Brutal asesinato del Dr. George Tiller

El Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (CLACAI), desea expresar su sorpresa y tristeza por el brutal asesinato del Dr. George Tiller el día de ayer. Extendemos nuestras condolencias a su familia y todos aquellos que trabajan por la protección de los derechos reproductiuvos de las mujeres en los Estados Unidos de América. Muchos de nosotros en Latinoamerica no lo conocimos, pero hemos sabido de su enorme amabilidad y compasión. Su trágica muerte nos afecta a todos, porque en nuestros países, contamos con proveedores comprometidos que trabajan para mejorar las condiciones de alta calidad y centrado en los cuidados de la salud de la mujer.

 Como parte de la comunidad internacional dedicada a la protección de los derechos reproductivos, nos sentimos indignados por esta cruel muerte e insistimos que esta muerte no quede impune. Esperamos que la investigación no sólo focalice en los autores directos de este crimen, sino también incluya a los autodenominados “pro – vida”, grupos que desde su posición de poder incita diariamente la intolerancia y la violencia, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo.

Firma: 
Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro.

Versión en Inglés: 

The Latin American Consortium Against Unsafe Abortion (CLACAI in Spanish) wishes to express its shock and sadness in the face of the brutal assassination of Dr. George Tiller yesterday. We extend our condolences to Dr. Tiller’s family and to all those who work to protect women’s reproductive rights in the United States. Many of us in Latin America did not know Dr. Tiller, but we have heard of his extreme kindness and compassion. His tragic death affects us deeply, for in our own countries we also work with deeply committed providers who work under challenging conditions to provide high quality, woman-centered abortion care. 

As part of th e international community dedicated to protecting reproductive rights, we are outraged by this cruel murder, and we insist that his death not go unpunished. We hope the investigation will focus not only on the individual muderer, but also on those in the so-called “pro-life” movement who from their positions of power incite daily intolerance and violence, not only in the United States but throughout the world.

Source: Mayo 2008

La pobreza y mortalidad materna

Ayacucho |  La pobreza extrema sigue siendo el principal enemigo que impide el desarrollo de la población y se traduce en la crisis económica, política y social que vive el país desde hace varias décadas; en consecuencia este problema genera un impacto negativo en la población debido a la exclusión y marginación de los más pobres a los servicios primordiales como educación y salud.

Hablar de salud es un tema muy amplio, pero ahora vamos a centrar el comentario a la problemática de los altos índices de muertes maternas en el Perú que está ligada al nivel de la educación, pues se estima que el 34% de las mujeres en edad fértil tiene solo instrucción de primaria, es tal vez por eso que la tasa de natalidad en las zonas marginales, alcanza niveles increíbles y es allí donde agudiza la pobreza. Los datos revelan que solamente un 30% de las mujeres de zonas rurales conocen métodos eficaces para evitar embarazos, el 27% de gestantes no se someten a revisiones prenatales y casi el 75% prefiere el parto en su domicilio.

Precisamente estas complicaciones en las mujeres en edad fértil, produce el deterioro de la salud materna, al que se suma el escaso acceso a los servicios asistenciales de salud, los mismo que originan cientos de muertes relacionadas con el embarazo y alcanza niveles alarmantes, pues el sector salud todavía no se abastece para llegar a los rincones más alejados del país.

Según un informe del Ministerio de Salud (MINSA), el promedio de las cifras de mortalidad materna en el país alcanza 180 muertes por cada cien mil partos, y esto va en aumento en las regiones consideradas más pobres del Perú, donde existe disparidad en los servicios de salud; por eso es necesario ampliar y descentralizar los programas de salud con el fin de fortalecer las regiones que tienen alta incidencia de mortalidad materna.

Por lo visto, pocas son las autoridades que se interesan en conocer la magnitud y el peligro que representa la mortalidad materna. Este es un aspecto fundamental a tener en cuenta para orientar las políticas sociales de desarrollo, y se necesita concretar acciones en el sector salud, luego monitorizar los logros en los programas de Maternidad, así se podría iniciar un trabajo concienzudo a favor de las mujeres en edad de procrear.

Los factores relacionados a la muertes maternas es muy complejo y se necesita alta responsabilidad en este tema, y el esfuerzo para lograr la disminución de la Mortalidad Materna en el Perú, no sólo es competencia del sector salud, sino implica a todos los demás sectores comprometidos en el desarrollo social. Creo que se debe entender como un esfuerzo conjunto y compromiso solidario donde estén concientes desde el más alto funcionario del sector salud hasta el poblador más humilde de las zonas más alejadas del país.

Esta es la nueva misión para evitar más muertes maternas.

Autor: Alcides López De la Cruz
Fuente: elcorreoperu.com.pe

Source: Mayo 2008

Hoy audiencia con ministra Tourné y comunicado solidario con mujeres y profesionales de la salud

La Ministra del Interior Daisy Tourné recibirá hoy a las 17 horas a representantes de Amnistía Internacional (sección Uruguay), Casa de la Mujer de la Unión. Comité de América Latina y el Caribe por los Derechos de las Mujeres (CLADEM), COTIDIANO MUJER, Instituto Mujer y Sociedad y Red Uruguaya de Autonomías (RUDA), que solicitaron esta entrevista ante procedimientos considerados abusivos y riesgosos para la salud de mujeres que fueron detenidas por abortar en las últimas semanas.

 La solicitud de audiencia calificaba esta situación “como éticamente inaceptable, con independencia del sustento legal de la investigación judicial, ya que desde hace un año 9000 ciudadanas y ciudadanos uruguayos han admitido públicamente estar incursos en delitos de aborto sin consecuencias de ningún tipo para ellos”.

 

Un nuevo comunicado de estas mismas organizaciones manifiesta su “solidaridad con las mujeres uruguayas y con los profesionales de la salud del Hospital de la Mujer Paulina Luisi cuyos derechos pudieran haber sido violentados en el marco de actuaciones judiciales y policiales de  represión a clínicas que ofrecen servicios de aborto y a mujeres que  habrían abortado”.

“Las presiones denunciadas por los profesionales de la salud y la violencia ejercida contra esas mujeres representan agresiones  inaceptables a los derechos básicos de las personas”, agrega el texto refiriéndose a las caracterísiticas del procedimiento policial denunciadas por el doctor Francisco Coppola, jefe de la emergencia del servicio ginecológico del Pereira Rossell y también catedrático de la Facultad de Medicina y presidente del Consejo Arbitral del Sindicato Médico, quien fue el profesional que recibió a una de las mujeres conducidas por la Policía, que buscaba determinar si la misma había sido objeto de un aborto quirúrgico.

“Apoyamos de una manera especial el derecho de médicos y médicas a no actuar como auxiliares de investigaciones policiales cuando ello  suponga la violación de los derechos de las mujeres y del marco legal  vigente en materia de confidencialidad en la relación médico-usuaria”, prosigue el comunicado de las organizaciones que a las 5 de la tarde serán recibidas por la ministra Tourné.

“La represión a las mujeres que abortan, las restricciones al acceso al Misoprostol, y ahora la presión contra los profesionales que  desarrollan un programa de reducción de riesgos y daños para las mujeres que necesitan abortar, tienen como único resultado restringir  aún más las condiciones para el ejercicio de los derechos de las mujeres”, agrega.

“Por ello manifestamos nuestro enérgico rechazo a esas acciones y reclamamos la inmediata despenalización del aborto”, concluyen.

Por su parte el diario El País informó ayer que la jueza del caso Graciela Merialdo desestimó las denuncias y opinó que “hay un manejo político que tiene que ver con el tratamiento de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva”. “Pero yo no trabajo con supuestos sino con las leyes que están vigentes”, dijo Merialdo al matutino.

El País sostiene que la jueza “podría procesar con prisión hoy a varios médicos y parteras emplazados, acusados de dirigir al menos dos clínicas clandestinas de abortos” y que “el fiscal podría solicitar otros cuatro procesamientos entre los que hay mujeres que se practicaron abortos”

Entre varios datos y penas vigentes según la legislación actual El País señala que el Código Penal “establece de 3 a 9 meses de prisión para la mujer que se realice un aborto y de 6 a 25 meses para quien la haya intervenido”.

También recuerda que el año pasado 9.000 personas firmaron una carta declarando haber tenido alguna relación con abortos realizados sin amparo legal,  y entre los firmantes “estaba la ministra Tourné. Ninguna fue investigada por la justicia”, concluye el matutino.

Fuentes:  Comunicados 2/5 y 4/5/2008 de organizaciones que se reunirán hoy con ministra Tourné

Diario El País, ediciones 4/5 y 5/5/2008

Source: Mayo 2008

Defensores celebran el primer aniversario del aborto seguro en la Ciudad de México.

En México hoy, los activistas por los derechos reproductivos celebran el primer aniversario del voto por legalizar el aborto en el Distrito Federal de la Ciudad de México. El 24 de abril de 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó, con un amplio margen, una legislación histórica, que permite el aborto a petición de la mujer durante los primeros tres meses del embarazo.

 La ley dispone que la Secretaría de Salud del Distrito Federal proporcione servicios de aborto legal, sin costo alguno para las residentes del distrito, a toda mujer que los solicite. Además, exige que la secretaría incremente los  esfuerzos por evitar embarazos no deseados con programas ampliados de educación y servicios de salud. No obstante, aunque la ley ha logrado mejorar la salud de las mujeres en la Ciudad de  México, también se ha encontrado con acciones de inconstitucionalidad.

 

La  legislación entró en vigor tan sólo dos días después del voto y su impacto se sintió casi de inmediato. En los primeros dos meses después del voto, se realizaron aproximadamente  700 abortos. Al cabo de un año, la Secretaría de Salud del Distrito Federal informó que 7,820 mujeres habían recibido servicios de aborto legal (comparado con 66 procedimientos legales durante los cuatro años antes del cambio de ley). En esta cifra se incluyen mujeres de otras partes de México, ya que las nuevas normas no establecieron un requisito de residencia, lo cual permite que mujeres de otras partes del país viajen al D.F. para obtener servicios de aborto seguro. (Sin embargo, sól o las residentes del D.F. tienen derecho de recibir servicios gratuitos; las mujeres de otros lugares pagan tarifas basadas en una escala móvil.)

Una reciente encuesta muestra un sólido apoyo de la  nueva ley: el 63 por ciento de las personas entrevistadas están de acuerdo con ella, comparado con sólo un 26 por ciento opuesto (el 10 por ciento no respondió). Es un cambio significativo en tan sólo un año, al inicio del cual sólo el 46 por ciento apoyaba la ley y el 43 por ciento se oponía (nuevamente, el 10 por ciento no respondió).

“El éxito de esta ley se debe a la importante combinación del cambio de ley y la pronta respuesta del sistema de salud—desde directores hasta el personal de salud—así como a las mujeres que inmediatamente aprovecharon el nuevo marco legal”, dice la Dra. Raffaela Schiavon, Directora de Ipas México. “Gracias a la combinación de estos tres elementos, la Ciudad de México es un ejemplo histórico para las mujeres.”

Conjuntamente con una gran variedad de colaboradores, Ipas colaboró con la Secretaría de Salud para implementar la nueva ley con prontitud. Trabajaron juntos para 1) determinar las necesidades de capacitación y equipos para fortalecer los servicios en los hospitales asignados de la Secretaría, y 2) determinar el contenido de las normas para la atención del aborto, las cuales fueron emitidas aproximadamente una semana después que la ley entró en vigor. Por consiguiente, la atención segura del aborto se hizo ampliamente disponible en todo el Distrito Federal.

Antes de la nueva ley, las mujeres de la Ciudad de México eran afectadas desproporcionadamente por el aborto inseguro, que era la tercera causa principal de mortalidad materna en el Distrito Federal, comparado con la quinta a nivel nacional. Según los da tos de hospitalización nacional, más de 124,000 mujeres fueron hospitalizadas en la Ciudad de México por complicaciones del aborto inseguro entre los años 2001 y 2005.

No obstante, es posible que los servicios de aborto seguro en la Ciudad de México estén en peligro. Mientras que los servicios de salud de la ciudad trabajaban por implementar la nueva ley, dos instituciones federales en México –la Procuraduría General y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos– han intentado bloquearla, interponiendo acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte inició una serie de sesiones en abril para escuchar informes de organizaciones a favor y en contra de la libre elección. Ipas y organizaciones aliadas se preparon para estas audiencias formulando argumentos y elaborando materiales que abarcan los motivos jurídicos, filosóficos, médicos y sociales para apoyar la ley de aborto del Distrito Federal. La Dra. Schiavon declarará ante la corte a las 12:50 EST, el 25 de abril.

Source: Mayo 2008