin de presentarle lo que estamos haciendo como Campaña, la propuesta y los avances que hemos tenido hasta ahora. Esperamos que este gobierno sea más abierto a nuestra propuesta.

M.M.: –Quisiera recordar a la ciudadanía que los días previos a la Asamblea de la OEA en San Pedro Sula, Honduras, la Articulación Regional realizará un taller sobre herramientas para la incidencia, además de estar presentes en la Asamblea, y a partir de junio empezaremos a trabajar en el texto de la Convención, hasta ahora hemos recogido todos los aportes de la gente y queremos empezar a concretar un poco más la propuesta.

Cinthia López

Fuente: abc.com

Source: Mayo 2009

La atención imprescindible

En la Argentina todos los años se internan alrededor de 70 mil mujeres por consecuencias de abortos clandestinos. El Programa de Mejoramiento de Atención Post Aborto indica que las pacientes deben ser tratadas dignamente, no denunciadas, y que siempre deben ser orientadas en anticoncepción antes de irse del hospital. Sin embargo, muchas veces los médicos siguen sin tratar bien a las pacientes que llegan con hemorragias o infecciones. Las recomendaciones para saber qué hacer después de una interrupción del embarazo y cómo lograr que se respeten los derechos.

 

Por Luciana Peker

Carina llegó al Hospital Centenario de Rosario con muchos dolores. La revisaron y la mandaron a su casa con una receta de Ibuprofeno 600. Al otro día los dolores le seguían y la hemorragia era imparable. Su mamá la llevó a otro centro de salud en remís. Cuando los médicos la vieron en el Hospital Provincial de Rosario ya no pudieron hacer nada, era demasiado tarde y la infección estaba demasiado extendida. Carina murió.

Murió de una muerte evitable. Carina murió por realizarse un aborto que en situaciones normales (no en la ilegalidad) no tiene prácticamente riesgos. Carina no sólo murió por la clandestinidad en la que las mujeres abortan. También murió por los prejuicios y los maltratos que desalientan a las mujeres a ir al médico después de practicarse un aborto.

“La pérdida de un embarazo (aborto) sin la atención adecuada puede producirte graves complicaciones. Ante la interrupción de un embarazo concurrí al hospital o centro de salud más cercano.

No tengas miedo”, invita un folleto del Programa de Mejoramiento de Atención Post Aborto del Ministerio de Salud de la Nación, pero que no siempre se lleva a la realidad. Y que no siempre se cumpla cuesta vidas.

A Carina la receta de ibuprofeno le quitó la posibilidad de parar su infección y seguir criando a Matías de 16 años, Flavio de 11 y Emilse de 7. Carina tenía 30 años y 3 hijos. Trabajaba como niñera. Murió a causa de una muerte evitable. Y porque todavía no sólo el aborto es clandestino e inseguro, sino que tampoco la atención de las mujeres después de un aborto –que no plantea conflictos éticos ni legales– tiene la prioridad que la vida de las mujeres debería tener.

Carina murió en febrero del 2008. En el 2007 fallecieron 74 mujeres sólo como consecuencia de abortos clandestinos, según las cifras oficiales. “Estamos en una etapa de sensibilización con los médicos para que tengan conciencia de lo que pasan las mujeres cuando sufren un aborto y que las atiendan bien. Los profesionales tienen que ver el riesgo de que las mujeres se mueren si no van al hospital por miedo al reproche”, subraya la ginecóloga Ana Ferraroti, coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

El ginecólogo y obstetra del Hospital Alvarez Daniel Lipchak es el director del Programa de Mejoramiento de Atención Post Aborto y acentúa: “Estamos promoviendo un trato humanizado y la aspiración manual endouterina (AMEU) porque tiene menos riesgos que un raspado con una cureta de metal”. “Hay que respaldar más el programa”, expresa Ferraroti.

Un dato clave para mostrar el atraso nacional es que Uruguay y Chile (con indicadores de salud y desarrollo humano en promedio peores que los argentinos) tienen una mortalidad materna mucho más baja que la local. Por eso, Ferraroti mira con atención el programa uruguayo de consejerías para las mujeres. “En el 2001 en Uruguay tenían 302 muertes maternas y en el 2007 sólo 2 con programas de atención pre y post aborto”, compara la funcionaria los resultados apenas al otro lado del Río de la Plata.

¿Para bajar la mortalidad materna hay que seguir el modelo uruguayo?

–En la Argentina en este momento el 24% de la mortalidad materna es a raíz del aborto. No es más la primera causa de mortalidad materna. En el 2007 se murieron 74 mujeres por abortos de las 336 que fallecieron en total por causas relacionadas con el embarazo, el parto o el puerperio. Igual, es un número altísimo y se puede disminuir –dice Ferraroti.

¿Hay voluntad política de prevenir la muerte de mujeres por infecciones post aborto?

–Sí, hay conciencia política, pero es un largo camino que hay que recorrer. Tenemos que aprender de Uruguay y de Chile, que han bajado la mortalidad materna en el día a día. Este es un trabajo de hormiga para que las cosas mejoren.

¿Hay garantías de que todas las mujeres pueden acceder a un anticonceptivo gratuito justamente para prevenir abortos o continúa la falta de insumos?

–La provisión de anticonceptivos está mejorando. Acabamos de recibir la primera parte de una licitación y tenemosanticonceptivos orales y de lactancia en el depósito. Estos días se dijo que en Corrientes no había anticonceptivos, ya mandamos la orden para que retiren los insumos y todavía no los han retirado. Es cierto que este año hubo todavía falta de insumos, pero nos estamos recuperando.
Pacientes, no criminales

“Vamos a capacitar a las mujeres y a generar promotoras como para que ellas se hagan carne de esto y sepan que tienen derecho y que no tienen que ser denunciadas si van a un hospital después de abortar. También vamos a trabajar con una red de defensorías y organizaciones no gubernamentales para que nos avisen si se vulneran sus derechos en la atención post aborto o si se niegan a colocarles DIU o a ligarles las trompas. Queremos empoderar alas mujeres”, asegura Ferraroti.

Lipchak delinea las indicaciones del Programa que por ahora se instauró en algunos hospitales del país, pero que aspira a instalarse en todos los centros de salud: “No discriminamos entre aborto espontáneo o provocado; cualquiera de las dos situaciones es traumática para la mujer. Ya no se hace más la denuncia policial para que las mujeres puedan acudir tranquilas al hospital. Además, estamos promoviendo una atención integral no solamente para resolver la pérdida de sangre o la infección y mandarla a casa; para nosotros es central la consejería en saludreproductiva y entregarle un método anticonceptivo antes del alta para que no vuelvan a tener un embarazo no buscado”. “Las mujeres tienen derecho a ser tratadas como corresponde, hay que examinarlas en un lugar resguardado de miradas externas y si la mujer no quiere que se le cuente a nadie lo que está pasando, ni siquiera a un familiar, no se lo contamos. El tema es ponerse en el lugar del otro”, dice Lipchak.

Gabriela Luchetti está al frente del Servicio de Ginecología en el Hospital Provincial de Neuquén “Eduardo Castro Rendon” y una de sus prioridades es atender a todas las mujeres en forma integral, apropiada y oportuna. “Comenzamos a implementar la vacuoextracción, que es el método validado para cumplir con la atención adecuada desde lo técnico porque permite un alta precoz y da tiempo para la consejería post aborto. Ahora el 98% de lasmujeres se van de nuestro servicio con su método anticonceptivo.

Otra cosa muy importante es que mejoró el trato y no tuvimos más denuncias (porque antes cuando alguna paciente en esta situación corría peligro de muerte o daños graves se la denunciaba para deslindar responsabilidades). También notamos que con el uso del misoprostol han disminuido enormemente las internaciones y lascomplicaciones por mujeres en situación de aborto.”

Gabriela trabaja hace 25 años entre sábanas mentirosamente blancas marcadas por la verdad latente de las mujeres y remarca:

“Se podrían evitar muchas complicaciones si no fuéramos tan hipócritas” y cuenta las vidas que ve acostarse en las camillas hospitalarias que reciben los abortos sin dirección ni camas.

“Recuerdo una mujer que había dejado sus tres hijos chiquitos en un ropero, porque en el barrio los podían lastimar y por eso estaba desesperada por el alta. Uno se piensa que la vida de ellas es igual a la nuestra, que tenemos auto, teléfono, apoyo familiar, pero ellas suelen estar muy solas, desvalidas y con miedo. Imaginate si encima las denuncian.”

Fuente: pagina12.com.ar

Source: Mayo 2009

Nuestro cuerpo nos pertenece!

Aborto es la interrupción provocada del desarrollo vital del feto, antes de que éste haya alcanzado las 20 semanas de gestación. Posteriormente la interrupción se denomina parto pretérmino.

 A través de la historia, el aborto inducido ha sido frecuente materia de controversia por sus implicaciones éticas, morales y sociales. Ha sido prohibido o limitado en sociedades diversas y permitido en otras, aunque los abortos continúan siendo comunes incluso donde la presión social y/o la ley se oponen a él.

 

Aspectos generales
Se llama aborto inducido al que es provocado con la intención de 
eliminar el feto, con distintos fines, en distintos contextos sociales y legales, con o sin asistencia médica. Se estima que en el mundo se realizan entre 42 y 46 millones de abortos anuales (entre el 20 y el 22% de los 210 millones de embarazos que se producen en el mundo al año) De ellos, al menos 19 millones se consideran abortos inseguros, es decir, abortos en los que la vida de la mujer suele estar en grave peligro. Se estima que el aborto inseguro constituye la tercera entre las causas directas de las 536.000 muertes maternas que se producen cada año en el mundo, aunque en América Latina la fracción demuertes maternas debidas al aborto inseguro alcanza el 17%. En América Latina y en el Caribe, de los 18 millones de embarazos que se producen cada año, 52 por ciento no son planeados y el 21 por ciento de ellos terminan en un aborto.

Aspectos legales
La mayor parte de las legislaciones reguladoras, tanto las 
permisivas como las restrictivas, distinguen entre abortoterapéutico y aborto electivo.

Aborto terapéutico
Es el que es justificado con razones médicas:

* para salvar la vida de la madre, cuando la continuación del embarazo o el parto significan un riesgo grave para su vida;
* para salvar la salud física o mental de la madre, cuando éstas 
están amenazadas por el embarazo o por el parto;
* para evitar el nacimiento de un niño con una enfermedad 
congénita o genética grave que es fatal o que le condena a padecimientos o discapacidades muy graves, o
* para reducir el número de fetos en embarazos múltiples hasta 
un número que haga el riesgo aceptable.

Para la Organización Mundial de la Salud, este tipo de aborto debe estar autorizado por la legislación de cada país, con el fin de evitar las miles de muertes de personas producidas anualmente: “Aborto legal para no morir”. Los objetores aducen que no es ético sacrificar a unos para salvar a otros.

Aborto electivo
El realizado por otras razones. Cuando el embarazo es el 
resultado de un delito de naturaleza sexual (violación) o de la aplicación de una técnica de reproducción asistida no consentida por la madre.
También se incluyen, como razones: la minoría de edad de la 
madre, la incapacidad para cuidar a un hijo por razones económicas o sociales y el deseo de ocultar el estigma que representa en ciertos contextos sociales un embarazo fuera del matrimonio.

Aspectos jurídicos

Dependiendo del ordenamiento jurídico vigente, el aborto se considera una conducta penalizada o despenalizada, atendiendo a las circunstancias específicas. Con todo, en la actualidad, todos los países desarrollados del mundo permiten la realización de abortos en determinadas circunstancias, siguiendo la recomendación de la OMS.
Las situaciones jurídicas posibles van desde el aborto 
considerado como un delito contra la vida humana odespenalizándolo, en caso de que la mujer embarazada tome la decisión de manera libre y consciente.
El sistema anglosajón, el sistema europeo-continental y el 
sistema internacional de protección de derechos humanos consideran que se violan los derechos fundamentales de las mujeres cuando se prohíbe de forma absoluta el aborto. El primer sistema desarrolla los derechos fundamentales de la mujer desde la perspectiva de su derecho a la intimidad y en relación con la idea de ‘viabilidad’. El modelo continental, a su vez, vincula el aborto con el derecho general a la libertad de la mujer, ya sea que se le especifique como libertad reproductiva o como derecho a la autodeterminación. Finalmente, el sistema internacional de protección de los derechos humanos relaciona elproblema de la despenalización o no despenalización del aborto con la violación del derecho que tienen las mujeres a no ser sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes, es decir, con la prohibición general de la tortura (situaciones que se reducirían notoriamente si el aborto se despenalizara y se legislara su realización, a través de procedimientos escrupulosamente cuidadosos, con atención a las necesidades tanto físicas como emocionales de las mujeres.

Actualmente todos los países desarrollados del mundo permiten el aborto en determinadas circunstancias, siguiendo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. En cambio, algunos ordenamientos jurídicos de países subdesarrollados o en vías de desarrollo consideran al aborto un delito de gravedad inferior al infanticidio. Unos pocos países penan el aborto de modo total y sin admitir excepción alguna, aún cuando esté en peligro la vida de la madre: Andorra, Chile, Filipinas, El Salvador, Somalia y el Vaticano.

El Congreso Nacional de la República Dominicana aprobó en abril de 2009 un artículo a favor de la vida del no-nato’, que modifica la Constitución. El artículo establece: El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse, ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte.

La mayoría de los países del mundo permiten el aborto en ciertos casos. Actualmente, el 62 por ciento de la población mundial vive en 55 países donde el aborto inducido está permitido, ya sea sin restricciones en cuanto a su causa o por razones socioeconómicas. Mientras tanto, el 25 por ciento viven en 54 países que lo prohíben completamente o lo permiten sólo para salvar la vida de la mujer.

Aproximadamente el 25 por ciento de la población mundial viven en países con leyes abortivas sumamente restrictivas, sobre todo en América Latina, Africa y Asia. Estos son los países donde el aborto se encuentra más restringido de acuerdo con la ley. En algunos países, tales como Chile, las mujeres todavía son enviadas a la cárcel si se realizan un aborto ilegal.

Algunas legislaciones establecen precondiciones, tales como períodos de espera, la provisión de información, la opinión de varios médicos o la notificación al cónyuge o a los padres de la mujer embarazada. En otros países, como Canadá, se admite sin restricciones.

En todo el mundo mueren millones de mujeres al año a causa de abortos inseguros.

Otras millones de mujeres pobres dan a luz de manera sistematica sin poder brindar una nutricion y educacion adecuadas a sus niños.

La educacion sexual, la libertad de eleccion, los anticonceptivos y sobre todo el ABORTO LEGAL Y SEGURO son una razon importante para el desarrollo de un pais y sobre todo para la plena libertad de eleccion de las mujeres.

http://soyingobernable.blogspot.com

Source: Mayo 2009

Aborto sin dogmas

No han faltado bien pensantes que han arremetido contra la ministra Bibiana Aído por decir que un feto de 13 semanas no es “un ser humano”. Según ellos, hay evidencias científicas que demuestran que sí lo es. Pero la realidad es que no sabemos nada sobre el comienzo de la vida.

Confieso que no tengo ni idea si la vida comienza en el momento de la fecundación, cuando ya hay un embrión, cuando las células se empiezan a especializar o cuando se forman los órganos nerviosos. Todo esto es enteramente opinable como la noción misma de la vida, que varía según cada científico o filósofo.

 

Creo que una semilla no es un manzano, lo mismo que un grupo de células tampoco es un ser humano. Pero no puedo ir mucho más allá, por lo que el aborto me parece un dilema moral, que concierne a los más íntimo de las personas.

El proyecto del Gobierno se está utilizando como arma arrojadiza contra Zapatero y ello resulta un error porque estamos ante una cuestión muy compleja, en la cual es imposible lograr un consenso social y que necesariamente debe ser regulada mediante ley.

Me molestan mucho las personas que, desde uno y otro lado, se creen poseedores de una verdad absoluta que hay que imponer a los demás. Uno puede estar muy seguro de sus creencias pero jamás puede obligar al prójimo a seguirlas.

Estoy de acuerdo en lo sustancial con el proyecto del Gobierno, basado en la filosofía de que la mujer tiene derecho a decidir. En última instancia y por reducción al absurdo, son las mujeres quienes tienen que decidir sobre la maternidad porque ello afecta a sus vidas y a sus cuerpos. Ojalá hubiera un consenso social sobre este asunto, pero como no lo hay, la iniciativa del Gobierno me parece razonable.

Pedro G. Cuartango
Fuente: elmundo.es

Source: Mayo 2009

ONU advierte a Nicaragua que penalizar todo tipo de aborto es tortura

Por primera vez, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas abordó la penalización de toda forma de aborto en un país como una medida que violenta derechos humanos fundamentales. Ese país es Nicaragua.

Por José Adán Silva

El Comité, reunido en su período 42 de sesiones en la ciudad suiza de Ginebra, urgió al Estado nicaragüense a revertir la reforma legal que en 2006 penalizó sin excepciones el aborto voluntario, y demandó flexibilidad, en especial en casos de violación e incesto.

El 14 de mayo el Comité contra la Tortura expresó “su profunda preocupación por la prohibición general del aborto”, contenida en varios artículos del Código Penal reformado en 2006 y puesto en vigencia en 2008. El gobierno del sandinista Daniel Ortega no reaccionó hasta ahora sobre un pronunciamiento que vincula la prohibición del aborto terapéutico con la tortura.

Nicaragua se convirtió en 2006 en uno de los escasos países del mundo que castigan penalmente a las mujeres que se realicen un aborto cuando se trata de gestaciones fruto de violaciones sexuales o incesto, o cuando la vida de la madre corra peligro. En estos casos antes era legal la interrupción del embarazo.

Chile, El Salvador y República Dominicana son los otros países latinoamericanos que penalizan el aborto inducido sin excepciones, a los que se unen Malta y Filipinas en el resto del mundo.

El Comité citó en su informe sobre la nación centroamericana que la prohibición del aborto para las víctimas de agresiones sexuales significa “una constante exposición a las violaciones cometidas contra ellas” y supone “un grave estrés traumático con el riesgo de padecer prolongados problemas psicológicos, tales como ansiedad y depresión”.

En Nicaragua el aborto terapéutico era legal desde 1893 y su prohibición fue posible por la unión a favor de los dosprincipales partidos políticos del país, el izquierdista y ahora gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional y el derechista Liberal Constitucionalista.

La penalización absoluta del aborto se produjo en plena campaña de las elecciones que devolvieron a la presidencia a Ortega en 2007. Las organizaciones de mujeres coinciden en que cálculos electorales llevaron al político a pactar la prohibición absoluta del aborto con la Iglesia Católica y otras confesiones cristianas.

Analistas coinciden en que el retorno al poder del ex guerrillero se facilitó por un pacto político-religioso con elcardenal Miguel Obando y Bravo, quien ahora preside una comisión humanitaria gubernamental, después de haber sido jubilado por el

Vaticano como líder de la Iglesia Católica en el país.

Ortega gobernó Nicaragua entre 1979 y 1990, primero como miembro de la junta establecida por los sandinistas tras derrocar a la dictadura de la familia Somoza y luego como presidente. Entonces Obando y Bravo era uno de los líderes opositores.

El Comité encargado de registrar y denunciar los actos de tortura humana, instó al Estado de Nicaragua a reformar la ley y restablecer el aborto en situaciones de emergencia y cuando medie la violencia de género. “El Comité urge al Estado Parte a que revise su legislación en materia de aborto, tal como fue recomendado por el Consejo de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, dictó en su informe.

En concreto propuso al país estudiar “la posibilidad de prever excepciones a la prohibición general del aborto para los casos de aborto terapéutico y los embarazos resultantes de violación o incesto”, y así cumplir las directivas de la Organización Mundial de la Salud.

El Ministerio de Salud, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Instituto Nicaragüense de la Mujer y el Consejo de Comunicación y Ciudadanía que desde la Presidencia administra la esposa de Ortega, Rosario Murillo, declinaron comentar a IPS el pronunciamiento del Comité.

La Curia Arzobispal en Managua dijo a IPS que la postura de la Iglesia Católica respecto al aborto es inalterable.

El no gubernamental Movimiento Autónomo de Mujeres, participante destacado en la lucha por la despenalización del aborto terapéutico, consideró que el pronunciamiento del Comité contra la Tortura es “una condena internacional contra Nicaragua”. “El Comité ha señalado que la penalización total del aborto, sin dejar excepciones, violenta el status legal de las mujeres, al no permitirles salvar su propia vida o disminuir los riesgos en su salud física o psicológica”, señaló a IPS Juana Jiménez, dirigente de la organización.

Jiménez dijo que el órgano rector internacional da la razón a las mujeres organizadas del país que denunciaron la reforma legal como una imposición por motivaciones políticas y “una contradicción con los pactos de derechos humanos y las convenciones específicas en materia de reconocimiento a los derechos de las mujeres”.

Source: Mayo 2009

El derecho a decidir la maternidad

El anteproyecto de ley del aborto que aprobará hoy el Consejo de Ministros elimina la amenaza de prisión para la mujer – Comités de expertos decidirán las interrupciones tras la semana 22.

El Consejo de Ministros aprueba hoy un cambio histórico en la regulación del aborto en España. Veinticuatro años después de que dejaran de ser delito algunas interrupciones voluntarias del embarazo, una nueva normativa en forma de anteproyecto de ley comienza su andadura y será enviado al Parlamento.

El aborto quedará incluido dentro de una Ley de Salud Sexual y reproductiva que reconoce de forma explícita el derecho de la mujer “a la maternidad libremente decidida” y obliga a los poderes públicos a llevar a cabo las prestaciones recogidas en la norma. La interrupción voluntaria del embarazo pasa así a considerarse un derecho jurídicamente exigible, dentro de los límites establecidos, y deja de ser una concesión del Estado tutelada por terceros -médicos y jueces sobre todo-. Todo uncambio conceptual.

Habrá aborto libre durante las primeras 14 semanas y sistema de indicaciones -por grave riesgo para la vida o salud de la madre o anomalías fetales- hasta la semana 22, como recogía el informe del comité de expertos del Gobierno presentado en marzo. Pero el texto del anteproyecto -según ha podido saber este periódico- presenta algunas novedades y numerosas precisiones. Entre otras, se dispone que las mujeres podrán interrumpir su embarazo pormalformaciones fetales que se descubran después de la semana 22 aunque la anomalía no sea incompatible con la vida del feto siempre y cuando éste padezca una enfermedad extremadamente grave e incurable. En este caso, será necesario que un comité médico formado por varios especialistas, autorice la intervención.

Con esta solución se pretende solventar el problema de las decenas de mujeres que en los últimos años han tenido que viajar a Francia en avanzado estado de gestación para interrumpir sus embarazos en supuestos en los que el feto tenía diagnosticada una enfermedad incurable con graves y dolorosos padecimientos. El modelo francés está basado también en comités clínicos que se pronuncian sobre la gravedad de la dolencia.

Se ha precisado la obligación de la red sanitaria pública de garantizar lo que a partir de ahora pasa a ser considerado un derecho -ahora no llega al 3% el número de abortos que se practican en hospitales públicos- y elimina la pena de prisión para las mujeres que se sometan a esta intervención fuera de los supuestos legales. Así quedará la nueva regulación según el anteproyecto.

– Salud sexual y reproductiva. Los poderes públicos quedan obligados a promover el acceso universal a la información y educación sexual, a programas de salud reproductiva y a métodos anticonceptivos. El texto recoge toda una serie de medidas sanitarias y educativas -como la formación a profesionales de la salud o la incorporación de esta materia al sistema educativo- que tendrán que llevarse a cabo a través de una “Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva” que el Gobierno tendrá la obligación de elaborar cada cinco años con las CC AA,organizaciones sociales y las sociedades científicas. La marcha de la Estrategia será evaluada cada dos años.

– Aborto libre hasta la semana 14. La mujer no tendrá que pedir permiso a nadie para interrumpir su embarazo durante este plazo. El único requisito, imprescindible, es que un centro público o privado de a la embarazada información por escrito sobre ayudas a las madres, centros de información sobre anticoncepción, derechos laborales vinculados a la maternidad… El contenido exacto de estos datos será determinado por el Gobierno a través de un reglamento. Una vez que recibe la información, la mujer tiene un periodo de reflexión de tres días para pensar si quiere seguir adelante con el aborto o no. Antes de este plazo no puede realizarse la intervención.

– Sistema de indicaciones de la semana 14 a la 22. Durante este periodo la mujer podrá interrumpir su embarazo siempre y cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: que corra un grave riesgo su vida o su salud -salud entendida de forma amplia, como estado completo de bienestar físico, mental y social- o que el feto sufra de graves anomalías. En ambos casos se exige el dictamen de dos médicos especialistas distintos de aquél que vaya a practicar el aborto. Ahora sólo se exige uno para el supuesto del grave riesgo para la madre.

– Después de la semana 22. A partir de este momento ya no se está propiamente ante un aborto porque se considera que el feto ya es viable. Sólo se permite interrumpir el embarazo en dos casos extremos: cuando el feto tenga graves anomalías que vayan a provocar su muerte nada más nacer -y así conste en un dictamen emitido por dos médicos especialistas- o cuando se le diagnostique una enfermedad extremadamente grave e incurable quedebe ser confirmada por un comité médico formado por varios especialistas: ginecólogos, expertos en diagnóstico prenatal, pediatras y psicólogos clínicos. En cada comunidad autónoma tendrá que haber al menos un comité, dentro de la red sanitaria pública. Para evitar que los comités queden inutilizables por cuestiones de conciencia de algunos miembros, la ley impide que formen parte de estos colectivos aquellos médicos que hayan manifestado estar en contra del aborto.

– Sanidad pública. La red sanitaria pública queda obligada a garantizar la prestación de la interrupción voluntaria delembarazo. Ahora, en los hospitales públicos no se practica ni el 3% de los abortos. Cuando se apruebe la nueva ley, las comunidades tendrán que o bien realizar las intervenciones en sus hospitales o tener clínicas concertadas a las que derivar a las pacientes. Si no, y de forma excepcional, si las usuarias tienen que ir a un centro privado, las autoridades sanitarias tendrán que autorizar un reembolso. Éste es otro de los grandes cambios que supondrá la nueva regulación, que pretende acabar con las diferencias entre CC AA que se dan en la actualidad. En Navarra, por ejemplo, las mujeres tienen que salir de su comunidad para interrumpir su embarazo porque no hay ningún centro público ni privado que lo haga. En algunas regiones se paga a las embarazadas el aborto en clínicas privadas y en otras no. La desigualdad territorial en este ámbito es absoluta.

– Mayores de 16 años. No necesitarán del consentimiento paterno para abortar. Ha sido uno de los puntos más polémicos de la reforma, pero la Ley de Autonomía del Paciente ya permite que las mayores de 16 decidan por sí mismas en todas las prácticas médicas salvo en tres: abortos, ensayos clínicos y técnicas de reproducción asistida. Las interrupciones de embarazo pasan ahora al régimen especial y dejan de ser una excepción.

– Código Penal. Las mujeres no serán castigadas con prisión por abortar. Si una mujer se provoca o deja que le practiquen una interrupción de embarazo fuera de los supuestos que recoge la ley, se le podrá imponer una multa de 6 a 24 meses (el sistema penal español se basa en días multa: en función de los ingresos se asigna una cantidad por cada día de sanción). El juez podrá rebajar la pena atendiendo a las circunstancias personales de laembarazada. Los médicos sí podrán ser castigados, como ahora, con prisión de uno a tres años e inhabilitación especial de uno a seis años para ejercer cualquier profesión sanitaria. Si practican el aborto sin que haya pasado el periodo de reflexión, o sin comprobar que la mujer recibió la información previa, o sin todos los dictámenes pertinentes, serán sancionados con multa e inhabilitación.

DEL DELITO CON EXCEPCIONES A LA MATERNIDAD LIBRE

Actual ley del aborto. 1985

– Ley de indicaciones. El aborto es un delito despenalizado en tres supuestos: si el embarazo es fruto de una violación (se permite en las 12 primeras semanas de gestación); si el feto presenta graves taras físicas o psíquicas (el plazo es de 22 semanas); o si hay peligro para la vida de la madre o para su salud física o psíquica (no hay periodo de tiempo máximo).

– Red sanitaria. Los centros sanitarios públicos apenas practican abortos -no llega al 3% del total-. En algunas CC AA, el servicio público de salud financia las interrupciones de embarazo en centros concertados. En otras no.

– Penas. El médico que practique un aborto fuera de los supuestos permitidos en la ley puede ir a la cárcel de uno atres años y quedar inhabilitado para ejercer de uno a seis años.

La mujer que aborte fuera de los casos permitidos será castigada con la pena de prisión de seis meses a un año o con una multa.

Nuevo proyecto. 2009

– Ley de plazos. El aborto será libre hasta las 14 semanas, previa información sobre ayudas a la maternidad yanticoncepción. Hasta las 22 semanas si hay grave riesgo para la “vida o salud” de la mujer o graves anomalías en el feto (con dictamen de dos especialistas). Si se descubren anomalías del feto incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable no hay límitité médico (con varios especialistas, ninguno contrario al aborto) dictaminará su pertinencia. Habrá al menos un comité por comunidad.

– Red sanitaria. La sanidad pública garantizará la práctica del aborto o lo financiará en centros privados concertados.

– Penas. Fin de la pena de prisión para la mujer. Se prevén penas de multa, con rebajas según las circunstancias. Para el médico, cárcel de uno a tres años e inhabilitación de uno a seis años si no se atiene a la ley.

Fuente: elpais.com

Source: Mayo 2009

Zapatero avala la autonomía de las menores para abortar

Zanja el debate en el PSOE sobre el papel de los padres

El presidente del Gobierno defendió ayer el derecho de las adolescentes de 16 o 17 años de abortar sin el consentimiento de sus padres para evitar una “interferencia determinante” por su parte. Eran palabras para poner fin a las discrepancias surgidas dentro del partido por este aspecto de la ley. “La decisión es de ellas”, insistió Zapatero, porque, en caso de seguir adelante con el embarazo, “son ellas las que tienen la responsabilidad para toda una vida”.

 

Las palabras de Zapatero contrastaban con las que poco antes había pronunciado el ministro de Fomento, José Blanco, que no descartó que el texto final incluya la posibilidad de informar a los padres de las menores que quieran abortar. “Todo es posible”, dijo Blanco en Antena 3. La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, quiso aplacar los ánimos con una puntualización: “Aún queda mucha tramitación parlamentaria para aventurar si la ley será matizada o no enaspectos como la información a los padres”.

En rueda de prensa junto al presidente dominicano, Lionel Fernández, Zapatero pidió “confianza” en las mujeres, también en las más jóvenes, y en los expertos. El jefe del Ejecutivo aseguró que la gran mayoría de los países europeos ha fijado en 16 años la edad para poder abortar y que, por tanto, la ley que quiere implantar el Gobierno es “homologable” a la legislación europea.

De entrada, la posición mayoritaria del Grupo Socialista es la de no cambiar los términos del anteproyecto, pero nadie de la dirección se atreve en este momento a afirmar o descartar que pueda haber modificaciones.

A los presidentes de Extremadura y Castilla-La Mancha, Guillermo Fernández Vara y José María Barreda respectivamente, y a otros diputados, aunque son minoría quienes lo expresan, les rechina ese aspecto de la ley. El parlamentario por Granada José Antonio Pérez Tapias, lo resume así: “Autorización no, pero conocimiento de los padres, sí”. Para el diputado socialista Manuel de la Rocha, que como Pérez Tapias y José Blanco se declara cristiano, en el caso de que la menor no quiera comunicárselo a los padres, “debería haber una tercera instancia, un órgano al que la menor tuviera que acudir para dar a conocer su decisión”.

La ministra Aído agitó la polémica al afirmar en la cadena SER que “un feto de 13 semanas no es un ser humano, es un ser vivo”, citando el manifiesto de científicos que denunciaba el uso ideológico de la ciencia por los antiabortistas. “El momento en que puede considerarse humano un ser no puede establecerse mediante criterios científicos”, decía ese texto. La Federación de Médicos Católicos tachó a Aído de “incompetente” y el Foro de laFamilia pidió su dimisión. La presidenta del Comité de Bioética de España, Victoria Camps, declaró que la ciencia no se pronuncia sobre cuándo una persona empieza a serlo.

Fuente: elpais.com

Source: Mayo 2009

Aborto responsable

La nueva ley busca la máxima información y asesoramiento para la decisión de la mujer

Les ha faltado tiempo a quienes se oponen a la despenalización del aborto por motivos ideológicos o religiosos, así como al PP, que ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad, para lanzar sus dardos contra el proyecto de reforma de la ley que lo regula aprobado el jueves por el Gobierno. Y, sin embargo, todo su articulado tiende a crear las condiciones legales y sanitarias para que la siempre traumática decisión de abortar se haga con la máxima responsabilidad, disponiendo la mujer de información y asesoramiento suficientes para seguir adelante o para reconsiderar su decisión y volverse atrás.

 

Es difícil reconocer al Estado legitimidad para resolver el problema desde la legalidad si el aborto se contempla sólo como una cuestión de ideología o creencia, y no como un problema de libertad personal, que incide en la salud de la mujer y tiene una honda repercusión social. Es la posición de la Iglesia y de los llamados grupos provida. Su actitud es admisible como pauta de conducta propia, pero rechazable si pretende imponerse al resto de la sociedad e incluso al propio Estado.

El PP insiste en que no hay demanda social para una ley como la aprobada ayer. Pero es el mismo partido que, a raíz del escándalo de las clínicas del doctor Morín, en Barcelona, y del acoso judicial por parte de grupos provida a algunas clínicas que realizan abortos en Madrid, mantuvo la tesis de que la actual ley, vigente desde el año 1985, es un coladero. Si lo es, será porque es demasiado estrecha para recoger la realidad social; luego era necesaria una nueva regulación que diera salida a la demanda social del modo jurídicamente más seguro para la mujer y los médicos.

Más fundada es la crítica del PP al insuficiente consenso. Pero es una singularidad de la España democrática que las leyes modernizadoras en materia de moral y costumbres sean iniciativa de la izquierda y que la derecha política se oponga por principio, aunque luego termine por aceptarlas. El proyecto está en línea con las leyes vigentes en 20 países de la UE con Gobiernos de diverso signo.

Combina la nueva propuesta el aborto libre hasta las primeras 14 semanas de embarazo con el sistema de indicaciones por riesgo para la vida de la madre y por anomalías fetales hasta la semana 22ª, e incluso después en determinados supuestos, con la aprobación de un comité médico. Hay aspectos que deberán precisarse más. Que las menores de 16 y 17 años decidan (tengan la última palabra) sobre su embarazo no es incompatible con que se propicie la colaboración de los padres y el apoyo familiar.

A diferencia de la ley vigente, despenalizadora, la nueva aborda el problema del aborto en su integridad: no tanto en el marco del Código Penal como en el preventivo de una Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Y reconoce por fin que es la mujer, y nadie más, quien debe decidir sobre algo tan íntimo como su embarazo. Sin tutelaje de terceros, pero con toda la ayuda y asistencia necesarias.

Fuente: elpais.com

Source: Mayo 2009